TA CAQ - 1800133-40-003-2016-00181-01-(26-10-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ - Sala Tercera de decisiónMagistrado Ponente: Dr. NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ

Florencia, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Asunto: Contrato Realidad

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Germán Gil Correa y otros

Demandado: Municipio de Curillo Radicación: 18001-33-40-003-2016-00181-01

Acta de discusión: No. 77 de la fecha

I. ASUNTO

1. Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia el 24 de octubre de 201 , mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Demanda

2. Por vía de nulidad y restablecimiento del derecho l os demandantes pretenden1 que se declare la nulidad del oficio No. 200.05.001 del 17 de agosto de 2010, por medio del cual el Municipio de Curillo negó la configuración de un contrato de trabajo entre ellos y aquel , y que, se reconozca la relación laboral y se les pague los emolumentos salariales correspondientes.

3. Como sustento de la demanda, en lo fáctico refirieron que los señores Germán

entre ellos y aquel , y que, se reconozca la relación laboral y se les pague los emolumentos salariales correspondientes.

3. Como sustento de la demanda, en lo fáctico refirieron que los señores Germán Gil Correa, Elbano Cabrera Yague, Rubén Osorio Lozano, Albeiro Pechene Otaya, Carlos Cuellar Ramos, Albeiro Sierra Timaná y Ovidio Cuellar Ramos fueron contratados verbalmente por el Alcalde de Curillo para desarrollar labores del servicio público de aseo , desde el 2 de enero y hasta el 31 de mayo de 2009, en horario de 7 am a 5 pm de lunes a sábado, excepto los jueves; que por tal labor al señor Albeiro Sierra Timaná se le debía pagar 700.000 mil pesos y a los demás 497.000 mil pesos; que las labores eran supervisadas por el Inspector de obras del Municipio; que las actividades se desarrollaron de forma personal, subordinada y continua; que el 4 de julio de 2010 solicitaron el pago de salarios y prestaciones sociales; y que su pedimento fue resuelto negativamente.

4. Como concepto de la violación indicaron que el acto administrativo atacado transgredió las normas constitucionales y legales a que debía sujetarse, pues desconoció que en el caso de los actores se reunían los elementos para la configuración de un contrato laboral.

5. El proceso del asunto fue tramitado inicialmente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes, pero el Tribunal Superior del Distrito anuló lo

1 Folio 4 Cuaderno Principal.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

Demandante: Germán Gil Correa y otros

Circuito de Belén de los Andaquíes, pero el Tribunal Superior del Distrito anuló lo

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actuado a partir de la audiencia de juzgamiento inclusive, por falta de jurisdicción, y ordenó su remisión a los juzgados administrativos.

6. El Juzgado Tercero Administrativo concedió a la parte demandante término para ajustar la demanda a los parámetros propios de esta jurisdicción y del medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho.

7. Ajustada la demanda, se admitió y se imprimió el trámite establecido en el

CPACA.

8. El municipio de Curillo no contestó la demanda2.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

9. El Juez Tercero Administrativa de Florencia, en curso de la de la audiencia inicial

adelantada el 24 de octubre de 2019, resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del oficio No. 200.05.001 del 17 de agosto de 2010, expedido por el Alcalde Municipio de Curillo Caquetá, por medio del cual se negó a los señores GERMÁN GIL CORREA, ELBANO CABRERA

YAGUE, RUBÉN OSORIO LOZANO, ALBEIRO PECHENE OTAYA, CARLOS CUELLAR RAMOS, ALBEIRO SIERRA TIMANÁ, Y OVIDIO CUELLAR RAMOS el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales por los

YAGUE, RUBÉN OSORIO LOZANO, ALBEIRO PECHENE OTAYA, CARLOS CUELLAR RAMOS, ALBEIRO SIERRA TIMANÁ, Y OVIDIO CUELLAR RAMOS el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales por los meses de enero a mayo de 2009.

SEGUNDO: DECLARAR que entre el Municipio de Curillo y los señores

GERMÁN GIL CORREA, ELBANO CABRERA YAGUE, RUBÉN OSORIO LOZANO, ALBEIRO PECHENE OTAYA, CARLOS CUELLAR RAMOS, ALBEIRO SIERRA TIMANÁ, Y OVIDIO CU ELLAR RAMOS, existió una relación legal y reglamentaria de hecho por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de mayo de 2009, por ende ostentan la condición de funcionarios públicos de hecho.

TERCERO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, condénese al MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ, al pago de los salarios y prestaciones sociales a los señores GERMÁN GIL CORREA, ELBANO

CABRERA YAGUE, RUBÉN OSORIO LOZANO, ALBEIRO PECHENE OTAYA, CARLOS CUELLAR RAMOS, ALBEIRO SIERRA TIMANÁ, Y OVIDIO CUELLAR RAMOS, en los mismos términos que un empleado público de nivel territorial, de conformidad con las prestaciones sociales establecidas por la ley, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2009.

Reconózcase como salario, el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2009, y tásense las prestaciones sociales con fundamento en el mismo.

de 2009.

Reconózcase como salario, el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2009, y tásense las prestaciones sociales con fundamento en el mismo.

(…).

QUINTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ (…)

10. Luego de denegar al apoderado del municipio el aplazamiento de la audiencia

(arguyendo que ya había sido aplazada 9 meses atrás; que se trataba de un proceso iniciado en 2010; que no habría agenda antes de marzo de 2020, y que se habría

2 Según se expuso en la constancia secretarial vista a folio 234 Cuaderno Principal. No. 3 Folio 255 a 260 Cuaderno Principal 3Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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podido sustituir el poder), fijó el litigio, incorporó las pruebas allegadas, prescindió del periodo probatorio y procedió a dictar sentencia.

11. Sostuvo que el asunto debía analizarse a la luz del concepto de funcionario de hecho, y no del de “contrato realidad”, atendiendo a que nunca existió un contrato de prestación de servicios y a la naturaleza de las actividades realizadas. Luego puntualizó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado son 2 los presupuestos que determinan la configuración de un evento de funcionario de hecho: que se ejerza funciones públicas en forma irregular y que se tenga la anuencia de las autoridades.

presupuestos que determinan la configuración de un evento de funcionario de hecho: que se ejerza funciones públicas en forma irregular y que se tenga la anuencia de las autoridades.

12. Indicó que los hechos las pruebas recaudadas acreditan suficientemente esas dos circunstancias.

IV. El recurso.4

13. Solicitó la recurrente que se declare la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia inicial inclusive, o que, subsidiariamente, se revoque la sentencia de primera instancia.

14. Arguyó que hay lugar a la anulación por cuanto se quebrantó el debido proceso al no tener en cuenta la c ontestación de la demanda que -con planteamiento de excepciones y petición de pruebasse hizo en el proceso laboral-, a pesar de que el art. 16 del CGP establece que en caso de declaración de falta de jurisdicción “lo actuado conservará validez” ; porque se violó el derecho a la defensa técnica al rechazarse el aplazamiento de la audiencia inicial que él solicitó aduciendo prueba de una complicación de salud; y por que hubo una indebida integración del contradictorio por no vincularse a la Empresa de Servi cios Públicos de Curillo , entidad que por ser la encargada de la recolección de residuos sólidos, debió llamarse como litisconsorte necesario del municipio para que respondiera solidariamente con este en caso de condena.

15. Y agregó -como sustento de las pre tensiones subsidiarias del recurso - que la sentencia es incongruente ya que, a pesar de que en la demanda se dijo que los actores no trabajan los días jueves, ordenó el pago de salarios completos, y que las

15. Y agregó -como sustento de las pre tensiones subsidiarias del recurso - que la sentencia es incongruente ya que, a pesar de que en la demanda se dijo que los actores no trabajan los días jueves, ordenó el pago de salarios completos, y que las pruebas fueron indebidamente valoradas, pues, en su concepto, las mismas no acreditan los elementos configurativos de la relación funcionarial de hecho, que en todo caso solo habría existido con el señor Albeiro Sierra Timaná, con quién la administración municipal suscribió contratos de prestación de servicios.

V. Trámite impartido en esta instancia judicial.

16. Mediante auto del 17 de enero de 2020 5,se admitió el recurso de apelación interpuesto. Se corrió traslado para alegar el 29 siguiente6, término que venció en silencio7.

VI. CONSIDERACIONES

17. Mediante providencia de 9 de febrero de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura, dirimió el conflicto negativo de competencias suscitado entre la Sala

4 Folio 103 a 111 Cuaderno Principal 2 5 Folio 297 Cuaderno Principal 3. 6 Folio 301 Cuaderno Principal 3. 7 Folio 307 Cuaderno Principal 3.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia con ocasión del conocimi ento del

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Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia con ocasión del conocimi ento del proceso de la referencia, asignando su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa.

18. Fallado el asunto por el Juzgado Tercero Administrativo de esta ciudad, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación, confo rme al artículo 1538 del CPACA.

6.2. Problema jurídico

19. Corresponde a esta Sala de Decisión determinar (a) si concurren circunstancias que ameriten la anulación de todo o parte de lo actuado; (b) en caso negativo, si es procedente revocar la decisión recurrida -y en su lugar denegar las pretensiones de la demandaen consideración a que (según arguye el impugnante) erró el a quo al tener por acreditados (a pesa r de la falta de prueba suficiente) los elementos configurativos de una situación funcionarial de hecho, y a que (agrega el recurrente) se infringió la regla de congruencia que consagra el artículo 281 del CGP al ordenar el pago de los días jueves, a pesar de que en ellos no se laboraba ; y (c) eventualmente, proveer sobre el fondo del litigio.

6.3. El Tribunal denegará la declaración de nulidad.

20. Según se reseñó antes (Cfr. § 12), en concepto del impugnante son tres las vías por las cuales se ha generado la anulabilidad del proceso. La primera de ellas habría radicado en que se quebrantó el debido proceso al no tener en cuenta la contestación de la demanda que -con planteamiento de excepciones y petición de

por las cuales se ha generado la anulabilidad del proceso. La primera de ellas habría radicado en que se quebrantó el debido proceso al no tener en cuenta la contestación de la demanda que -con planteamiento de excepciones y petición de pruebasse hizo en el proceso laboral, a pesar de que el art. 16 del CGP establece que en caso de declaración de falta de jurisdicción “lo actuado conservará validez”.

21. Revisada la actuación constata la Sala que por este primer cargo no hay lugar a la anulación de lo actuado, pues no se encuentra en el actuar del a quo violación al debido proceso, sino, al contrario, la adopción de medidas claramente pertinentes, y conducentes a la salvaguarda de los derechos de las partes.

22. En efecto: remitido el proceso por la jurisdicción ordinaria luego de que se declarara, por falta de jurisdicción, la nulidad de lo allí actuado a partir de la audiencia de juzgamiento inclusive, el juez de primera instancia dispuso que la parte demandante debía adecuar la demanda de forma tal que posibilitara su trámite ante la jurisdicción contenciosa. Tal proceder ningún reproche admite, pues es pura expresión del cumplimiento de los deberes que como director del proceso le incumben: entre ellos los de adop tar las medidas conducentes a la evitación de fallos inhibitorios. Y, tal como lo expuso el a quo en la audiencia inicial, las diferencias entre los medios de control judicial que son ejercidos por una y otra jurisdicciones (en este caso la laboral y el contencioso administrativo), expresas en la formulación de las pretensiones objeto de la demanda habrían abocado al juez, de no adecuarse esta, a inhibirse de fallar el fondo del asunto.

jurisdicciones (en este caso la laboral y el contencioso administrativo), expresas en la formulación de las pretensiones objeto de la demanda habrían abocado al juez, de no adecuarse esta, a inhibirse de fallar el fondo del asunto.

23. El Juez administrativo ejerce un poder -deber de permanente saneamiento del proceso, respecto del cual ha dicho el Consejo de Estado9:

8 “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda”. 9 Sección Segunda, Subsección b, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, 18 de febrero de 2021, radicación número: 11001-03-25-000-2016-00098-00(0496-16).Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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2.1 Potestad del juez de saneamiento del proceso El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, en su Artículo 103 prevé que los p rocesos que se adelanten ante esta jurisdicción tienen por objeto “la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del

– Ley 1437 de 2011, en su Artículo 103 prevé que los p rocesos que se adelanten ante esta jurisdicción tienen por objeto “la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico ”, razón por la cual, el legislador estableció que en la interpretación de las normas del CPACA “deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal”. Ahora, en garantía de principios constitucionales, verbigracia, la economía y celeridad procesal, se consagró el control de legalidad del proceso expresamente en el Artículo 207 ibídem como el deber del juez de efectuar una vez agotada cada etapa del proceso, con la finalidad de “sanear los vicios que acarrean nulidades”16. En concordancia con esa regla general, el numeral 5º del Artículo 180 ibídem, contempló de manera específica la obligación a cargo del funcionario judicial , de “decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias”. Así mismo, el Código General del Proceso – Ley 1564 de 201217, Artículo 42, consagra como deberes del juez, en virtud del principio de economía procesal, velar por su rápida solución y sanear los vicios e irregularidades que puedan afectar el desarrollo célere del proceso, a saber: (…). Así las cosas, el saneamiento procesal, llamado también como principio de expurgación, se constituye en la materialización de los principios procesales de eficiencia, efectiva tutela judicial, congruencia y economía procesal, y podría definirse como el acto jurídico procesal propio del juez, en el que se

expurgación, se constituye en la materialización de los principios procesales de eficiencia, efectiva tutela judicial, congruencia y economía procesal, y podría definirse como el acto jurídico procesal propio del juez, en el que se verifica que todos los elementos jurídicos procesales de la litis estén presentes, tal como lo ha expuesto la doctrina, en los siguientes términos: “El saneamiento tiene por fina lidad obligar al juez a “purgar” el proceso de obstáculos procedimentales, constituye un mecanismo concentrado, posibilitando de esta manera, que el objeto del proceso pueda ingresar a la etapa probatoria y posteriormente a la decisoria, encontrándose así la causa purificada y excluida de cualquier irregularidad, lo cual fácilmente podrá ser realizado mediante un auto sin necesidad de convocar a audiencia alguna”18. Desde el punto de vista jurisprudencial, la Sección Segunda de esta Corporación , por medio de auto proferido el 23 de abril de 2015 19, ejerció control de legalidad respecto de la competencia para conocer de ese asunto, precisando, respecto de la fase de expurgación, que: “El saneamiento procesal tiene como propósito, que en el transcurso o desar rollo del sumario, los aspectos formales o procesales como por ejemplo una indebida escogencia del mecanismo judicial, no retrasen ni impidan la decisión sobre el fondo, es decir, se busca con esta institución jurídica procesal, librar la causa de errores, defectos, omisiones, vicios, nulidades por efectos formales, o resoluciones judiciales mal dictadas o notificaciones mal diligenciadas, etc.”. En conclusión, la potestad de saneamiento pretende solventar las irregularidades o vicios evidentes en el trámit e procesal, que de no ser

judiciales mal dictadas o notificaciones mal diligenciadas, etc.”. En conclusión, la potestad de saneamiento pretende solventar las irregularidades o vicios evidentes en el trámit e procesal, que de no ser saneadas pondrían en riesgo la posibilidad de emitir decisión de fondo. Con tal propósito la ley le asignó al juez facultades dirigidas a controlar la legalidad y, en tal virtud, adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar las acciones con el propósito de garantizar su continuidad y finalización.

24. Ahora bien: ciertamente el artículo 16 del CGP ( con sus normas concordantes) establece que: (…) Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuadoMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. (…).

25. Pero ello no implica que, como lo asume el recurrente , el juez que recibe el proceso quede obligado a continuar el trámite sin respecto del importante cambio que se ha operado: nada menos que el traslado de una juris dicción a otra. Al contrario, esa mutación exige de él una especial labor de dirección procesal que se expresa grandemente en medidas de saneamiento orientadas a adecuar el proceso recibido al trámite propio de esta jurisdicción.

26. Esto, por varias razones : porque, primero, ciertamente el proceso contencioso

expresa grandemente en medidas de saneamiento orientadas a adecuar el proceso recibido al trámite propio de esta jurisdicción.

26. Esto, por varias razones : porque, primero, ciertamente el proceso contencioso administrativo es bien diverso del ordinario en sus objetivos y alcances, y en el procedimiento que se ha establecido para tramitar sus especiales pretensiones; porque, segundo, es obligación del juez adoptar las medidas conducentes a la cabal tramitación y decisión de las pretensiones puestas a su consideración (art. 42 CGP); porque, tercero, la referencia del transcrito art. 16 a ”lo actuado”, se dirige a los actos procesales que son susceptibles de un juicio de validez (“conservará validez”), que no es el caso de la contestación de la demanda, pues al no ser esta un elemento del ordenamiento jurídico 10, no es pasible de un juicio de validez, sino de los de oportunidad, eficacia, pertinencia, etc.-; y porque, cuarto, el alcance de ese art. 16 ha de establecerse luego de compatibilizarlo con las obligaciones de saneamiento y dirección del proceso establecidas en el CGP y en el CPACA, de lo que resulta que lo dispuesto en aquel no impida el ejercicio de las facultades de saneamiento.

27. A este último respecto, dijo la Corte Constitucional (sentencia C-537/16):

Ahora bien, la conservación de la validez de lo actuado no obsta para que se pueda declarar su nulidad, cuando en su trámite se hubiere incurrido en una causal de nulidad diferente.

28. Y si se puede anular lo traído del proceso original, a fortiori es viable la adopción de medidas mucho menos radicales cuales son las de saneamiento de

causal de nulidad diferente.

28. Y si se puede anular lo traído del proceso original, a fortiori es viable la adopción de medidas mucho menos radicales cuales son las de saneamiento de irregularidades que no alcanzan a afectar la validez de la actuación procesal.

29. Ahora bien: examinado el presente proceso en el marco de referencia normativo que se deja expuesto, concluye la Sala (como ya se dijo) que este primer cargo de nulidad es impróspero. Ciertamente, lo que se constata es la adopción de justificadas medidas de saneamiento: disponer el ajuste de la demanda a los requisitos y presupuestos exigidos por el CPACA y rehacer el trámite procesal a partir de ese acto de postulación ajustado.

30. Con tales disposiciones en modo alguno se infringe el debido proceso, pues, al contrario, se posibilita un debate centrado en las pretensiones propias de este tipo de trámites y se otorga al demandado la posibilidad de contestar a la demanda tomando en cuenta los ajustes hechos por el actor, los cuales determinan el marco de la futura decisión judicial. Si el demandado prefiere no contestar la demanda, es una decisión respetable en cuanto estrategia de litigio.

31. Ahora bien: tal como lo determinó el a quo en la primera sesión de la audiencia inicial (minuto 33 y ss), las pruebas allegadas con la demanda y su contestación, y las luego practicadas, en el proceso laboral conservan plena validez y son incorporadas al proceso contencioso administrativo para ser tenidas en cuenta, al igual que las argumentaciones p lanteadas en la contestación hecha ante el juez laboral, y que obra en el expediente de él recibido.

incorporadas al proceso contencioso administrativo para ser tenidas en cuenta, al igual que las argumentaciones p lanteadas en la contestación hecha ante el juez laboral, y que obra en el expediente de él recibido.

10 Como sí lo es un contrato, un testamento, y, desde luego, los actos procesales del juez y los surtidos con su aprobación, como los testimonios o las inspecciones.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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32. Tampoco prospera el segundo de los cargos de nulidad, referido -recuérdesea que, en concepto del recurrente, se violó el derecho a la defensa técnica al rechazarse el aplazamiento de la audiencia inicial que él solicitó aduciendo prueba de una complicación de salud.

33. Pues bien: bastará a este respecto con señalar que el a quo actuó en la forma en que la ley lo autoriza, al llevar a cabo la audiencia sin l a presencia de la parte demandada, luego de rechazar fundadamente el aplazamiento por esta solicitado.

34. La ley 1437 de 2011 es muy clara al respecto. En su artículo 180 dispone:

3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa.

Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento.

Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efect o de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia. En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto que se dictará dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y que será susceptible del recurso de reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes.

35. Como se observa, el aplazamiento de la audiencia inicial es una decisión discrecional del juez, quien podrá aceptar la solicitud respectiva, o denegarla, como lo hizo en el sub judice . Y lo hizo en forma razonada, arguyendo motivos de innegables pertinencia y suficiencia, entre ellos, uno que resulta inobjetable: la audiencia ya había sido aplazada una vez, y la norma en cita proscribe de manera rotunda un nuevo aplazamiento.

36. Sobre este tema concreto, dijo el Consejo de Estado11, en un caso en el que ni siquiera se decidió la solicitud de aplazamiento oportunamente presentada:

En cuanto a la resolución del problema jurídico planteado, debe indicarse que, no es nula la audiencia inici al que se lleva a cabo sin resolver la solicitud de aplazamiento que presenta una de las partes aduciendo que no podrá asistir porque el mismo día tiene audiencia en otra ciudad y no puede sustituir el

no es nula la audiencia inici al que se lleva a cabo sin resolver la solicitud de aplazamiento que presenta una de las partes aduciendo que no podrá asistir porque el mismo día tiene audiencia en otra ciudad y no puede sustituir el poder, teniendo en cuenta que el apoderado no tiene de recho a pedir su aplazamiento, sino que su derecho se circunscribe a excusarse por la imposibilidad de asistir justificada en fuerza mayor o caso fortuito, según lo dispone el inciso tercero del numeral 3 del artículo 180 del CPACA. 5.3. Lo anterior es as í, por cuanto que la audiencia inicial se podrá realizar incluso sin la asistencia de quienes deban concurrir, con fundamento en lo regulado en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 180 del CPACA.

11 SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, 28 de enero de 2019. Radicación número: 1100103-24-000-2016-00072-00.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento de derecho

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“[…] La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente […]”. 5.4. En tal sentido, si el magistrado acepta la excusa, puede además disponer el aplazamiento de la audiencia; si no se pronuncia previamente, d eberá entenderse que el Magistrado Ponente no dispuso de la facultad que tiene de decidir sobre el aplazamiento de la audiencia, más cuando aquí se constata

el aplazamiento de la audiencia; si no se pronuncia previamente, d eberá entenderse que el Magistrado Ponente no dispuso de la facultad que tiene de decidir sobre el aplazamiento de la audiencia, más cuando aquí se constata que no se configura fuerza mayor alguna que hubiere dado lugar a justificar la inasistencia. 5.5. Por las anteriores razones, se descarta cualquier vulneración al debido proceso o al ejercicio de la defensa técnica, pues la finalidad de la audiencia como acto procesal se cumplió sin que se haya vulnerado el derecho de defensa de alguna de las partes.

37. Finalmente, para desechar el tercero de los cargos de nulidad (que refiere a la presunta falta de integración del contradictorio por la no vinculación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP de Curillo, a título de litisconsorte necesario del municipio) baste señalar que ninguna evidencia obra en el proceso sobre una eventual corresponsabilidad de tal ente en relación con el resultado de este proceso: no hay en ese sentido más que la afirmación del actor, y en cambio obra12 el convenio inter administrativo suscrito entre el Municipio de Curillo y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios , de acuerdo con el cual esta última solo estaba a cargo del recaudo de los recursos provenientes del servicio de aseo, al menos mientras el Municipio le entregara la infraestructura del servicio lo que no ocurrió antes de la finalización del periodo de su puesta vinculación laboral de los aquí actores, tal como lo certificó13 la Tesorera de la Empresa.

6.3 El Tribunal revocará la sentencia apelada y proferirá fallo de reemplazo.

38. Ahora bien: observa la Sala que el a quo decidió plantear14, al momento de

6.3 El Tribunal revocará la sentencia apelada y proferirá fallo de reemplazo.

38. Ahora bien: observa la Sala que el a quo decidió plantear14, al momento de emitir su fallo y sin haber mencionado tal posibilidad en la fijación del litigio, que el problema jurídico a resolver es el de “ si los demandantes adquirieron la calidad de funcionarios de hecho”, y señaló que “(…) claramente no vamos a acoger la teoría de la parte actora en el sentido de declarar la existe