TA CAQ - 18001333375220140017601-(07-09-2022)

Tribunal Administrativo de l Caquetá Sala Segunda de Decisión

Magistrada Ponente : Angélica María Hernández Gutiérrez

Florencia, agosto siete (7) de dos mil veintidós (2022)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: John Jaiber Narváez Quintero y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-752-2014-00176-01

Tema: Lesiones conscripto.

Acta número 63.

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes y no observando causal de n ulidad que invalide lo actuado , decide la Sala el recurso de apelación presentado por ambas partes contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.1

1.1.1. Pretensiones.

John Jaiber Narváez Quintero , Bernardo Narváez Buitron, Delia Quintero Petao, Je sús Hernán y Miguel Ángel Narváez Quintero, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que:

1. Se declare que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de los perjuicios causados por «la enfermedad deformativa (en estudio de sanidad) sufrida por el joven John Jaiber Narváez Quintero, imputable a daño especial y/o falla

de los perjuicios causados por «la enfermedad deformativa (en estudio de sanidad) sufrida por el joven John Jaiber Narváez Quintero, imputable a daño especial y/o falla en el servicio, enfermedad que le trajo como consecuencia pérdida de la capacidad

1 Archivo 1, pág. 109.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

Demandante: Jhon Jaiber Narváez Quintero y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Radicación: 18001-33-33-752-2014-00176-01

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laboral al no poder emplear la fuerza e imposibilidad de recuperar el estado de salud que tenía al momento de ingresar a las filas del Ejército» (pág. 109).

1. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de los

perjuicios así:

a. Morales. Demandante Monto en SMLMV John Jaiber Narváez Quintero 100 Bernardo Narváez Buitrón 100 Delia Quintero Petao 100 Jesús Hernán Narváez Quintero 100 Miguel Ángel Narváez Quintero 100

b. «Perjuicios a la vida de relación y/o daño a la salud». Demandante Monto en SMLMV John Jaiber Narváez Quintero 100 Bernardo Narváez Buitrón 100 Delia Quintero Petao 100 Jesús Hernán Narváez Quintero 100 Miguel Ángel Narváez Quintero 100

c. Materiales. i) Lucro cesante consolidado. Por los salarios dejados de percibir

Delia Quintero Petao 100 Jesús Hernán Narváez Quintero 100 Miguel Ángel Narváez Quintero 100

c. Materiales. i) Lucro cesante consolidado. Por los salarios dejados de percibir desde su desincorporación a la fecha de la conciliación o de la sentencia de condena, como consecuencia de los daños a su salud e integridad física ; y ii) Lucro cesante futuro. Con base en el porcentaje que determine la Junta Médica Laboral.

1. Se actualicen las sumas reconocidas desde que se hizo exigible el pago hasta la decisión definitiva, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y s.s. del CPACA.

1. Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los demandantes fundamentaron las pretensiones en los siguientes:

1. John Jaiber Narváez Quintero prestó el servicio militar obligatorio como soldado bachiller en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate 12 “Fernando Serrano Uribe” desde el 16 de marzo de 2013 hasta el 12 de marzo de 2014.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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1. Se desempeñaba como auxiliar del rancho de tropa (ranchero) del batallón y, como

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1. Se desempeñaba como auxiliar del rancho de tropa (ranchero) del batallón y, como consecuencia de la exposición al frío en los congeladores y al calor en los fogones del rancho, comenzó a presentar fuerte dolor en sus extremidades y rostro.

1. La labor que ejercía también generó deformaciones en sus manos, denominada s por los galenos como «manos de garra», pues no podía abrirlas para realizar cualquier tipo de actividad que requiriera su uso y motricidad y tampoco puede exponerse a altas temperaturas ni caminar largos trayectos.

1. Los médicos han estudiado las posibles causas de su limitación funcional y no descartan la enfermedad «reumatismo o problemas neurológicos», empero, se «están realizando una serie de estudios para determinar a ciencia cierta el tipo de enfermedad que le generó discapacidad funcional».

1. La enfermedad ha avanzado al grado de sufrir deformaciones en manos y adormecimiento en rostro y piernas.

1. John Jaiber Narváez Quintero realizó todos los trámites administrativos para que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional realizara los exámenes médicos necesarios, con el fin de convocar a la Junta Médico Laboral.

1. El 7 de julio de 2014 presentó una acción de tutela con el objeto de que se amparara su derecho a la salud, la cual fue conocida por l a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, en la que se profirió sentencia favorable el 17 de

su derecho a la salud, la cual fue conocida por l a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, en la que se profirió sentencia favorable el 17 de julio de 2014. Igualmente, el 22 de agosto de 2014 presentó otra acción constitucional para que se realizan los conceptos médicos por re umatología, neurología y medicina interna.

1. Las actividades de auxiliar del rancho de tropa conllevó a que la salud de John Jaiber Narváez Quintero se deteriorara porque generó una limitación funcional en sus manos y su cuerpo.

1.2. Contestación de la demanda.2

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que no se demostró la falla en el servicio de la entidad , pues no existen los

2 Archivo 2, pág. 33.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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elementos que permitan afirmar que las enfermedades que padece el soldado regular se ocasionaron la prestación del servicio militar obligatorio.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y activa. Frente a esta última, dijo que los hermanos de John Jaiber Narváez Quintero son mayores de edad y están en la capacidad de contribuir con los gastos de sus padres.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

última, dijo que los hermanos de John Jaiber Narváez Quintero son mayores de edad y están en la capacidad de contribuir con los gastos de sus padres.

1.3. Sentencia de primera instancia3.

En la sentencia proferida el 8 de diciembre de 2020, el Juzgado Cuarto Administrativo de

Florencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL de “falta de legitimación en la causa por pasiva” de conformidad con la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Ejército NACIONAL es administrativa y patrimonialmente responsable por las lesiones causadas al joven JOHN JAIBER NARVÁEZ QUINTERO , durante la prestación del servicio militar obligatorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a favor de los

demandantes las siguientes sumas:

En la modalidad de daño a la salud y vida relación

DEMANDANTE CALIDAD SMLMV

John Jaiber Narváez Quintero Directo perjudicado 20

En la modalidad de daño moral

Demandante Parentesco SMLMV John Jaiber Narváez Quintero Directo perjudicado 20 Bernardo Narváez Quintero Padre del directo perjudicado 20 Delia Quintero Petao Madre del directo perjudicado 20

John Jaiber Narváez Quintero Directo perjudicado 20 Bernardo Narváez Quintero Padre del directo perjudicado 20 Delia Quintero Petao Madre del directo perjudicado 20 Miguel Ángel Narváez Quintero Hermano del perjudicado 10 Jesús Hernán Narváez Quintero Hermano del perjudicado 10

En la modalidad de daño material (lucro cesante consolidado)

A favor de JOHN JAIBER NARVÁEZ QUINTERO la suma de VEINTICINCO

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Y NUEVE PESOS ($25.762.469).

3 Archivo 02.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Por secretaría se realizará la liquidación de conformidad a los parámetros establecidos en la parte considerativa de este proveído, esto es, en el equivalente al 4% del valor de las pretensiones reconocidas.

(…)

En primer lugar, se pronunció sobre la legitimación en la causa. Indicó que i) todos los demandantes están legitimados porque se demostró el grado de consanguinidad con el directo perjudicado; y ii) el Ejército Nacional sí debía comparecer al proceso, toda vez que se le atribuye la responsabilidad porque sus actuaciones fueron las que dieron lugar a la

demandantes están legitimados porque se demostró el grado de consanguinidad con el directo perjudicado; y ii) el Ejército Nacional sí debía comparecer al proceso, toda vez que se le atribuye la responsabilidad porque sus actuaciones fueron las que dieron lugar a la lesión sufrida por John Jaiber Narváez Quintero.

Luego, procedió a examinar el marco normativo y jurisprudencial de los elementos de la responsabilidad del Estado y de su configuración cuando se trata de conscriptos y analizó al caso concreto.

Frente al daño antijurídico, indicó que de conformidad con las pruebas aportadas, se afectaron los derechos a la salud, integridad física y trabajo del señor John Jaiber Narváez Quintero, quien no debía soportar la lesión física por los cambios drásticos de temperatura a que estuvo expuesto durante sus labores como auxiliar del rancho de tropa.

En lo que toca con el juicio de imputación, expuso que el demandante pres tó el servicio militar obligatorio, por tanto, se debe declarar la responsabilidad conforme al título de daño especial, «debido a que al momento en que el actor cumplió el tiempo de servicio militar obligatorio presentaba una patología de salud negativa y se señalaba como “no apto”, esto es, que su estado de salud y aptitud, cambió durante el tiempo que estuvo adscrito al Ejército Nacional en cumplimiento de sus funciones.», aunado a que no se demostró ningún eximente de responsabilidad.

Finalmente, se pronunció sobre los perjuicios. Sobre las valoraciones de la pérdida de capacidad laboral, argumentó que la Junta Médico Laboral determinó que era del 10 %, mientras que i) el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía dictaminó el

capacidad laboral, argumentó que la Junta Médico Laboral determinó que era del 10 %, mientras que i) el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía dictaminó el 11.50% y ii) la Universidad CES Instituto CENDES fijó el de 100%. Sin embargo, frente al último, sostuvo que no era la autoridad competente para emitir esa clase de dictámenes, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 2463 de 2001 , por consiguiente, no podía tenerse en cuenta. Con fundamento en esto, tomó el 11.50% establecido por el Tribunal Médico Laboral.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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Con fundamento en lo anterior, reconoció los perjuicios a los demandantes en los términos referidos en la parte resolutiva.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.4

Argumentó que las lesiones padecidas por el actor no son producto de las funciones que cumplía cuando prestó el servicio militar obligatorio, por lo que el daño no es imputable a la entidad. Además, porque la entidad prestó las ayudas necesarias para restablecer el estado de salud del soldado.

1.4.2. Parte demandante.5

No estuvo de acuerdo con el monto indemnizatorio. Consideró que el a quo desconoció la finalidad establecida en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de

1.4.2. Parte demandante.5

No estuvo de acuerdo con el monto indemnizatorio. Consideró que el a quo desconoció la finalidad establecida en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, pues según la sentencia T -671 de 2017, el grado de afectación o lesión debe determinarse por el juzgador, conforme a lo demostrado en el proceso.

Por lo anterior, coligió que el grado de lesión o afectación deberá determinarse por el juez, teniendo en cuenta no solo el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, sino también las demás documentales allegadas el proceso que dan cuenta del daño c ausado al actor, «pues solo del estudio armónico de todas estas, se podrá determinar de una forma más asertiva la forma el grado de lesión o afectación y de este modo la forma en la que deberá indemnizar». Por estas razones, consideró que se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial porque no interpretó en debida forma la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado y no aplicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Frente al daño a la salud, sostuvo que el juez desconoció el criterio del Consejo de Estado, este es, que no existe tarifa legal para demostrar la gravedad de la lesión. Esto, añadido a que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de Heber Antonio Ossa y Juan Carlos Vega Núñez, quienes narraron lo que les co nstaba la afectación física y moral de John Jaiber Narváez Quintero. Indicó que el primer testigo «era allegado a la familia del demandante y estuvo presente al momento del desacuartelamiento, observó las condiciones en las que

Narváez Quintero. Indicó que el primer testigo «era allegado a la familia del demandante y estuvo presente al momento del desacuartelamiento, observó las condiciones en las que Jhon Jailber salió del Ejército, que no podía cerrar las manos, que se encontraba sumergido

4 Archivo 4, pág. 23. 5 Archivo 4, pág. 27.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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en gran tristeza debido a la imposibilidad de desarrollar actuaciones y ejercicios físicos del diario común, y como también dicha condición le impedía ejercer algún tipo de trabajo, para ayudar con el sustento económico de su familia.»

En cuanto a la validez del dictamen pericial emitido por la Universidad CES, manifestó que este sí evidencia la situación real del señor John Jaiber Narváez Quintero y, por tanto, debe ser valorado al tenor del artículo 227 del Código General del Proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia.

1.5.1. Admisión del recurso de apelación.6

En el auto proferido el 2 de octubre de 2020 , se admitieron los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia el 31 de julio de 2019.

1.5.2. Alegatos de conclusión.

El 14 de octubre de 2020 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que

Administrativo de Florencia el 31 de julio de 2019.

1.5.2. Alegatos de conclusión.

El 14 de octubre de 2020 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

1.5.2.1. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.7 Reiteró los argumentos del recurso de apelación.

1.5.2.2. Parte demandante.8 Volvió sobre los argumentos de la alzada.

1.5.2.3. Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación interpuesto s, conforme con lo dispuesto en los artículos 153 (competencia de los Tribunales en segunda instancia); 243 (la sentencia es susceptible del recurso de alzada) y 247 (trámite de la apelación de sentencias) de la Ley 1437 de 2011.

6 Archivo 4, pág. 52. 7 Archivo 4, pág. 59. 8 Archivo 4, pág. 66.Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a

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2.2. Problema jurídico.

En esta instancia, corresponde a la Sala determinar i) si el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por la enfermedad adquirida por John Jaiber Narváez Quintero cuando prestaba el servicio militar obligatorio, y en caso afirmativo, ii) si debe incrementarse el reconocimiento por concepto de los perjuicios morales en virtud del dictamen pericial aportado por la parte demandante.

Para efectos de desarrollar estos problemas jurídicos, se seguirá el s iguiente derrotero: i) marco normativo y jurisprudencial, en el cual se hará alusión a los elementos de la responsabilidad del Estado y su configuración en relación con los conscriptos; ii) hechos probados; y iii) análisis de la Sala. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a partir de la Carta Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90 del estatuto superior, e l cual estableció dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación a una autoridad en sentido lato o genérico. La jurisprudencia del Consejo de Estado así lo ha entendido:

(…) porque a términos del art. 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

adecuado que el Juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.9

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño , por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento, como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado10.

9 Sentencia Consejo de Estado del diez de septiembre de 1993 expediente 6144 Consejero Ponente Juan de Dios Montes. 10 En este sentido pueden verse también las sentencias de 2 de marzo de 2000, exp. 11135; 9 de marzo de 2000 exp. 11005; 16 de marzo de 2000 exp. 11890 y 18 de mayo de 2000 exp. 12129Sentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la

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En efecto, se ha señalado que «es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse como o antijurídico , puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…”, y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado»11

El segundo elemento que confi gura la responsabilidad patrimonial del Estado es la imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas o nexo causal. Sobre este elemento, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de 2017 dentro del proceso con radicación 68001-23-31-000-200300450-01 (37497) y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico. Al mismo tiempo, se indicó:

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concr eto, la atribución jurídica debe

daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño . En concr eto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos , que en muchas ocasione s no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Bajo los anteriores criterios la Sala realizará el juicio de imputación, previendo, además, que la Corporación ha determinado que los escenarios en que se disc ute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la

la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión.

A partir de estos dos elementos se resolverán los argumentos de apelación alegados por la entidad demandada, es decir, se determinará la existencia del daño antijurídico y su imputación fáctica y jurídica.

11 Sentencia proferida por el Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2002 expediente 12625 Consejero Ponente Germán Rodríguez VillamizarSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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2.3.2. Sobre la responsabilidad del Estado en relación con conscriptos.

En lo que respecta al régimen de imputación derivado de la responsabilidad por los daños que sean ocasionados a los soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha dicho que, en primer término, debe de ser de naturaleza objetiva y aplicar el daño especial o el riesgo excepcional y, en segundo lugar, el subjetivo de la falla del servicio, en consecuencia, el juez en virtud del principio iura novit curia, le corresponde determinar cuál aplicar de acuerdo con las circunstancia en las que se produjo el daño antijurídico. Al respecto ha precisado lo siguiente:

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –,

En efecto, en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a soldados conscriptos, la Sala ha avalado que éstos sean, en primer orden, los de naturaleza objetiva - el daño especial o el riesgo excepcional –, y de otro lado, el de la falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada. (…)

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares (conscriptos), en la medida que su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto, a la imposición de una carga o un deber público, es claro que la organización estatal debe responder bie n porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al que normalmente estarían sometidos, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

Como se aprecia, en relación con los conscriptos, el principio iura novit curia, reviste una característica especial, ya que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta atribuible al Est ado, con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación que se vienen de enunciar.”12

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de

En ese sentido, el título de imputación a aplicar es el daño especial si el daño es producto del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, el riesgo excepcional si este se ocasionó con ocasión de la realización de actividades peligrosas o la utilización de artefactos que tengan este carácter y, finalmente, la falla del servicio si el daño es el resultado de un funcionamiento irregular de la administración.

Lo anterior se permite, dado que los conscriptos no ingresan de manera voluntaria a las Fuerzas Militares o de Policía, lo hacen con el fin de cumplir el servicio militar obligatorio como un deber que les impone la Constitución Política y cuyo fin es defender la

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 05001-23-25-000-1994-0002001(19031). Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Referencia: Accion de Reparación DirectaSentencia de segunda instancia Medio de control: Reparación directa

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independencia nacional y las instituciones públicas13. Por ser de esta manera, los títulos de imputación que priman para juzgar los daños antijurídicos que se les ocasionen son los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia

los objetivos ya mencionados, a diferencia de la situación de los soldados que ingresaron al servicio de manera voluntaria y obtienen una contraprestación salarial y prestacional, pues en sus casos es la falla del servicio la que impera al someterse por voluntad propia a los riesgos inherentes a dicho oficio.

Ello es as í, con mayor razón si se tiene en cuenta que el Estado, al someter a los conscriptos a la obligación de prestar el servicio militar y, por ende, limitar su libertad individual, entabla con estos una relación de especial sujeción que lo convierte en garante de su estado físico y mental y, en consecuencia, lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos14. Al respecto, ha señalado el Consejo de

Estado en su jurisprudencia:

[se] hace una distinción entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo–, y la que surge de los daños padecidos por un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente. Esta distinción tiene su fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación del servicio militar o policial les es impuesta a los ciudadanos por el orden jurídico, en el segundo evento las personas ingresan al servicio por iniciativa propia, con lo que asumen los ries gos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. (…) De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o el p