TA CAQ - 18001-33-33-004-2019-00464-01-(25-05-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL CADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

-Sala Primera de DecisiónMagistrado Ponente: Pedro Javier Bolaños Andrade

Florencia, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2.023)

SENTENCIA N° 080

RADICACIÓN : 18-001-33-33-004-2019-00464-01

MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE : WILMAR VERA ROJAS Y OTROS

DEMANDADO : NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Procede la Sala Primera a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 29 de junio de 2.021 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. La demanda1.

El señor WILMAR VERA ROJAS Y OTROS, actuando en nombre propio, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, con el objeto de que se le declare administrativa y patrimonialmente responsable por los p erjuicios materiales e inmateriales que les fueron causados como consecuencia de la incorporación y muerte del señor LUIS ÁNGEL VERA ROJAS durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Como fundamentos fácticos, se señala que, pese a que el joven LUIS ÁNGEL VERA

fueron causados como consecuencia de la incorporación y muerte del señor LUIS ÁNGEL VERA ROJAS durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Como fundamentos fácticos, se señala que, pese a que el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS se encontraba incluido en el registro único de víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y , por tanto , exento de prestar el servicio militar obligatorio (Ley 1448 de 2.011), fue reclutado para servir en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes del Guepí”.

Que el joven VERA ROJAS informó tener la condición de desplazado, sin embargo, la demandada hizo caso omiso a ello y lo mantuvo en la prestación del servicio militar obligatorio, circunstancia que implicó la revictimización de él y su familia.

Se indicó que en el mes de abril de 2.017 se le concedi ó permiso al conscripto LUIS ÁNGEL VERA ROJAS para vis itar a su familia, procediendo el 11 del referido mes a

1 Folios 1-12 del ítem 01 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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Demandante: Wilmar Vera Rojas y Otros

Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional

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dirigirse al municipio de Cartagena del Chairá, emp ero al ser parte del Ejército Nacional se convirtió en objetivo militar, siendo ultimado con un impacto de bala.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2 se opuso a las

Nacional se convirtió en objetivo militar, siendo ultimado con un impacto de bala.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2 se opuso a las pretensiones de la demanda, en tanto afirma que no le asiste responsabilidad por la muerte del soldado regular LUIS ÁNGEL VERA ROJAS.

En sustento de lo anterior, asegura que no existe prueba que acredite la relación causal entre dicha muerte y la prestación del servicio militar, pues al momento de su deceso se encentraba gozando de un permiso de bienestar.

Refiere que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que los daños causados a conscriptos deben ser reparados siempre que tengan relación directa con la prestación del servicio, de lo cual no existe prueba; evidenciándose elementos de configuración del eximente de responsabilidad como es el hecho de un tercero, así como la imprudencia de la propia víctima al utilizar su permiso para acudir a lugares donde estaría en riesgo su vida.

Finalmente, propone como excepción la de falta de legitimaci ón en la causa por pasiva.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia, mediante sentencia del 29 de junio de 2.021, denegó las pretensiones de la demanda al encontrar acreditado el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero propuesto por la demandada.

Como fundamento de la decisión, indicó el a quo que si bien, en primera medida, el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS tenía la condición de víctima del conflicto armado y, por tanto, exento de prestar el servicio militar obligatorio, no exist ía prueba que

Como fundamento de la decisión, indicó el a quo que si bien, en primera medida, el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS tenía la condición de víctima del conflicto armado y, por tanto, exento de prestar el servicio militar obligatorio, no exist ía prueba que acreditara que hubiere puesto en conocimiento dicha situación; y, contrario a ello, lo que se advierte es la aceptación en la prestación del servicio, por lo que el conocimiento de ello escapa a la responsabilidad de la entidad.

Así mismo, indicó que no se allegaron pruebas que acreditaran que su fallecimiento se produjo como consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio, en tanto ocurrió mientras se encontraba de permiso, y sin que existiera medio de convicción que demostrara siquiera amenazas contra su vida y/o la de su familia por encontrarse al servicio del Ejército Nacional.

Finalmente, y con sustento en jurisprudencia del Consejo de Estado, determinó que se encontraba configurado el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

2 Visto en ítem 04 del expediente digital. 3 Visto en ítem 18 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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1.4. Del recurso de apelación4.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de los demandantes sustenta la alzada bajo similares argumentos a los esbozados en la demanda, cuales son: i) que el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS fue revictimizado al incorporarse a las filas del

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de los demandantes sustenta la alzada bajo similares argumentos a los esbozados en la demanda, cuales son: i) que el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS fue revictimizado al incorporarse a las filas del Ejército Nacional siendo que se encontraba incluido en el Registro Único de Víctimas como desplazado por la violencia; y ii) que en razón de la situación de violencia que se vivía en el municipio de Cartagena del Chairá, el hecho de pertenecer al Ejército lo convirtió en objetivo militar al ser tratado como “informante”.

Asegura que el joven VERA ROJAS puso en conocimiento de la demandada su situación de víctima del conflicto armando, por lo que correspondía al Ejército Nacional verificar tal condición ; sin e mbargo, hicieron caso omisión a su manifestación, manteniéndolo en estado de riesgo a él y su familia.

Finalmente solicita que, en caso de no acceder a las pretensiones, se de aplicación a lo dispuesto en el auto del 6 de septiembre de 2.019 proferido po r el a quo, que le concedió el amparo de pobreza y se exonere de condenar en costas, revocando el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia.

1.5. Del trámite de la primera instancia.

La demanda fue admitida el 3 de septiembre de 2.0195. El 6 de septiembre de 2.019, el a quo decidió conceder el amparo de pobreza solicitado por los demandantes conforme a lo establecido en el artículo 151 y SS del CGP6.

El 14 de mayo de 2.021, se dispuso dar aplicación a lo establecido en el artículo 182A

el a quo decidió conceder el amparo de pobreza solicitado por los demandantes conforme a lo establecido en el artículo 151 y SS del CGP6.

El 14 de mayo de 2.021, se dispuso dar aplicación a lo establecido en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la ley 2080 de 2021, para efectos de dictar sentencia anticipada por escrito y, por tanto, incorporó las pruebas documentales aportadas por las partes, y ordenó la presentación de alegatos de conclusión. Dentro del término, ambas partes presentaron alegaciones finales reiterando básicamente lo indicado en la demanda y la contestación de esta.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

Por así disponerlo el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de primera instancia.

2.2. Asunto previo.

La Ley 1285 de 2.009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, sin sujeción al orden cronológico del turno, los procesos en los que la decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

4 Visto en ítem 20 ibídem. 5 Fol. 98 ítem 01 del expediente digital. 6 Fol. 9 ítem 02 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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En el presente caso, se tiene que el objeto de debate se relaciona con la

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En el presente caso, se tiene que el objeto de debate se relaciona con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio -denominados conscriptos -, tema sobre el cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha tenido la oport unidad de pronunciarse en diferentes ocasiones, fijando ya una posición consolidada y reiterada; motivo por el cual, con fundamento en la referida disposición legal, la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.3. Planteamiento del problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte recurrente, para resolver la presente alzada, la Sala deberá dilucidar tres aspectos, cuales son:

1. Si existe responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la incorporación , al parecer indebida del joven LUIS ÁNGEL VERA

ROJAS.

1. Si debe declararse la responsabilidad extracontractual de la la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por la muerte del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS, ocurrida durante el tiempo de la prestación del servicio militar obligatorio.

1. Si debe condenarse en costas a los demandantes , aun cuando se les concedió el amparo de pobreza.

De la respuesta que se dé a los referidos problemas, dependerá que la sentencia de primera instancia se confirme, revoque o modifique parcialmente.

2.4. Régimen de responsabilidad.

Como ya se ha precisado por la jurisprudencia, las personas que se encuentran

primera instancia se confirme, revoque o modifique parcialmente.

2.4. Régimen de responsabilidad.

Como ya se ha precisado por la jurisprudencia, las personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, llamados “conscriptos”, se encuentran frente al Estado, en lo que se ha denominado p or el derecho administrativo como una “relación jurídica especial de sujeción” ; que se caracteriza por el fuerte vínculo de dependencia e inmediación que se zanja entre los individuos y el Estado, merced a la inserción de aquellos en el aparato administrativo de este, dando lugar a una mayor intensidad en la intervención de los derechos y libertades de los administrados como a la configuración de un régimen jurídico en particular. Es lo que sucede, entre otros, con quienes desempeñan funciones públicas, con los rec lusos de los centros penitenciarios y con quienes están obligados a prestar el servicio militar obligatorio.

Y es, precisamente, esa relación jurídica especial en que se encuentra el conscripto frente al Estado lo que da lugar a que este se halle frente a aquél en una posición de garante, asumiendo la obligación de velar por su integridad. De lo contrario, el Estado puede resultar responsable de lo que le ocurra al conscripto, a través de un título jurídico que, en principio, es el objetivo.

Es así como para el caso de aquellas personas que sufran lesiones o pierdan la vida en el marco del servicio militar obligatorio, el Consejo de Estado ha señalado que el título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo -daño especial o riesgo excepcional-, según las circunstancias particulares del caso, siempre que elRadicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

título de imputación aplicable es, por regla general, de carácter objetivo -daño especial o riesgo excepcional-, según las circunstancias particulares del caso, siempre que elRadicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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actuar irregular de la administración no haya incidido en la producción del daño, pues en ese caso el título de imputación aplicable será el de la falla del servicio.

Al respecto, ha precisado el Consejo de Estado:

“ (…) En síntesis, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, el Estado estará obligado a indemnizar si el daño proviene de i) un rompimiento de las cargas públicas que el conscripto no está en la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquél al que normalmente estaría sometido, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial. Con todo, habrá lugar a exonerar total o parcialmente de responsabilidad a la administración, según el caso, si ésta logra demostrar que en la producción del daño intervino una causa extraña, tal como el hecho de la víctima o de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito”7.

De otro lado, igualmente , ha dicho el máximo Tribunal de lo Contencioso

extraña, tal como el hecho de la víctima o de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito”7.

De otro lado, igualmente , ha dicho el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que para exonerarse de dicha responsabilidad, la entidad accionada debe acreditar la existencia de una causa extraña que desvirtúe la imputación:

“Por lo tanto, a los demandantes les bastaba acreditar la existencia del daño, su concreción durante la prestación del servicio militar obligatorio y a causa del mismo, mientras que, desde el otro extremo, le correspondía a la entidad demandada a efectos de exonerarse de responsabilidad, establecer la configuración de una causa extraña que desvirtuara la imputación jurídica del daño en cabeza del Ministerio de DefensaEjército Nacional, circunstancia que se echa de menos en el proceso. Así las cosas, el daño deviene imputable en el plano fáctico y jurídico a la entidad demandada porque fue producido durante la prestación del servicio militar obligatorio, durante una actividad u operativo militar y la lesión resquebraja la igualdad frente a las cargas públicas, por lo que el daño reviste la connotación de especial y anormal.”8 Resalta la Sala.

Partiendo de estos parámetros, los daños sufridos por conscriptos en la prestación de su servicio militar obligatorio se consideran , en principio, como violatorios de la igualdad frente a las cargas públicas y, por tanto, no están en el deber de soportarlos al constituir un daño especial.

2.5. De lo probado en el proceso.

Al plenario se allegaron como pruebas relevantes para la decisión, las siguientes:

al constituir un daño especial.

2.5. De lo probado en el proceso.

Al plenario se allegaron como pruebas relevantes para la decisión, las siguientes:

• Certificado del Registro Único de Víctimas de fecha 4 de octubre de 2.017, en el que consta que LUIS ÁNGEL VERA ROJAS y su familia se encuentran incluidos en dicho aplicativo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el 28 de noviembre de 2.014.9

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2018, Exp. 36853, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). 9 Visto en folios 26-28, ítem 01 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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• Formato de concentración e incorporación del joven VERA ROJAS al ejército nacional, estableciéndose como apto para el servicio.10

• Ficha médica unificada del conscripto LUIS ÁNGEL VERA ROJAS , suscrita por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en la que constan los exámenes de ingreso al servicio militar obligatorio.11

• Acta de compromiso de fecha 20 de marzo de 2.017, en la que el soldado

la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en la que constan los exámenes de ingreso al servicio militar obligatorio.11

• Acta de compromiso de fecha 20 de marzo de 2.017, en la que el soldado VERA ROJAS se responsabiliza de cuidar su i ntegridad física, rodearse de buenas amistades y cuidar la imagen institucional durante el tiempo de servicio, de vacaciones, licencias y/o permisos.12

• Boleta concedida al joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS para salir de permiso desde el 20 de marzo hasta el 14 de abril de 2.017 con destino a La Montañita, suscrita en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes del Guepí”.13

• Registro civil de defunción de LUIS ÁNGEL VERA ROJAS , en el que consta su fallecimiento el 11 de abril de 2.017.14

• Radiograma de fecha 11 de abril de 2.017, suscrito por el Comandante del Batallón de Infantería No. 35 “Héroes del Guepí”, en el cual se consignó:

“…RESPETUOSAMENTE PERMITOME INFORMAR ESE COMANDO X DÍA 11

ABRIL 2017 ENTRE 01:00 Y 02:00 HORAS APROXIMADAMEN TE X SECTOR KILOMETRO 53 MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA X SLR VERA ROJAS

LUIS ANGEL IDENTIFICADO CON CC 1.119.217.496 DE PUERTO RICO

CAQUETA X ORGANICO ESPADA 1 X INTEGRANTE PRIMER CONTINGENTE

2016… ECONTRANDOSE DISFRUTANDO PLAN MORAL Y BIENESTAR TURNO

LUIS ANGEL IDENTIFICADO CON CC 1.119.217.496 DE PUERTO RICO

CAQUETA X ORGANICO ESPADA 1 X INTEGRANTE PRIMER CONTINGENTE

2016… ECONTRANDOSE DISFRUTANDO PLAN MORAL Y BIENESTAR TURNO

CONDE X ES ASESINADO X AGRESIÓN EXTERNA…”15

• Informativo administrativo por muerte de fecha 13 de abril de 2.017, en el que

se indicó:

“De acuerdo al informe suscrito por el Señor Sargento Viceprimero GARCIA PACHON LUIS Comandante del primer pelotón de la Compañía Espada, los hechos ocurridos con el SLR. VERA ROJAS LUIS ANGEL identificado con cedula No. 1.119.217.496, quien se encontraba disfrutando plan de moral y bienestar turno CODE. El día 11 de abril de 2017 a las 1 0:30 horas aproximadamente le informa vía celular la se ñorita Juliana Muñeton quien se identificó como la novia del soldado y esta manifestó que la Policía Nacional del municipio de Cartagena del Chaira había encontrado muerto al soldado en el kilómetro 53 vía que conduce del municipio El Paujil hacia el municipio de Cartagena del Chaira, departamento del Caquetá. Dicha situación fue corroborada con la Policía Nacional del municipio en mención y efectivamente fue confirmada la información como lo muestra el certificado de defunción

10 Visto en folios 50-51 ibídem. 11 Visto en folios 29-36 ibídem. 12 Visto en folios 41-42 ibídem. 13 Visto en folio 47 ibídem. 14 Visto en folio 70 ibídem.

11 Visto en folios 29-36 ibídem. 12 Visto en folios 41-42 ibídem. 13 Visto en folio 47 ibídem. 14 Visto en folio 70 ibídem. 15 Visto en folio 52, ítem 01 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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número 815598771 de fecha 12 de abril de 2017.

B. IMPUTABILIDAD: de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 del decreto 2728/68, se conceptúa que la muerte del SLR. VERA ROJAS LUIS ANGEL

fue "MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD”.16

• Inspección técnica a cadáver de fecha 11 de abril de 2.017, en la que consta la muerte LUIS ÁNGEL VERA ROJAS en el kilómetro 53 de la vía que conduce del municipio de Cartagena del Chairá al municipio de El paujil, Caquetá.17

• Orden administrativa de personal No. 1846 de la Dirección de Personal del Ejército Nacional del 6 de julio de 2.017, en la que consta la muerte del soldado LUIS ÁNGEL VERA ROJAS como “simplemente en actividad”.18

2.6. Del daño.

Debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda, para luego entrar a definir si el mismo le es imputable a la entidad demandada.

Del registro civil de defunción, el informativo administrativo por muerte y la inspección

Debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda, para luego entrar a definir si el mismo le es imputable a la entidad demandada.

Del registro civil de defunción, el informativo administrativo por muerte y la inspección técnica a cadáver, el primer elemento de la responsabilidad estatal, consistente en el daño, está plenamente acreditado con la muerte del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS acaecida el 11 de abril de 2.017.

Ahora, conforme se estableció en el planteamiento del problema jurídico, la parte actora no hace consistir el daño exclusivamente en la muerte de LUIS ÁNGEL VERA ROJAS, sino, además, en la que -a su juiciofue una indebida incorporación, en razón a que por pertenecer a la población víctima de la violencia se encontraba exento de prestar el servicio militar obligatorio.

Para el efecto , se tiene que la incorporación de personas con el fin de prestar el servicio militar obligatorio se encuentra regulada en la Ley 4 8 de 1.993, en cuyos artículos 14 al 21 se establecen las siguientes etapas:

(i) Inscripción, que deberá realizarse ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. (ii) Exámenes de aptitud sicofísica, que corresponde a tres exámenes médicos. (iii) Sorteo, entre los conscriptos aptos. (iv) Concentración e incorporación, que se refiere a la citación de los conscriptos aptos elegidos en el lugar, fecha y hora determinados por l as autoridades de reclutamiento. (v) Clasificación, de aquellos que , en razón de una causal de exención,

aptos elegidos en el lugar, fecha y hora determinados por l as autoridades de reclutamiento. (v) Clasificación, de aquellos que , en razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar o se les haya aplazado su prestación.

Así, si bien es cierto la prestación del servicio militar es un deber y una obli gación constitucional que se deriva de los principios superiores de solidaridad y reciprocidad

16 Visto en folio 24, ítem 04 del expediente digital. 17 Visto en folios 61-64, ítem 01 del expediente digital. 18 Visto en folios 67-69, ítem 01 del expediente digital.Radicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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social, también lo es que el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración legislativa, fijó las causales que permiten su exención y aplazamiento, en circunstancias especiales.

En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la citada ley, están exentos de prestar el servicio militar “en todo tiempo” , sin pagar cuota de compensación militar: (i) los limitados físicos y sensoriales perma nentes y (ii) los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.

Entre tanto, “solo en tiempos de paz” y con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar, quedan exentos de prestar el servicio militar obligatorio: (i)

económica.

Entre tanto, “solo en tiempos de paz” y con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar, quedan exentos de prestar el servicio militar obligatorio: (i) los clérigos y religiosos; (ii) los condenados a pena accesoria de pérdida de derechos políticos; (iii) el hijo único hombre o mujer; (iv) el huérfano de padre o madre que esté a cargo de la subsistencia de sus hermanos incapaces; (v) el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años cuando carezcan de medios de subsistencia; (vi) el hermano o hijo de quien haya muerto o adquiridos una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos de servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; (vii) los casados que hagan vida conyugal; (viii) los inhábiles relativos y permanentes y (ix) los hijos de miembros de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos de servicio y por causas inherentes a l mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.

Al anterior grupo de personas relevadas de la prestación del servicio militar obligatorio, han de sumarse los varones víctimas de desplazamiento forzado, quienes , conforme con la Ley 14 48 de 2 .011, dadas las especiales circunstancias de indefensión y vulnerabilidad en las que se encuentran, son titulares de una especial protección por parte del Estado, que se traduce en la exención de dicha obligación constitucional.

vulnerabilidad en las que se encuentran, son titulares de una especial protección por parte del Estado, que se traduce en la exención de dicha obligación constitucional.

Conforme a lo anterior, y de cara a la prueba aportada al expediente -certificado del RUV-, surge evidente el daño representado en la incorporación para la prestación del servicio militar obligatorio del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS , quien se encontraba inscrito como víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado. Sin embargo, la existencia del daño no supone per se la antijuridicidad e imputabilidad del mismo, condición sine qua non para declarar la responsabilidad del Estado, por lo cual procede la Sala a resolver frente al punto.

2.7. Imputabilidad y nexo causal.

Como son dos los daños padecidos por los demandantes, la Sala los abordará de forma independiente, en los siguientes términos:

2.7.1. De la indebida incorporación al servicio militar obligatorio.

En este punto, tal y como quedó descrito en el acápite del daño, surge evidente que dada la condición de víctima del conflicto armado del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS, no estaba llamado a formar parte de las filas del Ejército Nacional, de for ma obligatoria, situación que encuentra sustento en las condiciones de violencia que debióRadicación: 18-001-33-33-004-2019-00464-01

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padecer, por lo que el tener que empuñar las armas para combatir aquel flagelo que vivió de forma directa, supone la revictimización de la persona.

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padecer, por lo que el tener que empuñar las armas para combatir aquel flagelo que vivió de forma directa, supone la revictimización de la persona.

No obstante lo anterior, considera esta Sala que, como lo concluyó el a quo, la información de la condición de víctima por parte del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS o de su familia a la entidad castrense, es un aspecto sobre el cual no existe prueba siquiera sumaria; a contrario sensu, se advierte aquiescencia en su incorporación, aun cuando tuvo la oportunidad de haber puesto en conocimiento de las autoridades militares tal circunstancia -la de clasificación-.

Se afirma en la demanda que el joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS informó de su condición de víctima de forma verbal; sin que se hubiere aportado prueba al respecto, vr. gr. testimonios, solicitudes, etc…, faltando así al deber legal que les asiste a las partes, contemplado en el artículo 167 del Código Gener al del Proceso, esto es, que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Contrario a la pasividad probatoria en tal sentido, lo que se advierte es el consentimiento del joven LUIS ÁNGEL VERA ROJAS para prestar el servicio militar, tal y como se deduce tácitamente del formato de concentración e incorporación, el cual no tiene ninguna observación , al igual que el freno extralegal del 20 de enero de 2.016, que da fe de la ausencia de inhabilidad o exención para su incorporación.

De igual forma, no se allegó prueba que evidenciara un comportamiento diligente por

no tiene ninguna observación , al igual que el freno extralegal del 20 de enero de 2.016, que da fe de la ausencia de inhabilidad o exención para su incorporación.

De igual forma, no se allegó prueba que evidenciara un comportamiento diligente por parte del conscripto o de sus familiares, para que la entidad demandada reversara su decisión de incorporarlo, como pudo ser la presentación de peticiones o reclamos tendientes a su desacuartelamiento, circunstancia que denota una total pasividad que no puede imputarse al Ejército Nacional, a quien no se le puede reprochar por no haber corroborado una afirmación de la c ual no existe prueba que efectivamente se hubiera hecho -informar verbalmente de su condición de desplazado-.

Por tanto, no hay lugar a afirmar que la demandada pasó por alto la condición de víctima de desplazamiento forzado de LUIS ÁNGEL VERA ROJAS, si se tiene en cuenta que, en ningún momento, ni el soldado ni su familia informaron a las autoridades de tal situación.

En respaldo de la anterior conclusión, pone de presente la Sala que, recientemente, el Consejo de Estado al resolver una acción de tutela interpuesta contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un asunto de similares circunstancias al presente asunto, consideró que no existía arbitrariedad en la decisión de denegar las pretensiones de la demanda por no existir pruebas qu