PGN - RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION - Aplicación de jurisprudencia del consejo de es

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION-Normativa aplicable RELIQUIDACION PENSIONAL-Aplicación de Jurisprudencia del consejo de estado frente a inclusión de los factores salariales El Consejo de Estado limita la inclusión de todos los factores salariales, a que se hagan las cotizaciones por parte del trabajador, diciendo que “siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.” En ese sentido la pretensión primera y segunda realizada por el demandante no tendría ámbito de prosperidad, pues los gastos de representación, la bonificación judicial, la prima de navidad, prima semestral, prima especial de servicios y prima de servicios solo se tendría en cuenta si sobre ellas el señor … realizó las cotizaciones para pensión; y su incluso no es automática por el hecho de percibirlas durante el último año de servicio RELIQUIDACION PENSIONAL-Jurisprudencia del consejo de estado frente al salario más alto devengado del último año Bogotá, D, C,.10 de noviembre de 2020 Concepto No. 164 – 2020 Doctor Rafael Francisco Suárez Vargas Consejero Ponente Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A

E. S. D.

Referencia: Exp No. 25000-23-42-000-2016-04495-01 (1994-2019)

Demandante: Gustavo Trujillo Cortés

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP

Asunto: Reliquidación pensional

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Actuación: Concepto frente apelación de sentencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda El demandante, señor Gustavo Trujillo Cortés, por intermedio de su apoderado, interpuso demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con el fin de que se declara la nulidad de la Resoluciones: Resolución No. RDP 035805 de 26 de noviembre de 2014, mediante el cual se niega la solicitud de reliquidación pensional.

Resolución No. RDP 002218 del 21 de enero de 2015, mediante la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución inicial. Resolución No. RDP 004745 del 5 de febrero de 2015, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución inicial. Resolución No. RDP 0045625 del 4 noviembre de 2015, que negó nuevamente la solicitud de reliquidación. Resolución No. RDP 005599 del 10 de febrero de 2016, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución No. RDP 0045625 del 4 de noviembre de 2015. Lo anterior, con el fin de que a título de restablecimiento del derecho se le reconozca y pague al demandante la reliquidación de su pensión, con su debido retroactivo, indexación, intereses moratorios, y además el pago de las costas y agencias en derecho. 1.2 HECHOS Según el libelo de la demanda, las pretensiones se fundan en los siguientes

hechos: “Primero: El suscrito demandante nació en el municipio de Balboa (Risaralda) el 17 de abril de 1949.” “Segundo: laboré para Rama Judicial del Poder Público y el Ministerio Público, en diferentes empleos desde el 16 mayo de 1966, hasta el 17 de octubre de 2014. Sin embargo, de ello, aparezco cotizando al régimen de seguridad social en pensiones desde el 1 de septiembre de 1969. El último cargo desempeñado fue el de Procurador Judicial ll en la Procuraduría General de la Nación –Delegada para asuntos civiles-, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 8 de abril de 2011 y el 17 de octubre de 2014” “Tercero: La Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución 048097 del 30 de diciembre de 2005, reconoció y ordenó el pago a mi favor de la correspondiente pensión de jubilación, efectiva a partir del 18 de agosto de 2004, considerando que para entonces tenía más de 55 años de edad y había cotizado 1704 semanas, esto es, más de treinta (30) años al servicio de la Rama Jurisdiccional del Poder Público”. “Cuarto: la pensión reconocida lo fue en la suma de tres millones ciento setenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos con cincuenta y siete centavos ($3.175.581,57) y tomando en cuenta el régimen de transición contenido en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971, régimen al cual pertenecí durante toda mi vida laboral.” “Quinto: Posteriormente, mediante resolución No UGM 034745 de 23 de febrero de

2012, la Caja Nacional de Previsión social E.I.C.E, reliquidó la pensión quedando en la suma de doce millones ochocientos setenta y cinco mil pesos ($12.875.000) de acuerdo al régimen de transición contenido en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971, régimen que me cobija para las fechas en que solicité la última reliquidación pensional. “Sexto: Una vez adquirí el estatus de pensionado y como quiera aún no alcanzaba la edad de retiro forzoso, es decir 65 años, permanecí en el servicio, circunstancia que se prolongó hasta el 17 de octubre de 2014, cuando me retiré del servicio en razón de haber alcanzado la edad de retiro forzoso, retiro que se produjo del cargo de Procurador Judicial ll en la Procuraduría General de la Nación – Delegada para Asuntos Civiles. “Séptimo: En los términos de los Decreto Ley 546 de 1971 y Ley 100 de 1993, tengo derecho a que se me reliquide mi pensión de jubilación considerando el régimen especial de la Rama Jurisdiccional del Poder Público con arreglo al cual me pensioné y que, reitero, siempre me cobijó” “Entonces, la pensión debe reliquidarse tomando en cuenta la asignación más alta devengada en el último año de servicios, considerando la asignación básica, la bonificación por servicios, la bonificación por actividad judicial, la prima especial, la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, en el año anterior a la fecha en que se verificó mi retiro del servicio público porque todos los pagos

efectuados a los servidores públicos, según la sentencia de unificación de 25 febrero del año en curso, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000234200020130154101 (84683-2013), son salario, de este modo, el monto de la mesada mensual debe calcularse teniendo en cuenta los siguiente factores: (…) De acuerdo a lo anterior el salario base sería igual a veintidós millones trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos con cuarenta centavos ($22.385.423,48) y la mesada pensional, aplicando el 75%, asciende a la suma de dieciséis millones setecientos ochenta y nueve mil setenta y siete pesos con sesenta y un centavos ($16.789.067,61), efectiva a partir del 18 de octubre de 2014.” “Octavo: Mediante escrito de 5 de agosto de 2014, presenté petición, con los anexos de Ley, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en orden a obtener la reliquidación de mi pensión de jubilación y, posteriormente, en escrito radicado ante la misma entidad con fecha 20 octubre de 2014, formulé petición de extensión de jurisprudencia conforme a lo dispuesto en el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitando “extender los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado” Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda del 12 de septiembre de 2014, radicado No. 2013-00632-01, en cuanto que en ese fallo la citada Corporación señaló que las restricciones a que hacen referencia tanto el

parágrafo 1 del Acto Legislativo No. 01 de 2005, como la sentencia C-258 de la Corte Constitucional no aplica al suscrito por encontrarme dentro del régimen especial de transición que cobija a los servidores de la Rama Judicial o el Ministerio Público, razón por la cual solicité se extendieran los efectos del fallo en mención por encontrarme en la misma situación a que hace referencia la citada providencia.” “Noveno: La entidad demandada, UGPP, mediante la Resolución No. 035805 de 26 de noviembre de 2014, negó la solicitud de reliquidación y de extensión de jurisprudencia solicitadas, esgrimiendo, en esencia, que “procedería la reliquidación de la pensión de vejez con el 75% de los factores salariales devengados entre el 18 de octubre de 2004 y el 17 de octubre de 2014, esto es los últimos 10 años de servicio prestado.”. (…) NORMAS VIOLADAS El apoderado de la actora sostuvo que, con la expedición de los actos demandados, resultaron conculcados los artículos 2, 25, 29, 53, y 58 de la Constitución Política de Colombia; y el acto legislativo No 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política. Igualmente, indica el actor que se violaron el artículo 36 de Ley 100 de 1993, el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y artículos 5, 9-4/5/6, 102 y concordantes del

C.P.A.C.A.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del escrito de contestación se observa como el apoderado judicial de la UGPP expone que: “Las normas aplicables para el caso de la referencia son las contenidas en el decreto 1158 de 1994, respetando en lo demás a la normatividad anterior aplicable, por virtud del inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, esto es, dicha norma regula lo concerniente al ingreso base de liquidación para las personas que son beneficiarios de transición” “De esa manera, el mencionado decreto 1158 de 1994, indica cuales son los factores de salario que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión y los que se solicitan en la demanda no se encuentran incluidos en la norma, razón por la cual, no pueden ser tenidos en cuenta y por lo tanto es procedente negar las pretensiones de la demanda.” “No hay lugar a entender que cuando el referido artículo 36 habla del monto de la pensión está refiriéndose a los salarios del último año de servicios puesto que tal expresión hace relación únicamente al porcentaje del ingreso base a tener en cuenta para liquidarla, el cual en el caso de los trabajadores oficiales es el 75%.” PRIMERA INSTANCIA El asuntó le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Ponente Dr. Samuel José Ramírez Poveda, el cual mediante sentencia del 5 de septiembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda con base en la siguiente tesis: “De conformidad con lo expuesto, la Corte sostuvo que cuando la ley dispone que, de manera general, todas las personas ingresarán al sistema general de pensiones, y cuando efectivamente ese ingreso se produce, salvo la consagración

de un sistema de transición, resulta desproporcionado y contrario a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el sistema general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de quienes se encuentran en transición no están sujetas a tope” “Por consiguiente, considera la Sala que, acogiendo la interpretación efectuada por la Corte, la cual resulta razonable, proporcionada y perfectamente extensible al ámbito de todas las pensiones públicas, excluir a las mesadas más altas del sistema de topes, implica establecer privilegios, no a favor de los grupos discriminados o marginados, sino, por el contrario, de aquellos que se encuentran en una posición favorable, como al que pertenece el actor, lo cual contraría principios de rango constitucional, que imperan y permean el ordenamiento jurídico, como lo es el de solidaridad que exige al Estado prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de mayor debilidad, y a quienes están en mejor situación mayores contribuciones, lo cual requiere del esfuerzo de todos los asociados.” (…) “Entonces, considerar que el régimen de transición abarca la posibilidad de que a sus beneficiarios no se les aplique el tope de la pensión, excede la protección pretendida, entendida como el derecho a pensionarse conforme a la normatividad existente antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y atentaría contra la sostenibilidad fiscal del Estado.” Con base en lo anterior el Juez de primera instancia falla: “Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia”

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE 5

DE SEPTIEMBRE DEL 2018

El demandante, interpuso solicitud de adición y/o complementación de la providencia de primera instancia, argumentando que: “Sin embargo de los anteriores pedimentos, la Sala del Tribunal, únicamente se circunscribió a hacer referencia al último de ellos, esto el concerniente a no tener en cuenta el tope del monto de la pensión de vejez, señalando, en la parte motiva: “que la demanda, en cumplimiento a lo dispuesto por la jurisdicción contenciosa administrativa, reliquidó la vejez de la actora aplicando en su integralidad el régimen pensional anterior que cobija a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, es decir, teniendo en cuenta la asignación más elevada devengada en el último año de servicios, e incluyó en la cuantía pensional todo lo percibido por la actora en dicho periodo.” “Respetando el argumento central que se tuvo para negar las pretensiones de la demanda, considero que la Sala quizás por lo voluminoso del expediente no verificó que el suscrito, después del reconocimiento inicial de la pensión en el año 2005y, posteriormente, a haberse efectuado la reliquidación de la misma , año 2012, continuó prestando sus servicios al Estado como funcionario, lo cual se corrobora con las certificaciones que sobre las salarios devengados fueron expedidas por la Procuraduría General de la Nación, encontrándose, por lo demás acreditado, que trabajé al servicio de la referida entidad hasta el 16 de octubre de 2014, luego entonces es claro y evidente que, hasta la fecha, no se ha efectuado

la reliquidación de la pensión, reliquidación a la que tengo derecho si tenemos en cuenta el mandato contenido en el inciso que fue 6 del artículo 48 de la Constitución Política, inciso que fue adicionado al canon constitucional por el artículo 1 del acto legislativo 1 de 2005, al consagrar que en materia pensional “se respetarán los derechos adquiridos con arreglo a la ley” “Por lo anterior, respetuosamente, considero que al haberse omitido la Sala pronunciarse sobre las pretensiones primera y segunda de la demanda, concernientes a que, reitero: a) se declara la nulidad de las resoluciones proferidas por la entidad demandada, actos administrativo a través de los cuales se negaron las solicitudes de reliquidación de la pensión de vejez, los cuales aparecen enumerados en las pretensiones de la demanda; y b) se ordenara reliquidar la pensión teniendo como base el 75% de la asignación mensual más elevada que devengué en el último año de servicio, esto el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 16 de octubre de 2014, se debe adicionar y/o complementar la sentencia proferida haciendo pronunciamiento expreso sobre las pretensiones referidas.” RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 “Ahora bien, revisada la providencia que negó las pretensiones de la demanda, proferida el 5 de septiembre de 2018 por esta Sala de Decisión, se tiene que en su parte considerativa se indicó, como problema jurídico el anterior, pero al desarrollo, tal argumentación se centró en los topes pensionales, por lo que asiste razón al

actor cuanto solicita la complementación del fallo.” “Entonces, como en el acto de reconocimiento pensional se dispuso, en aplicación del precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado recientemente, al cual se hizo alusión en acápites anteriores, y teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional, al demandante le faltaban más de 10 años para consolidar el derecho a la pensión, tal como la Corte dijo en Sentencia SU 395 de 2017, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, la forma de aplicar el régimen de transición corresponde a como lo hizo la accionada (…)” “El consejo de Estado en la reciente sentencia del 28 de agosto de 2018, fijó como regla jurisprudencial de unificación que el IBL para los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, era que cuando faltaren menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que hicieren falta, o el cotizado durante todo el tiempo, lo que sea más favorable” “También se dijo que los factores salariales que se incluyen en el IBL son solamente los que sirvieron de base para aportes o cotizaciones.” RECURSO DE APELACIÓN Contra la anterior providencia, el demandante interpuso recurso de apelación indicando: “Siguiendo la línea inicial planteada en este escrito debo solicitar al H. Consejo de Estado – Sección Segunda – se tenga en cuenta que al suscrito no le es aplicable

la directriz sentada en sentencia de unificación de 28 de 2018 por las siguientes razones: “Porque, en primer término, para el momento en que solicité la reliquidación de la pensión de vejez impretrando se aplicara el texto del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 o, en subsidio, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, lo hice bajo los principios de buena fe y la confianza legítima, amparando, no solo en lo consagrado en las citadas disposiciones, sino también en los distintos fallos que, en materia pensional, en el sentido indicado en la demanda ha proferido el H. Consejo de Estado.” “Segundo. Al haber superado ampliamente el tiempo de servicio al Estado, habiendo trabajado por más de 46 años en distintos cargos tanto en la Rama Judicial como en el Ministerio Público tengo derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, no promediando los diez años, como se dice en el fallo materia de apelación, sino en el peor de los casos, teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, recalcando que mi retiro obedeció fue por haber alcanzado la edad de retiro forzoso para todo empleado público, esto es, los 65 años de edad vigente para entonces, hoy 70 años.”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO PROBLEMA JURIDICO Esta Delegada considera que el problema jurídico consiste en determinar si al actor se le debe reliquidar la pensión de vejez tomando en cuenta la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios conforme al Decreto

546 de 1971, dicha reliquidación con la inclusión de todos los factores salariales. NORMATIVIDAD Entre otras normatividades, esta delegada destaca especialmente la aplicación de la siguiente reglamentación: Decreto 546 de 1971: Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Ley 100 de 1993: Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. FUNDAMENTO EN DERECHO Y CASO EN CONCRETO Al analizar el caso en estudio y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se logra acreditar que el demandante Sr Gustavo Trujillo Cortés, cumple los requisitos para pertenecer al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Esto en razón, a que el demandante nació el 17 de abril del año 1949, lo que quiere decir que para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad, y le es plenamente aplicable el régimen de transición. Lo anterior no es materia de discusión en la demanda, pues tanto el demandante, el demandado y el juez de primera instancia reconocieron la vinculación del señor Trujillo dentro del régimen establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Es necesario indicar que, para la resolución de este asunto, la sentencia del 11 de junio de 2020, emitida por el Consejo de Estado, Consejo Ponente Dr. Rafael

Francisco Suárez Vargas, radicado No. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (408317), unificó su posición indicando que: “El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos: i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados. ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades. iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971

que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de

2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.(…) Ahora, se observa en la parte final del escrito, que el Consejo de Estado limita la inclusión de todos los factores salariales, a que se hagan las cotizaciones por parte del trabajador, diciendo que “siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.” En ese sentido la pretensión primera y segunda realizada por el demandante no tendría ámbito de prosperidad, pues los gastos de representación, la bonificación judicial, la prima de navidad, prima semestral, prima especial de servicios y prima de servicios solo se tendría en cuenta si sobre ellas el señor Trujillo realizó las cotizaciones para pensión; y su incluso no es automática por el hecho de percibirlas durante el último año de servicio. En la misma sentencia el Consejo de Estado ha indicado que: “Con fundamento en lo anterior y de conformidad con las reglas de unificación ya establecidas, su pensión de jubilación se le debe reconocer con el siguiente ingreso básico de liquidación o IBL:(i) El periodo a aplicar para liquidar la pensión de jubilación es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Lo anterior, por cuanto le faltaban más de 10 años para consolidar el estatus pensional con respecto a la vigencia de la Ley 100 de 1993. ii) Con los siguientes factores: asignación básica, bonificación por servicios

prestados contemplados en el Decreto 1158 de 1994; prima especial consagrada por la Ley 332 de 1996; bonificación por compensación también denominada bonificación por gestión judicial o bonificación por compensación orden judicial creada por el Decreto 610 de 1998. Con base en lo expuesto, se tiene que al tribunal le asiste la razón cuando ordenó la reliquidación de la pensión de la accionante con la inclusión del sueldo, la bonificación por servicios, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación. No obstante, lo anterior, no se debe incluir ni la prima de vacaciones, ni la de servicios, ni la de navidad, en tanto que no constituyen factor salarial de acuerdo con lo explicado.” Frente a la liquidación solicitada por el demandante, teniendo en cuenta el salario más alto devengado en el último año de servicio, dicho asunto también es abordado por la anterior jurisprudencia, al exponer que: “El periodo a aplicar para liquidar la pensión de jubilación es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Lo anterior, por cuanto le faltaban más de 10 años para consolidar el estatus pensional con respecto a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. Conforme a este precedente y la verificación del material probatorio, para determinar si tiene derecho a la reliquidación solicitada, se observa que al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, al actor le faltaban un poco más de 10 años para alcanzar el estatus de pensionado, por lo que no se le

extiende el beneficio solicitado, y las pretensiones no tienen ámbito de prosperidad, tal como lo indico igualmente el juez de primera instancia. No obstante, en su recurso el actor expuso que, “para el momento en que solicité la reliquidación de la pensión de vejez impetrando se aplicara el texto del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 o, en subsidio, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, lo hice bajo los principios de buena fe y la confianza legítima, amparando, no solo en lo consagrado en las citadas disposiciones, sino también en los distintos fallos que, en materia pensional, en el sentido indicado en la demanda ha proferido el H. Consejo de Estado”, a pesar de lo anterior, la misma sentencia de unificación indica su forma de aplicación en el tiempo; estableciendo que: La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables. (…) Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los

principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta sentencia.” En este sentido, el asunto hoy debatido, le es plenamente aplicable la sentencia a sentencia del 11 de junio de 2020, por lo que se deben negar las pretensiones de la demanda frente a liquidación con la inclusión de todos factores salariales devengados en el último año. III.CONCEPTO Por lo anterior, esta Delegada solicita respetuosamente al despacho se CONFIRME la sentencia del 5 de septiembre de 2018 y su adición del 12 de diciembre del 2018, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” por las cuales se niegan las pretensiones de la demanda. Del Honorable Consejero, cordialmente,

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

Proyectó: JANR

Revisó: DMVV