TA CAQ - 18001-33-33-001-2017-000651-01-(26-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Alfredo Marín Quitián y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2017-000651-01

Tema: Fumigación con glifosato.

Acta número 30.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Luis Alfredo Marín Quitiá n, Flor Imelda Bermúdez Tapiero , Fabio Andrés Rodríguez Bermúdez y Daniel Eduardo Rodríguez Bermúdez, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados como c onsecuencia de las fumigaciones efectuadas el día 2 de mayo de 2015 en el predio rural

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados como c onsecuencia de las fumigaciones efectuadas el día 2 de mayo de 2015 en el predio rural

1 Archivo 01, pág. 162.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Alfredo Marín Quitián y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 18001-33-33-001-2017-000651-01

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denominado El Jardín – Vereda La Gallineta del Municipio de San José del Fragua, cuando aeronaves de la Policía Nacional destinadas a la erradicación de cultivos i lícitos realizaron fumigaciones de sustancias químicas sobre el inmueble.

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a pagar

las siguientes sumas de dinero:

a. Materiales.

➢ Daño emergente . La suma de $93.477.500 por concepto de pasturas mejoradas, forraje verde producido en 20 hectáreas y sistema agroforestal.

➢ Lucro cesante. La suma de $ 44.280.000 por concepto de producción de forraje verde afectado en las 20 hectáreas.

b. Morales. A cada uno de los demandantes la suma de 100 SMLMV.

c. Daño a la vida en relación. A cada uno de los demandantes, la suma de 100 SMLMV.

1. Que las sumas antes reconocidas se ajusten conforme al IPC.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

SMLMV.

1. Que las sumas antes reconocidas se ajusten conforme al IPC.

1. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. El señor Luis Alfredo Marín Quitían adquirió mediante compraventa al señor José Lubin Barreto Campos la Finca El Jardín ubicada en la Vereda La Gallineta en el Municipio de San José del Fragua.

1. Esa propiedad cuenta con 39 hectáreas y 1200 metros cuadrados y se identifica con ficha catastral 00 -03-00012-0019-000. Allí cultivaron pastos brachiariaSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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humidicola y brachiaria decumbens , caucho y cacao a fin de mejorar sus condiciones económicas.

1. El 2 de mayo de 2015, aproximadamente a las 10:00 a.m., en desarrollo del programa de erradicación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, realizaron aspersión aérea y fueron fumigadas las zonas de la Vereda La Gallineta, entre ellas la finca de su propiedad.

1. Después del acontecimiento, el señor Marín Quitian y su familia, intentaron contrarrestar el efecto nocivo del herbicida a fin de salvar los cultivos y los pastos aplicando métodos caseros indicados por vecinos de la zona, pero fueron

1. Después del acontecimiento, el señor Marín Quitian y su familia, intentaron contrarrestar el efecto nocivo del herbicida a fin de salvar los cultivos y los pastos aplicando métodos caseros indicados por vecinos de la zona, pero fueron infructuosos sus esfuerzos, viendo progresivamente como las pasturas y los cultivos de caucho morían lentamente.

1. Con la mencionada fumigación fueron afectadas 15 hectáreas de pastos y 2 ½ hectáreas y media de caucho y cacao. «esta lamentable situación ha generado graves y catastróficas consecuencias para toda la familia en cuanto a : 1) la pérdida total de las plantaciones de pasto (...), caucho y cacao, así como, de la mano de obra e insumos aplicados a las plantaciones, pues a pesar de haber aplicado diferentes tratamientos sobre estos, no fue posible su recuperación.

Consecuencia natural de ello es el gasto económico en el que ha visto inmerso, advirtiendo que ha tenido graves problemas debido a su iliquidez y 2) los hechos sucedidos han sido factor determinante en la afectación de la estabilidad económica y familiar (...), por cuanto han tenido la necesidad de duplicar su fuerza de trabajo, desplazándose hacia pre dios vecinos a trabajar al jornal tendiente a suplir los compromisos adquiridos (...).»

1. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la alcaldía municipal de San José del Fragua a través de queja recibida por la Secretaría de Gobierno el 28 de mayo de 2015. En la misma fecha, informó a la Personería Municipal sobre el asunto. Además, ante la omisión en la respuesta, decidió presentar una acción

José del Fragua a través de queja recibida por la Secretaría de Gobierno el 28 de mayo de 2015. En la misma fecha, informó a la Personería Municipal sobre el asunto. Además, ante la omisión en la respuesta, decidió presentar una acción de tutela ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de San José del Fragua.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que i) de acuerdo con las pruebas se puede establecer que los demandantes

2 Archivo 02, pág. 2.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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adquirieron el predio después de que acaecieran los hechos; ii) mediante la Resolución 0017 del 4 de octubre de 2001 se estableció un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión aérea con glifosato dentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos ; comoquiera que el demandante presentó la queja el 28 de mayo de 2015 ante la alcaldía y fue puesta en conocimiento de la entidad, pero el 18 de junio de 2015 se le indicó que los documentos estaban incompletos; iii) en el traslado de la queja, se estableció que las coordenadas reportadas no correspondían al Municipio de San José del Fragua, pues contaba con un desfase de 1289 metros, es decir,

traslado de la queja, se estableció que las coordenadas reportadas no correspondían al Municipio de San José del Fragua, pues contaba con un desfase de 1289 metros, es decir, correspondían al Municipio de Curillo; iv) se estableció que para el 2 de mayo de 2015 se realizaron operaciones de aspersión en el Municipio de Curillo a 100 metros de las coordenadas suministradas en la queja ; v) el 21 de julio de 2015 se dec retó el periodo probatorio y el 16 de septiembre de 2015 se decidió no compensar económicamente al demandante porque para la fecha en que se realizó la visita técnica se encontró presencia de cultivos ilícitos de coca en la coordenada suministrada en la qu eja, no se evidenciaron los cultivos reportados por el reclamante ; y vi) el actor debió agotar el procedimiento administrativo a través de los recursos procedentes.

Sostuvo que i) no procedía el medio de control de reparación directa, toda vez que debió demandar el Auto S-2015-072199/ARECI-GRAQA-44 del 5 de octubre de 2015 que declaró el rechazo de la queja; y ii) no se aportó prueba que confirmara que la muerte de los cultivos obedeció a la toxicidad del glifosato.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

En la sentencia proferida el 16 de abril de 2021 , el Juzgado Primero Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los señores LUIS ALFREDO MARÍN QUITIÁN, FLOR

PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados a los señores LUIS ALFREDO MARÍN QUITIÁN, FLOR IMELDA BERMÚDEZ TAPIERO, FABIO ANDRÉS RODRÍGUEZ BERMÚDEZ y DANIEL EDUARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ con motivo de la fumigación con glifosato a sus cultivos lícitos.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR IN GENERE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a favor de la parte demandante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3 Archivo 06, pág. 1.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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TERCERO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.

CUARTO: Sin condena en costas.

(...)

Después de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable cuando se trata de afectación de predios por fumigaciones con glifosato, procedió a examinar cada uno de los elementos y después a resolver el caso concreto.

(...)

Después de pronunciarse sobre el régimen de responsabilidad aplicable cuando se trata de afectación de predios por fumigaciones con glifosato, procedió a examinar cada uno de los elementos y después a resolver el caso concreto.

Indicó que i) se demostró que el bien denominado «El Jardín» era de propiedad de Luis Alfredo Marín desde el 8 de octubre de 2014; ii) el 2 de mayo de 2015 se realizó la fumigación y después de inició el procedimiento administrativo con el fin de lograr la indemnización por vía administrativa; en este se determinó que la línea de aspersión más cercana estaba a 1000 metros del punto reportado; iii) de acuerdo con los testimonios practicados, ese día -2 de mayo de 2015 -, se escucharon ruidos de avionetas y helicópteros, los cuales movilizaron por el lado de la finca del demandante y fumigaron sus cultivos; iv) sobre la existencia de los cultivos de pasto, cacao, árboles frutales y caucho, se demostró que el acto adquirió un crédito con el Banco Agrario para invertir en la plantación y mantenimiento de la siembra de cacao; y v) sí se demostró la conexidad entre el hecho dañino y su autoría, toda vez que las únicas aeronaves que realizaron la aspersión de glifosato sobre la zona eran de la Policía Nacional, además, es la única entidad en el país que realiza ese tipo de operaciones.

Sostuvo que por tratarse de la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, la única manera de romper el nexo de causalidad es la existencia de una causal eximente de responsabilidad y que, si bien en la contestación la entidad sostuvo que en el predio del

Sostuvo que por tratarse de la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, la única manera de romper el nexo de causalidad es la existencia de una causal eximente de responsabilidad y que, si bien en la contestación la entidad sostuvo que en el predio del demandante existían cultivos ilícitos , lo cierto era que se trataba de afirmaciones que carecían de sustento probatorio, toda vez que en los documentos del procedimie nto administrativo se refirió la existencia de cultivos ilícitos, pero no se aportó el registro fílmico ni su existencia.

A continuación, procedió a establecer la procedencia de los perjuicios reclamados así:

1. Daño emergente. dijo que se debe condenar en abstracto a la entidad y, para tal efecto, se deberá allegar el soporte documental, legal o comercial, mediante los cuales se pueda determinar el costo o valores establecidos en cada uno de los ítems señalados en el peritaje para la fecha en que se plantaron los cultivos.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Lucro cesante. Sostuvo que -) la indemnización deberá corresponder al 100% de la utilidad que esperaba recibir con los cultivos de pastura, cacao, árboles frutales y caucho relacionados con la finca El Jardín y tiene que estar soportado en cualquier documento que permita concretar el perjuicio causado; -) al monto correspondiente se le deberán descontar los costos de producción; -) el valor

frutales y caucho relacionados con la finca El Jardín y tiene que estar soportado en cualquier documento que permita concretar el perjuicio causado; -) al monto correspondiente se le deberán descontar los costos de producción; -) el valor de la utilidad se actualizará con base en el IPC desde la fecha en que se sembraron los cultivos hasta la fecha de la providencia que decida el incidente de liquidación de la condena.

1. Morales. Expuso que no fueron probados dentro del expediente, por tanto, debían ser negados.

1. Daño a la vida en relación. Consideró que no existe un daño a la salud de los demandantes y tampoco se aportaron pruebas que permitieran inferir la afectación a los demandantes, por ende, también debían ser negados.

1.4. Recurso de apelación.4

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Argumentó que:

1. La parte demandante no demostró plenamente la ocurrencia del daño, ni el nexo que vincula «ese perjuicio con la actuación de la institución policial».

1. El dictamen pericial aportado debía otorgar certeza absoluta y debía ser aportado por una persona idónea mediante la aplicación de conocimientos especiales y por medio de herramientas técnico-científicas que permitieran acreditar la calidad del pronunciamiento de conformidad con el «numeral 6º del art. 237 del C.P.C.» , es decir, tenía la obligación de explicar el origen de las conclusiones y establecer si efectivamente se trataba del químico utilizado para la erradicación de cultivos ilícitos, sin embargo, en el informe expresamente

explicar el origen de las conclusiones y establecer si efectivamente se trataba del químico utilizado para la erradicación de cultivos ilícitos, sin embargo, en el informe expresamente se indicó que no se tomaron muestras de tierra, pastos, fuentes hídricas, pruebas químicas, patrones o exámenes de laboratorio. El perito no explicó el métod o utilizado o bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la experticia ; el dictamen carece de soporte técnico frente a la tasación de los daños.

4 C1, archivo 10.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. En las entrevistas, los declarantes únicamente manifestaron que el 2 de mayo de 2015 escucharon ruidos de helicópteros y avionetas que se movilizaron al lado del predio del demandante y fumigaron sus cultivos, pero nada más.

1. El a quo no valoró los docume ntos que hacen parte del procedimiento administrativo adelantado y pasó por alto que el dictamen pericial se basó en el dicho de los demandantes y no determinó si la afectación devino o no del químico glifosato.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto proferido el 13 de diciembre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2021 por el Juzgado

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto proferido el 13 de diciembre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Hasta el término de ejecutoria, ningún sujeto procesal se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelac ión de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractual y patrimonialmente responsable del daño derivado de la aspersión con glifosato que se realizó el 2 de mayo de 2015 y que ocasionó la pérdida de los cultivos de los demandantes en el predio denominado “El Jardín”.

Para efectos de resolver el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i ) marco normativo y jurisprudencial sobre los elementos de responsabilidad del Estado y los daños cuando se producen por el uso de glifosato ; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Caso concreto.

5 C2, archivo 05.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este pre cepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la

el fracaso ineluctable de la pretensión.6

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado7.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad de l mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar l a valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»8

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que

6 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes.

00450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que

6 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 7 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 8 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración d e deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura

encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración d e deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventi vo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez defini r la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

2.3.2. Responsabilidad del Estado por la aspersión con glifosato.

La Ley 30 de 1986 estableció que una de las funciones del Consejo Nacional de Estupefacientes era «disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos

Estupefacientes era «disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país».

A su tu rno, mediante la Re solución 1065 de 2011 modificada por la Resolución 1054 de 2003, el Ministerio de Ambiente impuso a la Dirección Nacional de Estupefacientes la obligación de establecer un plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión con glifosato, con el fin de minimizar los daños sobre la salud humana y el medio ambiente. Según el Decreto 3573 de 2011, este estaba bajo la supervisión de la ANLA y se debían seguir criterios técnicos de manera que su riego fuera mínimo y se cumpliera con el objetivo final.

A partir de esto, el Consejo de Estado ha explicado que, cuando se demuestre que durante la aspersión se afectaron cultivos que no tenían relación con ilícitos, y que esta afectaciónSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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obedeció a que la entidad no cumplió con los deberes de precaución y cuidado que le eran exigibles, debe ser condenada a resarcir los daños causados por incumplimiento de sus obligaciones.9

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obedeció a que la entidad no cumplió con los deberes de precaución y cuidado que le eran exigibles, debe ser condenada a resarcir los daños causados por incumplimiento de sus obligaciones.9

Así mismo, dicha Corporación ha explicado que, así se cumplan los protocolos y requisitos necesarios para proceder a fumigación causa un daño por cuenta de la aspersión, dado el riesgo que produce o que puede producir, es obligación del Estado reparar el daño causado. Por ejemplo, en la sentencia proferida el 20 de febrero de 2014 con ponencia del consejero Ramiro de Jesús Pazos Guerrero (expediente 29028), se indicó:

La fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual el Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción, dirección y control del cual está investido. (…) Luego entonces, teniendo en cuenta que el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos es una actividad peligros a, cuando con el mismo se generen daños antijurídicos, se responderá sin que sea relevante acreditar que se cumplió con los deberes de cuidado.

En el caso concreto, la Sala encuentra que si bien no obra en el plenario un dictamen técnico que confirme que la destrucción de las plantaciones residió en los efectos de la fumigación de los cultivos ilícitos cercanos al predio, en el expediente obran elementos procesales que permiten construir la imputación de responsabilidad en cabeza del Estado (…)

A más de lo anterior, también debe tenerse encuentra que, por ejemplo, en la sentencia

la fumigación de los cultivos ilícitos cercanos al predio, en el expediente obran elementos procesales que permiten construir la imputación de responsabilidad en cabeza del Estado (…)

A más de lo anterior, también debe tenerse encuentra que, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de julio de 2021 con ponencia del consejero Alberto Montaña Plata (expediente 43590), se indicó que «aún si la fumigación hubiera respetado las distanc ias impuestas en el plan de manejo ambiental del PECIG, el daño causado con ella podría imputarse a la entidad bajo un título objetivo. Pero si, como sucede en este caso, justamente la distancia es la prueba de que la aspersión no respetó las condiciones obligatorias del plan de manejo ambiental, que fumigó demasiado cerca de un cultivo lícito y que eso facilitó que el veneno llegara al predio afectado, el daño debe imputarse a título de falla en el servicio.».

Entonces, puede ocurrir que i) la responsabilidad se analice bajo el título de imputación de falla en el servicio porque la entidad incumplió alguno de los deberes de cuidado que le eran exigibles al momento de realizar la aspersión; y ii) cuando no se demuestra la falla, pero se causa un daño, la responsabilidad debe examinarse bajo el título de riesgo excepcional, toda vez que «el uso del herbicida glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos constituye el

9 Sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 22060, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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ejercicio de una actividad peligrosa que implica, que cuando se generen daños antijurídicos, se responderá sin que sea relevante acreditar que se cumplió con los deberes de cuidado»10.

Más recientemente, en la sentencia proferida el 17 de junio de 2022 con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez (expediente 55973), la S ubsección “A” de la

Sección Tercera indicó:

64. Debe advertirse que en oportunidades anteriores la Corporación ha discurrido sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por la utilización del herbicida Glifosato en los programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En tales casos, ha gobernado el estudio de estos asuntos