Sentencia 11001031500020260118300

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 9 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: JAIRO ANDRÉS PÉREZ TABORDA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Incremento salarial docente. Defecto sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.

Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de relevancia constitucional. Reiteración de argumentos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jairo Andrés Pérez Taborda contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada, el señor Jairo Andrés Pérez Taborda pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acce so a la administración de justicia y a la tutela

el señor Jairo Andrés Pérez Taborda pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acce so a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como la aplicación del principio de favorabilidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a la sentencia del 28 de agosto de 2025 , dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-004-2024-00258-02.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia proferida el día 28 de agosto de 2025 , en el expediente radicado bajo número 6 6001333300220240025800, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) JAIRO ANDRÉS PÉREZ TABORDA , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la

RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente JAIRO ANDRÉS PÉREZ TABORDA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el accionante que es docente oficial, perteneciente a la categoría 2DE, de acuerdo con el Decreto 1278 de 2002. Que, en el año 2009, se realizaron incrementos salariales en contravía de los artículos 13, 53 de la Constitución Política, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002.

Que, en el año 2009, no se realizó un incremento igualitario de la base s alarial para los grados 2AE y 2DE, puesto que al primero se le increment ó en un 15,61 % y al segundo un 0,75%. Lo anterior afectó los salarios futuros, debido a que cada año se aplicaba el incremento sobre la base del anterior.

Que se había decretado un salario inferior a la categoría que pertenece sin justificación

un 0,75%. Lo anterior afectó los salarios futuros, debido a que cada año se aplicaba el incremento sobre la base del anterior.

Que se había decretado un salario inferior a la categoría que pertenece sin justificación legal, lo que afectó sus ingresos desde el año 2010, cuando se incrementaron los salarios en igualdad de condiciones para los docentes de las categorías 2AE y 2DE.

Que pidió al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de Pereira que se le reconocieran y pagara n las diferencias salariales de los últimos tres años anteriores a esa petición, en razón a la configuración de la prescripción trienal, y las que se llegaran a causar en el futuro. Que, a su vez, se le reconociera y pagara la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la bonificación pedagógica, las horas extras y los demás emolumentos percibidos, así como los ajustes de valor a que hubiere lugar por la disminución del poder adquisitivo de su salario y que se ordenara el reconocimiento y pago al FOMAG de las diferencias salariales por concepto de cesantías anualizadas.

A través del oficio sin número de fecha 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional negó la solicitud relacionada en el párrafo anterior. Por otra parte, la Secretaría de Educación de Pereira guardó silencio.

3.2. Actuación judicial

El señor Jairo Andrés Pérez Taborda promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda para que : i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los decretos que lo

del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda para que : i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoque n, en relación con la asignación salaria que correspondía a la categoría 2DE; ii) se inaplicaran los demás decretos nacionales que fueran expedidos con posterioridad a la presentación de esa demandada que modificaran la remuneración de los docentes y direc tivos docentes del Estado ; iii) se declar ará la nulidad del oficio sin número de fecha 28 de febrero de 2024 proferido por el Ministerio de Educación y, iv) se declarara que pertenecía a la categoría 2DE del escalafón nacional docente.

A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a las entidades demandadas a l: i) reconocimiento y pago de las diferencias salariales de los últimos tres años anteriores a la petición que elevó ante el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Pereira y las que se causaran en el futuro, con ocasión de las diferencias en el incremento salarial decretado en el año 2009 para los docentes de las categorías 2AE y 2DE, que tuvo incidencia en los salarios decretados en los años posteriores, por la suma de $40.630.023; ii) reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos; iii) reconocimiento y pago de los ajustes de la disminución del poder adquisitivo de su salario; iv ) reconocimiento y pago de los intereses moratorios y de costas procesales.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

1. reconocimiento y pago de los ajustes de la disminución del poder adquisitivo de su salario; iv ) reconocimiento y pago de los intereses moratorios y de costas procesales.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La demanda se adelantó bajo el radicado 66001-3333-004-2024-00258-00 y correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira que, por sentencia del 24 de abril de 2025, denegó las pretensiones, al estimar que los actos demandados se ajustaron a la ley y a la Constitución.

Señaló que el salario de los docentes estaba relacionado con el grado y nivel del escalafón al que pertenecen, lo que marca la diferencia salarial para asegurar que los docentes reciban un ingreso acorde a su preparación y rendimiento. Que los salarios devengados estaban sustentados en el estatuto de profesionalización de los docentes.

Que, a pesar de las diferencias porcentuales en el aumento de los salarios año a año, ello se debía a incentivos realizados a los educadores por sus esfuerzos, consagración y experiencia, derivado de sus méritos y calidades, por lo que, a su juicio, la diferencia salarial se encontraba justificada objetivamente.

Que respecto de las categorías 2AE y 2DE no se podía hacer un juicio de igualdad, porque, si bien los docentes y directivos docentes desarrolla ban las mismas funciones,

salarial se encontraba justificada objetivamente.

Que respecto de las categorías 2AE y 2DE no se podía hacer un juicio de igualdad, porque, si bien los docentes y directivos docentes desarrolla ban las mismas funciones, lo cierto era que no tenía n el mismo escalafón, por lo que no se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica.

Inconforme, la demandante apeló y manifestó que no hubo un análisis exhaustivo de sus argumentos. Que no hubo justificación de los incrementos porcentuales diferentes de los salarios. Que la disparidad en los porcentajes fue irregular y no se derivó de una causa objetiva. Que no hubo pronunciamiento sob re la ausencia de fundamentación del trato diferencial en los porcentajes de la base salarial.

Que resultaba evidente que el gobierno nacional no justificó por qué los porcentajes fueron diferentes. Que la diferencia en los porcentajes del incremento salarial constituyó un trato discriminatorio para algunos docentes que vieron afectada su base salarial en los años posteriores al 2009.

Que los incrementos desiguales en los salarios no obedecieron a un fin leg ítimo ni se pueden justificar en criterios razonables o transparentes, que esa disparidad no tenía fundamentos técnicos y jurídicos, con lo que se transgreden los principios de equidad y proporcionalidad salarial.

Por sentencia del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo debido a que la autoridad judicial demandada no justificó cómo era posible la legalidad de los actos demandados si se advertía la desigualdad en los aumentos de los salarios . Que demostró que ocupaba una posición superior en el escalafón, en comparación con la categoría 2AE, a la cual, según dijo, se le había otorgado un ajuste salarial superior.

Que el tribunal demandado desconoció lo dispuesto en el literal j del artículo 2 de la Ley 4.ª de 19921, que exigía que se presentara una correspondencia entre la remuneración y

1 Artículo 2. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: (…) j. El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las exigencias del cargo, para garantizar que los empleados públicos que acreditaran mayores niveles de formación, experiencia o responsabilidad funcional fueran retribuidos

www.consejodeestado.gov.co las exigencias del cargo, para garantizar que los empleados públicos que acreditaran mayores niveles de formación, experiencia o responsabilidad funcional fueran retribuidos de acuerdo con esas condiciones, lo que implicaba la protección al principio de eq uidad salarial y del derecho a la igualdad material.

Que el Decreto 1278 de 2002 2 reforzaba ese análisis, al establecer un sistema de estímulos orientados a incentivar que la función docente fuera ejercida por profesionales idóneos, a los que se les deb ía reconocer su formación académica, la superación de evaluaciones de competencias, entre otros aspectos, que determina la ubicación en el escalafón.

Que el artículo 20 del Decreto 1278 de 2002 3 establecía una relación directa entre la formación académica acreditada por el educador y su ubicación en el grado y en el nivel salarial.

Que la interpretación sistemática del mencionado decreto permitía concluir que el ascenso y la reubicación en el escalafón no constituían reconocimientos automáticos ni arbitrarios, que, por el contrario, se encontraban condicionados a la verificación objetiva de un mejoramiento en la formación académica y en el desempeño profesional docente, circunstancia que legitimaba el acceso a niveles salariales superiores , en razón del mérito.

Manifestó que en el proceso ordinario demostró que se encontraba en el escalafón 2DE, lo que, a su juicio, supondría una remuneración superior a la categoría 2AE. Que, no obstante, sus incrementos salariales fueron inferiores sin justificación clara y coherente, lo que dem ostraba una falta de motivación adecuada en los decretos de incremento salarial.

obstante, sus incrementos salariales fueron inferiores sin justificación clara y coherente, lo que dem ostraba una falta de motivación adecuada en los decretos de incremento salarial.

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria <<respecto del debate jurídico planteado>>, debido a que la parte demandada en el proceso ordinario no acreditó que la desigualdad en el incremento de los salarios de los docentes de las categorías 2AE y 2DE obedeció a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Dijo que la sentencia acusada tampoco precisó las justificaciones en la disparidad en el incremento de los salarios.

Que omitir, motivar esa desigualdad, desconocía la Ley 1278 de 2002 y los principios que rigen el régimen salarial de los empleados públicos , porque los ajustes en las asignaciones salariales de los docentes deben fundarse en criterios de formación académica, la experiencia , las responsabilidades asignadas y el mérito. Que esos criterios eran los únicos factores legítimos para establecer diferencias en las remuneraciones dentro de los escalafones docentes. Que la ausencia de esos fundamentos vulnera el principio de igualdad material, desnaturaliza los fines del servicio educativo y compromete la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario.

Formuló los siguientes interrogantes, que, a su juicio, debió resolver el tribunal demandado: <<¿Cuál fue la justificación para que la Administración estableciera incrementos salariales más favorables para las categorías inferiores del escalafón durante el período 2009? ¿Acaso la formación académica, el desempeño satisfactorio y la experiencia laboral no constituyen los pilares fundamentales para determinar los aumentos salariales conforme al

salariales más favorables para las categorías inferiores del escalafón durante el período 2009? ¿Acaso la formación académica, el desempeño satisfactorio y la experiencia laboral no constituyen los pilares fundamentales para determinar los aumentos salariales conforme al Estatuto de la Profesionalización Docente? Si el ascenso y la reubicación en el escalafón docente representan una expresión del mérito, ¿no debería el incremento salarial reflejar ese esfuerzo formativo y nivel de idoneidad?¿en el proceso, obró algún medio de convicción idóneo que

2 << Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente>>. 3 ARTÍCULO 20. Estructura del Escalafón Docente. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales

(A-B-C-D).

Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio, siempre y c uando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditara la existencia de razones objetivas y válidas para justificar los incrementos salariales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditara la existencia de razones objetivas y válidas para justificar los incrementos salariales desiguales dispuestos en los años referidos?; ¿por qué no se examinó con mayor detenimiento si los decretos en cuestión se ajustaban plenamente al ordenamien to jurídico? ¿los actos que establecieron incrementos diferenciados para el personal docente debían estar respaldados por una carga argumentativa suficiente que respaldara la medida adoptada, o resultaba admisible que dicha decisión se fundara exclusivamente en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo? >>.

Finalmente, la Sala observa que, si bien la parte actora no alegó un defecto por desconocimiento del precedente , lo cierto es que señaló que la autoridad judicial demandada no atendió el precedente fijado en:

1. Una sentencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que no se identificó y que, según la tutelante, estableció criterios fundamentales sobre la igualdad respecto del salario y las prestaciones, al señalar que cualquier trato diferente debía estar justificado en razones jurídicas y objetivas.

1. la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín en el proceso con radicado 05001 -33-33-023-2024-00171-00, que, según la accionante, accedió a las pretensiones en un caso similar, al advertir un trato inequitativo derivado del aumento salarial desproporcionado entre categorías docentes.

5. Trámite procesal

accionante, accedió a las pretensiones en un caso similar, al advertir un trato inequitativo derivado del aumento salarial desproporcionado entre categorías docentes.

5. Trámite procesal

Por auto del 23 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda , Sala Cuarta de Decisión y, en calidad de terceros con interés, al juez cuarto administrativo de Pereira, al ministro de Educación Nacional , al gobernador, a la Secretaría de Educación de Risaralda, al ministro de Hacienda y Crédito Público, al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al director del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al representante legal de la Fiduprevisora S.A.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 de febrero de 2026.

6. Intervenciones

El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela . Adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la parte actora se dirigían contra una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y que no se acreditó un perjuicio irremediable.

Que la solicitud de amparo no tenía relevancia constitucional porque no se acreditó la vulneración de las garantías fundamentales de la parte actora.

El Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó que la parte actora pretende reabrir una tercera instancia del proceso ordinario , desvirtuando con ello el

vulneración de las garantías fundamentales de la parte actora.

El Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó que la parte actora pretende reabrir una tercera instancia del proceso ordinario , desvirtuando con ello el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela.

Que, además, no existen presupuestos fácticos ni jurídicos que las fundamenten y tampoco existe un perjuicio irremediable , razón por la cual se debe declarar la improcedencia de la acción.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira se limitó a compartir el enlace del expediente del proceso ordinario; sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que el cuestionamiento planteado es de legalidad y no acredita relevancia constitucional; así como tampoco se evidencia ausencia de valoración probatoria ni afectación a derechos fundamentales.

La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda señaló que l as diferenciaciones salariales, en sí mismas, no constituyen automáticamente vulneración del principio de igualdad, salvo que se demuestre la existencia de criterios arbitrarios o discriminatorios, análisis que ya fue objeto de estudio por parte del juez . Por lo tanto, la Secretaría no es competente para modificar, dejar sin efectos o revisar decisiones judiciales adoptadas por la jurisdicción contencioso -administrativa;se a tiene a lo determinado en la sentencia.

Secretaría no es competente para modificar, dejar sin efectos o revisar decisiones judiciales adoptadas por la jurisdicción contencioso -administrativa;se a tiene a lo determinado en la sentencia.

Que no puede atribu irse vulneración de derechos fundamentales por el simple acatamiento de una providencia judicial y no se puede trasladar al órgano administrativo la carga de cuestionar una decisión judicial.

Finalmente, pidió que se declare improcedente y solicitó ser desvinculada del presente asunto, al no configurarse actuación directa atribuible a esta entidad en la presunta vulneración alegada.

El Tribunal Administrativo de Risaralda , la Dirección del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A. no se pronunci aron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 14 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda , en el proceso de nulidad y

fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 14 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-004-2024-00258-02.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda de tutela iban dirigidas en contra del tribunal demandado.

No obstante, la vinculación de esa autoridad no fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con interés, porque fungió como parte pasiva del proceso objeto de tutela. En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor Jairo Andrés Pérez Taborda para dejar sin efectos la sentencia del 28 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la decisión de primera

4 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia de denegar las pretensiones de la demandada de nulidad y restablecimiento del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia de denegar las pretensiones de la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-004-2024-00258-02.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto la acción de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza para insistir en que se debió declarar la nulidad de los actos demandados en el proceso ordinario, debido a que se presentaron diferencias en los incrementos salariales de varias categorías docentes, lo que transgrediría el derecho a la igualdad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15han superado los requisitos generales.

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento

tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2026-01183-00

Demandante: Jairo Andrés Pérez Taborda

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5. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte

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5. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que se debió d