TA CAQ - 18001-33-33-004-2017-00219-01-(12-07-2023)

Tribunal Administrativo del Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, julio doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Roque Sepúlveda Aroca Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-004-2017-00219-01

Tema: Diferencia salarial del 20% - soldado profesional.

Acta número 53.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones

Roque Sepúlveda Aroca, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que:

1. Se declare la n ulidad del acto administrativo 20163171764691 MDN -CGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 23 de diciembre de 2016, por medio del cual el Ejército Nacional negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% prevista en el inciso 2 del artículo 1º del Decreto 1794

medio del cual el Ejército Nacional negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% prevista en el inciso 2 del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000.

1 Expediente físico, c1, pág. 14.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar el 20% que resulta de la diferencia del salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40% y el incremento al 60% y, en consecuencia, se condene al pago del aumento del 20% en la prima de navidad, cesantías, prima de servicio anual; bonificaciones; prestaciones sociales; primas de orden público; de actividad; de vacaciones y de antigüedad; subsidio familiar y todos aquellos que son calculados a partir del salario básico.

1. Las sumas reconocidas se actualicen conforme al IPC desde el 20 de octubre de 2003 hasta el momento del pago y se ordene el pago de intereses moratorios.

1.1.2. Hechos

Fundó las pretensiones en los siguientes:

1. Es orgánico del Batallón de Infantería Juanambú del Departamento del Caquetá.

Durante el transcurso de su carrera militar como soldado profesional, cumplió a cabalidad las órdenes impartidas por sus superiores sin sanciones disciplinarias y con una conducta intachable.

Durante el transcurso de su carrera militar como soldado profesional, cumplió a cabalidad las órdenes impartidas por sus superiores sin sanciones disciplinarias y con una conducta intachable.

1. En cumplimiento de las previsiones de la Ley 131 de 1985, se vinculó a las Fuerzas Militares como soldado voluntario antes del 31 de diciembre de 2000.

1. El Gobierno Nacional, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000, expidió el Decreto 1793 del mismo año, en el

cual se anunció que se expediría el régimen de carrera y estatuto de personal de los soldados profesionales, sin desme jorar los derechos adquiridos, lo cual ocurrió con el Decreto 1794.

1. En octubre de 2003, mediante una decisión del Comando del Ejército (OAP), se resolvió incorporar a los soldados voluntarios como soldados profesionales aun cuando no habían manifestado s u intención de transitar voluntariamente para ser soldados profesionales, «fue una decisión arbitraria y tomada sin su consentimiento».

1. Desde el mes de noviembre de 2003, el Ministerio de Defensa Nacional le ha reconocido y pagado un salario básico equiva lente al salario mínimo legal mensual vigente aumentado en un 40% y no en un 60%.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

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1.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Citó como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 25, 53 y 217 de la Constitución Política; las Leyes 131 de 1985 y 4 de 1992, así como los Decretos 1793 y 1794 de 2000.

Argumentó que el acto administrativo está viciado de nulidad por inaplicar la norma o interpretarla de manera errónea, toda vez que se le ha pagado el salario únicamente con el incremento del 40% y no del 60% como debe ser.

1.2. Contestación de la demanda2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Expresó que la vinculación a una nueva categoría de soldados profesionales no implicó la desmejora del sueldo, pues al efectuarse, se adquirieron unos derechos que no t enían cuando ostentaban su calidad de soldados voluntarios.

1.3. Sentencia de primera instancia3

En la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia denegó las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, abordó el marco normativo y jurisprudencial. Citó la Ley 131 de 1985, el Decreto 1793 de 2000 y la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 para decir que a los soldados voluntarios que estaban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales les asiste el derecho al pago de la

25 de agosto de 2016 para decir que a los soldados voluntarios que estaban vinculados y cambiaron su modalidad a la de soldados profesionales les asiste el derecho al pago de la diferencia del 20% del salario dejado de percibir como soldados voluntarios.

En segundo lugar, resolvió el caso concreto. Indicó que para el 1 de mayo de 2016, el actor ostentaba la calidad de soldado profesional activo y que para poder analizar el derecho reclamado es necesario verificar la fecha de vinculación, sin embargo, como no se aportó la hoja de servicios u otro documento que acreditara el cambio de denominación de soldado voluntario a profesional, no puede determinarse si le asiste o no el derecho.

Precisó que en la audiencia inicial se decretaron pruebas a favor de la parte actora y se le impuso la carga de su recaudo, pero ante la inactividad probatoria, se decretó el desistimiento tácito, de conformidad con el artículo 178 del CPACA.

2 Expediente físico, C1, pág. 42. 3 Archivo 12.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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1.4. Recurso de apelación4

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Manifestó que:

1. El a quo desconoció los principios de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, toda vez que no valoró los elementos probatorios necesarios para la

de la sentencia de primera instancia. Manifestó que:

1. El a quo desconoció los principios de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, toda vez que no valoró los elementos probatorios necesarios para la acreditación de la fecha de la transición, entre ellos, la constancia que demuestra que ingresó antes del 31 de diciembre de 2000, «vinculación que se realizó de conformidad con los preceptos contemplados en la ley 131 de 1985, pues dentro de la documentación allegada con la demanda, la orden administrativa de personal que certifica que mi prohijado transito de soldado voluntario a soldado profesional, la aceptación por parte del ejército nacional con la c ontestación de la demanda y la certificación que allega ejército cuando el juzgado así lo requiere, dan fe que efectivamente a mi mandante le asiste el derecho que se demanda conforme a la sentencia del honorable consejo de estado que les reconoce tal derecho».

1. También se transgredieron los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad, comoquiera que el inciso 2 del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000 creó un régimen de transición en materia salarial para el personal que, siendo soldados voluntarios, tran sitaban al nuevo régimen creado para los soldados profesionales, el cual sostenía de manera incólume la asignación básica consistente en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%.

1. Lo señalado en la demanda está cobijado por la buena fe y legalidad, pues el ingreso como soldado voluntario no fue objetado por la institución militar, «siendo este el criterio determinante para acceder a las pretensiones de la demanda», aunado a que de la situación da cuenta la Orden Administrativa de

ingreso como soldado voluntario no fue objetado por la institución militar, «siendo este el criterio determinante para acceder a las pretensiones de la demanda», aunado a que de la situación da cuenta la Orden Administrativa de Personal 1175 del 20 de octubre de 2003 en la que se consignó el nombre del actor.

1. Se solicitó al a quo que de manera oficiosa oficiara al Ejército Nacional para que aportara la certificación laboral que incluyera la fecha de ingreso, pero de esta no dependía la acreditación del régimen en que fue vinculado, «pues el juzgado de instancia incurrió en un “actuar en contra de su papel de director del proceso y apartarse del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de

4 Archivo 14.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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los derechos materiales, pues omitió la práctica de una prueba imprescindible para fallar». El a quo incurrió en el defecto procedimental de exceso ritual manifiesto.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante el auto proferido el 21 de enero de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

interpuesto contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, en los términos de la Ley 2080 de 2021. 5 Ningún sujeto procesal se pronunció.

Posteriormente, mediante auto proferido el 15 de noviembre de 2022, se incorporó al plenario como prueba documental, la Orden Administrativa de Operaciones 1175 del 20 de octubre de 2003 proferida por el Ejército Nacional 6, que fue allegada con el recurso de apelación. Así mismo, se corrió traslado a las partes de la prueba documental referida por el término de tres días, dentro del cual no se allegó pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el señor Roque Sepúlveda Aroca , tiene derecho a que se le reajuste y pague la diferencia salarial del 20% porque ostentó la calidad de soldado voluntario al vincularse antes del 31 de diciembre de 2000.

Para desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial del régimen de los soldados voluntarios y profesionales; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

y jurisprudencial del régimen de los soldados voluntarios y profesionales; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

5 2Instancia, archivo 05. 6 Pese a ser decretada en la audiencia inicial, no fue aportada y por ello se declaró el desistimiento tácito; no obstante, la entidad demanda tampoco cumplió con su deber de aportar el expediente administrativo del cual podía verificarse el momento en el que el demandante se incorporó a la institución castrense.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.3.1. Régimen de los soldados voluntarios y profesionales

En la Ley 131 de 1985 «Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario », se estableció la posibilidad de que , quienes hubieran prestado su servicio militar obligatorio, manifestaran su de seo de seguir vinculados a la Fuerza Pública, bajo la modalidad del servicio militar voluntario, así:

Artículo 2º. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

Y en el artículo 3º dispuso que las personas a que se refiere el artículo 2º quedarán sujetas,

Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

Y en el artículo 3º dispuso que las personas a que se refiere el artículo 2º quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, entre otras cosas, al régimen prestacional de los soldados de las fuerzas militares.

Sobre la situación salarial y prestacional de los soldados voluntarios, los artículos 4 a 6 de la Ley 131 de 1985 establecieron que los soldados voluntarios percibirían una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente incrementada en un 60%, el cual no podría pasar los haberes correspondientes a un cabo segundo, marinero o suboficial técnico cuarto.

Posteriormente, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1793 de 2000 «Por el cual se adopta el Régimen de Carrera y el Estatuto de Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares », reglamentación que integró como soldados profesionales a quienes, antes del 31 de diciembre de 2000 , se encontraban prestando e l servicio voluntario consagrado en la Ley 131 de 1985; pero para ello debían expresar al comandante de fuerza su intención de incorporarse como soldados profesionales y obtener su aprobación.7

Entonces, se tiene que quienes estando vinculados a las Fuerzas Militares como soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000 manifestaran su voluntad de incorporarse como soldados profesionales, serían vinculados en esa calidad a partir del 1 de enero de 2001, sin desmejorar los derechos adquiridos.

voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000 manifestaran su voluntad de incorporarse como soldados profesionales, serían vinculados en esa calidad a partir del 1 de enero de 2001, sin desmejorar los derechos adquiridos.

7 ARTÍCULO 5. SELECCIÓN. Los aspirantes que cumplan con las condicione s establecidas en el artículo anterior, se someterán a un proceso de selección previa realizado por un comité multidisciplinario, el cual será nombrado por el Director de Reclutamiento de cada Fuerza. En la selección a que se refiere el presente artículo, tendrán prelación los reservistas de primera clase a los cuales se refiere el literal f) del artículo anterior. PARAGRAFO. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispu esto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Como consecuencia de dicho mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 cuyos artículos 1º y 2º definieron las condiciones y el monto

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Como consecuencia de dicho mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 1794 de 2000 cuyos artículos 1º y 2º definieron las condiciones y el monto de la asignación salarial mensual que devengarían los soldados profesionales, tanto los que iban a ingresar por primera vez como los que venían de ser voluntario:

Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).

Artículo 2. Prima de antigüedad. Cumplido el segundo año de servicio, el soldado profesional de las Fuerzas Militares tendrá derecho a una prima mensual de antigüedad equivalente al seis punto cinco por ciento (6.5%) de la asignación salarial mensual básica. Por cada año de servicio adicional, se reconocerá un seis punto cinco por ciento (6.5%) más, sin exceder del cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58.5%).

Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses.

que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.

En suma, en rel ación con los soldados profesionales, existen 2 circunstancias que se pueden presentar de acuerdo con la fecha de vinculación; por un lado, los que se incorporaron al servicio por primera vez en calidad de soldado profesional a partir de la vigencia del Decreto 1794 de 2000, quienes tienen derecho a devengar mensualmente un salario mínimo incrementado en un 40% y, de otro, aquellos que fueron voluntariamente incorporados como soldados profesionales, quienes devengan un salario mínimo incrementado en un 60%.

2.3.2. Sobre las sentencias de unificación jurisprudencial

La Ley 1437 de 2011, tiene como una de sus finalidades fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y evitar procesos judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa.

Así entonces y en desarrollo del artículo 103 de la Constitución Política, se consolidó la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado a fin de garantizar la seguridad jurídica, la coherencia e igualdad en los asuntos administrativos. El artículo 270 del CPACA preceptúa:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

del CPACA preceptúa:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia ; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previst o en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

A su vez, el artículo 10 de esta misma codificación previó:

Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”8

La Corte Constitucional en sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, al examinar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción

exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, dijo sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia:

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.

Postura sostenida de tiempo atrás cuando la Corte Constitucional en sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, dijo sobre la función de unificación del Consejo de Estado:

A juicio de la Corte, la facultad de revisión eventual por parte del Consejo de Estado es compatible con la condición de ese órgano como Tribunal Supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, reconocida en el artículo 237 -1 de la Carta Política. En efecto, su condición de Tribunal Supremo se proyecta, en esencia, desde una perspectiva de orden sistémico para integrar y unificar la jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción, en el marco de la Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

jurisprudencia en lo que concierne a dicha jurisdicción, en el marco de la Constitución y la ley y con la precisión que más adelante se hace en cuanto a la procedencia de la tutela contra sus decisiones.

Criterio que fue reiterado en la Sentencia C-539 de 2011:

8 Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de ma nera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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5.2.3. La jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por tan to se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones

la Constitución y de la ley, y por tan to se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y ti enen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P. -; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.

Por tanto, si existe una interpretación institucional vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto dicha interpretación.

(…)

5.2.5 De otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. En este sentido ha dicho la Corte:

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto.” [9] (Resalta la Sala)

(…)

En cuanto al margen de libertad interpreta tiva de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial (…).

De lo anterior se concluye que la función unificadora del Consejo de Estado que nace de la Constitución de 1991 se concreta con la Ley 1437 de 2011, de manera que el margen de interpretación normativa de las autoridades administrativas está sujeto a la i nterpretación que sobre las normas aplicables al caso se haya hecho por los altos Tribunales.

2.3.3. Sobre la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016

En la sentencia proferida el 25 de agosto de 2016 con ponencia de la consejera Sandra

2.3.3. Sobre la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016

En la sentencia proferida el 25 de agosto de 2016 con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CESUJ2 No. 003/16, se explicó:Sentencia de segunda instancia Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

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En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador , que el Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario 1794 de 2000,78 en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos, dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985,79 cuyo artículo 4º establecía, que estos últimos tenían derecho a rec ibir como sueldo, una “bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 60%”.

De esta manera , se constituyó para los soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales, una suerte de régimen de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue

de transición tácito en materia salarial, en virtud del cual, pese a aplicárseles íntegramente el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales, en materia salarial conservarían el monto de su sueldo básico que les fue dete