PGN - REQUISITOS FORMALES - Para el trámite del control de legalidad, clasificadas con sus

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Resolución 082 de 2021 de CORPOCHIVOR que adopta medidas para la prestación de servicios. En los términos del artículo 136 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción. La competencia para su conocimiento, en el caso de las entidades territoriales, es de los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar en donde se expida el acto, artículo 151, numeral 14 del CPACA y, tratándose de actos de carácter general dictados por autoridades nacionales, aquella radica en el Consejo de Estado, artículo 111, numeral 8 del CPACA. En principio, esa competencia estaba asignada en única instancia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, por decisión de esa Sala, en aplicación del artículo 107 del CPACA, se acordó que el medio de control de legalidad sería de conocimiento de las Salas Especiales de Revisión.

PROCEDENCIA DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Requisitos.

La Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sala Especial de Decisión 18, en un asunto con contornos similares al que ahora nos ocupa, discernió sobre la naturaleza, finalidad y características del CIL, así: Es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011 para examinar “las medidas de carácter general que sean dictadas” por las diferentes autoridades públicas, tanto del orden nacional como territorial, en ejercicio de la

función administrativa, para desarrollar o reglamentar los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción. El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de excepción, y los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla. CONTROL DE LEGALIDAD-Características/CONTROL DE LEGALIDADRequisitos. Las características del CIL son las siguientes Es un verdadero proceso judicial, de ahí que la providencia que lo decida es una sentencia judicial. Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general la autoridad de la cual emanó, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. Es autónomo, porque su control puede darse antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el Estado de Excepción y de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo. Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina i) la competencia de la autoridad que expidió el acto, ii) la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, iii)

la sujeción a las formas y iv) la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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No obstante, el control integral supone la confrontación del acto frente a todo el ordenamiento jurídico, y, debido a la complejidad y extensión del mismo, el CIL queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso. Es compatible con otras acciones públicas. De modo que el acto enjuiciado puede demandarse posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del CIL. Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control. La sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA). Los fallos desestimatorios, aunque tienen efecto erga omnes, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia. De acuerdo con el anterior precedente y las normas que rigen este medio de control, para que el juez competente pueda pronunciarse de fondo, deben acreditarse los siguientes requisitos: competencia, sujeción a las formas, conexidad y proporcionalidad.

COMPETENCIA-Para conocer del trámite del control de legalidad durante los estados de excepción por parte de las corporaciones autónomas regionales. Adicionalmente, no es posible indicar que se aplica a los directores de las corporaciones autónomas regionales los principios de la gerencia pública en la administración en los términos de los artículos 47 y 48 ibidem, como quiera que el literal b) del primer artículo citado señala que la gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las entidades y organismos a los cuales se le aplica la presente ley diferentes a los del nivel territorial, entre otros, a los empleos de director. Así las cosas, se tiene que el Director de CORPOCHIVOR, contaba con expresas facultades legales, dispuestas especialmente por la Ley 99 de 1993 y por el DL 491 de 2020; no así, en lo que hace relación a la Ley 909 de 2004, como quiera quecomo ha quedado expuesto con anterioridad-, esta ley, no aplica a los empleos de Director de Corporación Autónoma Regional. REQUISITOS FORMALES-Para el trámite del control de legalidad, clasificadas con sustanciales y meramente accidentales. En cuanto a las formalidades, se tiene que estas han sido clasificadas en sustanciales y meramente accidentales. Las primeras son aquellas que de estructurarse vician el acto administrativo, tales como el contenido, los argumentos o razones y la motivación. Contrario sensu, las formalidades accidentales no tienen poder suficiente para perturbar la legalidad del acto (fecha, encabezamiento, denominación y firma). En criterio de esta Delegada todos los requisitos de tipo formal confluyen en el acto escrutado, como quiera que presenta un apartado de consideraciones en donde

expone los fundamentos de orden legal y de competencia para su expedición; en concreto en los considerandos 6 y 7 se establecen sus finalidades, que no es otra que hacerle frente a la crisis actual en pro de la salud de los servidores públicos de CORPOCHIVOR y en aras de prevenir cualquier situación que pueda aumentar la propagación de la pandemia. CONEXIDAD-Dentro de la estructuración para el estudio del control inmediato de legalidad de los actos administrativos. Si bien, en relación con el análisis de conexidad en el marco del CIL, se ha precisado que “Se trata de establecer si la materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el estado de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 2 emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta medidas para conjurarlo.

Se puede afirmar que hay conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre uno y otro hay una correlación directa”, en este asunto, la relación directa y especifica debe hacerse con el DL 491 de 2020 como quiera que el DL 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual se declaró por un término de 30 días calendario el estado de emergencia económica social y ecológica en todo el territorio colombiano, finalizó el 16 de abril de 2020. En consecuencia, no sería posible efectuar un escrutinio de legalidad frente a un acto que no se encuentra

vigente. Lo mismo habría que decir en relación con el DL 637 del 6 de mayo de 2020, mediante el cual se expide la segunda Emergencia Económica Social y Ecológica, por el término de treinta (30) días calendario, que expiró el 4 de junio de 2020. COSA JUZGADA MATERIAL-Las sentencias de la corte constitucional, tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Así las cosas, en relación con el artículo 6º, existe cosa juzgada material, dado que su contenido normativo, en lo esencial, resulta idéntico al artículo 12 del DL 491 de 2020, declarado inexequible por el ordinal 8º de la Sentencia C-242 de 2020. Sobre la cosa juzgada material, en sede del contencioso objetivo pero que en criterio de esta Delegada, bien puede aplicarse en CIL y respecto de un enjuiciamiento previo realizado por la Corte Constitucional, se ha indicado:(…). Finalmente, en lo que respecta al artículo 9º del acto enjuiciado, no obstante que hace referencia expresa al artículo 4º del DL 491 de 2020, en el sentido que la notificación de los actos debe realizarse a través de los correos de los diferentes interesados que figura en el registro mercantil o en el expediente, o en la dirección electrónica suministrada por el usuario para recibir notificaciones o comunicaciones, en principio, se adecúa al precitado artículo; empero, la normatividad subyacente omite señalar, contrariando el inciso 4º del DL, que “En el evento en que la notificación o comunicación no pueda

hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”, que regulan las demás formas de notificación como la personal, por aviso y conducta concluyente. PROPORCIONALIDAD-Fundamento legal. Salvo en lo que dice relación a los artículos 4, 6 y 9, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en relación con la conexidad, encuentra esta Delegada que la Resolución 082 de 2020, expedida por CORPOCHIVOR, resulta idónea, necesaria y proporcional con el objeto del DL 491 de 2020; esto es, que en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, las autoridades cumpliesen con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares (art. 2). En síntesis, el acto objeto de control se expidió tal como se expresa en sus considerandos i) para hacer frente a la crisis actual, en pro de la salud de los servidores públicos de CORPOCHIVOR y de los usuarios, la atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales y el cumplimiento de las demás funciones administrativas a cargo de esa Corporación, haciendo uso de los medios tecnológicos y de telecomunicación, sin afectar los servicios que sean estrictamente necesarios con Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: Página 3 el fin de prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19

(considerando 6), y ii) que en aras de prevenir cualquier situación que pueda aumentar la propagación de la pandemia, esa entidad prestaría sus servicios de manera virtual y solo en casos excepcionales, dada la complejidad de las actuaciones, se autorizarán reuniones con usuarios de manera presencial previa concertación, garantizando el distanciamiento social y bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad(considerando 7). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Bogotá D.C., 15 de junio de 2021 Concepto No. 202106 - CIL-124 Doctora

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Magistrada Sustanciadora Sala Especial de Revisión No. 4.

E. S. D.

RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-02190-00

ACTO: Resolución 082 de 1° de Marzo de 2021 “Por medio de la cual se establecen medidas en materia de prestación de los servicios a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para dar cumplimiento al Decreto 206 del 06 de febrero de 2021 y garantizar la

atención a los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas”

Entidad: Corporación Autónoma Regional del ChivorCORPOCHIVOR Respetada Magistrada: En el marco del control inmediato de legalidad del artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, intervengo como agente del Ministerio Público para conceptuar en el proceso de la referencia, en los términos del artículo 185 del mismo compilado normativo.

I. ANTECEDENTES 1.1 El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Chivor – CORPOCHIVOR - expidió el 1 de marzo de 2021, la Resolución 082 «Por medio de la cual se establecen medidas en materia de prestación de los servicios a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR para dar cumplimiento al Decreto 206 del 06 de febrero de 2021 y garantizar la atención a los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas». 1.2 Mediante Auto del 11 de mayo del año en curso, el despacho de la Magistrada sustanciadora avocó el conocimiento del mencionado acto considerando previamente que se encontraban determinados los extremos y los factores competenciales tales como i) Factor del sujeto autor: autoridad nacional, Corporación Autónoma Regional Chivor – CORPOCHIVOR, a través de su Director General, ii) Factor del objeto: acto general contenido en la Resolución 082 de 1° de marzo de 2021, iii).Factor motivación

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Correo electrónico: Página 5 o causa: se expide con fundamento en el Decreto Legislativo 491 de 2020 y, en forma indirecta, en el Decreto Legislativo 539, fundamento normativo del Decreto 206 de 2021 y que desarrolla el acto escrutado. 1.3 Así mismo, en el auto precitado se ordenó el traslado a la ciudadanía para que, si lo estimaba pertinente, presentara sus intervenciones como parte del control ciudadano. 1.4 Vencido el término para la intervención de la ciudadanía, el Ministerio Público rinde el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO II.1. Competencia para el conocimiento del CIL.

En los términos del artículo 136 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción. La competencia para su conocimiento, en el caso de las entidades territoriales, es de los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar en donde se expida el acto, artículo 151, numeral 14 del CPACA y, tratándose de actos de carácter general dictados por autoridades nacionales, aquella radica en el Consejo de Estado, artículo 111, numeral 8 del CPACA. En principio, esa competencia estaba asignada en única instancia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, por decisión de esa

Sala, en aplicación del artículo 107 del CPACA, se acordó que el medio de control de legalidad sería de conocimiento de las Salas Especiales de Revisión. En ese orden de ideas, el acto de la referencia le correspondió a la Sala Especial de Revisión No. 4 y, la magistrada sustanciadora avocó su conocimiento, por Auto de 11 de mayo de 2021. 2.2 Requisitos de procedencia del control inmediato de legalidad (CIL). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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La Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sala Especial de Decisión 18, 1en un asunto con contornos similares al que ahora nos ocupa2, discernió sobre la naturaleza, finalidad y características del CIL, así: Es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137 de 1994 y en la Ley 1437 de 2011 para examinar “las medidas de carácter general que sean dictadas” por las diferentes autoridades públicas, tanto del orden nacional como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción. El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de

excepción, y los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla. Las características del CIL son las siguientes3

I. Es un verdadero proceso judicial, de ahí que la providencia que lo decida es una sentencia judicial.

II. Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente acto administrativo general la autoridad de la cual emanó, debe enviarlo a la 1 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 18, Rad No. 11001-03-15-000-2020-01305-00(CA), Sentencia del 30 de junio de 2020.

2 En esa oportunidad se estudió la legalidad de la Resolución 255 del 1 de abril de 2020 expedida por CORPONARIÑO en donde adoptaron medidas tales como suspender los términos de las actuaciones administrativas, continuidad de la medida de trabajo en casa, suspensión de la práctica de visitas para cualquier fin, asignación de la obligación de establecer diferentes protocolos de atención por parte de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental y la Oficina Jurídica, el establecimiento de medidas que debían aplicar sus funcionarios y contratistas de prestación de servicios al ejecutar el trabajo en casa, notificación electrónica obligatoria, y establecimiento de medidas de autocuidado para sus funcionarios. 3 Esta providencia relaciona las siguientes sentencias: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de enero de 2003, expediente núm. 2002-0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de 2009, expediente núm. 2009-00305-00 y del 9 de

diciembre de 2009, expediente núm. 2009-073200, C.P. Enrique Gil Botero. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 7 jurisdicción contenciosa dentro de las 48 horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente, so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.

III. Es autónomo, porque su control puede darse antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el Estado de Excepción y de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República para conjurarlo.

IV. Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina i) la competencia de la autoridad que expidió el acto, ii) la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, iii) la sujeción a las formas y iv) la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del

Estado de Excepción.

V. No obstante, el control integral supone la confrontación del acto frente a todo el ordenamiento jurídico, y, debido a la complejidad y extensión del mismo, el CIL queda circunscrito a las normas invocadas en la sentencia con la que

culmina el proceso.

VI. Es compatible con otras acciones públicas. De modo que el acto enjuiciado puede demandarse posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del CIL.

VII. Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control.

VIII. La sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa (artículo 189 del CPACA).

Los fallos desestimatorios, aunque tienen efecto erga omnes, tienen la autoridad de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la sentencia. De acuerdo con el anterior precedente y las normas que rigen este medio de control, para que el juez competente pueda pronunciarse de fondo, deben acreditarse los siguientes requisitos: competencia, sujeción a las formas, conexidad y proporcionalidad. 2.2.1. Competencia. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Si bien, en el encabezado del acto objeto de escrutinio se establece que el Director General de CORPOCHIVOR actúa en ejercicio de facultades legales y en especial las conferidas por la Leyes 99 de 1993 y 909 de 1994, en las consideraciones no se encuentra una explicación, al menos sumaria, respecto de estas.

No obstante, dado el carácter oficioso de este medio de control, encuentra el Ministerio Publico que la Ley 99 de 1993, en su artículo 24 señala como órgano de dirección y administración, entre otros, al Director General, el cual, según el artículo 29 ibidem, tiene dentro de sus funciones dirigir coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal (núm. 1º), dictar los actos que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad (núm. 5) y las demás que los estatutos de la corporación le señale y que no sean contrarias a la ley (núm. 12) Por otro lado, en lo que dice relación a la Ley 909 de 1994, en criterio de esta Delegada, no otorga competencia a los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, porque escapa a su campo de aplicación. En efecto, el artículo 3º señala en relación con estos entes, que solo es aplicable en relación con los servidores públicos de carrera administrativa (Lit. b). Adicionalmente, no es posible indicar que se aplica a los directores de las corporaciones autónomas regionales los principios de la gerencia pública en la administración en los términos de los artículos 47 y 48 ibidem, como quiera que el literal b) del primer artículo citado señala que la gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las entidades y organismos a los cuales se le aplica la presente ley diferentes a los del nivel territorial, entre otros, a los empleos de director. Así las cosas, se tiene que el Director de CORPOCHIVOR, contaba con expresas facultades legales, dispuestas especialmente por la Ley 99 de 1993

y por el DL 491 de 2020; no así, en lo que hace relación a la Ley 909 de 2004, como quiera que -como ha quedado expuesto con anterioridad-, esta ley, no aplica a los empleos de Director de Corporación Autónoma Regional. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 9 2.2.2. Requisitos formales.

En cuanto a las formalidades, se tiene que estas han sido clasificadas en sustanciales y meramente accidentales. Las primeras son aquellas que de estructurarse vician el acto administrativo, tales como el contenido, los argumentos o razones y la motivación. Contrario sensu, las formalidades accidentales no tienen poder suficiente para perturbar la legalidad del acto (fecha, encabezamiento, denominación y firma)4. En criterio de esta Delegada todos los requisitos de tipo formal confluyen en el acto escrutado, como quiera que presenta un apartado de consideraciones en donde expone los fundamentos de orden legal y de competencia para su expedición; en concreto en los considerandos 6 y 7 se establecen sus finalidades, que no es otra que hacerle frente a la crisis actual en pro de la salud de los servidores públicos de CORPOCHIVOR y en aras de prevenir cualquier situación que pueda aumentar la propagación de la pandemia. Es contentivo de una parte dispositiva, compuesta por 11 artículos, incluida su vigencia y publicidad (artículos 10 y 11), existiendo, coherencia entre la parte

resolutiva y su motivación. Por lo demás, contiene fecha de expedición, un encabezamiento, una denominación y la firma por parte del director general. 2.2.3. Conexidad Si bien, en relación con el análisis de conexidad en el marco del CIL, se ha precisado que “Se trata de establecer si la materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta medidas para 4 Sobre este tópico el Consejo de Estado ha manifestado “(…) Puede distinguirse entre las formas sustanciales y las accidentales, los tribunales deben examinar cada caso, con base en que tan sólo en las que constituyan una verdadera garantía y, por ende, un derecho para los asociados, su incumplimiento induce a nulidad” (Consejo de Estado, Sección primera, C.P. Alfonso Meluk, Sentencia del 25 de mayo de 1968. Así mismo, que “A pesar de que la calificación es difícil y depende de cada caso, el criterio aplicable principalmente es el de la influencia que la omisión de la formalidad o procedimiento ha podido tener sobre la decisión, es decir que serán formalidades o procedimientos sustanciales aquellos cuya omisión implica que la decisión será diferente a la tomada” (Consejo de Estado, Sección primera, CP Libardo Rodríguez, Rad. No. 190, Sentencia del 15 de mayo de 1991). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Página 10 conjurarlo. Se puede afirmar que hay conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre uno y otro hay una correlación directa”,5 en este asunto, la relación directa y especifica debe hacerse con el DL 491 de 2020 como quiera que el DL 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual se declaró por un término de 30 días calendario el estado de emergencia económica social y ecológica en todo el territorio colombiano, finalizó el 16 de abril de 2020. En consecuencia, no sería posible efectuar un escrutinio de legalidad frente a un acto que no se encuentra vigente. Lo mismo habría que decir en relación con el DL 637 del 6 de mayo de 2020, mediante el cual se expide la segunda Emergencia Económica Social y Ecológica, por el término de treinta (30) días calendario, que expiró el 4 de junio de 2020.6 Tampoco, existe conexidad entre el acto enjuiciado y el Decreto Legislativo 539 de 13 de abril de 2020, no solo porque el primero no hace referencia ni directa ni indirectamente al mismo, sino porque entre uno y otro no hay una correlación directa, como quiera que según sus considerandos, se expide para dar cumplimiento al Decreto 206 de 26 de febrero de 2021 y, si bien, tal como se señaló en el auto que avoca, este deviene del precitado decreto legislativo, la correlación debe ser directa. Con todo, en el DL 539 de 13 de abril de 2020 no existe un desarrollo de medidas de bioseguridad. Sólo la asignación de competencias a la cartera de

salud, las que encuentran tratamiento en el decreto ordinario, y respecto del cual, no es posible hacer el juicio de afinidad o conexidad. Pues bien, veamos si existe relación directa y especifica entre el acto examinado y el Decreto legislativo 491 de 2020.

RESOLUCIÓN 082 DE 2021

DL 491 DE 2020

ARTÍCULO 1. ATENCIÓN A USUARIOS Y En este caso, se observa que esta norma COMUNIDAD EN GENERAL. Suspender la no hace otra cosa que desarrollar el atención al público de manera presencial en tercer inciso artículo 3 del DL7 que señala 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-20150257800(CA), C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia del 24 de mayo de 2016. 6 Este Decreto fue declarado constitucional mediante Sentencia C-307 de 2020, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. 7 “Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las autoridades darán a conocer en su página web los canales Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445

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Correo electrónico: Página 11 las instalaciones de la corporación autónoma que, por razones sanitarias, las regional de Chivor -CORPOCHIVOR, durante autoridades podrán ordenar la la emergencia sanitaria declarada; es decir, a suspensión del servicio presencial. partir de las cero horas (00:00. a. m.) del día 01 de marzo hasta las cero horas (00:00 a. m) del día 01 de junio de 2021.

ARTÍCULO 2. DE LA PRESTACIÓN DE LOS Este artículo, en consonancia con el SERVICIOS. Adoptar las siguiente