PGN - RESERVA PRESUPUESTAL - Expedida con posterioridad a la ejecución del contrato

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública

Radicación: 162-59647-01

Disciplinados: José Arcesio Murillo Ruiz y Douglas Nevardo Botia.

Cargo: Gobernador y Secretario de Gobierno del Amazonas.

Quejoso: Funcionarios de la SIJIN y del DAS Fecha queja: 4 de Marzo de 1998.

Fecha hechos: 1998

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C. 29 de Octubre de 2002 ASUNTO Procede la Delegada a proferir fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta contra José Arcesio Murillo Ruiz y Douglas Nevardo Botia, en su condición Gobernador y Secretario de Gobierno del Departamento del Amazonas, respectivamente. HECHOS La investigación se originó en la Procuraduría Departamental del Amazonas con base en un informe del 4 de marzo de 1998, suscrito por funcionarios de la SIJIN y del DAS, en la que se refieren a presuntas irregularidades observadas con ocasión del control y vigilancia electoral para 1998, y en los que pudieron incurrir los servidores públicos mencionados, al suscribir órdenes de prestación de servicios, sin que previamente existiera la respectiva disponibilidad presupuestal. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS Dentro del proceso reposan las siguientes órdenes de servicios en las cuales en su parte final aparece consignado un sello que dice:

“IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

“GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Sección de Presupuesto Reserva presupuestal No------ Cap.--------lit.----------Nral.-----

Valor------------------------------ Técnico de presupuesto Dptal. Fecha------------------------------“

En la mayoría de estos documentos está escrita la fecha de 29-01-98, lo que prueba que la imputación presupuestal se realizó después de haberse suscrito las órdenes que a continuación se relacionan: a. 001-A-98 a favor de MARIA ELENA ORJUELA por la suma de $3.600.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de la UDECO en el período enero 1º abril 30 de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 7). b. 002-98 a favor de YURAI ISABEL URIBE OLIVERA por la suma de $1.190.925 con el objeto de prestar servicios de secretaria en la UDECO en el Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 1 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co período enero 2 a marzo 30 de 1998, imputación presupuestal del 06-02-98 (folio 8). c. 002-A-98 a favor de WILSON MUÑOZ CABRERA por la suma de $3.600.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de la UDECO en el período enero 2 abril 1º de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 10). d. 003-A-98 a favor de EDUARDO PARDO MEDRANO por la suma de $1.200.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de la UDECO en el período enero 2 abril 1º de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio

12). e. 004-A-98 a favor de BLANCA NUBIA RONCANCIO por la suma de $3.600.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de la UDECO en el período enero 2 abril 1º de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 14). f. 006 -98 a favor de RAMÓN ELÍAS PALACIOS SÁNCHEZ por la suma de $2.940.000 con el objeto de Prestar los servicios de Jefe de taller de Mecánica de la Secretaria de Obras en el período enero 2 abril 1º de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 16). g. 00798 a favor de JUAN CARLOS CARDONA por la suma de $1.156284 con el objeto de prestar los servicios de secretario de la Unidad de Educación Especial en el período enero 2, marzo 30 de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 17). h. 008-A-98 a favor de JORGE HERNÁN LOAIZA por la suma de $ 3.600.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de la UDECO en el período enero 16, abril 15 de 1998, imputación presupuestal del 29-01-98 (folio 19). Las siguientes órdenes de servicios fueron suscritas por el señor Botia Guerra: i. 002-98 a favor de YURAI ISBAEL URIBE OLIVERA por la suma de $1.190.925 con el objeto de prestar servicios de secretaria en la UDECO y PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL en el período enero 2 al 30 de marzo de 1998. imputación presupuestal del 20-01-98 (folio 9).

j. 008-98 a favor de ARTURO LONDOÑO SALAZAR, por la suma de $980.000 con el objeto de prestar servicios como gestor de asuntos comunitarios de la oficina Desarrollo de Gobierno Departamental por el período enero 2 al 30 de enero de 1998. imputación presupuestal del 20-01-98, (folio 11). k. 004-98 a favor de JORGE E. NOVOA, por la suma de $2.940.000 con el objeto de prestar servicios como supernumerario Secretaría de Hacienda Departamental por el período enero 2 abril 1º de 1998. imputación presupuestal del 14-01-98 (folio 13). l. 00598 a favor de FERNANDO MEJÍA, por la suma de $3.432.000 con el objeto de prestar servicios como asesor de prensa del departamento en el período enero 2 a marzo 1º de 1998, imputación presupuestal del 23-01-98 (folio 15) m. 008-98 a favor de CARLOS A. MENDOZA, por la suma de $2.900.000 con el objeto de Prestar servicios de asesor en la secretaría de hacienda en el período enero 7 a marzo 6 de 1998, imputación presupuestal del 20-01-98 (folio 18) n. 017-98 a favor de NELSON MEJÍA CÁRDENAS por la suma de $1.500.000 con el objeto de coordinar programas de servicios sociales en labores de asistencia contra la drogadicción, en el período febrero 2 a abril 30 de 1998, imputación presupuestal del 2-24-98 (folio 20)

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 2 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co o. 020 - 98 a favor de MANUEL F. PEREIRA por la suma de $1.440.000 con el objeto de ejercer funciones de supernumerario adscrito al despacho del señor Gobernador en el período febrero 2 al 4 de mayo de 1998, imputación presupuestal del 18-02-98 (folio 21). p. 020-A-98 a favor de BOLÍVAR SOTO OCHOA, por la suma de $1.500.000 con el objeto de prestar servicios como gestor para asuntos de desarrollo comunitario en el período febrero 2 a mayo 1º de 1998. imputación presupuestal del 18-02-98 (folio 22). También reposa en el paginario copia del presupuesto de rentas, gastos y disposiciones generales para la vigencia fiscal de 1998. Ordenanza No 041 de noviembre 29 de 1997 (folios 105 a 153). SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Al señor JOSÉ ARCESIO MURILLO RUIZ, en la condición antes anotada, se le formularon cargos porque como servidor público desconoció la Constitución y la ley con la siguiente conducta: Como ordenador del gasto, suscribió las órdenes de servicios, relacionadas de los literales a) a la h), en las cuales aparece la reserva presupuestal expedida con posterioridad a la ejecución del contrato, con lo cual se desconoció el contenido

de los artículos 25 numerales 6 y 13, 41 de la Ley 80 de 1993, y 71 del decreto ley 111 de 1996. Al señor DOUGLAS NEVARDO BOTIA GUERRA, actuando como Gobernador encargado, quien ordenó los servicios personales contenidos en las órdenes de servicios, relacionadas en los literales i) a p), en las cuales aparece la reserva presupuestal expedida con posterioridad a la ejecución del contrato, con lo cual se desconoció los artículos 25 numerales 6 y 13, 41 de la Ley 80 de 1993, y 71 del decreto ley 111 de 1996. RESUMEN DE LOS DESCARGOS El implicado JOSÉ ARCESIO MURILLO RUIZ presentó exculpaciones y manifestó que no acepta los cargos que se le formularon y solicita la nulidad de los mismos, por cuanto no reúnen los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 92 y 150 de la ley 200 de 1995. Esta petición fue resuelta en auto del 14 de diciembre de 2001, en el cual se niega el decreto de la misma.

Explica: ”…para que se pueda determinar la responsabilidad disciplinaria… es necesario establecer con medios probatorios regularmente decretados y allegados al proceso, que se lesiono o puso en peligro el o los bienes jurídicamente tutelados por el estatuto disciplinario, entonces no es posible explicar como se configuro un elemento de la conducta como es la antijuricidad en el presente caso.

En efecto, escuetamente se señala que se puso en grave riesgo los intereses económicos de la administración al suscribir

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 3 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co unas ordenes de servicios y posteriormente realizar las disponibilidades y registros presupuéstales, lo cual si se presentó, no resultó ser más que un error administrativo, no atribuible directamente al suscrito, nunca se vieron lesionados, afectados o en peligro los intereses de la administración, ya que:  En el presupuesto se aprobaron partidas para atender estos gastos, de lo cual existe prueba sin valorar en el expediente.  Las personas contratadas presentaron a satisfacción los servicios encomendados, lo cual inexplicablemente no se corroboro en la actuación procesal.  Una vez subsanados los errores se les debieron cancelar sus servicios profesionales, lo cual tampoco se estableció probatoriamente en el proceso. Entonces, en lo referente a la antijuricidad de la conducta, no puede afirmarse que se lesiono o puso en peligro el o los bienes jurídicamente tutelados”. El señor DOUGLAS NEVARDO BOTIA GUERRA realiza un resumen de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso y refiere que: “las probanzas encontramos que la Honorable Asamblea del Departamento de Amazonas, en su ordenanza No 041, del 29 de noviembre de 1997, consagro en el capitulo de Presupuesto de Gastos e inversión en el rubro 040114 la suma de $50.012.211 para la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Salud la suma de $25.000.000, en el Departamento de

Planeación la suma de $ 5.900.000, con base en los recursos de cofinanciación. Todo lo anterior, indica que se trataban de partidas creadas y asignadas legalmente, o sea que no eran gastos inventados, es decir se crearon dichas reservas previamente para cancelar verdaderos compromisos estatales que le dieron origen legislativo”. Dice que le calificaron la conducta como “…grave a ‘titulo de dolo, por que a sabiendas que no se podían asumir obligaciones con cargo al presupuesto del departamento,…’hay que recordar, tal como ya lo dije, que si se podían asumir obligaciones con cargo al presupuesto porque había disponibilidad y su destino no fue una malversación de dineros públicos como intente probarlo, puesto que se satisfizo tareas que el departamento recurría,…. Recalco que el fundamento constitucional y legal de la prohibición es contraer obligaciones sin el debido respaldo presupuestal, situación que no se configura en el presente caso porque esta plenamente probado que si existía en el presupuesto aprobado por la Asamblea…” (…) “También se me dice que las ordenes suscritas por mi para aquel entonces, son indicio suficiente para establecer que son Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 4 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co irregulares en su elaboración y expedición, al respecto debo manifestar que lo acontecido se debió simplemente a un error, toda vez que se me encargó por parte del gobernadores revisar y visar los contratos y actos influyeran en el presupuesto, y

cometí el error de firmar en el espacio pertinente al gobernador…”

ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO

Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

DE LA SANA CRÍTICA PROBATORIA EN DERECHO DISCIPLINARIO

1. Establece el artículo 118 de la Ley 200 de 1995, que el fallo será sancionatorio cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Desde luego que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse a cualquiera de los medios probatorios legalmente reconocidos, siempre y cuando los que se aprecien y valoren correspondan a pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso y se haga en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que significa que el Código Único Disciplinario adoptó el denominado sistema de persuasión racional, en el que ningún medio de prueba tiene señalada de antemano una tarifa y corresponde al funcionario examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, etc., para obtener conclusiones homogéneas y en las que no exista desconocimiento del contenido objetivo de la prueba, ya sea porque se tergiverse, se desconozca o se suponga.

Dicho en otros términos, la apreciación conjunta de las pruebas comporta la comparación recíproca de todos y cada uno de los medios probatorios existentes y válidos, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias.

Hecha esa confrontación con las pruebas obrantes en un determinado asunto, se puede concluir cuáles ofrecen credibilidad, confiabilidad y atención, y qué pruebas o conjunto de pruebas, rompen la coherencia o no brindan certeza. Se explica de esta manera, la esencia de la prueba, que consiste en formar el convencimiento del funcionario y arrojar certeza sobre los presupuestos de hecho que permiten la aplicación de una norma disciplinaria.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

DEL PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ESTATALES Y SUS

REQUISITOS LEGALES La Ley 80 de 1993, en su artículo 41 establece: “Los contratos del estado se perfeccionan cuando se logre un acuerdo sobre el objeto… Para la ejecución se requerirá la aprobación de la garantía y la existencia de disponibilidades presupuestales…” Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 5 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co A su vez, el Decreto 111 de 1996, en la parte final del inciso 2º del artículo 71 reza que: “Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin… Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos” (Subrayado fuera de texto.) Al comparar estas dos normas existe una contradicción en los requisitos para el perfeccionamiento de los contratos, que ha sido resuelta por el Consejo de Estado1 “…Efectivamente, de las disposiciones del artículo 41 de la Ley

80 se puede extraer las conclusiones a que llego la sala… tal precepto sufrió modificaciones con… el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), no solamente por ser una ley posterior a la ley 80, sino porque tiene una jerarquía superior a ella… En consecuencia, a términos de las normas antes transcritas, se deduce que el perfeccionamiento de los contratos estatales se produce con el registro presupuestal de los mismos, luego de que las partes hayan expresado, por escrito, su consentimiento acerca del objeto y las respectivas contrapartidas…” (subrayamos). Ahora, teniendo claro lo anterior, nos referiremos a las definiciones de: Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. Este requisito es de carácter obligatorio El registro presupuestal del compromiso, es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizara para tal fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar. El acto del registro perfecciona el compromiso. Es de carácter obligatorio, por tanto no se podrán atender compromisos con cargo al

presupuesto que no cuenten previamente con el registro presupuestal correspondiente. Estos requisitos mencionados, que son documentos autónomos, deben ser solicitados por el ordenador del gasto al jefe de presupuesto, quien debe certificar la existencia de la disponibilidad del recurso y además darle imputación presupuestal al gasto. 1 Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera. Sentencia del 6 de abril de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, aclaración de voto de Alier E. Hernández. Expediente 12.775. Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 6 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co EXAMEN DEL CASO CONCRETO. DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS PROBADOS Como a los implicados se les hace idéntica incriminación y se defienden similarmente en los descargos, la argumentación que se va ha exponer por parte de esta Delegada es válida para ambos. Esta Procuraduría, no acoge los razonamientos expuestos por los disciplinados, toda vez que, como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal son de carácter obligatorio. Se debe tener en cuenta, que por medio de la ordenanza No 041 del 29 de noviembre de 1997, la Asamblea Departamental fijó el presupuesto de rentas y gastos del Departamento del Amazonas para la vigencia fiscal de 1998, pero esta es una aprobación de carácter general, donde efectivamente van implícitas todas las apropiaciones para atender los gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio

de la deuda del Departamento. Pero, para que el ordenador del gasto pueda asumir los compromisos específicos, que están imbuidos en el presupuesto general, como en este caso, las diferentes órdenes de servicios, debía contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y posteriormente, para poder perfeccionar el contrato, había de contar con el registro presupuestal específico, pues, de lo contrario, se incurre en la violación a la ley del presupuesto. Por tanto, no es cierto que por el solo hecho de que la Asamblea haya aprobado “… en el rubro 040114 la suma de $ 50.012.211, para la Secretaria de Hacienda, en la Secretaria de Salud, la suma de $25.000.000…”, tenga determinado específicamente el gasto realizado en los contratos específicamente determinados, pues para que pueda asumirse un compromiso, tal como se ha reiterado, se debe cumplir con el requisito de disponibilidad presupuestal y para que se logre perfeccionar dicho compromiso se debe hacer la imputación presupuestal. Tal como consta en el expediente, todas las órdenes de servicios aludidas tienen el registro presupuestal posterior, por tanto fácil resulta colegir, ambos disciplinados agotaron las irregularidades descritas en los cargos. Otra de las manifestaciones que realizan en su defensa, es que “el fundamento constitucional y legal de la prohibición es contraer obligaciones sin el debido respaldo presupuestal, situación que no se configura en el presente caso por que esta plenamente probado que si existía en el presupuesto aprobado por la Asamblea…”, explicación que tampoco se acepta, porque como se ha insistido, legalmente es necesario que se cuente con un presupuesto individualizado para

cada compromiso determinado, por que no es función de la Asamblea, el fijar los gastos concretos de la Gobernación , como se pretende aquí hacer ver. Igualmente, el señor Murillo, arguye en los alegatos,”…que es necesario establecer con medios probatorios regularmente decretados y allegados al proceso que se lesiono o puso en peligro el o los bienes jurídicamente tutelados… no resulto ser sino un error administrativo… las personas contratadas prestaron a satisfacción los servicios… se debieron cancelar sus servicios…”. Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 7 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co Este dicho, no es de recibo, por que dentro del proceso está demostrado que los registros presupuestales se realizaron tardíamente, es decir no fueron concomitantes al perfeccionamiento de las órdenes, como lo pregona el Estatuto Presupuestal: efectivamente, al no ser paralelo al perfeccionamiento se configura el reconocimiento de hechos cumplidos, que están prohibidos por la ley mencionada. Resulta de importancia clarificar que el ilícito disciplinario se agota ya con la infracción del deber, sin que haga parte de su estructura, la producción de un resultado. Ha dicho la Corte Constitucional: “Sea lo primero decir, que el objetivo primordial del Derecho Disciplinario, consiste en garantizar la efectividad, eficacia, eficiencia y sobre todo la dignidad del servicio público correspondiente, para lograr de esta manera la adecuada marcha de la administración pública y, en consecuencia,

poder brindar a los administrados una función pública ejercida en beneficio de ellos y de la comunidad en general y, asegurar la protección de los derechos y libertades de los asociados.” (S. C-892/99) 2. “...En lo que concierne al Estado, no podría alcanzar sus fines si careciera de un sistema jurídico enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas. “El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones independientemente de cuál sea el órgano o la Rama a la que pertenezcan. Ello hace parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado. “El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las instituciones jurídicas...”. (C-417 del 4 de octubre de 1993) Es que en este punto se debe sentar con claridad y puntualizar que la consumación del atentado contra el bien jurídico protegido en el derecho disciplinario, no precisa de una especial variación del mundo exterior a la manera exigida por el pensamiento causal naturalista en el derecho penal, pues, basta aquí y es suficiente para el agotamiento del injusto disciplinario, que se actúe contra el especial deber que es

correlativo a la función discernida en la ley o el reglamento al sujeto pasivo de la acción. Demandar entonces especiales resultados, materializados en daños cuantificables o verificables por los sentidos, significa dar pábulo a cierta perversión epistemológica que pretende identificar e igualar el injusto disciplinario con el injusto penal, sin reparar en que los fundamentos de uno y otro son bien diferentes, ya porque la diferenciación se haga desde perspectivas cualitativas, ora porque se defina bajo parámetros cuantitativos; esto es, que se les compare en cuanto a la relación de progresión que es evidenciable entre la lesión a la corrección de la función administrativa, vista ella desde las orillas del derecho disciplinario al penal, o Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 8 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co porque se aclare que la protección de la dicha función en el derecho penal se observe “hacia fuera”, en tanto que en el derecho disciplinario se observe cómo es ejercida la mismo “hacia adentro”. 2 Frente a la afirmación que no es sino un “error de carácter administrativo, no atribuible directamente al suscrito”, esta dependencia no encuentra acertada esta declaración, porque, como se sabe, las personas jurídicas son entes ficticios, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, a través de sus representantes legales, que actúan a nombre de ellas, y cuando lo hacen en el marco de la ley, es obvio que no incurren en falta alguna, pero si actúan irregularmente, estando en

posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no lo realizan, deben responder de acuerdo a la clase de falta que cometan. La Corte Suprema de Justicia ha dicho al respecto que: “... quien decide asumir una función pública, se acoge al régimen estatutario constitucional y legal del funcionario y se somete a sus mandatos, siendo libre de hacerlo o de abstenerse, pero no de sustraerse a ellos una vez adquiera el estatus de funcionario público”3. Además, si el Decreto 111 de 1996 y la Ley 80 de 1993, son de aplicación obligatoria para las entidades estatales, no se puede amparar en una inargumentada la falta de conocimiento, ya que cuando se acepta un cargo público, se asumen con plena responsabilidad, entre otros deberes, los consagrados en los numerales 1º, 3º, 18º, 22º y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, consistentes en cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, las leyes, y reglamentos, circunstancias estas que, de conformidad con el artículo 38 ibídem, constituyen falta disciplinaria. En efecto, en derecho disciplinario no basta alegar el nudo desconocimiento de la norma de deber, para dar por demostrada la existencia de un error de prohibición. Y esto por cuanto quien ha asumido un cargo, ha jurado cumplir fiel y cabalmente sus funciones, las que de suyo tiene que conocer, pues, el nivel de exigibilidad es mayor a aquel que se demanda del ciudadano de la calle. 4 Por ello se dice “De ahí que la obligación genérica no ya de conocer todo el repertorio de

ilícitos sino de procurar conocerlo. Y, en consecuencia, su responsabilidad le será exigida no ya por sus conocimientos reales sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida.”5 Por lo precedentemente planteado, esta Delegada no comparte los argumentos presentados y no encuentra desvirtuado el cargo formulado a los encartados. 2Cfr. J.L González Coussac. El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos. Valencia, Tirant Lo Blanc, 1997, p. 35 ss. 3 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de agosto de 1982, M.P. Manuel Gaona Cruz. Esto lo que la doctrina ha llamado “relaciones especial de sujeción”. Sobre ello, v. RICARDO GARCIA MACHO. Las relaciones de especial sujeción en la Constitución española. Madrid, Tecnos, 1992, passim. 4 Sobre las peculiaridades de la culpa en derecho administrativo (¿?) sancionador, v. Alejandro Nietro Rodríguez. Derecho Administrativo Sancionador. Madrid, Tecnos, 1995, p. 347 ss. 5 Alejandro Nieto Rodríguez, ob. Cit. p. 348 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 12o. Tel. 3360011 Ext.: 11203 9 moralidadpub@procuraduria.gov.co . www.procuraduria.gov.co CALIFICACIÓN DE LA FALTA Por lo dicho anteriormente, JOSÉ ARCESIO MURILLO RUIZ, gobernador del Amazonas para la época de los hechos, se considera responsable, porque como ordenador del gasto, suscribió las órdenes de servicios referidas anteriormente, en

las cuales aparece la reserva presupuestal expedida con posterioridad a la ejecución del contrato, falta que esta calificada como grave a titulo de dolo, toda vez que, como profesional que es, en el área contable, tenía la capacitación necesaria para conocer de la reglamentación legal establecida para poder adquirir compromisos a nombre de la administración departamental, transgrediendo con ello el contenido de los artículos 25 numerales 6 y 13, 41 de la Ley 80 de 1993, y 71 del Decreto ley 111 de 1996, e incurrir en falta disciplinaria conforme a lo establecido en los artículos 40 numerales 1º, 2º, 13, 19,; 22, 23 y 41 numeral 7º de ley 200 de 1993, en concordancia con el artículo 38 ibídem y 6º de la Constitución Política, falta que esta calificada como grave a título de dolo. DOUGLAS NEVARDO BOTIA GUERRA, actuando como Gobernador encargado, para la época de los hechos, ordenó las prestaciones personales contenidos en las órdenes de servicios, relacionadas, en las cuales aparece la reserva presupuestal expedida con posterioridad a la ejecución del contrato, falta que esta calificada como grave a titulo de dolo, porque él como experto en derecho, ya que es abogado, conocía la ordenación jurídica y por ende, la tramitología que se le debe dar a los contratos para poderse perfeccionar y ejecutar, transgrediendo con ello el contenido de los artículos 25 numerales 6 y 13, 41 de la Ley 80 de 1993, y 71 del decreto ley 111 de 1996, e incurrir en falta disciplinaria conforme a lo establecido en los artículos

40 numerales 1º, 2º, 13, 19,; 22, 23 y 41 numeral 7º de ley 200 de 1993, en concordancia con el artículo 38 ibídem y 6º de la Constitución Política.

DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN: Valga anotar, en primer término, que la ley disciplinaria tiene como finalidades garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o puedan poner en peligro, por lo que las sanciones de esta índole cumplen esencialmente fines de prevención y de garantía de la buena marcha de la administración, y que la titularidad de la potestad disciplinaria corresponde únicamente al Estado, que la ejerce y desarrolla a través de las distintas ramas y órganos sobre sus respectivos funcionarios, mediante el procedimiento previsto en el C.D.U., cuando compete establecer la ocurrencia y sanción de las conductas instituidas como faltas en el mismo estatuto, sustantivamente descritas como deberes o prohibiciones, en general, en la Constitución, las leyes y reglamentos.

Como en el caso en examen, las faltas disciplinarias analizadas son contrarias a derecho y a los deberes del servidor público, por tanto, amerita sanción disciplinaria, con fundamento en el principio de proporcionalidad. Por lo anteriormente anotado, la sanción que se impondrá a los disciplinados, al tenor del numeral 2º, del artículo 29 de la Ley 200, vigente para la época de los hechos, será de MULTA consistente e