TA CHO - 27001233100320110012601-(16-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN : TUTELA ACCIONANTE : PERSONERÍA DE ALGECIRAS (H) en representación del PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA ACCIONADOS : INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS RADICADO : 41 001 33 33 008 2024 00368 01

PROVIDENCIA : Sentencia Segunda Instancia

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 011.

1. OBJETO.

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionada – Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC - en contra del fallo de tutela de primera instancia proferido el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud e integridad física del señor Cristian Alirio Zambrano Urueña.

2. HECHOS.

La PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS – HUILA en representación del señor PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA instauró acción de tutela contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – EPMSC RIVERA, la UNIDAD DE SERVICIOS

representación del señor PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA instauró acción de tutela contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – EPMSC RIVERA, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el DEPARTAMENTO DEL HUILA, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal, alimentación suficiente y oportuna y a la salud de las personas detenidas en la Estación de Policía de Algeciras; deprecando como pretensiones, las siguientes:

“1. Tutelar o amparar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad física, alimentación suficiente y oportuna, y a la salud del Señor CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.435.239 de Bogotá D.C., el cual se encuentran (Sic) privado de su libertad en la estación de Policía de Algeciras Huila.2

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Demandante: PERSONERÍA DE ALGECIRAS en representación de PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA

Demandado: INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS

2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las entidades territoriales

(Departamento del Huila) que se encuentra en la estación de Policía de Algeciras Huila; el acceso a los servicios a los servicios sanitarios, elementos de aseo, higiene y biosegurid ad; las condiciones físicas o infraestructura con

(Departamento del Huila) que se encuentra en la estación de Policía de Algeciras Huila; el acceso a los servicios a los servicios sanitarios, elementos de aseo, higiene y biosegurid ad; las condiciones físicas o infraestructura con acceso a agua potable permanentemente a esta población.

3. Subsidiariamente, ORDENAR al INPEC de Rivera y a la USPEC, trasladar, recibir al Señor CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA , identificado con

cedula de ciudadanía No. 1.015.435.239 de Bogotá D.C. el cual se encuentra en la Estación de Policía de Algeciras Huila, y brindar la alimentación, servicios de salud, seguridad y demás condiciones que garanticen los derechos fundamentales de estas personas, de con formidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano y lo desarrollado por la Corte Constitucional.

4. Las demás que considere el Juez Constitucional, pertinente y necesario para garantizar los derechos fundamentales de estas personas, como sujetos de especial protección constitucional”.

Como sustento fáctico precisa que, el señor CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA fue condenado a cuarenta y dos punto sesenta y seis (42.66) meses de prisión, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En virtud de lo anterior, se encuentra recluido en la Estación de Policía de Algeciras – Huila, instalación que cuenta con una sala de detención transitoria, con capacidad técnica para custodiar a tres (3) personas privadas de la libertad – PPL.

Destaca que, en la actualidad se encuentran en total cuatro (4) personas detenidas en dicha instalación, sin contar con las especificaciones técnicas y

transitoria, con capacidad técnica para custodiar a tres (3) personas privadas de la libertad – PPL.

Destaca que, en la actualidad se encuentran en total cuatro (4) personas detenidas en dicha instalación, sin contar con las especificaciones técnicas y condiciones adecuadas para dar un tratamiento diferencial y de resocialización a la vida en sociedad.

En consecuencia, solicita el amparo constitucional a través de este mecanismo, al argumentar que las personas privadas de la libertad requieren cuidados e n salud física y mental, gozar del servicio de agua potable y sanitaria en adecuadas condiciones, en garantía de la intimidad personal.

3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE TUTELA.

Mediante auto calendado 5 de diciembre de 2024 1 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, admitió la tutela contra el

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC;

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y

CARCELARIO DE NEIVA HUILA – EPMSC – NEIVA, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCI ARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el DEPARTAMENTO DEL HUILA , ordenando además la vinculación del MUNICIPIO DE ALGECIRAS y a la ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, a quienes se les corrió el respectivo traslado para que

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Demandante: PERSONERÍA DE ALGECIRAS en representación de PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA

Demandado: INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS

ejercieran su derecho de defe nsa. Y resolvió acceder la medida provisional solicitada.

El 19 de diciembre de 2024 2 se profirió sentencia de primera instancia resolviendo tutelar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud e integridad física del señor Cristian Alirio Zambrano Urueña, fallo que impugnó3 la parte accionada – USPEC, la cual fue admitida por la Corporación mediante auto calendado el 21 de enero de 20254.

4. RESPUESTA.

4.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC5

La Coordinadora del Grupo de Tutelas de la Dirección General del INPEC solicita que se nieguen las pretensiones en lo relacionado con su representada, señalando que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 6076 de 2020, es competencia de l os Directores Regionales del INPEC, fijar el establecimiento de reclusión del orden nacional, dentro del ámbito territorial de competencia de la regional, a las personas que se encuentran privadas de la libertad condenadas, que se encuentren recluidas en centros transitorios de detención.

Destaca que, una vez la Dirección Regional fije el Establecimiento de

ámbito territorial de competencia de la regional, a las personas que se encuentran privadas de la libertad condenadas, que se encuentren recluidas en centros transitorios de detención.

Destaca que, una vez la Dirección Regional fije el Establecimiento de Reclusión, de conformidad con la Ley 906 de 2004, es responsabilidad el ente captor, llevar a cabo el traslado de la PPL al Establecimiento que corresponda.

Finalmente, informa al Juzgado de instancia que los mismos hechos ya fueron puestos en conocimiento de este despacho por el JUZGADO CUARENTA Y TRES CIVIL DEL CIRCUITO de Bogotá (Sic.) bajo radicado 31 03 043 2024 00513 00, configurándose una temeridad.

4.2. Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva – Huila6

El Director de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Neiva solicita la desvinculación de su representada argumentado que, ha realizado los trámites que le corresponde dentro del tiempo prudencial, sin vulnerar o amenazar derecho fundamental alguno del accionante.

Como sustento de la afirmación que antecede, precisa que el 10 de diciembre de 2024, el Comandante de la Estación de Policía Nacional de Algeciras –

2 Índice 13 Samai 1Inst. 3 Índice 16 Samai 1Inst. 4 Índice 5 Samai 2Inst. 5 Índice 8 Samai 1Inst. 6 Índice 9 Samai 1Inst.4

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4 Índice 5 Samai 2Inst. 5 Índice 8 Samai 1Inst. 6 Índice 9 Samai 1Inst.4

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Demandante: PERSONERÍA DE ALGECIRAS en representación de PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA

Demandado: INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS

Huila le informó que “por motivos de seguridad y del parque automotor del establecimiento no hab ía disponibilidad para traslado de internos, por ende, la Cárcel Y Penitenciara De Media Seguridad de Neiva Incluye Pabellón De Mujeres CPMS-NEIVA en coordinación con la estación de la Policía Nacional de Algeciras, para el día 11 de diciembre del año 2024, serán trasladados los cuatro PPL recluidos en dicha estación”.

Así las cosas, considera que resulta improcedente la presente acción constitucional, en virtud a su naturaleza subsidiaria, en suma a que, a su criterio, no se evidencia la vulneración alegada por la parte actora.

4.3. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC7

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC solic itó la desvinculación de su representada argumentando que, no ha incumplido sus deberes legales, sumado a que carece de competencia funcional, para dar cumplimiento a lo solicitado por el accionante.

Aduce que, la Sentencia de Unificación SU -122 de 2022 de la Corte

argumentando que, no ha incumplido sus deberes legales, sumado a que carece de competencia funcional, para dar cumplimiento a lo solicitado por el accionante.

Aduce que, la Sentencia de Unificación SU -122 de 2022 de la Corte Constitucional, precisó con claridad que la alimentación de aquellas personas que se encuentran en condición de detención preventiva y que se encuentran en centros de detención transitoria, es de resorte exclusivo de las entidades territoriales (Municipios y Departamentos), teniendo en cuenta que , en principio, dicha población debe estar recluida en cárceles, tal y como lo prescribe el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Conforme a lo expuesto, considera que resulta improcedente endilgarle al USPEC una atribución que no le corresponde asumir ; destacando que, revisada la base de datos de los contratos de alimentación suscritos para el año 2024 en el Departamento del Huila, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, no se encuentr a suministrando alimentación a personas privadas de la libertad, recluidas en la Estación de Policía del Municipio de Algeciras.

4.4. Departamento del Huila. Guardó silencio.

4.5. Municipio de Algeciras – Huila. Guardó silencio.

4.6. Estación de Policía del Municipio de Algeciras – Huila. Guardó silencio.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.8

7 Índice 11 Samai 1Inst. 8 Índice 13 Samai 1Inst.5

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5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.8

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Demandante: PERSONERÍA DE ALGECIRAS en representación de PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA

Demandado: INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR, los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud e integridad física, del señor CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO URUEÑA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a las accionadas Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSC NEIVA, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la comunicación, dispongan todas y cada una de las actuaciones administrativas tendientes a materializar el traslado al Est ablecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva – H, del señor CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO URUEÑA quien se encuentra recluido en la Estación de Policía del Municipio de Algeciras, Huila, en calidad de condenado.

TERCERO: ORDENAR La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC suministre la alimentación a las personas que se encuentran

del Municipio de Algeciras, Huila, en calidad de condenado.

TERCERO: ORDENAR La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC suministre la alimentación a las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía del municipio de Algeciras, Huila, de buena calidad cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de la salud y las fuerzas; igualmente, poner a disposición de los detenidos en la Estación de Policía del municipio de Algeciras, Huila, desde su mismo ingreso, el suministro de colchoneta, almohada, cobija, y demás artículos de aseo perso nal indispensables para salud y limpieza, lo que realizará en coordinación con la Estación de Policía del municipio de Algeciras, Huila, quienes, a su vez, tendrán el deber de garantizar la permanencia de los detenidos en condiciones dignas, en virtud de la relación especial de sujeción del Estado frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad conforme lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte

Constitucional.

CUARTO: Así mismo se ordenará a la Estación de Policía del Municipio de Algeciras – H, a la Uspec y al municipio de Algeciras - H, coordinen y realicen brigadas de salud e higiene a la población que se encuentre privada de la libertad, requiriendo la ayuda institucional que se amerite sea necesaria, las que se llevarán a cabo cada quince (15) días, en las que sean valorados por medicina general y psicología, suministrándoles los medicamentos, demás elementos y servicios que prescriba el profesional de la salud, to mando las acciones pertinentes en aras de garantizar los servicios de salud que requiera

medicina general y psicología, suministrándoles los medicamentos, demás elementos y servicios que prescriba el profesional de la salud, to mando las acciones pertinentes en aras de garantizar los servicios de salud que requiera la población privada de la libertad en la Estación de Policía del municipio de Algeciras – H.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y demás sujetos procesales en los términos indicados en el artículo 30 del Decreto 2591 de

1991.

SEXTO: Levantar la medida provisional ordenada en auto admisorio de la tutela de fecha 5 de diciembre de 2024.

SEPTIMO: ADVERTIR a las partes que contra la presente decisión procede impugnación en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO: ORDENAR a la Secretaría que, si no fuere impugnado este fallo, remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y que una vez regrese de dicha Corporación, de ser excluida, se proceda con el archivo del proceso, previas las constancias correspondientes”.6

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Demandado: INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS

Para tal efecto, la juez de primera instancia precisó que, en sentencia de unificación SU-122 de 2022, la Corte Constitucional analizó la situación de las personas privadas de la libertad detenidas preventivamente en centros

Para tal efecto, la juez de primera instancia precisó que, en sentencia de unificación SU-122 de 2022, la Corte Constitucional analizó la situación de las personas privadas de la libertad detenidas preventivamente en centros transitorios, verbigracia, estaciones de Policía, Uri, entre otros, extendiendo la declaración del estado de cosas inconstitucional contenida en la sentencia T-388 de 2013, para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, como inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata.

Destaca que, conforme a lo establecido en los artículos 17 y 21 de la Ley 65 de 1993, a las entidades territoriales le corresponde “…la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas previamente”, de tal manera que, al tratarse de establecimientos dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva, estos están a cargo de las entidades territoriales, según lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Siguiendo este lineamiento, el A quo trae a colación que en cumplimiento de las múltiples órdenes impartidas en la referida Sentencia de Unificación, el Legislador expidió la Ley 2346 del 10 de enero de 2024 , con la finalidad de crear un marco normativo transitorio para que las entidades territoriales, obligadas a brindar la alimentación a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, cuenten con un marco temporal suficiente para planear los aspectos presupuestales y contractuales para asegurar la prestación de este servicio.

obligadas a brindar la alimentación a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, cuenten con un marco temporal suficiente para planear los aspectos presupuestales y contractuales para asegurar la prestación de este servicio.

Desde esta perspectiva, destaca que, el artículo 2 de la referida ley, adicionó un parágrafo transitorio al artículo 67 de la Ley 65 de 1993, en los siguientes términos:

“Parágrafo transitorio. Hasta el 30 de junio de 2025, la USPEC podrá continuar brindando el servicio de alimentación para personas privadas de la libertad que se encuentren recluidas en centros de detención transitoria garantizando la universalidad en la prestación del servicio. Vencido este plazo, este servicio deberá ser asumido definitivamente por las entidades territoriales, en los términos de la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional.

La garantía de universalidad de la que trata el inciso primero del parágrafo transitorio no excluye la posibilidad de que los entes territoriales puedan disponer de recursos presupuestales para este fin.

Con respecto de su autonomía, las entidades deberán presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, el plan de implementació n del servicio de alimentación en centros de detención transitoria. a más tardar el 31 de diciembre de 2024."

En virtud de lo expuesto, en la sentencia de primera instancia se llega a la7

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conclusión que la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad que se encuentran en los centros de detención transitoria, recae de manera provisional a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios hasta el 30 de junio de 2025 y, solo después del 30 de junio de 2025 se le puede hacer exigible a los entes territoriales, en cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-122 de 2022.

6. IMPUGNACIÓN9.

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, solicitando que se modifique parcialmente, en el sentido de desvincular a su representada del presente asunto.

Argumenta que, el A qu o incurrió en una interpretación contraria a lo establecido en la Ley 65 de 1993, al desconocer que en su artículo 17 instituyó la competencia de suministrar los alimentos a centros de reclusión transitoria en cabeza de los entes territoriales.

Sumado a lo anterior, considera que en relación al parágrafo transitorio del artículo 2 de la Ley 2346 de 2024, el Juzgado de Instancia concluyó de forma equivocada, que la potestad recae en cabeza de la USPEC, cuando de la lectura de la normativa, se sustrae que la función del suministro de alimentos

artículo 2 de la Ley 2346 de 2024, el Juzgado de Instancia concluyó de forma equivocada, que la potestad recae en cabeza de la USPEC, cuando de la lectura de la normativa, se sustrae que la función del suministro de alimentos por parte de los entes territoriales es de carácter obligatoria, a diferencia de su representada, al ser facultativa.

Destaca que, la USPEC no realiza la prestación del servicio de alimentación en el centro de detención transitoria de Algeciras, por las siguientes razones:

“i) porque no es un Establecimiento del Reclusión del Orden Nacional

1. Porque el Municipio de Algeciras en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, lo viene garantizando y

1. Porq ue la USPEC no cuenta con los recursos económicos suficientes y necesarios para garantizar el servicio de alimentación de las estaciones de policía de los 1.102 Municipios que tiene Colombia. Pero además, porque el legislador desde hace más de tres (3) déc adas le otorgo esta función y competencia a cada ente territorial”.

Finalmente, de forma subsidiaria solicita que, en el evento de no acceder a lo pretendido en la impugnación presentada, se ordene que el suministro de alimentación en el sitio de reclusió n provisional sea solo por una fecha máxima, hasta el 30 de junio de 2025, en aras de establecer una delimitación a la orden constitucional impartida, sin que ello conlleve a una extralimitación de funciones.

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de funciones.

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7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde a la Sala establecer, en los términos de la impugnación, si se debe desvincular a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al no ser de su competencia el suministro de alimentos y demás servicios requeridos en los centros de detención transitorio, como quiera que dicha obligación les corresponde a los entes territoriales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

7.2.- Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es Competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela de primera instancia, instaurada por la parte demand ada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

7.3. Legitimación en la causa.

7.3.1. Por activa

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, consagra que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un

7.3.1. Por activa

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, consagra que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derec hos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa; así:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derech os fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circ unstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

De la lectura de la disposición normativa, es perfectamente válido que quien considere vulnerados sus derechos fundament ales acuda a la acción constitucional en forma directa o, a través de un representante legal o agente oficioso, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia T -435 de 2016: “(…) se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.”9

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nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.”9

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En ese orden de ideas, el ejercicio de dicha potestad le impone al juez constitucional el deber de estudiar la legitimación en la causa, pues esta constituye un presupuesto procesal de la demanda y requisito de procedibilidad de la acción de tutela10.

En el presente proceso se tiene que existe prueba frente a quien se solicita el amparo, pues el señor Cristian Alirio Zambrano Ureña , quien es representado por la Personería Municipal de Algeciras – Huila, se encuentra recluido en la Estación de Policía de Algeciras – Huila, en virtud a la condena impuesta en su contra, a cuarenta y dos punto sesenta y seis (42.66) meses de prisión, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

7.3.2. Por pasiva

En cuanto a las entidades accionadas, se tiene que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el legislador.

7.4. Requisito de inmediatez.

omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental, o de los particulares en los casos en que disponga el legislador.

7.4. Requisito de inmediatez.

La Corte Constitucional, en su jurisprudencia ha sido clara al señalar que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Es por ello que el principio de inmediatez dispone que, aunque la acción de tutela puede formularse en cualquier tiempo11, su interposición debe darse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo12.

Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente13 de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez.

De acuerdo con lo indicado, la Sala encuentra que, para el caso concreto, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, pues el hecho por el cual el actor estima la afectación de su derecho fundamental ocurrió ante la falta de

10 SU-454/16. 11 Sentencias T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-188 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado, entre otras. 12 Ver, entre otras, las sentencias T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-887 de 2009

Delgado, entre otras. 12 Ver, entre otras, las sentencias T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo; T246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; SU108 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-188 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. 13 Ver, entre otras, las sentencias T-200 de 2017 M.P. José Antonio Cepeda Amarís; SU189 de 2019 M.P. Alberto Rojas Ríos.10

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suministro de alimentación y demás servicios esenciales a favor del accionante, quien se encuentra de forma transitoria recluido en la Estación de Policía de Algeciras – Huila.

Así pues, considerando que existe controversia respecto de la entidad encargada de asumir dicha obligación, la Sala considera que se cumple con este requisito, al tratarse de un requerimiento de urgencia inmediata.

7.5. De la Subsidiariedad de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable14.

Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario,

procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable14.

Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”15.

Razón por la cual en el present