PGN - REPARACIÓN DIRECTA - Ministerio Público sugiere confirmar que no se demuestra

REPARACIÓN DIRECTA-Ministerio Público sugiere confirmar que no se demuestra error judicial o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en sentencias de restitución del Tribunal Superior de Antioquia ERROR JUDICIAL-Se comete cuando los jueces no cumplen con deberes y obligaciones en el desarrollo de un proceso y ello se materializa en una decisión judicial en firme ERROR JUDICIAL-Porque no se aplicó la ley vigente, la utilización de precedentes no fue adecuada o los principios no se llevaron a cabo Página 1 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

CONCEPTO No. 051 /2023

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2023 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor José Roberto Sáchica Méndez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000233600020170069102 (69665)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Hever Andre Alfonso Jiménez y Otros

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial y Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida // No se

configuró el error judicial ni el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia en las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Antioquia - Sala Civil, el 17 de marzo de 2015 y el 29 de julio de 2015 dentro de los procesos colectivos de restitución de tierras // Las sentencias se ajustaron a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 // No hubo un mal funcionamiento de la administración de justicia, por parte de las entidades demandadas // El daño que se le causó a la parte demandante no es antijurídico // REVOCAR la condena en costas impuesta a la parte demandante// El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda. Los señores HEVER ANDRE ALFONSO JIMÉNEZ y HEVER WALTER ALFONSO VICUÑA interpusieron acción de reparación directa contra la NACION –RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, para lo cual se basaron en los siguientes hechos: Página 2 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961,

Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 1.1.1. Pretensiones Que se realicen las siguientes Declaraciones y Condenas: - Declarar administrativa y extracontractualmente responsables y en forma solidaria a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y solidariamente a la Nación – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de la totalidad de perjuicios materiales y morales inferidos a los mencionados Hever Walter Alfonso Vicuña y Hever Andre Alfonso Jiménez, con ocasión de falla del servicio y falla en la administración de justicia por error jurisdiccional y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de que tratan los artículos 66 y 69 de la Ley 270 de 1996, o el título de imputación de responsabilidad civil extracontractual que se llegare a configurar, dentro de los procesos judiciales adelantados en ejercicio de la acción de restitución de tierras despojadas que consagra la Ley 1448 de 2011, asuntos que conocieran los Juzgados 1º y 2º Civil del Circuito Especializados en Restitución de Tierras que terminaran con sentencias ejecutoriadas, en que se despojó del dominio y posesión a los demandantes, de las parcelas 150, 144, 2, 47, 9, 133, 177, 107, 13, 28, 53, 12, 20, 54, 17, 108, 109, 55, 10, 167, 42, 158, 160, 145, 23, 166, 122, 174, 49, 34, 40, 21, 30, 44, 48, 51,

68, 76, 114, 164, 162, 163, 172, 18 y 29, que habían sido englobadas, unas dentro del predio rural denominado El Paraíso, ubicado en Montería Córdoba, con una extensión de 267 Has 7120 M2, matrícula Inmobiliaria No. 140-117336 (hoy 140-130160) y ficha catastral No. 000400110004000, y otras dentro del predio rural denominado La Milagrosa, ubicado en el mismo municipio y departamento con una extensión de 253 Has 4902 M2, matrícula inmobiliaria No. 140-119781 y ficha catastral número 000400110088000. - Condenar solidariamente a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y solidariamente a la Nación – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios materiales, el equivalente en pesos, de las cantidades pesos o en salarios mínimos legales mensuales vigentes según el valor determinado por el Gobierno Nacional a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o sentencia de segundo grado, los valores señalados en la demanda. 1.2. Sentencia de primera instancia. Página 3 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 29 de julio del 2022 negó las pretensiones al no acreditarse la existencia de error judicial, fallas judiciales o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en este caso, que resulte atribuible a la demandada, por medio de las actuaciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras en sentencias del 17 de marzo y 29 de julio de 2015. Por último, condenó en costas a la parte demandante, según lo establece el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso. - Respecto al Error de Derecho señaló que frente al procedimiento para la restitución de tierras es pertinente indicar que la Ley 1448 de 2011 incluyó un procedimiento mixto, es decir, primero un trámite administrativo ante la UAEGRTD, y el segundo judicial ante los jueces o Tribunales Superiores. Se aclara que en los términos del artículo 75 de esta ley, son titulares del derecho de restitución las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos, que hayan sido despojadas de éstos o que se hayan visto obligadas a abandonarlos como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuran las violaciones de que trata el artículo 3º de la Ley 1448, a partir del 1º de enero de 1991. Resalta, que en virtud del artículo 91 de la mencionada ley, la sentencia del proceso de restitución se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la

demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Lo que en otras palabras significa que, la sentencia constituye título de propiedad suficiente. Así las cosas, las sentencias de restitución de tierras aquí analizadas no comportan ninguna clase de violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y/o violación por aplicación indebida del orden positivo. La decisión se tomó de acuerdo a la facultad discrecional, atendiendo los parámetros fijados, y de acuerdo a la naturaleza del asunto puesto en consideración aplicando la normatividad, jurisprudencias y documentos necesarios para acreditar el contexto histórico de violencia que permeó los negocios jurídicos sobre los bienes inmuebles. En resumen, en ninguna de las providencias en cuestión se evidencia que se haya incurrido en error judicial, bien sea de hecho o de derecho. En todas se acredita una acertada percepción de las personas, la naturaleza, objeto y motivos de la decisión; también se Página 4 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 comprobó que estuvieron acordes al orden positivo vigente, de acuerdo a la interpretación

aplicable. Ahora respecto al Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia señaló que no se acreditó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras haya incumplido sus obligaciones. Por el contrario, se comprobó que sus actuaciones se ajustaron a derecho atendiendo el contexto de violencia y los principios contenidos en la Ley 1448 de 2011, lo que conlleva a que el daño alegado por la actora no revista el carácter de antijurídico. Por su parte, el artículo 167 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA, estipula que la parte accionante tiene la carga de acreditar los supuestos de hecho que alega, lo cual no sucedió en este caso. Como se expuso anteriormente, no se allegaron elementos de juicio que permitan tener como ciertas las afirmaciones realizadas en la demanda, y aseverar que la actuación del extremo pasivo haya sido la causa adecuada en la causación de algún daño antijurídico. No existió una ruptura frente a la igualdad de cargas públicas, no hay una situación de desequilibrio. - Hechos probados Que dentro del proceso con radicación 23001-31-21-002-2014-00003-00 (21) el 29 de julio de 2015 se profirió sentencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en el que figuran como solicitantes los señores Carlos Arturo Sáenz Pantoja e Ismael Enrique Pérez Espitia, quienes reclamaron la restitución de su derecho mediante la aplicación de la presunción de despojo, en relación con sus predios inscritos en el registro de tierras despojadas (parcelas 18 y 29 de la antigua

hacienda Santa Paula) que hoy integran el predio de mayor extensión denominado La Milagrosa, ubicado en el corregimiento de Leticia, municipio de Montería del Departamento de Córdoba y figuran como opositores los aquí demandantes HEVER WALTER ALFONSO

VICUÑA y HEVER ANDRE ALFONSO JIMÉNEZ.

En la sentencia se logró acreditar el despojo de tierras y en consecuencia se ordenó la restitución de los bienes inmuebles; bajo los siguientes argumentos:  Que una vez el Juez 2º Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Montería, ordenó la publicación de la solicitud de restitución para que quienes tuvieran una Página 5 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 legítima reclamación contra la misma, se presentaran a hacer valer su derecho, los señores Hever Walter Alfonso Vicuña y…, se pronunciaron frente a la acción, se opusieron a las pretensiones formuladas y propusieron excepciones de fondo, así: - El señor HEVER WALTER ALFONSO VICUÑA propone la “inexistencia de la condición jurídica de desplazamiento forzado o despojado por la violencia” consistente en que los

solicitantes enajenaron en forma libre y voluntaria sus parcelas recibiendo el precio conforme a los valores del mercado para la época; y “carencia de personería adjetiva”, por cuanto los poderes otorgados por los solicitantes carecen de presentación personal ante autoridad competente; “improcedibilidad de la acción jurisdiccional “ e “ilegalidad del acto administrativo de inscripción en el registro nacional de bienes desplazados o despojados por la violencia y del requisito de procedibilidad” las cuales atacan el trámite administrativo, al considerar que es irregular la actuación desplegada por la Unidad de Tierras por falta de vinculación de quienes se pregonan opositores, situación que afecta el debido proceso, y la “genérica o innominada”. - HEVER WALTER ALFONSO VICUÑA se presentó como poseedor de buena fe exenta de culpa, señalando que él y su hijo menor fueron propietarios de la hacienda La Milagrosa, conformada por 73 parcelas, entre ellas, las que son objeto de esta acción (parcela 18 y 29) por compra hecha al señor Diego Fernando Álvarez Rodriguez a través de la Escritura pública 752 del 26 de marzo de 2010 de la Notaria 2ª de Montería, no obstante en virtud del proceso de restitución anterior, al declararse por sentencia la inexistencia y/o nulidad de los títulos adquisitivos del dominio que tenían sobre otras parcelas no reclamadas en este proceso, perdieron el derecho real sobre las que aquí son objeto del petitum. En consecuencia se opone a todas y cada una de las pretensiones invocadas por la Unidad de Tierras, y como excepciones de mérito para enervarlas propone: “inexistencia de la

condición jurídica de desplazamiento forzado o despojo por la violencia”: consistente en que medió un acto dispositivo del dominio de los quejosos y nunca un despojo o abandono; “carencia de personería adjetiva” por cuanto no existen poderes conferidos para ante el juez de restitución de tierras sino solicitudes de representación judicial, y en gracia de discusión estos se consideraren poderes judiciales los mismos carecen de presentación personal; “ilegalidad del acto administrativo de inscripción en el registro nacional de bienes desplazados o despojados por la violencia y del requisito de procedibilidad”, “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”, erigidas sobre el trámite administrativo de la solicitud, que fuera llevado a cabo por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de Córdoba, al considerar que éste se surtió por fuera de Página 6 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 los términos previstos en la ley; porque la resolución de inscripción en el correspondiente Registro Nacional de Tierras Despojadas fue violatoria del debido proceso al no permitírsele a los opositores pronunciarse sobre los medios probatorios presentados por las víctimas

presuntas (entrevistas) alegándose una reserva legal o confidencialidad inexistente; “vencimiento anticipado en juicio sin haber sido oído”: sustentada en que con ocasión de sentencia anterior que ordenó la inexistencia y/o nulidad de los títulos adquisitivos del dominio que tenían HEVER WALTER ALFONSO VICUÑA y su hijo menor sobre otras parcelas no reclamadas en este proceso, se le despojó de su derecho real de dominio de las parcelas que aquí se reclaman, luego no tuvo la oportunidad de cuestionar lo referente a los predios objeto de este proceso y defender su derecho como opositor de buena fe exenta de culpa, venciéndose en juicio de manera anticipada, y la “genérica o innominada”. Frente a la relación jurídica de los solicitantes con los predios atendiendo lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 el Tribunal indicó lo siguiente: Los predios solicitados en restitución conformaban un lote de mayor extensión denominado Hacienda Santa Paula, identificado con el folio de matrícula No. 140-20945, actualmente cerrado. Dicha hacienda es el producto del englobe de los predios: uno de 1.023 has + 8.75 mts identificado con la matrícula No. 140-13819, también cerrado y sin antecedente catastral; y otro, registrado bajo el folio 140-20004, activo y con área de 176.60 has, denominado la Ilusión. A partir del acto de englobe del predio hacienda Santa Paula, se presentaron transferencias del derecho de dominio sobre el mismo hasta el 1991, cuando tal derecho quedó radicado

con Funpazcor, entidad que procedió a realizar donaciones parciales a campesinos del sector, generándose varios folios de matrícula y la desaparición de la hacienda Santa Paula como unidad jurídica y en consecuencia cierre del folio de matrícula. En el folio de matrícula de los predios solicitados en restitución se observa que con posteridad a las referidas donaciones, el mismo fue adquirido por terceros que los agrupaban en su mayoría en 3 grandes haciendas, una de ellas denominada “la Milagrosa” que englobó 73 parcelas en la matrícula 140-117534 y después agregó otra correspondiente al folio 140-44513, dando paso al globo de matrícula 140-119781, actualmente cerrado. Que los solicitantes en su declaración señalaron que al momento en que sucedieron los hechos de despojo o de abandono forzado, eran titulares del derecho de dominio por donación efectuada a su favor por Funpazcor. Página 7 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 Que existió un contexto histórico de violencia que afectó a la parte actora (solicitantes del derecho de dominio) y la legitimó para incoar la acción de restitución de tierras e hizo énfasis en la calidad de hecho notorio de las acciones violentas adelantas en el departamento de

Córdoba, municipio de Montería; así: - Que en los últimos 40 años, ha habido participación de guerrillas, narcotráfico, autodefensas y bandas criminales y concretamente desde 1997 las AUC, conformando en Córdoba varios bloques y frentes con gran influencia en todo el departamento. Una vez constituidas como confederación de agrupaciones, adquirieron proyección en otras zonas del país, como reacción al fortalecimiento guerrillero. En épocas recientes, luego de darse la desmovilización de estos bloques y frentes, se conformaron bandas criminales que se han favorecido con ese escenario estratégico, para expandir las actividades del narcotráfico. Hechos que han sido conocidos por las autoridades judiciales, especialmente para el Tribunal de casación que señaló: “Que constituye un hecho notorio la conformación en amplias regiones del país y en especial en el departamento de Córdoba, de grupos armados al margen de la ley comúnmente llamados “paramilitares”, los cuales ocuparon territorios de manera violenta y tuvieron gran injerencia en la vida social, política y económica de dichos sectores. - En cuanto a la violencia regional existen elementos probatorios presentados por la Unidad de Tierras, a saber: a) El documento que contiene estudio para la definición de zonas micro focalizadas para el departamento de Córdoba, que al tenor de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 1448 de 2011 nos muestra “variables de densidad de abandono y despojo, dinámica del desplazamiento y condiciones de seguridad” del área a restituir, entre otras, b) Oficio No. 0931 del 20 de mayo de 2012, “diagnóstico corregimiento leticiaPredio Santa Paula”

emanado del Departamento de Policía de Córdoba, c) informe de la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, d) Informe por el banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política CINEP/PPP “Reporte de Casos: Montería Córdoba”, e) Sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca por la cual condena a Sor Teresa Gómez Álvarez por el homicidio de Yolanda Izquierdo y la correspondiente confirmación proferida por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, f) Oficio No. 2090 del 3 de agosto de 2012 emanado de la Fiscalía para la Justicia y la Paz, que da cuenta de solicitantes que denunciaron hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley; el reconocimiento como víctimas de algunos de ellos en el marco de la Ley 795 de 2006, y georreferenciación de grupos al margen de la ley que operaron en el área urbana del municipio de Montería, vereda Leticia y/o en el predio Santa Paula. Página 8 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961, Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 En consecuencia, las manifestaciones sobre los hechos relacionados con el despojo de

tierras expresadas por los solicitantes, o lo que es lo mismo su condición de víctimas de conflicto armado, merecen credibilidad en su valoración por este Despacho, no solamente porque se presume la buena fe de quienes las hacen y se tengan como fidedignas las pruebas provenientes de la Unidad de Restitución de Tierras, conforme lo dictan los art. 5º y 89 de la Ley 1448 de 2011, sino porque además, son armónicas con los hechos de violencia generalizada en el departamento de Córdoba y en la misma región (Predio Santa Paula del Corregimiento de Leticia en el Municipio de Montería) tal y como se desprende de los elementos documentales acompañados a la demanda. Se indicó en la sentencia que el despojo planteado en la acción era el despojo de tipo jurídico, en donde el contexto de violencia incidió de manera negativa en los actoressolicitantes. Se explicó que el uso ilegal de figuras y negocios jurídicos es una de las modalidades de despojo, acreditada gracias al “estudio de las modalidades de despojo y apropiación de pequeñas y grandes extensiones de tierras.” realizado por CNRR – Grupo de Memoria Histórica (2009).

Agregó que: “Los elementos probatorios ya relacionados en esta providencia, nos encaminan al análisis de los supuestos de hecho de la presunción legal objetiva que hace ilegales los contratos de transferencia del dominio de los predios objeto de la restitución, según el numeral 2 ordinales a) y b) del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, (…) Para que dicha presunción se active deben demostrarse los siguientes elementos:

Un contrato de compraventa u otro negocio jurídico mediante el cual se transfiera o prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución. Tales se relacionan documentalmente en virtud de los títulos escriturarios y su registro ante la oficina de instrumentos públicos de la siguiente forma (…) El segundo, referido a la situación de violencia tanto la general como aquella regional que generó el despojo en los predios objeto de la restitución como en su colindancia, se halla abundantemente decantado con lo referenciado en antelación. El tercero, orientado a la concentración de la tierra en el mismo predio objeto del contrato o en su colindancia concomitante o con posterioridad a los hechos de violencia en una o más personas, directa o indirectamente: Se demuestra con las escrituras públicas números: 858 del 19/11/2005 de la Notaría Única de Tierralta (folios 144 a 154 C.2), 370 del 01/07/2008 (folios 302 a 317 C.l), de las cuales concluimos que la concentración se dio frente a Ángel Horacio Cardona Rua, Bertha Inés Palacios Agudelo y Diego Fernando Álvarez para consolidarse en Hever Walter Alfonso Vicuña a través de la Escritura Publica No. 752 de 26/03/2010, quien ha concentrado un número importante de hectáreas, destinándolas Página 9 de 43 PGP Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, Carrera 5 # 15-80 P 19 Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 01 8000 940 808 (571) 5878750 Exts. : 11961,

Email: notidel4cedo@procuraduria.gov.co, www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 a la implementación de una ganadería extensiva, tal como el mismo lo afirma en el escrito de oposición donde consigna que realiza explotación ganadera "con casi 1250 cabezas de ganado bovino" (folio 70 cuaderno oposición).

Agreguemos a dichos elementos probatorios el análisis efectuado por esta misma Sala en el proceso No. 23001-31-21-001-2012-00004-00, Interno 0085, tendiente a demostrar la concentración de tierras de predios pertenecientes a la antigua Hacienda Santa Paula: (…) Basta, la simple secuencia de los anteriores hechos, que se encuentran acreditados con los documentos públicos relacionados y los folios de matrícula inmobiliaria respectivos, para tener por probada esta nueva presunción". Igualmente, dentro del Radicado 2300131210012013000500, la mencionada concentración de tierras, fue demostrada en los siguientes términos: (…) Finalmente, la temporalidad del hecho víctimizante, imprescindible no solo para el supuesto de hecho de la presunción sino también como requisito procesal para el éxito de la acción, se halla demostrada por cuanto la prueba testimonial y documental nos enseña que el despojo ocurrió en el año 2000, vale decir, dentro de la temporalidad para la aplicación de la Ley 1448 que se inicia el 1º de enero de 1991 y va hasta la terminación de su vigencia (10 años).” Frente a los opositores indicó la sentencia que al proceso se presentaron Diego Fernando

Álvarez Rodriguez en calidad de titular del derecho de dominio y HEVER WALTER ALFONSO VICUÑA en calidad de poseedor, quienes actuaron por intermedio de apoderado. Se argumentó que la calidad de poseedor del aquí demandante se dio ya que mediante sentencia proferida por esa misma Sala del 12 de marzo de 2013 dentro del proceso 201200004-00 se ordenó en el numeral 2º literal b) la nulidad absoluta del englobe efectuada por Diego Álvarez, por escritura pública 752 de 26 de marzo de 2010 y en consecuencia, quedó nula la transferencia de dominio de La Milagrosa hecha a HEVER WALTER. Al resolver los argumentos expuestos por ellos se indicó: “Los opositores - en armonía con el artículo 88 de la ley 1448 de 2011están obligados, para el éxito de su intervención, a probar tres hechos elementales: 1Que también fueron víctimas de despojo o abandono forzado; 2Tachar la condición de víctimas que han sido reconocidas en el proceso; 3Que son titulares de un derecho adquirido con buena fe exenta de culpa. Este último aspecto tiene relevancia sobre todo en este proceso en donde ha tornado vida la presunción legal de ausencia de consentimiento o causa ilícita en las transferencias efectuadas por las víctimas, ya que están obligados a demostrar que se trató de un negocio licito y pleno el consentimiento de las partes, lo que conlleva a una inversión de la carga de la prueba como exoneración de ella para la víctima y presunción de inexistencia de "buena fe exenta de culpa" para el opositor. (…) Página 10 de 43

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sentenciador para apreciarla con arreglo a los principios generales de la sana critica, otorgándosele una amplia libertad para formar su convencimiento. Haciendo uso de esta libertad de apreciación probatoria, esta Sala le resta fuerza a las declaraciones coincidentes traídas por los opositores, por cuanto al unísono y utilizando expresiones que implican una absoluta negación, afirman que no supieron o se enteraron de la ocurrencia de los hechos violentos evidenciantes en el sector, conducta que obliga a descartarlas como medio válido para llegar a la verdad, de un lado porque dentro de los testimonios se encuentran los de Sor Teresa Gómez y Jesús Ignacio Roldan alias "monoleche", personas sobre las que pesan sendas sentencias penales condenatorias, por su actuar doloso en hechos de despojo; y de otro porque las versiones de quienes dijeron fungir como donatarios y actuales parceleros de Santa Paula, se impone tomarlas como un signo de un posible concierto previo entre estos y la parte que se beneficiaría con su testimonio. Así, se le otorga mérito probatorio suficiente a las versiones de los actores que merecen mayor credibilidad que los comentados, por la espontaneidad de sus versiones y al ser consistentes con la violencia regional, con las distintas investigaciones periodísticas, sociológicas y las propias de memoria histórica que conllevan a tenerlos como creíbles.” Analizado lo anterior la Sala procedió a pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de tercero de buena fe exenta de culpa presentada por el señor HEVER WALTER, indicando: Analicemos entonces el alegato de buena fe exenta de culpa que presenta el opositor

y su efecto compensatorio que tendría