PGN - REINTEGRO - La imposibilidad de hacerlo debe manifestarla la administración mediante

Dependencia: Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 13-105936-04

Disciplinado: Por determinar.

Entidad: Gobernador Departamento de Cundinamarca.

Quejoso: De oficio Fecha queja: 11 de mayo de 2004

Fecha hechos: Año 2003

Asunto: Evaluación Indagación preliminar.

Bogotá DC, 13 de abril de 2005 Procede el Despacho en ejercicio de la competencia asignada por el artículo 25 numeral 1) literal c) del Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 017 de 2000 proferida por el Procurador General de la Nación, a evaluar la indagación preliminar, adelantada dentro de las presentes diligencias, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. H E C H O S En escrito dirigido al Gobernador de Cundinamarca con copia a la Procuraduría General de la Nación, LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO manifiesta que el 16 de diciembre de 2003, el Tribunal superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, confirmó el fallo proferido por el Juzgado 10 Laboral del Circuito del Distrito Capital en el cual se ordenaba al Gobernador del Departamento de Cundinamarca reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento de la desvinculación o a otro igual o de superior categoría y además al pago de salarios dejados de percibir con sus respetivos aumentos hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN Con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si era constitutiva de falta disciplinaria, este Despacho por auto de junio 30 de 2004 (folio 6) dispuso adelantar indagación preliminar. En cumplimiento del acto anterior, se solicitaron algunas pruebas con el fin de establecer los motivos por los cuales no se le ha dado cumplimiento a la sentencia de 16 de diciembre de 2003 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Laboral. Es así como dentro de esta etapa procesal se escuchó en diligencia de ampliación y ratificación de la queja a la Señora LUIS FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO (folio 13) manifestando que el escrito dirigido al Gobernador con copia a la Procuraduría fue respondido el 13 de mayo de 2004 por la Secretaria Privada del Gobernador y posteriormente de manera más explícita por el Señor PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ Director de Procesos Judiciales y Administrativos del Departamento de Cundinamarca, lo cual llevó a la Secretaría Jurídica del Departamento a elevar consulta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección A, aclara que el pago ya se efectúo quedando pendiente el reintegro a la entidad, para lo cual a través de su apoderado está adelantando un proceso ejecutivo. Oficio SJ/deja 554 de 25 de mayo de 2004 (folio 18) mediante el cual el Director de Procesos Judiciales y Administrativos, PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ le informa a la quejosa que le ha solicitado a su apoderado remita copia auténtica de las respectivas

constancias de notificación y fecha de ejecutoria, con el fin de proceder con el respectivo trámite administrativo. Asimismo le comunica “que el rubro de pagos de sentencias relacionado con el presente asunto, está asignado a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca”, recomendándole que se comunique con el Doctor GALÁN. Enterado de la existencia de la decisión judicial y en aras de dar cumplimiento a la misma el Director de Procesos Judiciales y Administrativos procede al envío de copias al Presidente de la Asamblea de Cundinamarca el 27 de enero de 2004, por considerar que era el competente para efectuar los traslados y ajustes presupuestales que demandaba la modificación de la planta de personal en cumplimiento de la orden judicial. El 17 de febrero de 2004 la Presidenta, el Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente de la Asamblea de Cundinamarca dirigen un escrito al Gobernador solicitándole la modificación del presupuesto de rentas, recursos de capital y de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, en el sentido de crear el rubro en la Asamblea del Departamento que permita dar cumplimiento a las sentencias condenatorias en contra del mismo, con ocasión de las demandas presentadas por la supresión de plantas de empleo de la asamblea mediante ordenanza No. 2 de febrero 27 de 2001. El 17 de marzo de 2004, la Presidenta de la Asamblea remitió a la Dirección de Procesos Judiciales las certificaciones de las señoras LUISA FERNANDA

HERNÁNDEZ y Rosalía Chacón con el fin de soportar las respectivas liquidaciones y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. El 24 de marzo de 2004 (folio 74) el Secretario Jurídico del Departamento de Cundinamarca emite concepto, con relación a la solicitud anterior. En escrito de 19 de abril de 2004, la Presidenta de la Asamblea de Cundinamarca le manifiesta al Gobernador que carece de facultades para expedir tal acto, en razón a que el fallo no cobija a la Asamblea Departamental por considerarla carente de Personería Jurídica, esto es de expedir el acto administrativo tendiente a dar cumplimiento a los fallos judiciales proferidos en los procesos adelantados por los extrabajadores de la Asamblea de Cundinamarca, mediante los cuales se condenó al Departamento al pago de los salarios dejados de percibir y al reintegro de los demandantes a cargos iguales o de superior categoría. Ante la negativa de la Asamblea de Cundinamarca para el cumplimiento de la sentencia, el Director de Procesos Judiciales del Departamento presenta una acción de definición de competencias administrativas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cual se resuelve el 7 de junio de 2004, declarando que la competencia para proferir los actos de ejecución derivados de las sentencias de reintegro corresponde a la Asamblea Departamental. Es así como el 28 de junio de 2004, la Asamblea de Cundinamarca, expide la Resolución No. 0226 (fl. 35) para dar cumplimiento al fallo. En dicho acto decide no reintegrar a la Señora LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO, en razón a que

mediante Ordenanza 02 del 27 de febrero de 2001, se suprimió la planta de empleos de la Asamblea Departamental prevista en ordenanzas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 617 de 2000 o ley de ajuste fiscal, y su Decreto Reglamentario No. 192 del 2001, pero ordena la liquidación y pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos de conformidad con lo establecido en la sentencia, desde la fecha de supresión del cargo y hasta cuando se comunique el presente acto administrativo, decisión que le fue comunicada Al apoderado de la Señora LUISA FERNANDA el 29 de junio de 2004. En la citada Resolución se trajo a colación la Sentencia T-229 de 1998 (MP HERNANDO HERRERA VERGARA) que decidió una tutela sobre una situación semejante a la que aquí se examina, donde se puntualizó que no hay lugar al reintegro de empleados públicos-así gocen de fuero sindical-cuando la terminación del vínculo laboral se debe a la supresión del cargo como consecuencia de la liquidación y supresión de una dependencia que se produce en el marco de un proceso de reestructuración administrativa. Igualmente la decisión proferida por el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicación No. 41001-2331-000-2001-1437, al no estimar procedente la acción de tutela “…toda vez que el cargo al cual se pretende reintegrar al actor no existe por haber sido suprimido, razón por la cual se está en presencia de una imposibilidad fáctica y jurídica para dar cumplimiento a la

sentencia“ la entidad afectada con la decisión judicial debe proferir un acto administrativo en el cual exponga las causas que hacen imposible el reintegro ordenando en la respectiva sentencia, como es el hecho de que no existan en la actual planta empleos de igual o superior categoría al desempeñado por el extrabajador dadas las funciones que cumplía y la naturaleza de los cargos que ahora la conforman…que la procedencia del pago de salarios y prestaciones dejados de percibir opera desde el momento en que fue desvinculado el trabajador y hasta cuando se le notifique el acto administrativo a que se aludió anteriormente… En este caso, ante la imposibilidad del reintegro, el derecho particular del demandante encuentra satisfacción en el reconocimiento de los salarios dejados de devengar desde el momento de la supresión del cargo hasta la determinación del acto administrativo que determine las causas que imposibilitan el reintegro ordenado, lo contrario sería mantener indefinidamente una obligación de hacer que se tornaría irremediable y que desnaturalizaría el objetivo de la supresión del empleo, como es la racionalización del gasto público”. Finalmente el 27 de julio de 2004 (folio 39) la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca reconoce y ordena el pago de la suma de $ 77.364.805 a favor de LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO por salarios, prestaciones y demás emolumentos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 a 29 de junio de 2004. Las circunstancias referidas permiten establecen que por parte del Gobernador de

Cundinamarca no existió negligencia o intención de incumplir la orden proferida por el Juez 10 Laboral del Circuito de Bogotá, confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en razón a que tan pronto la Gobernación se enteró del fallo, el Director de Procesos Judiciales del Departamento le dio el trámite pertinente, no siendo imputable al Señor Gobernador ni a ningún otro servidor las situaciones que impidieron el cumplimiento oportuno de la sentencia, pues como se observó hubo que acudirse a una acción de definición de competencias administrativas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que resolviera quien debía proferir los actos de ejecución derivados de la sentencia de reintegro. Por lo anterior, este Despacho procederá al archivo de las diligencias toda vez que conforme al artículo 74 de la Ley 734 de 2002, los hechos denunciados no son constitutivos de falta disciplinaria. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, R E S U E L V E: PRIMERO: Abstenerse de iniciar investigación disciplinaria contra el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, disponiendo en consecuencia el archivo de las diligencias. El Despacho se abstendrá de notificar la decisión al presunto acusado por cuanto no fue conocida su identidad.

TERCER: Comunicar esta decisión a la señora LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 115 de la Ley 734 de 2002,

advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de apelación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM/ddc Exp. No. 13-105936 (evaluación indagación) mbm