TA CAQ - 18001-33-40-2016-00465-01-(19-04-2023)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, abril diecinueve (19) de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Fernando Castillo Moreno y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-40-2016-00465-01

Tema: Muerte soldado profesional por mina antipersonal.

Acta número 27.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2020 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

Luis Fernando Castillo Moreno; Ingri Yuliana Serna Díaz; Yasser Fernando Castillo Serna, Elizabeth Moreno Lucumi , en nombre propio y representación de su hijo Ángel David Castillo Moreno; Willian Castillo Vernaza; Rosmira Vernaza; Genoveva Lucumi de Moreno; Ricardo Castillo; y Jesús María Moreno, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C1, archivo 01, pág. 79.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Fernando Castillo Moreno y otros

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1 C1, archivo 01, pág. 79.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Fernando Castillo Moreno y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-40-2016-00465-01

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1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por las «actuaciones y omisiones (...) a través de los comandantes del Batallón de Combate Terrestre No. 55 Mayor Carlos Vidal Aponte, de la omisión a su deber legal y constitucional de velar por la integridad de las personas que se encuentren bajo su tutela y posición de garante, en cuanto a garantizarles la oportunidad, efectividad y garantía de seguridad según los estándares, que de no haber sido negligentes e ineficaces hubieran evitado el grave, progresivo e injustificado deterioro de su salud, causando cicatrices permanentes en la integridad física del señor Luis Fernando Castillo Moreno, originando disminución permanente de su capacidad laboral y secuelas psicológicas».

1. Se ordene el pago de los siguientes perjuicios:

a. Daño a la salud. A favor de Luis Fernando Castillo Moreno, el equivalente a

100 SMLMV.

b. Morales.

Demandante Calidad SMLMV Luis Fernando Castillo Moreno Víctima 100 Ingri Yuliana Serna Díaz Compañera permanente 100 Yasser Fernando Castillo Serna Hijo 100 Elizabeth Moreno Lucumi Madre 100 Ángel David Castillo Moreno Hermano 50

Luis Fernando Castillo Moreno Víctima 100 Ingri Yuliana Serna Díaz Compañera permanente 100 Yasser Fernando Castillo Serna Hijo 100 Elizabeth Moreno Lucumi Madre 100 Ángel David Castillo Moreno Hermano 50 Willian Castillo Vernaza Padre 100 Rosmira Vernaza Abuela 50 Genoveva Lucumi de Moreno Abuela 50 Ricardo Castillo Abuelo 50 Jesús María Moreno Abuelo 50

c. Materiales: A favor de Luis Fernando Castillo Moreno, por los dineros que se dejarán de recibir, toda vez que desde el momento del accidente quedó inhabilitado para laborar.

1. Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del Código Contencioso Administrativo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.1.2. Hechos.

Fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. Luis Fernando Castillo Moreno ingresó al Ejército Nacional en enero de 2013 en calidad de alumno en la escuela de soldados profesionales; el 19 de abril del mismo año se graduó como soldado profesional y cumplía las fu nciones de radioperador, fusilero y ayudante de ametralladora. Posteriormente, ingresó a las filas del Batallón de Combate Terrestre 55 Mayor Carlos Vidal Aponte y fue asignado para operaciones de restablecimiento del orden público en las áreas rurales de los Municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

las filas del Batallón de Combate Terrestre 55 Mayor Carlos Vidal Aponte y fue asignado para operaciones de restablecimiento del orden público en las áreas rurales de los Municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

1. El 30 de abril de 2014, aproximadamente a las 15:00 horas, llegó a la Vereda El Retorno del Municipio de Puerto Rico; allí se encontraron aproximadamente 27 artefactos explosivos improvisados (AEI) que fueron explotados controladamente por el grupo EXDE.

1. El comandante del pelotón ordenó pernoctar en el lugar antes mencionado y determinar el establecimiento del perímetro del área vivac, dado que la compañía Batallador 1, a la cual pertenecía, no con taba con el grupo antiexplosivos. Se solicitó apoyo para la exploración del área de seguridad al grupo EXDE que pertenecía a otra unidad -Batallador 2-.

1. Al hacer el trabajo de exploración, los soldados que estaban en el lugar notaron con extrañeza que la batería que alimenta el Balo (detector de AEI) se había agotado, por lo cual tuvieron que revisar el perímetro donde iban a establecer la base de patrulla móvil (BPM) de las 2 compañías, lo que impidió la correcta revisión del área ; aún así el comandante ordenó establecer el área de pernoctación y el puesto de guardia.

1. El 1 de mayo siguiente, el señor Luis Fernando Castillo Moreno prestó su primer turno de centinela de 7:20 a 8:40 horas y alrededor de las 11:30 horas, estando dentro del perímetro presuntamente seguro, ingresó al cambuche del soldado

1. El 1 de mayo siguiente, el señor Luis Fernando Castillo Moreno prestó su primer turno de centinela de 7:20 a 8:40 horas y alrededor de las 11:30 horas, estando dentro del perímetro presuntamente seguro, ingresó al cambuche del soldado con funciones de ranchero para recoger el plato donde se alimentaba y se dirigió hacia el cambu che del soldado José Cataño Cervantes a coger un vaso para recibir sus alimentos; al salir pisó el artefacto explosivo improvisado y sufrió la amputación traumática de su miembro inferior izquierdo a la altura del tobillo.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Ocurrido el hecho, lo evacuaron del área de operaciones al Municipio de San Vicente del Caguán para que se le brindaran los actos médicos de urgencias; posteriormente, lo trasladaron al Hospital Militar donde le practicaron la remodelación del moñón e inició el tratamiento de recuperación. A los 8 días le dieron de alta con destino al batallón de sanidad, donde empezó su terapia de evolución.

1. En septiembre de 2014 le fue notificado el informativo administrativo por lesiones, sin embargo, manifestó su desacuerdo porque los hechos fueron calificados como «en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior».

1. A partir de ese momento fue revictimizado, pues aparte de haber sido víctima directa de un artefacto explosivo en actos de servicio, aparentemente resultaba

calificados como «en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior».

1. A partir de ese momento fue revictimizado, pues aparte de haber sido víctima directa de un artefacto explosivo en actos de servicio, aparentemente resultaba ser el culpable de este hecho ; esto, aunado a que en su contra se inició un proceso disciplinario por la presunta comisión de la falta contenida en el numeral 16 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003 (el incumplimiento de las órd enes que afecte gravemente la prestación del servicio, de una actividad o el éxito de las operaciones).

1.1.3. Imputación.

Consideraron que «se puede inferir sin duda alguna que la responsabilidad del hecho dañino causado en la integridad física del señor Slp Luis Fernando Castillo Moreno fue exclusivamente de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en cabeza de sus comandantes, pues tales entidades son garantes de las condiciones mínimas de seguridad y protección de sus subalternos, que si bien es cierto es una profesión de riesgo, hay situaciones que están previstas y se pueden evitar, para existen los instrumentos necesarios para ello, para el caso que nos ocupa, el grupo “EXDE” antiexplosivos, pues en esta oportunidad con la decis ión del comandante de pelotón de acampar en un lugar el cual no había sido exitosamente explorado por el grupo EXDE, y la falta de recursos necesarios para hacerlo, se puso en peligro la vida y la integridad física del personal militar, riesgo el cual no están en la capacidad ni en la obligación de soportar».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Luis Fernando Castillo Moreno y otros

del personal militar, riesgo el cual no están en la capacidad ni en la obligación de soportar».Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseguró que i) la unidad sí contaba con el grupo EXDE y sí realizaron el registro completo de la zona donde durmieron los soldados; ii) el actor y algunos de sus compañeros violaron las normas de seguridad al modificar el área de vivac para pernoctar en otro sitio cercano que no había sido revisado por el grupo EXDE, siguiendo a otros soldados que ya lo habían hecho también sin permiso y creyendo que no pasaría nada; y iii) los soldados que rindieron declaración en el proceso disciplinario admitieron que «cambucharon» en un área no registrada por el EXDE y sin permiso del comandante.

Propuso las excepciones de «carencia de medios probatorios que endilguen responsabilidad de la entidad»; « nexo de causalidad»; «riesgo propio del servicio»; «inexistencia de la obligación»; y «descuento de lo pagado».

1.3. Sentencia de primera instancia.3

En la sentencia proferida el 31 de enero de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia resolvió4:

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, es administrativa y extracontractualmente responsable por

Florencia resolvió4:

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados al señor LUIS FERNANDO CASTILLO MORENO, en el porcentaje del 50% de la condena ante la configuración de la concurrencia de culpas.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a favor

de LUIS FERNANDO CASTILLO MORENO, INGRI YULIANA SERNA DÍAZ,

YASSER FERNANDO CASTIL LO SERNA, ELIZABETH MORENO LUCUMI,

WILLIAN CASTILLO VERNAZA o WILLIAM CASTILLO VERNAZA, ÁNGEL DAVID CASTILLO MORENO, ROSMIRA VERNAZA, GENOVEVA LUCUMI de MORENO, RICARDO CASTILLO y JESÚS MARÍA MORENO, las siguientes sumas de dinero.

 Daño moral:

Los salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, conforme el porcentaje de la disminución en la capacidad laboral que se fije al actor por la lesión y pérdida de su pie izquierdo, según la cuantía que se establezca dentro del trámite incidental que para el efecto deberá promover la parte actora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

 Daño a la salud:

2 C1, archivo 01, pág. 114. 3 C1, archivo 01, pág. 197.

los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

 Daño a la salud:

2 C1, archivo 01, pág. 114. 3 C1, archivo 01, pág. 197. 4 Mediante el auto proferido el 17 de julio de 2020, se corrigió la sentencia.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Se reconocerá p ara la víctima directa en el 50% de la condena conforme el porcentaje establecido de conformidad con los parámetros determinados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, una vez se allegue el acta que establezca el índice o porcentaje de la disminución laboral del señor LUIS FERNANDO CASTILLO MORENO para efectos de dicho reconocimiento el acta que establezca la pérdida o disminución de la capacidad laboral del actor por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, mediante incidente dispuesto en el artículo 193 del CPACA.

 Daño material.

Se reconocerá implementando la fórmula establecida por la Jurisprudencia del Consejo de Estado, cuya indemnización comprenderá dos periodos: el histórico que va desde la fecha de los hechos hasta la de esta sentencia y el futuro que va desde el día siguiente al de este fallo y hasta la vida probable del señor LUIS FERNANDO CASTILLO MORENO, de conformidad con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Al resultado final, dado por la suma de la indemnización correspondiente

el día siguiente al de este fallo y hasta la vida probable del señor LUIS FERNANDO CASTILLO MORENO, de conformidad con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado. Al resultado final, dado por la suma de la indemnización correspondiente a los dos periodos, se le efectuará la reducción al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, atendiendo la siguiente fórmula:

(...)

De dicho resultado, se reconocerá el porce ntaje del 50%, al configurarse la concurrencia de culpas.

TERCERO: Para el reconocimiento y pago de los daños reconocidos en el numeral anterior, el actor deberá realizar promover dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de esta decisió n, el trámite incidental de regulación de perjuicios, en atención a la lesión del 3er dedo de la mano izquierda del actor, atendiendo lo establecido en el artículo 193 del CPACA (sic).

CUARTO: Las sumas de dinero aquí reconocidas por los conceptos de daño moral, daño a la salud y daño material (lucro cesante), deberá realizarse en el porcentaje del 50%, ello en razón a la concurrencia de culpas advertida.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas y agencias en derecho en esta instancia, en el 2% de las pretensiones reconocidas en la sentencia a la entidad pública vencida en esta sentencia, (...).

(...)

En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado y el régimen aplicable. En segundo, procedió a examinar los

esta sentencia, (...).

(...)

En primer lugar, se pronunció sobre el marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado y el régimen aplicable. En segundo, procedió a examinar los elementos que la componen y a resolver el caso concreto. Al respecto indicó que:

1. Con la historia clínica y el informe administrativo de lesiones se prueba el daño concretado en que el señor Luis Fernando Castillo Moreno sufrió la amputación traumática del pie izquierdo por mina antipersonal.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Luis Fernando Castillo Moreno para el 1 de mayo de 2014 se desempeñaba como soldado profesional y, cuando estaba la misión táctica 013 Marfil, resultó lesionado al afectar un artefacto explosivo improvisado instalado por las FARC.

1. Según las declaraciones rendidas por los soldados profesionales, los hechos ocurrieron porque abandonó el perímetro establecido por el grupo EXDE y ubicaron su «cambuche» en un lugar fuera del demarcado por aquel, «desatendiendo de ésta manera las recomendaciones establecidas en la Orden de Operaciones No. 11».

1. A pesar de que el actor coadyuvó la ocurrencia del daño, se configuró la falla en el servicio, toda vez que según las declaraciones de los soldados, los comandantes del batallón permitieron que sucedieran tales actos de indisciplina porque perdieron el control de la tropa, «ya que en todo momento se dieron cuenta del desplazamiento

servicio, toda vez que según las declaraciones de los soldados, los comandantes del batallón permitieron que sucedieran tales actos de indisciplina porque perdieron el control de la tropa, «ya que en todo momento se dieron cuenta del desplazamiento que realizó no solo la víctima sino otros soldados fuera del perímetro sin advertir o hacer llamado a los integrantes del Pelotón, faltando de esta manera al deber legal que les estableció la Orden de Operaciones No. 11, en los numerales 20 y 28».

1. Aunque existió una falla en el servicio, debe declararse la concurrencia de culpas por la desobediencia del soldado que conocía los peligros de desatender las órdenes de sus superiores.

En tercero, se pronunció sobre los perjuicios. Los reconoció en la forma establecida en la parte resolutiva de la providencia y anotó que se debía adelantar el trámite incidental para su tasación, comoquiera que en el plenario no reposa el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

1.4. Recurso de apelación.5

Inconforme con la decisión, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional argumentó la alzada así:

1. La unidad militar de la que era orgánico el soldado, en el momento de la operación, contaba con el grupo EXDE y todos sus elementos, al punto de que sí realizaron el registro ordenado en el área de vivac donde pernoctaron el 30 de abril de 2014, «es decir contaban con equipo ballon, canino, gancho y cuerda y si realizaron las labores de registro correspondientes en la zona donde iban a pernoctar o dormir».

5 C1, archivo 01, pág. 227.Sentencia de segunda instancia

decir contaban con equipo ballon, canino, gancho y cuerda y si realizaron las labores de registro correspondientes en la zona donde iban a pernoctar o dormir».

5 C1, archivo 01, pág. 227.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. El señor Luis Fernando Castillo Moreno al igual que otros militares, en contra de las normas de seguridad y órdenes de sus superiores, decidieron cometer un acto de indisciplina y modificar el área de vivac para pernoctar en otro sitio cercano que no había sido revisado por el grupo EXDE, «siguiendo a otros soldados que ya lo habían hecho también sin perm iso y creyendo que como a nadie le había pasado nada pues a él tampoco le pasaría, pero desafortunadamente su indisciplina táctica al cambiar el área de vivac a una zona no registrada por el EXDE le causó su lastimosa en infortunada herida».

1. Todos los sol dados que rindieron declaración en la acción disciplinaria admitieron que cambucharon en un área no registrada por el EXDE y sin permiso del comandante. No existió falta disciplinaria porque quedó demostrado en el proceso que el actor salió del área de vivac a buscar otro sitio para pernoctar, lo que es una actividad propia en el área y desarrollo de operaciones y no constituye falta disciplinaria, sin embargo, ello no elimina el hecho de que esa acción lo expuso al daño que ahora se reclama.

1. No es cierto que los comandantes permitieron los actos de indisciplina, «cuando en

disciplinaria, sin embargo, ello no elimina el hecho de que esa acción lo expuso al daño que ahora se reclama.

1. No es cierto que los comandantes permitieron los actos de indisciplina, «cuando en sí mismos para este caso el comandante del batallón no pudo estar en el área de operación de manera directa, si por lo tanto el comandante del pelotón donde ya habían (sic) unas órdenes específicas no salirse del área vivac para miembro de la unidad militar. En todo caso es obligación del soldado lesionado acatar las instrucciones y órdenes impartidas, así los demás de alguna manera no decidan acatarlas y eso no lo exime de r esponsabilidad total en la causación del daño»; en consecuencia, se debe declarar la eximente de responsabilidad del Estado.

1. Comoquiera que no se aportó el dictamen de la junta médica realizada por la Dirección de Sanidad, no se pueden reconocer los perjuicios.

1.5. Trámite de segunda instancia.6

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.

En el auto de 22 de octubre de 2021 se resolvió admitir el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia el 31 de enero de 2020.7

6 Archivo 02. 7 C2, archivo 04.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1.5.2. Alegatos de conclusión.

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1.5.2. Alegatos de conclusión.

Mediante el auto proferido el 15 de octubre de 2021, se corrió traslado por el término de 10 días a las partes para que presentaran sus alegaciones finales; así mismo, por el mismo término, al Ministerio Público para que rindiera concepto.8

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.9 Reiteró los argumentos de apelación.

1.5.2.2. Parte demandante. Guardó silencio.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto , conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional debe ser declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes como consecuencia de la lesión sufrida por el soldado profesional Luis Fernando Castillo Moreno el 1 de mayo de 2014 cuando explotó una mina antipersonal o, si por el contrario, debe declarase la culpa exclusiva de la víctima.

a los demandantes como consecuencia de la lesión sufrida por el soldado profesional Luis Fernando Castillo Moreno el 1 de mayo de 2014 cuando explotó una mina antipersonal o, si por el contrario, debe declarase la culpa exclusiva de la víctima.

Para efectos de desarrollar el problema jurídico, se seguirá el siguiente derrotero: i) del marco normativo de la responsabilidad extracontractual del Estado y cuando se trata de soldados profesionales, así como de la eximente de culpa exclusiva de la víctima; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

8 C2, archivo 09. 9 C2, archivo 11.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad que son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para,

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialm ente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.10

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado11.

En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el m ismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12(Resaltado fuera de texto)

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la

esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»12(Resaltado fuera de texto)

El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia

10 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 11 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129 12 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el

cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo t ítulo de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extra contractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como

demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. (Resaltado fuera de texto)

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada.

2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado cuando se trata de soldados profesionales.

En la sentencia proferida el 29 de julio de 2019 con ponencia del consejero Nicolás Yepes Corrales (radicación 81001-23-31-000-2010-0004