TA CHO - 27001233300020160003700-(16-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Acción Tutela Demandante Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Derechos invocado Debido proceso, derecho de defensa, igualdad, salud, vida digna y mínimo vital. Radicación 41 001 23 33 000 2025 00031 00 Asunto SENTENCIA No. S-014 Acta de Sala N°. 007 De la fecha.

1. OBJETO.

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA.1

La accionante mediante apoderado, señala que por reparto correspondió al Juzgado Noveno Administrativo demanda de “Nulidad que establece el artículo 137” contra las Resoluciones RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, Resolución RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, Resolución 002410 del 1 de febrero de 2023 y la Resolución RDP 009694 del 27 de abril de 2023 interpuesta contra la UGPP, en la que solicita medidas cautelares.

Afirma que, desde el año 2024 el despacho judicial interviniente no se

RDP 009694 del 27 de abril de 2023 interpuesta contra la UGPP, en la que solicita medidas cautelares.

Afirma que, desde el año 2024 el despacho judicial interviniente no se ha pronunciado en relación con dicha acción.

Indica, que por su parte la UGPP en ejercicio del cobro coactivo procedió arbitrariamente, “OTRA VEZ” en el mes de diciembre de 2024 a ordenar la retención total y/o no pago de las mesadas pensionales con las que sobrevive, hasta nueva orden.

Por lo anterior, solicita se ordene a la UGPP revocar inmediatamente el acto administrativo por el cual suspendió la pensión y dio la orden de no pago a la accionante , librando para ello, oficio al Banco Popular e n la ciudad de Pitalito.

El apoderado r ealiza unas manifestaciones previas referente a la temeridad de la acción, resaltando que la tutela se origina en hechos nuevos y es un mecanismo transitorio de protección ante el delicado estado de salud de la accionante.

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Acción : Tutela Demandante : Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

En escrito radicado el 30 de enero de 20252, el apoderado actor informa

Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

En escrito radicado el 30 de enero de 20252, el apoderado actor informa que en ocasión anterior interpuso acción constitucional por hechos similares referente al no pago de mesadas anteriores, suministrando la radicación de dicho trámite.

3. RESPUESTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.3

El Subdirector de Defensa Judicial de la entidad señala que mediante Resolución No. 019983 del 25 de julio de 2002, reconoció pensión gracia a la accionante en cuantía de $537.473,25, efectiva a partir del 28 de febrero de dicha anualidad. Luego, en Resolución No. 040346 del 25 noviembre de 2005 se reliquidó la pensión en cuantía de $628.220,75.

Menciona que en Resolución No. RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022 en cumplimiento de fallo judicial, se deja sin efectos la Resolución No. 040346 del 25 noviembre de 2005, y en Resolución No. RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022 determinó unos mayores valores recibidos, por concepto de mesadas pensionales a la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, decisión que fue objeto de recurso de reposición siendo resuelto en Resolución No. RDP 002410 del 01 de febrero de 2023, confirmando en su integridad lo recurrido . Finalmente, en

Vargas Carvajal, decisión que fue objeto de recurso de reposición siendo resuelto en Resolución No. RDP 002410 del 01 de febrero de 2023, confirmando en su integridad lo recurrido . Finalmente, en Resolución RDP 009694 del 27 de abril de 2023, se resolvió una solicitud de revocatoria directa que fue negada en su totalidad.

Advierte que la Unidad no ha suspendido el pago pensional de la accionante, reportando mensualmente el pago de las mesadas al Consorcio Fopep en calidad de pagador y reitera que los actos administrativos donde se constituyó el título ejecutivo para el cobr o de mayores valores pagados se encuentran en firme y con plenos efectos jurídicos, sin que sea procedente esta acción constitucional para pretender dejar sin efectos los mismos, pues ante el principio de subsidiariedad dicha pretensión debe invocarse ante el juez natural de la causa, además que tampoco se acredita el principio de inmediatez pues los actos administrativos cobraron firmeza hace ya 24 meses.

Informa que tampoco se acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que haga prevalente este mecanismo, pues en la actualidad la señora Vargas Carvajal percibe otra prestación pensional a cargo de LA FIDUPREVISORA – FOMAG, según se evidencia en la consulta de bonos pensionales, adicionalmente al consultar el registro de propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, se evidencia que tiene registro como propietario vigente, lo que desvirtúa la configuración de ese requisito de procedencia constitucional.

Aduce, que la entidad está facultada para adelantar el proceso de cobro coactivo estando el mismo en etapa previa a la expedición del

evidencia que tiene registro como propietario vigente, lo que desvirtúa la configuración de ese requisito de procedencia constitucional.

Aduce, que la entidad está facultada para adelantar el proceso de cobro coactivo estando el mismo en etapa previa a la expedición del

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Acción : Tutela Demandante : Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

mandamiento de pago , habiendo adelantado gestión de cobro persuasivo a la deudora sin obtener pago de la obligación ni formalización de una facilidad del mismo; y, en virtud de la Resolución RCC-65187 del 21/12/2023 se dispuso el embargo de un bien inmueble de propiedad de la deudora (M.I. 206 -4009) sin que se h aya perfeccionado su registro. Aunado, p or Resolución RCC-70491 del 07 de junio de 2024 se decretó el embargo de cuentas bancarias de la deudora, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de la constitución de títulos de depósito judicial en favor del proceso, valga la pena mencionar que en el acto administrativo como en el oficio de remisión se advierte a las entidades financieras hacer caso omiso del embargo respecto de las cuentas que contengan sumas recibidas por concepto de mesadas pensionales.

mencionar que en el acto administrativo como en el oficio de remisión se advierte a las entidades financieras hacer caso omiso del embargo respecto de las cuentas que contengan sumas recibidas por concepto de mesadas pensionales.

Señala que la pretensión, los sujetos y los hechos coinciden con la acción constitucional que fue de conocimiento d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -Subsección B, en la que se emitió fallo declarando la carencia actual de objeto, sin que exista un nuevo hecho, pues la orden de embargo en contra de la accionante se informó desde la respuesta a la acción de tutela pasada, siendo procedente el análisis de la temeridad, anexando los soportes de dicha actuación.

Solicita se declare improcedente la acción de tutela y como consecuencia de lo anterior se niegue la misma ante la existencia de vulneración alguna.

4. RESPUESTA DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE

NEIVA.4

El Juez anuncia que la demanda interpuesta por la accionante contra la UGPP fue remitida a este circuito judicial por el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá siendo asignada conforme acta de reparto No. 1948 del 12 de septiembre de 2024 y en providencia del 27 de septiembre dictó auto inadmisorio, notificado por estado 053 del 30 de septiembre pasado y comunicado al buzón electrónico informado en el escrito.

Manifiesta que los 10 días concedidos para subsanar, corrieron del 1 al 15 de octubre de 2024, término que venció en silencio, y el 31 de enero de 2025 registra auto que rechaza la demanda.

Manifiesta que los 10 días concedidos para subsanar, corrieron del 1 al 15 de octubre de 2024, término que venció en silencio, y el 31 de enero de 2025 registra auto que rechaza la demanda.

Expone que el Despacho no ha irrespetado los derechos fundamentales de la accionante, y en oposición a lo indicado en el libelo tutelar, ya dictó un primer pronunciamiento en el medio de control , sin que la parte demandante cumpliera o se pronunciara al respecto.

Por último, informa que no tiene conocimiento que se haya promovido otra acción de tutela con ocasión del trámite que se promueve.

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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, las reglas de competencia previstas en el Decreto 2591 de 1991 y las de reparto consagradas en el Decreto 333 del 06 de abril de 2021, esta Corporación es c ompetente para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal contra la UGPP y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

5.2. Asunto jurídico a resolver.

tutela instaurada por la señora Flor de Lis Vargas Carvajal contra la UGPP y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

5.2. Asunto jurídico a resolver.

Corresponde determinar si la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPy el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, están vulnerando los derechos fundamentales a l mínimo vital, debido proceso, defensa, igualdad, salud, vida digna, seguridad social e igualdad, de la señora Flor de Liz Vargas Carvajal; el primero al haber ordenado la suspensión del pago de la mesada pensional, y el segundo al no haber realizado actuación alguna en la demanda promovida con el fin de resolver la pretensión de nulidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP.

Previo a resolver el citado problema jurídico la Sala estudiará si en este caso se configuran los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para que concurra la cosa juzgada y/o temeridad , en caso contrario, analizará si se reúnen los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

5.3. Presupuestos para la configuración de la cosa juzgada y/o temeridad.

Como lo plantea la Corte Constitucional5 la finalidad de la cosa juzgada es terminar un debate procesal, puesto a la consideración de la administración de justicia , o en palabras de la misma Corte de hacer inmutable, vinculante y definitiva una determinada decisión.

Ahora bien, los requisitos para que se configure la cosa juzgada establecida en la ley6 y jurisprudencia constitucional7 son:

inmutable, vinculante y definitiva una determinada decisión.

Ahora bien, los requisitos para que se configure la cosa juzgada establecida en la ley6 y jurisprudencia constitucional7 son:

“Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una re lación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.”

5 Sentencia T249 de 2018 6 “Artículo 303, Código General del Proceso: Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes” 7 T-535 de 2015, T249 de 2018.282

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Acción : Tutela Demandante : Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

-Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta

-Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.”

La Alta Corte ha señalado que existen dos tipos de caracteres en la institución de la cosa juzgada; de un lado se encuentra el negativo, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales proceder nuevamente sobre lo ya resuelto y, de otro, el positivo, ligado estrictamente con la seguridad inherente a las relaciones jurídicas.

Además, ha delimitado los supuestos en los que una persona puede interponer varias acciones de tutela sin que sea consideradas temerarias, lo cual tiene lugar cuando i) ocurre un hecho nuevo y ii) si no existe pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones en la jurisdicción constitucional.

Se observa frente a la configuración de la cosa juzgada, que la UGPP informó sobre lo aquí pretendido , ya hubo un pronunciamiento en instancia de tutela, por ello, la Sala analizará si se configura dicho fenómeno procesal, teniendo en cuenta la demanda de tutela tramitada

informó sobre lo aquí pretendido , ya hubo un pronunciamiento en instancia de tutela, por ello, la Sala analizará si se configura dicho fenómeno procesal, teniendo en cuenta la demanda de tutela tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección TerceraSubsección B y el fallo proferido el 10 de julio de 20248, frente a la tutela que convoca la atención de la Sala radicada el 27 de enero hogaño, así entonces se encuentra:

Requisitos

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera-Subsección B. Rad. 25000231500020240050000

Tribunal Administrativo del Huila. Rad 41001 23 33 000 2025 00031 00

Identidad de objeto (Pretensiones)

• Se ordene al Juzgado Sexto

Administrativo de Bogotá D.C. inmediatamente expida el auto que en derecho corresponda, esto es, el auto admisorio de la acción. - Concordante, ordenar que el accionado Juzgado inmediatamente expida el auto que ordene la medida cautelar solicitada dentro del proceso.

Ordenar que la accionada UGPPUnidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social inmediatamente ordene revocar el acto administrativo por el cual arbitraria e ilegalmente suspendió la pensión y dio la orden de no pago de la pensión (…)

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social inmediatamente ordene revocar el acto administrativo por el cual arbitraria e ilegalmente suspendió la pensión y dio la orden de no pago de la pensión (…)

8 El Despacho advierte que para analizar si se configuran los elementos de la cosa juzgada respecto de la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -Subsección B, se tendrá en cuenta el documento que reposa en dicho trámite, dado que se encuentra incorporado al expediente electrónico del Tribunal Homólogo, y puede ser consultado en el aplicativo SAMAI, radicado No. 25000231500020240050000.

Link https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002315000202400500002500023282

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• Ordenar que la accionada UGPPUnidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social inmediatamente ordene revocar el acto administrativo por el cual arbitraria e ilegalmente suspendió la pensión y dio la orden de no pago de la pensión (…)

Para ello que oficie inmediatamente al banco popular de Pitalito (Huila) y a los demás bancos correspondientes.

administrativo por el cual arbitraria e ilegalmente suspendió la pensión y dio la orden de no pago de la pensión (…)

Para ello que oficie inmediatamente al banco popular de Pitalito (Huila) y a los demás bancos correspondientes. Para ello que oficie inmediatamente al banco popular de Pitalito (Huila) y a los demás bancos correspondientes.

Identidad de causa petendi (Hechos)

Por reparto correspondió al Juzgado accionado desde e l 16 de jun io de 202 3 demanda junto con escrito de medida cautelar, solicitando la nulidad de los actos administrativos: Resoluciones Nos. RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, Resolución RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, Resolución 002410 del 1 de febrero de 2023 y la Resolución RDP 009694 del 27 de abril de 2023 proferidas por la UGPP. Desde ese día el despacho judicial no se ha pronunciado en relación con dicha acción.

Aprovechando ilegal y arbitrariamente lo antes narrado, fue as í com o la también ACCIONADA la UGPP, y en ejercicio del “COBRO COACTIVO” ha procedido a ORDENAR LA SUSPENSIÓN, no parcial, sino total de la pensión y el no pago desde este mes y hasta nueva orden contra mi prohijada, Sra. Flor de Lis Vargas Carvajal, violándole así los derechos fundamentales a la protección del salario mínimo vital; al debido proceso; al derecho de defensa; a la igualdad; a la salud y a la vida y demás

Lis Vargas Carvajal, violándole así los derechos fundamentales a la protección del salario mínimo vital; al debido proceso; al derecho de defensa; a la igualdad; a la salud y a la vida y demás que uds. consideren se desprendan de tales anómalas e irregulares actuaciones y omisiones.

Desde el año 2024 correspondió por reparto al Juzgado interviniente demanda junto con escrito de medida cautelar, solicitando la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 023533 del 9 de septiembre de 2022, Resolución RDP 030984 del 28 de noviembre de 2022, Re solución 002410 del 1 de febrero de 2023 y la Resolución RDP 009694 del 27 de abril de 2023 proferidas por la UGPP . Desde esa época el despacho judicial no se ha pronunciado en relación con dicha acción.

Aprovechando ilegal y arb itrariamente lo antes narrado, es así com o la ACCIONADA la UGPP, y en ejercicio del “COBRO COACTIVO” ha procedido OTRA VEZ en el mes de diciembre de 2024, ORDENÓ A LOS BANCOS LA RETENCIÓN Y/O NO PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES, no parcial, sino total de la pensión y el no pago desde ese mes de diciembre y hasta nueva orden contra mi prohijada, Sra. Flor de Lis Vargas Carvajal, violándole así los derechos fundamentales a la protección del salario mínimo vital; al debido proceso; al derecho de defensa; a la igualdad; a la salud y a la vida y

Flor de Lis Vargas Carvajal, violándole así los derechos fundamentales a la protección del salario mínimo vital; al debido proceso; al derecho de defensa; a la igualdad; a la salud y a la vida y demás que uds. consideren se desprendan de tales anómalas e irregulares actuaciones y omisiones.

Identidad de partes

Flor de Lis Vargas Carvajal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPy el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá D.C.

Flor de Lis Vargas Carvajal contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPy como “interviniente” el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

De lo relacionado advierte la Sala que, solo existe identidad de partes respecto de la accionante, señora Flor de Lis Vargas Carvajal y la entidad accionada UGPP, pues frente al juzgado demandado difiere por completo, coincidiendo con el despacho judicial que tramita el proceso de nulidad, para la época que radica cada acción constitucional.

Así también, se presenta identidad de objeto únicamente en la pretensión que invoca referente a la Unidad Administrativa Especial de282

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Acción : Tutela Demandante : Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Acción : Tutela Demandante : Flor de Lis Vargas Carvajal Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y Juzgado 9 Administrativo de Neiva Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, pues en los dos libelos de tutela pretende que se ordene a la accionada -UGPPinmediatamente revocar el acto administrativo por el cual arbitraria e ilegalmente suspendió la pensión y dio la orden de no pago de la mesada pensional, oficiando inmediatamente al banco popular de Pitalito (Huila).

Por último, concurre la Identidad de causa petendi , pues en estos trámites se evidencia como hechos que la accionante presentó una demanda de nulidad de actos administrativos expedidos por la UGPP (coincidiendo en su identificación) , de los cuales no conoce pronunciamiento respecto del trámite judicial y las medidas cautelares y, por otro lado , coincide con la inconformidad en el proceder de la UGPP ante la “suspensión en el pago de la mesada pensional”.

Luego de comparado s los escritos de tutela , se trae a colación la decisión pro ferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera-Subsección B en fallo del 10 de julio de 2024. Allí se planteó como problema jurídico lo siguiente:

“Vistas las actuaciones adelantadas hasta el momento, considera la Sala que el problema jurídico se contrae a establecer si el Juzgado 6º Administrativo de Bogotá

planteó como problema jurídico lo siguiente:

“Vistas las actuaciones adelantadas hasta el momento, considera la Sala que el problema jurídico se contrae a establecer si el Juzgado 6º Administrativo de Bogotá vulneró los derechos de debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Flor de Lis Vargas Carvajal, al no haber estudiado la admisión de la demanda en el proceso de radicado 11001333400620230030700.”

Bajo tal planteamiento, el Tribunal homólogo desarrolló la providencia con la siguiente motivación, veamos:

“De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la Sala advierte que el 16 de junio la señora F lor de Lis Vargas Carvajal radicó demanda ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, en contra de la Ugpp. Por reparto, correspondió al Juzgado 6º en donde ingresó al despacho para estudio de su admisión el 6 de septiembre de 2024.

Conforme lo informó el Juzgado 6º Administrativo de Bogotá, y previa verificación en el sistema de consulta de procesos, se observa que el 5 de julio de 2024 dicho despacho profirió auto mediante el cual se decidió:

“PRIMERO: DECLÁRASE la falta de competencia de este Despach o para conocer del proceso de la referencia, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: REMÍTASE por competencia el proceso de la referencia a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, para que el asunto sea repartido entre l os Juzgados Administrativos de la Sección

Segunda.”

Esta providencia fue notificada mediante estado del 8 de julio de 2024.

Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, para que el asunto sea repartido entre l os Juzgados Administrativos de la Sección Segunda.”

Esta providencia fue notificada mediante estado del 8 de julio de 2024.

Así las cosas, se observa que la solicitud de la parte accionante de estudio de la admisibilidad de la demanda (proferir el auto que en derecho corresponda), fue tramitada mediante el proveído de 5 de julio de 2024. Aunque la pretensión se dirigió a que se expidiera auto admisorio de la demanda, dado que el juzgado declaró su falta de competencia, dicha providencia no sería procedente. En consecuencia, tampoco puede ese Juzgado estudiar la medida cautelar solicitada, ni ordenar que la Ugpp revoque los actos administrativos acusados.282

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Por ello, es claro que el presente asunto carece actualmente de objeto, dado que los hechos que dieron lugar a la alegada vulneración de los derechos de la accionante ya fueron superados.”

Así las cosas, en el presente caso no se configuran los elementos legales y jurisprudenciales de la cosa juzgada y menos de la temeridad, pues en esta oportunidad se contrae en estudiar la posible vulneración de derechos por la UGPP y el Juzgado Noveno

legales y jurisprudenciales de la cosa juzgada y menos de la temeridad, pues en esta oportunidad se contrae en estudiar la posible vulneración de derechos por la UGPP y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, y como se observ ó, el Tribunal Homólogo de Cundinamarca se centró en analizar lo referente al Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, sin mencionar consideración alguna respecto a la presunta vulneración de derechos por la Unidad en mención.

De esta forma, se expandieron los elementos de estudio de esta acción de tutela, lo que permite seguir al análisis de procedencia, considerando que esta causa se limita a la presunta vulneración por la Unidad de Gestión Pensional en el pago de la mesada pensional en diciembre de 2024, situación que no fue objeto de estudio en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como se ilustró.

En ese orden de ideas para la Sala no existe mérito para establecer que existe cosa juzgada y mucho menos temeridad por parte del accionante, pasando a estudiar los requisitos de procedencia de la acción de tutela.

5.4. Procedencia de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados por la omisión o acción de las autoridades públicas o de los particulares, cuando no existen mecanismos judiciales que resulten efectivos para su protección, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio 9 Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es

protección, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio 9 Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal.

La Corte Constitucional 10, ha señalado que la acción de tutela solo procederá cuando el usuario no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues se busca rec onocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos.

Ahora bien, respecto a la procedencia de la Acción de Tutela contra actos administrativos la Corte Constitucional ha indicado:11

9 Artículo 86, inciso 3° Constitución Política y en el Decreto 2591 artículo 6°-1° el cual establece la subsidiariedad como causal de improcedencia de la tutela. 10 Sentencia T-735 de 2018 11 Sentencia T-256 de 2021282

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“6. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia constitucional se ha referido al carácter subsidiario de la acción de tutela 12 para indicar que este

Radicación : 41 001 23 33 000 2025 00031 00

“6. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia constitucional se ha referido al carácter subsidiario de la acción de tutela 12 para indicar que este mecanismo no fue consagrado « para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicio