TA ANT - Sentencia 05001-33-33-024-2015-00470-01 (24-11-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Síntesis del caso: La acción de reparación directa fue promovida por W. F. H. M. y sus familiares, quienes solicitaron declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, por la privación de la libertad sufrida entre el 25 de abril y el 30 de noviembre de 2012, dentro de un proceso penal adelantado por el delito de hurto calificado y agravado. El demandante fue capturado por orden judicial y sometido a medida de aseguramiento de detención domiciliaria, tras ser imputado por la Fiscalía. El proceso penal culminó con sentencia absolutoria, fundada en el principio in dubio pro reo, al no alcanzarse certeza más allá de toda duda razonable sobre su responsabilidad penal. En primera instancia, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín declaró la existencia de una privación injusta de la libertad y condenó a las entidades demandadas al pago de perjuicios morales y materiales.

Extracto: […] Por su parte, la responsabilidad civil extracontractual apunta a la reparación del daño ocasionado por fuera de la ejecución de un contrato, es decir, las partes no están unidas por un vínculo negocial, sino que es precisamente el daño el que genera el vínculo entre ellas, dando origen a la obligación de reparar los perjuicios causados. […] Es de anotar que la responsabilidad civil o patrimonial del Estado es distinta de la responsabilidad administrativa, pues siguiendo la definición de

la responsabilidad por las consecuencias que se derivan, es civil la responsabilidad orientada a reparar el perjuicio causado a otro -se reiteray es administrativa la responsabilidad que surge de comportamientos contrarios a las disposiciones que gobiernan la administración pública. Un ejemplo de la responsabilidad administrativa se halla en el plexo de la ley 1476 de 2011 o el régimen disciplinario de los servicios públicos, entre otras normas. […] La estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado gira en torno a la causación del daño antijurídico y a la imputabilidad del mismo a una autoridad pública, entendido por daño antijurídico aquel que el administrado no está en la obligación de soportar, de modo que la antijuridicidad del daño no está en función de la ilicitud o la licitud de la conducta desplegada por la autoridad pública que lo genera, sino de la “soportabilidad” del daño por parte de la víctima, al margen de cualquier consideración en torno a la legalidad de la actuación. […] En ese sentido, la jurisprudencia ha exigido la concurrencia de tres elementos para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado: 1) la existencia del daño, entendido este (como fenómeno físico) como la lesión, aminoración o menoscabo de un bien jurídico o interés legítimo, el cual debe tener connotación de antijurídico dentro de la acepción antes expuesta, esto es, que el administrado no esté en la obligación de soportarlo. Para establecer la

antijuridicidad del daño es menester acreditar: 2) la existencia de un hecho generador del daño imputable al Estado (imputatio facti) a título de falla en la prestación del servicio o de alguno de los títulos de imputación que han sido desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina (por ejemplo, riesgo excepcional o daño especial) (imputatio iure) y 3) la relación de causalidad entre el hecho imputable y el daño. En todo caso, se logrará fracturar la relación de causalidad y, por ende, se impedirá la estructuración de la responsabilidad por la ausencia de este elemento, cuando se acredite la existencia de una causa extraña capaz de enervarla, esto es: 1) el caso fortuito o fuerza mayor, 2) el hecho exclusivo de un tercero o 3) la culpa exclusiva de la víctima, siempre que la naturaleza del hecho generador del daño y el régimen a través del cual se analiza la responsabilidad admitan alguna de esas causas. […] No sobra anotar que la demandada se podrá librar de la responsabilidad cuando acredita que no existió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, probando que el servicio funcionó como debía esperarse o con la prueba de una causa extraña que rompa la relación causal entre el hecho atribuido y el daño. […] Para tal efecto, es necesario verificar cuáles eran los requisitos que exigía la ley para solicitar e imponer la medida de aseguramiento por parte del fiscal y el juez, respectivamente. En los términos del artículo 308 de la ley 906 de 2004, -que

contiene el Código de Procedimiento Penal que rigió el proceso adelantado en contra del demandante-, para decretar la medida de aseguramiento, se exigía que los de los elementos materiales probatorios y la evidencia física o de la información obtenidos legalmente, permitieran inferir “razonablemente” que el procesado “pudiera” ser autor o partícipe de la conducta punible investigada. Así, en esta etapa del proceso, la norma no exigía la existencia de plena certeza o prueba sobre la responsabilidad ni que los medios de convicción apuntaran de manera categórica a la existencia de responsabilidad penal. Lo que se exigía era que la medida estuviera basada en una inferencia razonable que tuviera respaldo en los elementos probatorios recaudados hasta el momento. […] Sobre el particular, se tiene que si bien, en el expediente no obra el archivo magnético que contiene el registro de la audiencia en la cual se impuso la medida de aseguramiento en contra de W. F. H. M., de la orden de captura se infiere que para ese momento se contaban con informes de policía judicial, elementos materiales probatorios, reconocimiento fotográfico, declaración jurada de testigo y evidencia física, lo que permite concluir que la decisión de restringir la libertad se basó en los elementos probatorios recaudados hasta esa fase del proceso y los mismos permitían inferir de manera razonable que el demandante podía ser el autor del hecho investigado y, atendiendo a la gravedad del delito investigado ameritaba asegurar al sospechoso de la autoría, por lo cual la medida cumplió con los

requisitos señalados en el artículo 308 de la ley 906 de 2004. En este orden de ideas, no puede afirmarse que la decisión que ocasionó la restricción de la libertad del demandante fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria. […] Adicionalmente, del escrito de acusación se infiere que la Fiscalía adelantó una investigación con el fin de desvirtuar la presunción de inocencia del demandante, pues para tal efecto no solo se basó en la declaración de la víctima, en la denuncia05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 2 por ella presentada, sino que también en la entrevista a los testigos de los hechos, informes de investigador de campo, la información brindada por el banco donde se realizaron las transacciones y las actas de reconocimiento fotográfico, ello unido a que se solicitó la práctica de 13 testimonios y anunció el descubrimiento de una serie de documentos, entre los cuales se encontraban las fotografías de reconstrucción de los hechos, los álbumes de reconocimiento fotográfico, entre otros. […] Ahora, en cuanto a la actuación del juez de conocimiento, la Sala advierte que su actuación se ajustó a la normativa vigente y, según se desprende de la sentencia absolutoria, encontró que las pruebas presentaban inconsistencias que impedían concluir con total certeza que el demandante era el autor del delito, estas no alcanzaron a desvirtuar la presunción de inocencia del demandante, pues no permitieron aclarar la materialización de los hechos por parte del entonces acusado y, por ende, otorgar

la certeza que de ellas debe extraerse para condenar, como quiera que no satisfacen los presupuestos que el legislador estableció para la declaratoria de culpabilidad del sindicado. […] En este caso, la absolución se produjo en virtud del principio in dubio pro reo, lo que implica que quedó latente la duda respecto de la autoría del demandante en la comisión del delito y, por ende, la responsabilidad del Estado solo se podía estructurar acreditando la existencia del elemento subjetivo -falla o erroren la actuación que dio origen a la privación de la libertad del procesado, como, por ejemplo, cuando la medida se impone sin que sea razonable, necesaria, proporcional o adecuada a la luz del orden jurídico vigente, lo cual abarca infinidad de supuestos, o cuando la desidia del ente acusador es la que conduce a que se mantenga privado de la libertad al imputado o procesado durante el proceso sin que haya adelantado las labores tendientes a desvirtuar la presunción de inocencia del imputado; pero, nada de eso quedó acreditado en este proceso. Por el contrario, lo que acá quedó probado es que, desde que se impuso la medida de aseguramiento, existían algunos elementos de juicio de los cuales, como se dijo párrafos atrás, podía inferirse razonablemente la autoría del imputado en la comisión de la conducta punible investigada y que dicha medida era necesaria para cumplir los fines que, con su imposición, persigue el ordenamiento jurídico y que si bien la prueba recaudada no le brindó completa certeza al juez penal sobre la autoría del demandante en la comisión de la conducta

punible investigada, sí resultaba suficiente para dictar la medida cautelar contra el imputado.

Decisión: La Sala revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la medida de aseguramiento impuesta al demandante no fue arbitraria, irrazonable ni desproporcionada, pues se sustentó en elementos materiales probatorios que permitían inferir razonablemente su posible participación en la conducta investigada. Precisó que la absolución penal por in dubio pro reo no genera automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado y que, en estos casos, corresponde al juez contencioso verificar si la restricción de la libertad se apartó de los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Tras el análisis probatorio, la Sala determinó que tanto la Fiscalía como los jueces penales actuaron conforme a la ley y desplegaron una actividad investigativa diligente. En consecuencia, el Tribunal negó la declaratoria de daño antijurídico, revocó la condena indemnizatoria y condenó en costas a la parte demandante en ambas instancias.05001 33 33 024 2015 00470 01

Reparación directa 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur Medellín, D. E., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Radicado 05001 33 33 024 2015 00470 01

Demandante William Felipe Hernández Mejía y otros Demandados NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura Naturaleza Reparación directa Instancia Segunda Providencia Sentencia 184 de 2025 Temas Privación injusta de la libertad Decisión Revoca sentencia Aprobado en acta 98 de 2025 Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas contra la sentencia emitida el 22 de marzo de 2018 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. 1.- Antecedentes Mediante escrito radicado el 13 de febrero de 20151, William de Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia Mejía Caro, Esteiffi Katterine Hernández Mejía, William Felipe Hernández Mejía e Isabel Cristina Álvarez Gómez, quienes obran en nombre propio, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011 contra la NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones: 1.1.- Se declare que la NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura son patrimonialmente responsables por los daños

ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la “arbitraria” vinculación a un proceso y la privación injusta de la libertad sufrida por William 1 Fl. 16.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 4 Felipe Hernández Mejía. 1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar a favor de los demandantes los siguientes perjuicios2: i) morales: el equivalente de 300 SMLMV para cada uno de los demandantes y ii) materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $10.000.000 que corresponden a los gastos en que debió incurrir para procurarse su defensa en el proceso penal y, en la modalidad de lucro cesante, el valor de $5.000.000 que corresponde a la totalidad de las rentas de trabajo que dejó de percibir como producto de su retención y su desestabilización laboral. 1.3.- Que se ordene, además: i) el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 299 de la ley 1437 de 2011, ii) la liquidación de los intereses moratorios como lo ordena la ley y iii) condenar a las demandadas a pagar las costas y agencias en derecho.

2. Hechos Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes3: 2.1.- William Felipe Hernández Mejía estuvo privado de la libertad por los delitos de hurto calificado y agravado entre el 25 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de

2012, fecha en la cual fue dejado en libertad, en razón a que el proceso culminó con sentencia absolutoria. 2.2.- La Fiscalía 174 Seccional de Medellín, Antioquia, adelantó la investigación en contra de William Felipe Hernández Mejía por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado. El fiscal le solicitó al juez 16 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías la orden de captura y esta se materializó el 25 de abril de 2012. 2.3.- El 25 de abril de 2012 se realizaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento de detención domiciliaria. 2.4.- El asunto fue asignado a la fiscal 130 local, quien presentó escrito de acusación contra el demandante y el proceso le correspondió al Juzgado 37 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín. 2 Fls. 6 y 7. 3 Fls. 1 a 5.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 5 2.5.- El 9 de julio de 2012 se realizó la audiencia de acusación; el 21 de agosto de 2012 la audiencia preparatoria; el 18 de septiembre y 30 de noviembre de 2012, respectivamente, las audiencias de juicio oral y, en esta última fecha, se emitió el sentido de fallo de carácter absolutorio y se ordenó la libertad de William Felipe Hernández Mejía. 2.6.- El 21 de diciembre de 2012 se expidió y quedó ejecutoriada la sentencia

absolutoria, en atención a que las partes no interpusieron recurso. El juzgador advirtió que “las imputaciones que recayeron sobre el hoy demandante eran contradictorias, especulativas y faltas de seriedad, por lo que no podían tenérseles como pruebas para soportar una acusación”. 2.7.- William Felipe Hernández Mejía convivía con su compañera permanente Isabel Cristina y su hijo Kevin, quienes también experimentaron sufrimiento con la detención de su pariente, al igual que sus padres, William de Jesús y Dora Lucia Mejía Caro, y su hermana Esteiffi Katterine. 3.- Fundamentos de derecho La parte actora invocó, como fundamento normativo de sus pretensiones, el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 11,13, 25, 29, 42, 90, 91, 93 y 95 de la Constitución Política de Colombia, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (ley 74 de 1968), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 16 de 1972), los artículos 1613 y ss. y 2341 y ss. del Código Civil, los artículos 86, 176 a 178, 206, 217 y ss. del Código Contencioso Administrativo, el decreto 2304 de 1989, los artículos 4 y 8 de la ley 153 de 1887, la ley 446 de 1998, el decreto 1818 de 1998, el decreto 2700 de 1991, y los artículos 13, inciso 2 y 4 de la ley 40 de 1993.

4.- La actuación procesal Por auto de 11 de marzo de 2015, esta Corporación declaró la falta de competencia por el factor cuantía para conocer del medio de control de reparación directa de la referencia, por lo que estimó que el competente para conocer el asunto eran los Juzgados Administrativos de Oralidad del Circuito de Medellín y ordenó su remisión4. 4 Fls. 297 a 298, vto.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 6 El proceso, por reparto, fue asignado al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín5, quien en providencia de 10 de junio de 2015 admitió la demanda, ordenó la notificación personal de la citada providencia al Ministerio Público y a las entidades demandadas6. La audiencia inicial se celebró el 9 de mayo de 2017 y en la misma se fijó el litigio, y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes7. El 7 de septiembre de 2017 se realizó la audiencia de pruebas y, en el curso de esta, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo que se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para emitir concepto8. 5.- La contestación de la demanda 5.1.- La NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura9 se opuso a las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, expresó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso. Adujo que la actuación del juzgado con funciones de Control de Garantías se

concretó en decretar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía con base en los elementos materiales probatorios (EMP), la evidencia física y la información legalmente recaudada, exhibidos por esa entidad como garantía del cumplimiento de los fines establecidos por el artículo 250 de la Constitución Política, además que se cumplía con los requisitos del artículo 308 de la ley 906 de 2004 para imponer la medida de aseguramiento. Indicó que el 21 de diciembre de 2012, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento absolvió al actor de los cargos con que fuera acusado, decisión que, dijo, estuvo soportada en el convencimiento que tuvo el mencionado juez respecto a lo probado en el proceso, en la valoración de los testimonios y en el ejercicio de sana crítica e independencia judicial, por lo que consideró que quien debería ser llamada a responder por la privación de la libertad del señor Hernández Mejía es la Fiscalía General de la Nación. 5 Fl. 301. 6 Fls. 305 y 306. 7 Fls. 366 a 369. 8 Fls. 373 a 376. 9 Fls. 319 a 328.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 7 Así mismo, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que se declare la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debe presentarse una actuación “abiertamente arbitraria y desproporcionada” por parte del servidor judicial, lo cual no ocurrió en el presente

caso. Por último, propuso las excepciones que denominó10: i) “falta de legitimación en la causa por pasiva” y ii) “inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad de la administración”. 5.2.- La NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación, presentó su contestación de manera extemporánea11, según consta en el auto que fijó la fecha para la audiencia inicial12, por lo que se tuvo por no contestada la demanda. 6.- La sentencia recurrida El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 22 de marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda13, al considerar que se acreditó que William Felipe Hernández Mejía fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 25 de abril hasta el 30 de noviembre de 2012, sindicado por el delito de “hurto calificado y agravado”; sin embargo, en el transcurso del proceso penal fue absuelto ante la inexistencia de pruebas contundentes que comprometieran su responsabilidad, por lo que el accionante estuvo privado de la libertad por espacio de siete meses y cinco días. Luego de hacer un análisis de la jurisprudencia que consideró aplicable y las pruebas recaudadas en el proceso, indicó que, tal y como lo advirtió el juez penal, el delito de hurto agradado y calificado se dio en la modalidad de fleteo, y aun cuando el hoy acusado fue señalado por las victimas como responsable de la conducta punible por el hecho de estar presente en la entidad bancaria

“Davivienda” para el momento en que las víctimas retiraron el dinero, se encontró plenamente dilucidado que en efecto el señor Hernández Mejía, para la fecha de los hechos, tenía una cuenta con el mencionado Banco en la que se le depositaba el pago de su nómina mensual por parte de la empresa para la que laboraba, y que ese día había procedido a cancelarla. 10 Fls. 331 y 332. 11 Fl. 357. 12 Fls. 258. 13 Fls. 406 a 424.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 8 Así, consideró que las pruebas allegadas son suficientes para inferir que, en efecto, la privación de la libertad a la que fue sometido William Felipe Hernández Mejía tiene el carácter de injusta y se erige en un daño antijurídico, y que de las providencias reseñadas se concluye sin mayores ambages, que la absolución del actor fue producto de la ausencia de prueba que comprometiera su responsabilidad penal. Indicó que resultaba indiferente si el obrar de la entidad estuvo ajustado o no a derecho, pues los demandantes no se encontraban en el deber jurídico de soportar el daño irrogado con la detención de Hernández Mejía, ya que no pudo determinarse la responsabilidad de este y, por ende, dijo, se presentó un rompimiento del principio de igualdad entre las cargas públicas y el daño se tornó antijurídico. Con fundamento en lo anterior accedió a la indemnización de los perjuicios morales a favor de la víctima directa, compañera permanente, hijo y padres en

cuantía de 70 SMLMV para cada uno de ellos y para la hermana en la suma de 35 SMLMV. Asimismo, reconoció el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante y el daño emergente. 7.- El recurso de apelación 7.1.- La Nación –Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura14solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las súplicas de la demanda, al considerar que la parte demandante no acreditó que la medida restrictiva de la libertad fuere ilegal y arbitraria. Señaló que el juez con función de control de garantías actuó conforme el material probatorio arrimado por el ente acusador para avalar la respectiva medida de aseguramiento, toda vez que para el momento inicial de la detención no se requiere de una certeza más allá de toda duda razonable, pues en esa instancia no se discute la plena responsabilidad penal del procesado al ser una etapa preliminar en la que el juez citado realiza el correspondiente análisis de las circunstancias que rodearon los hechos a la luz del material probatorio allegado por el ente instructor y si de ello se deduce una inferencia razonable de participación en la conducta punible que se le endilga, por lo que aseveró que cumplió con las funciones que le asigna la ley 906 de 2004. 14 Fls. 427 y ss.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 9 Reiteró que en el caso bajo estudio se presentó una causa extraña como eximente

de responsabilidad por el hecho de un tercero que conduce a la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho dañoso y el resultado dañino. Asimismo, refirió que fueron las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación las que ocasionaron la privación de la libertad del demandante, toda vez que, dijo, esta entidad “actuó con ligereza, existiendo una precaria investigación”, por lo que consideró que no podría endilgarse responsabilidad a la NaciónRama judicial. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones respecto de esta entidad. 7.2.- La NaciónFiscalía General de la Nación15 presentó apelación adhesiva con el fin que se revocara la sentencia de primera instancia, pues si bien el demandante fue absuelto, se impuso la medida de aseguramiento con fundamento en las pruebas recaudadas hasta ese momento procesal que conducían a afirmar que el demandante había cometido el ilícito por el que se le sindicaba y que satisfacían los requisitos exigidos por la normativa vigente para la época de la investigación penal. Indicó que el Juzgado Penal con Función de Garantías y el Juzgado de Conocimiento, representados por la Rama Judicial, son los únicos responsables por la privación injusta de la libertad del señor Hernández Mejía. Asimismo, se opuso al reconocimiento de los perjuicios materiales, con fundamento en que no se aportó prueba idónea en el transcurso del proceso administrativo que permita establecer que el demandante suscribió un contrato de prestación de

servicios profesionales con el abogado Juan Fernando Díaz Moreno, que llevó a cabo su defensa dentro del proceso penal, ni las obligaciones, el valor de los honorarios y la forma de pago, pues, dijo, una certificación no es el medio idóneo para probar un contrato laboral y mucho menos que efectivamente se haya pagado el valor que solicitan en la demanda. De otro lado, refirió que no se debía reconocer el lucro cesante, pues no se aportó prueba idónea que permita establecer que el señor Hernández Mejía, para la época de los hechos, recibiera mensualmente un salario mínimo, tales como copia de los pagos realizados al sistema de seguridad social integral donde se pudiera 15 Fls. 433 a 437.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 10 comprobar la cotización que se realizaba. Adicionalmente, solicitó que se revoque el 25% de prestaciones sociales que el juez de primera instancia reconoció. 8.- El traslado para alegar en segunda instancia y el concepto del Ministerio Público Por auto de 22 mayo de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto16. 8.1.- La NaciónFiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación adhesiva17. 8.2.- La NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura reiteró los argumentos planteados en el recurso de apelación tendientes a que sea revocada la sentencia de primera instancia18.

8.3.- La parte demandante19 solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, en atención a que, tal como lo indicó la Rama Judicial en su recurso, la Fiscalía General de la Nación actuó con ligereza ante una precaria investigación y una falla del servicio que atribuye no solo a la Fiscalía, sino también a la Rama Judicial por la demora en que incurrieron para definir la situación del sindicado William Felipe Hernández. Así mismo, se opuso a la prosperidad del recurso interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y, en atención al daño emergente, aseveró que no solo obra el respectivo recibo de pago, sino que el mismo bogado que ejerció la defensa penal declaró dentro del proceso y así lo corroboró. Añadió que, en el proceso se acreditó que el demandante laboraba al momento de los hechos motivo de la investigación penal, incluso, devengaba más de un salario mínimo y que por su vinculación al hecho punible perdió el empleo y no devengó ninguna suma de dinero durante todo el tiempo que duró la investigación e incluso mucho tiempo después. 8.4.- El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES 16 Fl. 215. 17 Fls. 464 a 468. 18 Fls. 471 a 479. 19 Fls. 469 a 470.05001 33 33 024 2015 00470 01

Reparación directa 11 1.- Competencia Es competente el Tribunal para conocer del recurso de apelación interpuesto por la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura contra la sentencia

emitida el 22 de marzo de 2018 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, de conformidad con lo consagrado en el numeral 153 de la ley 1437 de 2011. 2.- Oportunidad de la acción De conformidad con el inciso primero, literal h), numeral 2, del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, “cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. En los eventos en los que se demanda la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado de manera uniforme que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la ejecutoria de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra20. En este caso, la boleta de libertad dirigida al Director de la Cárcel Bellavista21 da cuenta de que William Felipe Hernández Mejía recobró su libertad el 30 de noviembre de 2012; además, según certificó la secretaria del Juzgado Treinta y

Siete Penal Municipal de Medellín con funciones de conocimiento: i) el 21 de diciembre de 2012 se emitió sentencia absolutoria en favor del demandante, ii) no fue recurrida por ninguno de los sujetos procesales, iii) quedó ejecutoriada el 21 de diciembre de 201222 y iv) el término para presentar la demanda comenzó a correr a partir del 22 de diciembre de ese año y vencía el 22 de diciembre de 2014. El 26 de noviembre de 2014 la parte actora presentó solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial, la cual se celebró el 9 de febrero de 2015 y se declaró 20 Al respecto, consultar, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2021, expediente 56372. 21 Fl. 224. 22 Fl. 304.05001 33 33 024 2015 00470 01 Reparación directa 12 fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio23. Por ende, en razón a que la demanda se prese