TA ANT - Sentencia 05837-33-33-001-2024-00123-01 (30-10-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Síntesis del caso: El proceso tuvo origen en la acción de reparación directa promovida por A. F. V. M. , quien fue capturado el 28 de marzo de 2017 en el municipio de Turbo, Antioquia, dentro de un operativo policial denominado “Desarticulación de banda criminal Los del Gaitán”. Como consecuencia de dicha actuación, permaneció privado de la libertad entre el 24 de abril de 2017 y el 9 de marzo de 2019, mientras se adelantaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. El demandante fue absuelto mediante sentencia del 26 de noviembre de 2021, decisión co nfirmada el 6 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de Antioquia. Con fundamento en dicha absolución, solicitó la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, alegando que su detención fue injusta y atribuible a la Fiscalía General de la Nación. En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo negó las pretensiones al considerar que no se acreditó una actuación irregular de la Fiscalía ni la imputación del daño a dicha entidad, decisión que fue apelada por la parte actora.

Extracto: […] Evidénciese de esta manera, no se le está restando importancia al derecho a la libertad, ni siquiera se pone en juicio su carácter de principalísimo, sino que las limitaciones a ese derecho cuentan con un fundamento constitucional, de manera que cuando hay a lugar a su restricción resulta exigible es que se cumplan los presupuestos legales exigidos y que resultan una garantía contra su limitación, precisamente, por tratarse de un derecho con carácter

constitucional, de manera que cuando hay a lugar a su restricción resulta exigible es que se cumplan los presupuestos legales exigidos y que resultan una garantía contra su limitación, precisamente, por tratarse de un derecho con carácter constitucional fundamental. […] En ese senti do, para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, debe acreditarse la existencia de un daño antijurídico, esto es, una restricción del derecho fundamental a la libertad que el afectado no estaba obligado a soportar. Tal circunstancia se configura cuando la medida privativa se deriva de una actuación judicial o administrativa carente de fundamento probatorio, adoptada con desconocimiento de las garantías procesales, o que resulte arbitraria, irrazonable o desproporcionada frente a los fines que la justifican. […] El a quo consideró que no es posible la atribución de responsabilidad de la entidad demandada, dado que en el plenario no hay elementos que permitan determinar que la Fiscalía actuó con desidia, de forma irregular o ineficiente; al punto de inducir en error o restara seriedad a la petición de imposición de la medida de aseguramiento. […] Con base en todo lo anterior, se puede concluir que no se probó que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en contra del demandante fueran contrarias a derecho pues lo único que se tiene claro es que el señor V. M. fue privado de su libertad y que se le absolvió, pero se ignora si las razones invocadas para imponerle la medida de aseguramiento fueron válidas, proporcionadas, ajustadas a derecho y, por ende, si la medida fue idónea o no.

Decisión: La Sala confirmó la sentencia de primera instancia al estimar que la sola absolución penal no genera

medida de aseguramiento fueron válidas, proporcionadas, ajustadas a derecho y, por ende, si la medida fue idónea o no.

Decisión: La Sala confirmó la sentencia de primera instancia al estimar que la sola absolución penal no genera automáticamente responsabilidad patrimonial del Estado. Precisó que, conforme a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucio nal, es indispensable acreditar que la medida restrictiva de la libertad fue ilegal, irrazonable o desproporcionada, así como la imputación concreta del daño a la autoridad demandada. En el caso concreto, el Tribunal concluyó que no se probó una falla del servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación, dado que no obran en el expediente elementos suficientes que permitan evaluar las actuaciones investigativas previas a la imposición de la medida de aseguramiento. En consecuencia, confirmó la negativa de las pretensiones y revocó la condena en costas impuesta en primera instancia, al considerar que la demanda no fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA1

DEMANDADO NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

RADICADO 05837-33-33-001-2024-00123-01

INSTANCIA SEGUNDA

PROCEDENCIA JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE TURBO

ASUNTO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS

ANTIJURÍDICOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.

DECISIÓN MODIFICA SENTENCIA APELADA – NUEVO RÉGIMEN

VALORATIVO DE RESPONSABILIDAD

PROVIDENCIA 129

LINK DEL

EXPEDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 001 2024 00123 01 (TURBO)

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, el día 4 de julio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones3

La parte actora pretende que se declare a la entidad demandada, administrativamente responsable por el daño antijurídico causado al demandante a raíz de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ

La parte actora pretende que se declare a la entidad demandada, administrativamente responsable por el daño antijurídico causado al demandante a raíz de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ

MARULANDA.

1 leyes01@gmail.com , 2 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, silvio.rivas@fiscalia.gov.co 3 Documento 001DemandaAnexos.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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Como indemnización solicita se condene a los siguientes pagos:

--Por concepto de daño emergente Para Andrés Fernando Vásquez Marulanda la suma de $20.000.000

--Por concepto lucro cesante Para Andrés Fernando Vásquez Marulanda la suma de $28.000.000

--Por concepto de daño moral Para Andrés Fernando Vásquez Marulanda el equivalente a 100 SMLMV.

Adicionalmente pretende que la entidad demandada pida perdón en acto público por parte de la entidad demandada.

1.2. Supuestos fácticos4

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

El señor Andrés Fernando Vásquez Marulanda, residente en Turbo (Antioquia), fue capturado injustamente el 28 de marzo de 2017 durante un operativo de la Policía Nacional denominado “Desarticulación de banda criminal Los del Gaitán”.

A raíz de dicha captura, fue vinculado al proceso penal radicado

capturado injustamente el 28 de marzo de 2017 durante un operativo de la Policía Nacional denominado “Desarticulación de banda criminal Los del Gaitán”.

A raíz de dicha captura, fue vinculado al proceso penal radicado 0500016000357201600034, tramitado ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, del cual resultó absuelto mediante sentencia No. 085 del 26 de noviembre de 2021, decisión confirmada el 6 de mayo de 2022 por la Sala Sexta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

El proceso se prolongó por más de cinco años, y el señor Vásquez estuvo privado injustamente de la libertad por cerca de 23 meses, debido a las reiteradas inasistencias y dilaciones atribuibles a la Fiscalía General de la Nación, lo que obligó a solicitar su libertad por vencimiento de términos el 7 de marzo de 2019.

Como consecuencia de lo anterior, el afectado no pudo continuar con su actividad económica de mototaxista, que le generaba aproximadamente $40.000 diarios,

4 Documento 002Incorpora exped_02DemandaYAnexospdf.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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sufriendo pérdidas materiales (lucro cesante y daño emergente), además de daños morales y afectación a su buen nombre, dado que su imagen fue expuesta en medios y redes sociales como presunto integrante de una banda criminal.

Durante el proceso penal, la Fiscalía sostuvo que Vásquez Marulanda

morales y afectación a su buen nombre, dado que su imagen fue expuesta en medios y redes sociales como presunto integrante de una banda criminal.

Durante el proceso penal, la Fiscalía sostuvo que Vásquez Marulanda presuntamente expendía estupefacientes en el sector El Gaitán, imputación que no logró probar, y que incluso el propio delegado del ente acusador reconoció deficiente, al solicitar la absolución por falta de claridad en los hechos jurídicamente relevantes.

El juzgado de primera instancia absolvió al procesado y a otros por duda razonable, al evidenciar la falsedad de las actas de reconocimiento fotográfico y la ausencia de pruebas que acreditaran su participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

El Tribunal Superior de Antioquia confirmó íntegramente la absolución, destacando la falta de poder demostrativo de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la correcta valoración efectuada por el juez de primera instancia.

1.3. Contestación de la Fiscalía General de la Nación5.

Dando respuesta a la acción de la referencia, la Fiscalía General de la Nación manifiesta que los hechos narrados por la parte actora no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso. De igual forma, se opone a la declaración de responsabilidad y a las condenas solicitadas en contra de la Nación, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación.

En cuanto a las razones de la defensa, el apoderado sostiene que no se configuran los elementos necesarios para estructurar responsabilidad estatal, toda vez que la Fiscalía actuó conforme a la Constitución y la ley, en cumplimiento del artículo 250

En cuanto a las razones de la defensa, el apoderado sostiene que no se configuran los elementos necesarios para estructurar responsabilidad estatal, toda vez que la Fiscalía actuó conforme a la Constitución y la ley, en cumplimiento del artículo 250 de la Carta Política. Aduce que no existe nexo causal entre la actuación de la entidad y el daño alegado, dado que la investigación penal se adelantó con base en indicios que ameritaban su trámite.

5 Documento 016_MemorialWeb_Respuesta-CONSTENVIOMEMORIAL.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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Asimismo, enfatiza que la decisión de imponer la medida de aseguramiento corresponde al Juez de Control de Garantías, en virtud del sistema penal acusatorio regulado por la Ley 906 de 2004, por lo cual la Fiscalía no puede ser responsabilizada por una decisión judicial adoptada dentro de la órbita de la Rama Judicial.

Finalmente, en relación con los perjuicios reclamados, el apoderado objeta la cuantía solicitada por los demandantes, por considerarla desproporcionada frente a los parámetros jurisprudenciales fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Argumenta la inexistencia de daño antijurídico, al no encontrarse probado perjuicio alguno cierto, directo o personal, y plantea las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva de la víctima y la genérica. En desarrollo

Argumenta la inexistencia de daño antijurídico, al no encontrarse probado perjuicio alguno cierto, directo o personal, y plantea las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva de la víctima y la genérica. En desarrollo probatorio, solicita oficiar al INPEC para certificar el tiempo y modalidad de reclusión de los implicados, aclarando que no puede allegar copia del expediente penal completo por encontrarse amparado bajo la reserva del sumario.

1.4. Sentencia impugnada6.

En la Sentencia del 4 de junio de 2025 , el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo desestimó las pretensiones formuladas por Andrés Fernando Vásquez Marulanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, al considerar que no se acreditó la imputación del daño a la entidad demandada ni la ex istencia de una falla del servicio.

El Juzgado precisó que, la Fiscalía General de la Nación carece de competencia para imponer medidas restrictivas de la libertad, limitándose únicamente a solicitar su imposición. En consecuencia, la responsabilidad por la privación de la libertad del demandante recaería sobre los jueces que adoptaron las decisiones respectivas —el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Turbo y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia—, pertenecientes ambos a la Rama Judicial.

Adicionalmente, concluyó que no se demostró la existencia de una conducta irregular por parte de la Fiscalía que permitiera atribuirle el daño reclamado. No se

6 Documento 035Sentencia_24001202400123028Sen.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA

6 Documento 035Sentencia_24001202400123028Sen.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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probó que la entidad hubiera inducido en error a la autoridad judicial ni que hubiese incurrido en deficiencias en su actuación. Por el contrario, la parte demandante incumplió con la carga de la prueba al no aportar los documentos esenciales de las audiencias preliminares ni acreditar que la solicitud de medida de aseguramiento hubiera sido improcedente. Finalmente, el Despacho precisó que la absolución posterior del procesado o la compulsa de copias contra funcionarios no configuran, por sí solas, una fal la del servicio, reiterando que la detención preventiva era objetivamente procedente frente al delito imputado, lo cual excluye la responsabilidad de la Fiscalía en los términos planteados en la demanda.

1.5. Recursos de apelación parte demandante7.

En su escrito, la parte actora manifestó su inconformidad con la decisión que desestimó las pretensiones de reparación directa y condenó en costas al demandante. A juicio del apelante, el fallo se sustentó en una tesis “pobremente argumentada” que desconoce la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad y responsabilidad del Estado.

El primer eje de la apelación se centra en la imputación de responsabilidad y la falta de legitimación por pasiva. El apoderado considera errónea la conclusión del

materia de privación injusta de la libertad y responsabilidad del Estado.

El primer eje de la apelación se centra en la imputación de responsabilidad y la falta de legitimación por pasiva. El apoderado considera errónea la conclusión del Juzgado, según la cual la privación de la libertad solo sería imputable a la Rama Judicial. Sostiene que, en el marco de la Ley 906 de 2004, el sistema penal acusatorio es de carácter rogado, por lo que es la Fiscalía quien tiene la iniciativa y titularidad de la acción penal, siendo ella quien solicita las medidas restrictivas de la libertad ant e el juez de control de garantías. De esta manera, si la privación se produjo a instancias del ente acusador y el proceso culminó con sentencia absolutoria, el daño debe imputarse también a la Fiscalía.

En segundo lugar, el apelante cuestiona la valoración probatoria del fallo y denuncia irregularidades en la actuación de la Fiscalía. Señala que el juez de primera instancia no efectuó un examen integral de las pruebas y omitió analizar la presunta utilización de elementos obtenidos ilegalmente por investigadores de la SIJÍN Urabá. Además, reprocha que el fiscal encargado incumplió su deber de verificar la legalidad de las pruebas y que actuó con afán de impacto mediático, más que con rigor procesal. Asimis mo, rebate las excepciones aceptadas por el Juzgado, en

7 Documento 037_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA

DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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especial la de culpa exclusiva de la víctima, alegando que ningún ciudadano puede ser responsable de su propia detención.

Finalmente, destaca que el demandante sufrió un grave daño moral y reputacional al permanecer injustamente recluido por casi veinticuatro meses, sin que la autoridad judicial o la Fiscalía hayan reparado públicamente dicho error. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia apelada, se declaren no probadas las excepciones propuestas por la Fiscalía y se acceda a todas las pretensiones de la demanda.

1.6. Trámite en segunda instancia8.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2025, se admitió el recurso presentado por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 4 de julio de 2025.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubiere decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesario la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes, sin embargo, se les permitió pronunciarse en relación con el recurso de apelación, pero ninguna de las partes lo hizo.

1.7. Pruebas relevantes Documentales

• Acta de audiencia de libertad por vencimiento de términos, celebrada el 28 de

en relación con el recurso de apelación, pero ninguna de las partes lo hizo.

1.7. Pruebas relevantes Documentales

• Acta de audiencia de libertad por vencimiento de términos, celebrada el 28 de febrero de 2019, ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Aparado9. • Certificado de libertad10 • Sentencia del 26 de noviembre de 2021, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Antioquia11. • Sentencia proferida el 6 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Antioquia12.

8 Documento 03AutoAdmiteRecurso.pdff 9 Página 11 del documento 002Incorpora exped_02DemandaYAnexospdf.pdf 10 Página 12 del citado documento. 11 Páginas 13 a 65 del citado documento 12 Páginas 66 a 93 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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• Copia de informe ejecutivo – solicitud intercepción de comunicaciones de las líneas de celulares13 • Copia de documento denominado Investigados de campo –FPJ-11-14 • Documento denominado banco de imágenes15 • Escrito de solicitud de libertad por vencimiento de términos16. • Acta de audiencia de acusación celebrada el 18 de octubre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia17. • Acta de audiencia de acusación celebrada el 21 de diciembre de 2017, ante

• Acta de audiencia de acusación celebrada el 18 de octubre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia17. • Acta de audiencia de acusación celebrada el 21 de diciembre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia18. • Acta de audiencia de acusación celebrada el 2 de enero de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia19. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 16 de febrero de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia20. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el primero de marzo de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia21. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 18 de abril de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia22. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 7 de junio de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia23. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 18 de junio de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia24. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 21 de junio de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia25. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 28 de agosto de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia26. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 29 de agosto de 2018, ante el

• Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 28 de agosto de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia26. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 29 de agosto de 2018, ante el

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia27.

13 Páginas 6 a 14 del documento 015_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOEXCE.pdf 14 Páginas 15 a 25 del citado documento 15 Páginas 26 a 66 del citado documento 16 Página 81 del citado documento 17 Páginas 86 a 91 del citado documento 18 Páginas 92 a 94 del citado documento 19 Páginas 95 a 98 del citado documento 20 Páginas 99 y 100 del citado documento 21 Páginas 101 a 103 del citado documento 22 Páginas 104 a 106 del citado documento 23 Páginas 107 y 108 del citado documento 24 Páginas 110 y 111 del citado documento 25 Páginas 112 y 113 del citado documento 26 Páginas 114 y 115 del citado documento 27 Páginas 116 a 118 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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• Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 21 de octubre de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia28. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 13 de noviembre de 2018, ante

• Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 21 de octubre de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia28. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 13 de noviembre de 2018, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia29. • Acta de audiencia de juicio oral celebrada el 11 de febrero de 2019, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia30. • Acta de audiencia de decisión celebrada el 28 de febrero de 2019, ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartado31. • Copia de certificado de reclusión, en el que se indica que ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA ingreso al establecimiento penitenciario en la modalidad de detención intramural desde el 24 de abril de 2017 hasta el 9 de marzo de 2019, quien fue sindicado por el delito de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes32. • Copia del expediente penal con radicado 05001 60 00357 2016 0003433.

1. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 ibídem.

2.2. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar como problema jurídico uno: ¿Si la privación de la libertad

en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 ibídem.

2.2. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar como problema jurídico uno: ¿Si la privación de la libertad de ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA, constituye un daño antijurídico imputable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por el cual resulta procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado y la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes? o, ¿debe confirmarse la decisión adoptada en

28 Páginas 119 y 120 del citado documento 29 Páginas 121 y 122 del citado documento 30 Páginas 124 y 125 del citado documento 31 Página 126 del citado documento 32 Documento 028RespuestaOficioNro13.pdf 33 Expediente penalMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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primera instancia bajo el argumento de que no hay elementos que permitan determinar que la Fiscalía actuó con desidia, de forma irregular o ineficiente?

Además, se deberá establecer como problema jurídico dos: si ¿Es procedente la condena en costas procesales a la parte actora?

2.2.1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa central que genera el problema jurídico uno, relacionado con la existencia o no de responsabilidad de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , encuentra la Sala que la causa se circunscribe a la diferente valoración probatoria dada por las partes el juez de primera instancia, por cuanto, mientras para la parte demandante las circunstancias en que se produjo la privación de ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA, están probados todos los elementos de la responsabilidad del Estado de que trata el artículo 90 de la Constitución Política, esto es, está probado el daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, siendo procedente la indemnización de los perjuicios, para la entidad demandada y el juez de primera instancia, no hay prueba en tal sentido.

Respecto al problema jurídico dos , relacionado con la condena en costas , encuentra la Sala que la causa se da por la diferente relevancia que dan las partes a la conducta procesal de la parte vencida , toda vez que resultando claro que la normatividad que regula la condena en costas en materia contencioso administrativa, contenida en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 que remite a las normas de procedimiento civil, se difiere en la relevancia que dan sobre la conducta procesal de la parte vencida, por cuanto para el a quo es irrelevante la conducta procesal de la parte vencida; mientras que para la demandada si es relevante para determinar la procedencia de la condena en costas tomar en cuenta la conducta

procesal de la parte vencida, por cuanto para el a quo es irrelevante la conducta procesal de la parte vencida; mientras que para la demandada si es relevante para determinar la procedencia de la condena en costas tomar en cuenta la conducta asumida por la parte vencida.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANDRÉS FERNANDO VÁSQUEZ MARULANDA DEMANDADO: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICADO: 05837-33-33-001-2024-00123-01

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2.3. Cuestión previa

El artículo 18 de la ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que obliga a los jueces a dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en el que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de Sentencia anticipada de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos a solicitud del agente del ministerio público por su importancia jurídica y trascendencia social.

Atendiendo entonces a la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos dentro de los cuales existe línea jurisprudencial claramente definida por parte del Consejo de Estado, se procederá a emitir la sentencia correspondiente modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Con fundamento, entre otros, en los principios constitucionales de dignidad humanael orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Con fundamento, entre otros, en los principios constitucionales de dignidad humanaartículo 1º, Constitución Política-, solidaridad -artículo 2º Superior-, igualdad -artículo 13y libertad -artículo 16-, se erige la responsabilidad del Estado, materializada en el artículo 90 constitucional conforme al cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)”. A partir de este precepto se ha dado desarrollo a los elementos de la responsabilidad de la administración, a saber: (i) daño antijurídico e (ii) imputación, necesarios para que haya lugar a la indemnización de los perjuicios irrogados.

Ambos elementos serán objeto de análisis dentro de la presente providencia, toda vez que la entidad demandada recurre la decisión de primera instancia esgrimiendo argumentos dirigidos a desvirtuar la acreditaci