TA CES - Sentencia 20-001-33-33-001-2018-00380-01 (23-01-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

(EXPEDIENTE DIGITAL)

DEMANDANTE: VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS Y OTROS.

DEMANDADO: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR RADICADO: 20-001-33-33-001-2018-00380-01

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO APONTE OLIVELLA

I. ASUNTO. -

Procede esta Corporación a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar , el día 17 de febrero de 2022, por medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda.

II.- ANTECEDENTES. -

2.1.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS. -

Se resumen de la siguiente manera:

Manifestó el apoderado judicial de los demandantes, que el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS y su familia, son desplazados de la violencia, razón por la cual tuvieron que emigrar hacia la ciudad de Valledupar, ubicándose en el lote de terreno urbano en la Calle 6 con Carrera 32 esquina.

Manifestó, que los actores, realizaron una casa de vivienda a la cual le efectuaron mejoras, por lo que el lote con las mismas, fueron protocolizados ante la Notaría Primera de Valledupar el día 5 de febr ero de 2015, siendo inscrita en Agustín Codazzi.

mejoras, por lo que el lote con las mismas, fueron protocolizados ante la Notaría Primera de Valledupar el día 5 de febr ero de 2015, siendo inscrita en Agustín Codazzi.

Aseveró, que la Alcaldía de Valledupar, el 11 de agosto de 2016, adelantó diligencia de desalojo alegando perturbación al espacio público, no obstante, previamente no les fue notificada ni de manera persona l ni por emplazamiento, orden de desalojo alguna, por lo que consideró existió una vulneración al debido proceso y una afectación al derecho a una vivienda digna.

Narró, que en virtud de lo anterior, los actores impetraron una acción de tutela la cual correspondió al Juzgado Primero de Pequeñas Causas, quien decidió tutelarReparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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los derechos de los demandantes y a reubicarlos en un albergue por un plazo de 9 meses, no obstante, luego de cumplido dicho término, fueron retirados del mismo sin que el municipio les solucionara el tema de la vivienda.

Finalizó diciendo, que se han interpuestos varios derechos de petición ante el ente municipal solicitando información sobre el procedimiento de desalojo y el aviso de la inspección, pero éste no ha aportado tal informa ción, guardando silencio al respecto.

2.2.- PRETENSIONES. -

En la demanda se solicita concretamente lo siguiente:

Que se declare al Municipio de Valledupar administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los dem andantes, como

2.2.- PRETENSIONES. -

En la demanda se solicita concretamente lo siguiente:

Que se declare al Municipio de Valledupar administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los dem andantes, como consecuencia del desalojo de su vivienda sin el lleno de los requisitos legales.

Como consecuencia de lo anterior solicitan, que se le condene al pago de los intereses moratorios desde el momento en que se hizo exigible hasta cuando se verifique el pago, suma que solicitan sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A, desde la fecha de los hechos, hasta la ejecutoria del fallo.

Finalmente pretenden, que a la sentencia se le de cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

2.3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas, alegando que el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, sí conocía de la Resolución No. 002050 del 7 de julio de 2015 por medio de la cual se ordenó el desalojo, tan es así que interpuso una demanda inicial de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la misma, con base en los mismos argumentos esbozados en el presente medio de control, la cual fue archivad a al no haber sido subsanada dentro de la oportunidad procesal.

Agregó, que existe mala fe de los actores al indicar que no conocían ni les fue notificado el procedimiento de desalojo, cuando los documentos que obran en el expediente demuestran lo contrario.

Propuso como excepciones: “Inexistencia daño, mala fe de los demandantes,

notificado el procedimiento de desalojo, cuando los documentos que obran en el expediente demuestran lo contrario.

Propuso como excepciones: “Inexistencia daño, mala fe de los demandantes, inexistencia de la falla en el servicio, cosa juzgada."

2.4.- PROVIDENCIA APELADA. -

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Luego de un análisis del fundamento legal y jurisprudencial aplicable al caso, y del material probatorio recaudado, el a quo consideró que dentro del proceso no se acreditó el primer elemento de la responsabilidad estatal, pues con la documental allegada no se evidenciaba el daño ocasionado a los actores.Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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Señaló, que si bien es cierto se allegó una escritura pública que se protocolizó el 5 de febrero de 2015, en donde se daban cuenta de unas mejoras realizadas en el lote que ocupaba la familia Maestre Arias, también lo era que, el señor Víctor Manuel Maestre Arias se encontraba ocupando un lote al pie de la margen derecha de la acequia las mercedes, y, para adquirir el dominio de las cosas por medio de la ocupación, era necesario que no pertenezcan a nadie, no obstante en el proceso se comprobó que el predio era de propiedad del municipio, por lo que era justificable el actuar de la administración, al querer recuperar el bien que le pertenecía.

Agregó, que los actores no aportaron un justo título y/o un documento o providencia

comprobó que el predio era de propiedad del municipio, por lo que era justificable el actuar de la administración, al querer recuperar el bien que le pertenecía.

Agregó, que los actores no aportaron un justo título y/o un documento o providencia judicial que acredit ara que la familia Maestre Arias realizó todas las acciones pertinentes para que a través de un proceso de prescripción adquisitiva o de pertenencia adquirieran el bien, situación que ref orzaba la teoría de que el s eñor Víctor Manuel Maestre Arias se encontraba ejerciendo una posesión irregular en un bien perteneciente al Municipio de Valledupar.

Por lo anterior negó las súplicas de la demanda, pues era claro que el señor Víctor Maestre Arias no era el dueño del predio donde residía y de hecho, se encontraba ejerciendo una ocupación ilegal que de ninguna manera generaba indemnización.

2.5.- RECURSO DE APELACIÓN. -

El apoderado de la parte actora, presenta recurso de apelación en contra de la decisión anterior, señalando que está en desacuerdo con lo manifestado por el a quo, pues en el proceso se demostró la indebida notificación del desalojo, lo que según su juicio configuró la responsabilidad de la entidad estatal.

Argumenta, que existió una incorrecta valoración probatoria por parte del juez, que de haberse realizado de manera correcta, habría cambiado el sentido de la decisión, lo que según su parecer, configura una vía de hecho.

Expone, que la ocupación o usurpación de bienes de uso público, tiene un procedimiento administrativo expedito, de índole policivo, debiéndose notificar al infractor de manera personal, la resolución que el alcalde dicte sobre la restitución

Expone, que la ocupación o usurpación de bienes de uso público, tiene un procedimiento administrativo expedito, de índole policivo, debiéndose notificar al infractor de manera personal, la resolución que el alcalde dicte sobre la restitución del mismo, con el fin de que éste pueda interponer los recursos respectivos.

Aduce, que den tro del proceso no existe un procedimiento previo al proferir la resolución, en donde se involucre al infractor, haciendo alusión a lo que se entiende por debido proceso, para recalcar que en este caso, la Alcaldía Municipal de Valledupar estableció que el lote estaba ocupando una zona de espacio público ubicada en el sector de la margen derecha de la Acequia Las Mercedes, y, una vez verificada la problemática, procedió a emitir la resolución cuestionada, la cual no fue notificada a los contraventores del espacio público, por ningún medio.

A continuación, hace un recuento respecto al proceso de notificaciones de la sentencia que ordene la restitución del bien de uso público, considerando que ello fue vulnerado en este proceso, por lo que era “legítimo interponer el medio de control de reparación directa, por los posibles perjuicios que pudieron sufrir los actores por la ejecución ilegal del acto administrativo demandado en acción de nulidad”.

Finaliza trayendo apartes jurisprudenciales sobre el derecho al d ebido proceso, el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, la prevalencia del derecho sustancial.Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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2.6.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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2.6.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. -

El Procurador no emitió concepto de fondo.

IV.- CONSIDERACIONES. -

4.1.- COMPETENCIA. -

Procederá la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

De entrada, es preciso señalar, que el conocimiento de este asunto corresponde a esta jurisdicción, por cuanto se trata de una controversia originada en la actividad de una entidad pública, en este caso el Municipio de Valledupar, tal como lo dispone el artículo 104 del CPACA.1

4.2.- PROBLEMA JURÍDICO. -

El presente asunto se contrae a determinar, si el Municipio de Valledupar es administrativa y patrimonialmente responsable , de los daños y perjuicios ocasionados al señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS y a su familia, como consecuencia de la diligencia de desalojo llevada a cabo el día 11 de agosto de 2016, en el lote de terreno urbano ubicado en la Calle 6 con Carrera 32 esquina, presuntamente con violación al debido proceso, ocasionándole a los actores, quienes ocupaban el predio, un da ño antijurídico, o si, por el contrario, en el sub examine no se comprobó el daño como señaló el a quo.

Así las cosas, para efectos de demostrar lo anterior, se deberá analizar previamente

examine no se comprobó el daño como señaló el a quo.

Así las cosas, para efectos de demostrar lo anterior, se deberá analizar previamente los medios probatorios aportados al proceso, así:

 Oficio sin número de fecha 4 de septiembre de 2017, suscrito por la Secretaria de Gobierno Municipal de Valledupar, en donde se le da respuesta al apoderado de los actores, la petición incoada el día 14 de agosto de ese mismo año, relacionada con la remisión de los documentos consistentes de la orden de desalojo. (Archivo 01, folio 9 OneDrive)

 Acta de diligencia de restitución del espacio público de fecha 11 de agosto de 2016, llevada a cabo en contra del actor, por parte de la Inspección Urbana de Policía de Valledupar, en virtud de la querella policiva iniciada en su contra. (Archivo 01, folios 10 a 12 OneDrive)

 Recibo de impuesto predial unificado del predio ubicado con referencia catastral No. 1401-00-00-0021-0006-0-00-0000m dirección C 8ª 5 -50, propietario VÍCTOR MANUEL

1 “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones , sujet os al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas , o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)”Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01

administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas , o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (…)”Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folios 13 y 14 OneDrive)

 Certificado de catastro Nacional, en donde se deja constancia que el mencionado señor estaba inscrito en la base de datos catastral del IGAC con el predio identificado anteriormente. (Archivo 01, folio 15 OneDrive)

 Escritura pública No. 481 de fecha 5 de febrero de 2015, en donde se protocol izó las mejoras realizadas por el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, al lote de terreno ocupado por éste hacía más de 21 años, ubicado en la Calle 6 con Carrera 32 esquina de esta ciudad. (Archivo 01, folios 16 a 18 OneDrive)

 Certificación emitida por el Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo, dejando constancia que el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, es indígena perteneciente a esa etnia. (Archivo 01, folio 21 OneDrive)

 Oficio No. 20147206675821 de fecha 6 de mayo de 2014, suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se le da respuesta al actor de un derecho de petición incoado. (Archivo 01, folio 22 OneDrive)

 Fallo de tutela de fecha 5 de septiembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero de

derecho de petición incoado. (Archivo 01, folio 22 OneDrive)

 Fallo de tutela de fecha 5 de septiembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar. (Archivo 01, folios 23 a 33 OneDrive)

 Providencia de segunda instancia de fecha 25 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Valledupar. (Archivo 01, folios 34 a 40 OneDrive)

 Noticias periodísticas, relacionadas con el desalojo realizado por el Municipio de Valledupar, por recuperación del espacio público en la Calle 6 con carrera 32 esquina. (Archivo 01, folios 41 a 54 OneDrive)

 Informe social elaborado por l a Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Valledupar sobre el entorno social y económico del actor. (Archivo 01, folios 55 a 61 OneDrive)

 Derecho de petición de fecha 6 de marzo de 2017, suscrito por el señor FABIO ENRIQUE MAESTRE MONTERO, dirigido a la Secretaría de Gobierno Municipal, en donde solicitaba una solución definitiva de vivienda. (Archivo 01, folios 62 a 68 OneDrive)

 Oficio de fecha 22 de marzo de 2017, suscrito por la Secretaria de Gobierno Municipal, dando respuesta a la reclamación anterior. (Archivo 01, folios 69 y 70 OneDrive)

 Oficio de fecha 5 de abril de 2017, suscrito por la Secretaría de Gobierno Municipal, por medio de la cual se le notifica al señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, la terminación

 Oficio de fecha 5 de abril de 2017, suscrito por la Secretaría de Gobierno Municipal, por medio de la cual se le notifica al señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, la terminación del suministro de albergue. (Archivo 01, folio 71 OneDrive)

 Oficio de fecha 5 de abril de 2017, suscrito por la Secretaría de Gobierno Municipal, dirigido a varias entidades, en donde los conmina a buscar alternativas para dar solución a la problemática de vivienda de la familia del señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folio 73 OneDrive)

 Acta de reunión de fecha 7 de abril de 2017, llevada a cabo en la Secretaría de Gobierno Municipal, relacionada con la problemática de vivienda familiar de los actores. (Archivo 01, folios 74 a 77 OneDrive)

 Fallo de tutela de fecha 3 de mayo de 2017, proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar. (Archivo 01, folios 78 a 84 OneDrive)

 Certificado de registro de nacimiento de IRIANIS MILENA MAESTRE MONTERO. (Archivo 01, folio 85 OneDrive)Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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 Versión libre rendida por el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS ante la Inspección Permanente Central de Policía del Municipio de Valledupar, dejando constancia del tiempo que lleva ocupando la vivienda motivo del presente medio de control. (Archivo 01, folio 86 OneDrive)

Inspección Permanente Central de Policía del Municipio de Valledupar, dejando constancia del tiempo que lleva ocupando la vivienda motivo del presente medio de control. (Archivo 01, folio 86 OneDrive)

 Diligencia de inspección ocular y restablecimiento del derecho adelantada el día 15 de agosto de 2017, por la Inspección Primera Urbana de Policía, en el albergue donde residía la familia del señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folios 88 y 89 OneDrive)

 Resolución No. 012 del 10 de abril de 2003, suscrita por el Instituto Colombiano de Reforma Agr aria, por medio de la cual se constituye como resguardo en favor de la comunidad indígena Kankuamo, un globo de terreno conformado por baldíos y un predio del Fondo Nacional Agrario. (Archivo 01, folios 90 a 96 OneDrive)

 Denuncia pública incoada por las f amilias del señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, en contra de la diligencia de desalojo adelantada por la Secretaría de Gobierno Municipal el día 11 de agosto de 2016. (Archivo 01, folios 97 a 99 OneDrive)

 Registros civiles de nacimiento de FABIO ENRIQUE MA ESTRE MONTERO, MANUEL

DAVID ARIAS MAESTRE, MATILDE MAESTRE MONTERO, VÍCTOR MANUEL MAESTRE

MONTERO, NICOLE SOPHIA MAESTRE TOLEDO, MATIAS ANSELMO TOUS

MAESTRE, NAILETH DAYANA ARIAS MAESTRE, JASON RAFAEL MAESTRE ARIAS,

JEEN KENNER MAESTRE ARIAS, JILIANIS BEAT RIZ MAESTRE ARIAS., JAVIER

MAESTRE, NAILETH DAYANA ARIAS MAESTRE, JASON RAFAEL MAESTRE ARIAS, JEEN KENNER MAESTRE ARIAS, JILIANIS BEAT RIZ MAESTRE ARIAS., JAVIER ANDRÉS MAESTRE TOLEDO (Archivo 01, folios 100 a 111 y 118 OneDrive)

 Historia Clínica de VÍCTOR MANUEL MAESTRE MONTERO. (Archivo 01, folios 112 a 116 OneDrive)

 Declaración extraprocesal rendida por el señor FABIO ENRIQUE MAESTRE MONTERO, sobre la unión marital de hecho con la señora MARÍA MEREDITH ROJAS VERDECIA. (Archivo 01, folio 119 OneDrive)

 Formato de recepción de peticiones rendida por el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, ante la Defensoría del Pueblo, de fecha 24 de julio de 2015, donde advierten que han sido notificados de la diligencia de desalojo ordenada mediante Resolución No. 002050 del 7 de julio de 2015. (Archivo 01, folios 120 y 121 OneDrive)

 Declaración extraprocesal rendida ante notario por los señores LUÍS CARLOS CAPATAZ DÍAZ y ALCIDIA PERALTA TROYA, respecto al conocimiento del señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folios 122 y 123 OneDrive)

 Matricula inmobiliaria No. 190 -51689 de l predio urbano distinguido con la dirección Diagonal 6A No. 13-37. (Archivo 01, folios 124 a 128 OneDrive)

 Derecho de petición de fecha 14 de agosto de 2017, suscrito por el señor VÍCTOR

Diagonal 6A No. 13-37. (Archivo 01, folios 124 a 128 OneDrive)

 Derecho de petición de fecha 14 de agosto de 2017, suscrito por el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, dirigido al Municipio de Valledupar, en donde solicita copia autentica de la actuación previa al desalojo del 11 de agosto de 2016. (Archivo 01, folios 130 y 131 OneDrive)

 Consulta de procesos de la pagina de la Rama Judicial, en donde se identifica la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS en contra del Municipio de Valledupar, que correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, la que fue rechazada por no haber sido subsanada. (Archivo 01, folios 162 y 163 OneDrive)

 Auto de fe cha 25 de enero de 2016, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, en donde se inadmitido la demanda anterior. (Archivo 01, folios 164 a 166Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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OneDrive)

 Resolución No. 001162 del 8 de abril de 2015, proferida por el Alcalde Municipal de Valledupar, por medio de la cual se ordenó restituir el espacio público constituido por una franja ocupada en la Calle 6 con Carrera 32 esquina nororiental, al pie de la margen derecha a la Acequia Las Mercedes en esta ciudad, ocupada por el señor VÍCTOR MA NUEL MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folios 167 a 169 OneDrive)

a la Acequia Las Mercedes en esta ciudad, ocupada por el señor VÍCTOR MA NUEL MAESTRE ARIAS. (Archivo 01, folios 167 a 169 OneDrive)

 Resolución No. 002050 del 7 de julio de 2015, emanada del Alcalde Municipal de Valledupar, a través de la cual se negó el recurso de reposición en subsidio apelación interpuesto por el señor VÍCT OR MANUEL MAESTRE ARIAS, en contra del acto administrativo anterior. (Archivo 01, folios 170 a 179 OneDrive)

 Declaración rendida por la señora LUZ MERIS VERDECIA NIEVES, ante el juzgado de instancia. (Archivo 13 OneDrive)

4.3. – CASO CONCRETO. -

Al tenor de los argumentos expuestos en el recurso de alzada, la parte actora le imputa responsabilidad al Municipio de Valledupar, por la diligencia de desalojo por recuperación de espacio público, llevada a cabo el día 11 de agosto de 2016, en el predio urb ano con dirección Calle 6 con Carrera 32 esquina, que estaba siendo ocupado por los actores, pues según su parecer, la administración municipal no notificó debidamente el acto administrativo que ordenó la recuperación del espacio público, lo que vulneró el debido proceso de la actuación administrativa.

Aduce, que este procedimiento policivo les causó múltiples daños materiales e inmateriales, por la destrucción total de la vivienda en la cual residían hacía más de 20 años, y, a la cual le habían realizado mejoras, razón por la cual solicitan la reparación de los perjuicios ocasionados.

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte

20 años, y, a la cual le habían realizado mejoras, razón por la cual solicitan la reparación de los perjuicios ocasionados.

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante no acreditó el daño antijurídico que alegaban, en la medida en que no comprobaron haber adquirido el predio bajo alguno de los modos de adquirir el dominio, por lo que consideró que la ocupación fue ilegal no pudiéndose por tanto imputar responsabilidad al ente territorial.

Así las cosas, con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará en principio la demostración del daño, toda vez que éste es el primer elemento que debe estudiar en tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado, y, si es del caso, se analiz ará la imputación.

En efecto, en primer lugar es menester indicar, que el daño es el presupuesto principal de la responsabilidad extracontractual del Estado el cual exige para ser resarcido, desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, una conducta que constituya una infracción a la norma que tutela un derecho o un interés legítimo y el efecto antijurídico del menoscabo en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de la víctima que no tiene la obligación de soportarlo, por no existir causas j urídicas que así lo justifiquen.

Ahora bien, para que ese daño sea indemnizable, se requiere que éste sea cierto, actual, real, determinado o determinable y protegido jurídicamente, configurándose la responsabilidad estatal, por el hecho de que la víctima no tiene el deber jurídico

Ahora bien, para que ese daño sea indemnizable, se requiere que éste sea cierto, actual, real, determinado o determinable y protegido jurídicamente, configurándose la responsabilidad estatal, por el hecho de que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar el daño, pues es el mismo Estado el que tiene el mandato de preservarReparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración.

En ese orden, lo primero que debemos señalar, es que en el plenario está ampliamente acreditado el daño que reclaman los actores, pues se pudo comprobar el adelantamiento de la diligencia de restitución del espacio público llevada a cabo el día 11 de agosto de 2016, por la Inspección Urbana de Policía, comisio nado por la Secretaría de Gobierno Municipal de Valledupar, en el predio ocupado de forma ilegal en la Calle 6 con carrera 32 esquina nororiental, al pie de la margen derecha de la Acequia Las Mercedes, a raíz de la querella policiva incoada por la administración municipal en contra del señor VÍCTOR MANUEL MAESTRE ARIAS, en cuya acta se puede observar que la vivienda habitada por los hoy demandantes, fue desalojada.

No obstante, para determinar si este daño fue antijurídico que amerite la imputabilidad de la administración municipal, es un análisis que debe realizar la Sala, al tenor de los argumentos que componen el recurso de apelación, los que, según su parecer, desencadenaron los perjuicios que consideran no estaban en la obligación de soportar.

Sala, al tenor de los argumentos que componen el recurso de apelación, los que, según su parecer, desencadenaron los perjuicios que consideran no estaban en la obligación de soportar.

En efecto, la parte apelante, como único punto de apelación indica, que el juez no realizó una correcta valoración probatoria de todos los documentos que obran en el plenario, pues de haberse efectuado la decisión habría sido distinta, como quiera que, según su juicio, los elementos materiales confirman que la administración no notificó a los actores de la diligencia de desalojo, por lo que el debido proceso se encuentra afectado, y con ello, la responsabilidad estatal que se predica.

Para desatar lo anterior, lo primero que debemos analizar es todo lo relacionado en la ley, en relación con el proceso administrativo policivo de desalojo por ocupación de hecho.

Al respecto, la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930, constituyen el cuerpo normativo que regula el desalojo por ocupación de hecho , así, en los artículos 15 y 16 del ordenamiento legal se dispuso:

“cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ant e quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja ; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.”

ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.”

PARÁGRAFO.-El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso anterior, será responsable en la misma forma y términos de que trata el artículo 12.

ARTÍCULO 16.-Cuando el funcionario de policía que deba ejecutar el desahucio de una habitación que debe ser entregada encontrare en ella alguna persona padeciendo una enfermedad grave, cuya vida peligre si fuere saca da de la habitación, recibirá información jurada de dos médicos sobre el hecho; a falta de médicos nombrará dos peritos; y si se comprobare que la vida de la persona enferma pueda comprometerse por hacerla salir, suspenderá la práctica de la diligencia y s eñalará un término prudencial, de acuerdo con el concepto pericial, siempre que dicha persona haya habitado la finca antes de la notificación del desahucio, dando cuenta con copia de su resolución al juez competente.Reparación Directa Proceso No. 2018-00380-01 Fallo segunda instancia

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PARÁGRAFO.-Las pruebas conducentes de la enfermedad deben practicarse dentro de cinco días.” (Subrayas fuera del texto original)

De otro lado, el decreto reglamentario, Decreto 992 de 1930, en lo pertinente señala:

“Artículo 1º-Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia del material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado

“Artículo 1º-Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia del material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905.

(…) ARTÍCULO 3º-Al memorial petitorio debe acompañar el querellante el título que acredite su derecho y la prueba sumaria de la fecha en que fue priva do de la tenencia o la fecha en que tuvo conocimiento de la ocupación, según el caso, y de los demás hechos en que basa la acción.

“(…) Artículo 6º - Cumplidas dichas formalidades, el alcalde municipal dictará inmediatamente la orden de lanzamiento contra los ocupantes, y lo hará saber en seguida a éstos personalmente o por medio de avisos fijados en la entrada de la finca de que se trate, si aquéllos se ocultaren o no fueren encontrados. En dichos avisos, que deben firmarse por el alcalde y su secretario, se expresarán el día y la hora señalados para efectuar el lanzamiento, que será dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la admisión del escrito de queja . De todas las diligencias que se practiquen a este respecto se dejará especialmente constancia en el expediente.

“Para el cómputo de horas se tendrá en cuenta lo prevenido en los artículos 60 y 62 del Código Político y Municipal y en el artículo 2º de la Ley 77 de 1926.

“(…) Artículo 8º - El alcalde del municipio en que estuviere ubicada toda la finca

del Código Político y Municipal y en el artículo 2º de la Ley 77 de 1926.

“(…) Artículo 8º - El alcalde del municipio en que estuviere ubicada toda la finca invadida es el competente para conocer de las demandas de lanzamiento; si la finca perteneciere a dos o más municipios y la acción se dirige para recuperar una porción de la finca s