TA CHO - 27001233300020160005300-(16-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0134_/

REFERENCIA: 27001233300020160005300

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: DARIO DE JESUS URIBE VELEZ

ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA

NACIONAL

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Una vez agotados los trámites del proceso y no advirtiéndose la presencia de nulidad que impida abordar el fondo del asunto, se profiere fallo de primera instancia dentro del medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

LA DEMANDA

El señor DARIO DE JESUS URIBE VELEZ, a través de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de reparación directa , interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional , solicitando que se le declare responsable administrativa y patrimonialmente por la ocupación de hecho temporal o permanente al predio de su propiedad. La demanda se sintetiza así:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

“PRIMERO: Declárese que la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.

2 – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 3, debidamente representada por

NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.

2 – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 3, debidamente representada por el vicealmirante ALVARO ECAHNDÍA DURAN o quien haga sus veces al momento de notificación de la presente solicitud es responsable por la ocupación de hecho temporal o permanente conforme al artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), del inmueble identificado con matricula inmobiliaria número 186 -0001351 de la oficina de registro e instrumentos públicos de Nuquí (Chocó) adquirido mediante escritura pública ciento ochenta y cuatro (184) del dieciséis (16) de diciembre de 1996 de la Notaría Única del Circulo de Nuquí – Chocó y distinguido con los siguientes linderos:

“un lote de terreno de su propiedad, y tres cabañas, las cuales están ubicadas dentro del perímetro urbano de Nuquí, en la parte de esta localidad, el terreno tiene una extensión superficiaria de quine metros de frente (15) por veinticinco (25) metros de fondo, y alinderado de la siguiente forma: POR E NORTE, antes con terrenos de la misma vendedora, posteriormente con propiedad de HERNANDO MOLINA HOLGUIN, por el SUR, con la cancha de futbol, por el ORIENTE con terrenos del municipio, por el OCCIDENTE, con la playa del mar pacífico”, y vendido como cuerpo cierto.

La ocupación del inmueble se realizó desde el primero (1) enero de 2013 ha (sic) junio (2) de 2013.27001 23 33 000 2016 00053 00

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La ocupación del inmueble se realizó desde el primero (1) enero de 2013 ha (sic) junio (2) de 2013.27001 23 33 000 2016 00053 00

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SEGUNDO: Como consec uencia de la anterior declaración condenar a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y

APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2 – BATALLON DE COMANDO Y APOYO

DE I.M. No. 3 a los demandantes por los siguientes perjuicios:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

Al demandante, en la modalidad de daño emergente por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($500.000.000) con relación a los daños causados al inmueble conocido como Hotel Casa Blanca, o aquell o lo que se logre acreditar dentro del proceso

LUCRO CESANTE

Al demandante, en la modalidad de lucro cesante la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($20.000.000) por concepto de arrendamiento del inmueble durante siete meses.

PERJUICIOS MORALES

En la calidad de perjuicios morales la suma de cien (100) SMMLV

TERCERO: Se solicita que las sumas impetradas sean indexadas de acuerdo a índixe

(sic) de precios al consumidor.

CUARTO: Reconocer y pagar a mi representado, sobre las sumas de dinero reconocidas

TERCERO: Se solicita que las sumas impetradas sean indexadas de acuerdo a índixe

(sic) de precios al consumidor.

CUARTO: Reconocer y pagar a mi representado, sobre las sumas de dinero reconocidas en la sentencia, intereses moratorios después de su ejecutoria, de acuerdo con lo ordenado en el inciso quinto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y en armonía con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en la sentencia C 188 de 1999,

M.P. Dr. José Gregorio Hernández.”.

I.II. HECHOS Y OMISIONES

Expresó como fundamentos facticos que sustentan las pretensiones los que a continuación se hace el siguiente resumen:

1. El hermano de mi poderdante el señor JULIO CESAR URIBLE VELEZ identificado con cedula de ciudadanía número 70.109.643 de Medellín (Antioquía) suscribió en calidad de arrendador contrato de arrendamiento 004 -CBACAIMA3-2012 con la NACION – MINISTERIO DE DEFE NSA - ARMADA NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y

APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2 – BATALLON DE COMANDO Y APOYO

DE I.M. No. 3. Que se adjunta con la presente solicitud de audiencia de conciliación.

2. El inmueble descrito, venía siendo ocupado en calidad de tenedor, por el convocado, mediante sucesivos contratos de arrendamiento desde el año 2003, según consta en copia de respuesta de derecho de petición No. 127 fechado en la ciudad de Buenaventura, el día 08 de marzo de 2013 y firmado por el señor CCLADM RODRIGUEZ

copia de respuesta de derecho de petición No. 127 fechado en la ciudad de Buenaventura, el día 08 de marzo de 2013 y firmado por el señor CCLADM RODRIGUEZ CASTAÑO OSCAR ENRIQUE, Comandante de NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE27001 23 33 000 2016 00053 00

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MARINA No. 2 – BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 3 y que allego a la presente solicitud.

3. El contrato pactado tenía un plazo de ejecución, hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2012.

4. El inmueble objeto del contrato de arrendamiento y objeto del presente litigio por ocupación de hecho es conocido como Hotel Casa Blanca ubicado en el perímetro urbano del municipio de Nuquí.

5. El inmueble objeto del presente litigio fue adquirido mediante escritura pública ciento ochenta y cuatro (184) del dieciséis (16) de diciembre de 1996 de la Notaría Única del Circulo de Nuquí – Chocó y se encuentra identificado con matricula inmobiliaria número

186-0001351 y comprende los siguientes linderos:

6. el objeto del contrato de arrendamiento era el arrendamiento por diez (10) meses del hotel casa blanca, en donde funcionaría la base de patrullaje fija en el municipio de Nuquí

– Chocó.

6. el objeto del contrato de arrendamiento era el arrendamiento por diez (10) meses del hotel casa blanca, en donde funcionaría la base de patrullaje fija en el municipio de Nuquí

– Chocó.

7. El Hotel Casa Blanca la conformaban tres (3) cabaña de dos (2) y tres (3) pisos construidas en madera con techo de paja y de madera; los pisos eran en madera y un kiosco, debidamente amoblado.

8. Al realizar el acta de liquidación bilateral del contrato 004 -CBACAIM3 marzo de 2012 el contratista JULIO CESAR URIBE VELES manifestó que el ministerio de defensa – armada nacional – batallón de comando y apoyo de infantería de mar ina número 2.

Cumplió con las obligaciones adquiridas quedando a paz y salvo por todo concepto.

9. Terminado el contrato de arrendamiento la armada nacional hizo entrega del predio en comento, pero ocupándolo por vía de hecho desde el día primero (1) de e nero de 2013 hasta el día dos (2) de junio de 2013.

10. Hecho que consta en el documento suscrito por el señor TECIM Walter Valderrama Moreno comandante de la base de Patrulla fija irio del Municipio de Nuquí y que se allega a la presente audiencia de conciliación.

11. Durante dicha ocupación y al momento de terminada la misma, la armada nacional –

batallón de comando y apoyo de infantería de marina No. 2. Destruyo todo aquello que era el Hotel Casa Blanca no dejo piedra sobre piedra como se acredita en las fotografías que se allegan con la presente solicitud de audiencia de conciliación.

batallón de comando y apoyo de infantería de marina No. 2. Destruyo todo aquello que era el Hotel Casa Blanca no dejo piedra sobre piedra como se acredita en las fotografías que se allegan con la presente solicitud de audiencia de conciliación.

12 El día 4 de agosto se llevó a cabo audiencia de conciliación ante el Procurador 77 judicial I para asuntos administrativos de Chocó para cumplir con el requisito de procedibilidad de acuerdo a lo establecido por el decreto 1716 de 2009.

13. La audiencia de conciliación se declaró fallida por tal motivo el procurador profirió constancia de no acuerdo No. 353 conforme al numeral sexto (6) del artículo noveno (9) del decreto 1716 de 2009.”.27001 23 33 000 2016 00053 00

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II. LA ADMISIÓN

Mediante auto de 18 de julio de 2016 , esta Corporación admitió la demanda, ordenó efectuar las notificaciones previstas en el artículo 171 del CPACA, y demás ritualidades.

III. CONTESTACIONES

Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional . El apoderado de la entidad accionada contestó la demanda el día 14 de diciembre de 2016, en escrito en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que “(…) Dentro del proceso no existen pruebas que demuestr en que efectivamente la Armada Nacional ocupo de hecho las instalaciones del Hotel Casa Blanca, pues hasta el momento solo existen los hechos manifestados por la parte demandante, sin que exista por alguno de los medios

no existen pruebas que demuestr en que efectivamente la Armada Nacional ocupo de hecho las instalaciones del Hotel Casa Blanca, pues hasta el momento solo existen los hechos manifestados por la parte demandante, sin que exista por alguno de los medios probatorios uno que así lo acredite.

La narración de los hechos no es prueba suficiente para demostrar que el daño por lo contrario, lo que en el proceso se demuestra es que existió un claro incumplimiento de las cargas procesales probatorias que se requerían, al no demostrar por alguno de los medios de probatorios la ocupación de hecho por parte del Ejercito Nacional. (…).

Así pues la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le imponía la norma citada con antelación, teniendo en cuenta que no allego al proceso oportunamente la prueba idónea y eficaz que diera sustento al hecho que supone el daño antijurídico del demandante; y, en efecto, tampoco aportó pruebas de una actividad diligente, tendiente a que se allegara el medio de convicción necesario para determinar la existenci a del daño antijurídico alegado en la demanda, es decir que no asumió la carga probatoria que le correspondía.

Además es de resaltar que, la parte demandante, contaba con todos los medios de prueba establecidos en la Ley para probar el daño antijurídico. Con todo, el demandante incumplió con la carga procesal probatoria que mínimamente le correspondía, pues ni siquiera acredito que la ocurrencia del daño le fuera imputable a la administración.”.

IV. TRÁMITE PROCESAL

I. Audiencia inicial.1

El 24 de octubre de 2017, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se saneó el

IV. TRÁMITE PROCESAL

I. Audiencia inicial.1

El 24 de octubre de 2017, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se saneó el trámite, se fijó el litigio, se decretaron pruebas.

En efecto, se declaró saneado el presente proceso, luego de que la Magistrada Ponente preguntó a las partes sobre la posible existencia de vicios que invalidaran la actuación, a lo cual las partes respondieron que no había ninguna objeción al respecto

En este mismo sentido, se señaló que no existían excepciones previas a resolver, pues las formuladas por el apoderado de la demandada, debían ser resueltas en la sentencia.

De igual forma insto a las partes para conciliar el litigio, lo cual no fue posible por falta de ánimo conciliatorio. Asimismo, se precisó que el litigio se circunscribiría a “(i) si es

1 Folios 214-217 del expediente.27001 23 33 000 2016 00053 00

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procedente declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 por la ocupación de hecho del inmueble denominado “Hote l Casa Blanca” de propiedad del señor Darío de Jesús Uribe Vélez y si como consecuencia de ello, procede el reconocimiento y pago de los perjuicios solicitados en la demanda. (ii) si por el contrario se encuentran probadas las

del inmueble denominado “Hote l Casa Blanca” de propiedad del señor Darío de Jesús Uribe Vélez y si como consecuencia de ello, procede el reconocimiento y pago de los perjuicios solicitados en la demanda. (ii) si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas y/o las que puedan ser declaradas de oficio por el despacho.”

En relación con lo anterior, no hubo manifestación alguna, por lo que dicha decisión quedó ejecutoriada.

De otro lado, se atribuyó a las pruebas aportadas por las partes, el valor probatorio que la ley les confiere.

II. Audiencia de pruebas.

El 11 de junio de 2019, se llevó a cabo audiencia de pruebas en el presente asunto, en esa oportunidad se declaró saneado el proceso y procedió a incorporar al expediente la prueba decretada

III. Audiencia de alegaciones y juzgamiento.

Mediante auto 0119, se prescindió de la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento por considerarla innecesaria, al tenor del inciso 3º del artículo 181 del CPACA.

Por ende, se ordenó correr traslado por el térmi no común de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que las primeras presentaran sus escritos de alegaciones.

Durante el término de traslado para alegar intervino la parte demandada manifestando qué “Me ratifico en lo planteado en la contestación de la demanda en donde se sostiene que dentro del proceso no existen pruebas que demuestren que efectivamente la Armada Nacional ocupo de hecho las instalaciones del Hotel Casa Blanca, pues hasta el momento solo existen los hechos manifestados por la parte demandante, sin que exista

que dentro del proceso no existen pruebas que demuestren que efectivamente la Armada Nacional ocupo de hecho las instalaciones del Hotel Casa Blanca, pues hasta el momento solo existen los hechos manifestados por la parte demandante, sin que exista por alguno de los medios probatorios uno que así lo acredite.”

La parte demandante argumentó que “Señora magistrada conforme a lo probado en el proceso solicito comedidamente declarar responsable a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BATALLON DE COMANDO Y DE APOYP DE INFANTERIA DE MARINA No. 2 – BATALLÓN DE COMANDO Y APOYP DE IM No. 3, por los perjuicios causados a mi poderdante y en consecuencia ordenar el resarcimiento de dichos perjuicios ta nto al daño emergente, como al lucro cesante conforme a lo acreditado en el proceso, de igual manera la pago de los perjuicios morales.”.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

V.I. Competencia.27001 23 33 000 2016 00053 00

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La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad al numeral 2 del artículo 152 del C.P.A.C.A.2.

V.II. Problemas jurídicos.

Como se dejó establecido en la audiencia inicial los problemas jurídicos que deben ser definidos por la Sala, y frente a los cuales se fijó el l itigio, son: “(i) si es procedente declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de

definidos por la Sala, y frente a los cuales se fijó el l itigio, son: “(i) si es procedente declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 por la ocup ación de hecho del inmueble denominado “Hotel Casa Blanca” de propiedad del señor Darío de Jesús Uribe Vélez y si como consecuencia de ello, procede el reconocimiento y pago de los perjuicios solicitados en la demanda.

O (ii) si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas y/o las que puedan ser declaradas de oficio por el despacho.”

Improcedencia del medio de control de reparación directa

La Sala abordará lo atinente a la procedencia o no del medio de control ejercido, lo anterior, por cuanto es tarea de los jueces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CPACA3, indicar la vía procesal correspondiente aun cuando se haya señalado una inadecuada.

Con la demanda de reparación directa interpuesta se pretende l a declaratoria de responsabilidad del departamento de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 , con ocasión de la supuesta ocupación temporal de l inmueble de propiedad del demandante señor Darío de Jesús Uribe Vélez.

Resulta oportuno señalar que en la audiencia inicial celebrada este despacho dispuso diferir a la sentencia las excepciones formuladas por la parte accionada, por lo que

inmueble de propiedad del demandante señor Darío de Jesús Uribe Vélez.

Resulta oportuno señalar que en la audiencia inicial celebrada este despacho dispuso diferir a la sentencia las excepciones formuladas por la parte accionada, por lo que corresponde en esta oportunidad realizar el respectivo análisis, máxime porque, como ya se anticipó, a los jueces les corresponde indicar la vía procesal correspondiente, aun cuando la actora hubiese señalado una inadecuada.

En ese contexto, a la Sala le corresponde hacer una lectura íntegra tanto de las pretensiones como de los hechos de la demanda, a fin de determinar si el medio de control de reparación directa era el adecuado o no para dirimir esta controversia.

Es cierto que la pretensión declarativa y gran parte del sustento del escrito inicial gira en torno a que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3, ocupó

2 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).” 3 “ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y

(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).” 3 “ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…)” (se destaca).27001 23 33 000 2016 00053 00

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temporalmente el inmueble de propiedad del señor Darío de Jesús Uribe Vélez , lo cual, en principio, daría lugar a entender que sí era procedente la reparación directa, en los términos del artículo 1404 del CPACA; sin embargo, de acuerdo con una lectura integral de las pretensiones de condena y de los hechos de la demanda, la conclusión sobre el medio de control procedente sería distinta, en tanto la discusión en este caso tiene relación con el contrato de arrendamiento suscrito por las partes en contienda, tal como pasa a explicarse a continuación.

En efecto, en los hechos de la demanda se hizo mención al contrato No. 004-CBACAIM32012, cuyo objeto5 consistió en que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 tomaba en arriendo el inmueble conocido como Hotel Casa Blanca , con un plazo de ejecución de diez meses6. En el expediente se encuentra pro bado que la Fecha de terminación del contrato era 31 de diciembre de 201 2. También está

con un plazo de ejecución de diez meses6. En el expediente se encuentra pro bado que la Fecha de terminación del contrato era 31 de diciembre de 201 2. También está acreditado que tal negocio jurídico se liquidó por mutuo acuerdo el 2 de marzo de 20127.

Conviene señalar que en la demanda se alegó que, a pesar de que el contrato finalizó el 31 de diciembre de 2012, la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3, siguió con la tenencia del inmueble hasta el 2 de junio de 2013. Por esta razón, el señor Darío de Jesús Uribe Vélez, expuso que la ocupación inició a partir del 1° de enero de 2013.

No obstante, este despacho advierte que la tenencia de los inmuebles por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 , luego de la terminación del plazo del contrato de arrendamiento no supone la configuración de una ocupación de hecho, como se alegó en la demanda, en tanto mediaba un negocio jurídico del que, con su finalización, surgía la obligación del arrendatario, en este caso de la entidad de restituir el inmueble arrendado al señor Uribe Vélez , cuyo supuesto incumplimiento no pod ía reclamarse por una vía distinta al medio de control de controversias contractuales.

En el contrato se pactó lo siguiente en cuanto a la obligación del arrendatario de restituir

incumplimiento no pod ía reclamarse por una vía distinta al medio de control de controversias contractuales.

En el contrato se pactó lo siguiente en cuanto a la obligación del arrendatario de restituir los inmuebles (transcripción literal, incluso con posibles errores):

CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. (...) 6. Restituir o entregar la cosa a la terminación del contrato.

A partir de lo anterior, queda claro que a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3, le correspondía restituir los inmuebles una vez terminara

4 “ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”. 5 “CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El ARRENDADOR da en arrendamiento al ARRENDATARIO 10 meses un inmueble conocido como HOTEL CASA BLANCA (…)”. 6 “CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento de l contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012 (...)”

inmueble conocido como HOTEL CASA BLANCA (…)”. 6 “CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento de l contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012 (...)” 7 Folios 24 a 26 del cuaderno No. 1 del tribunal.27001 23 33 000 2016 00053 00

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el negocio jurídico, cuestión que, según la demanda, no sucedió de esa manera. Sobre la obligación de devolver la cosa arrendada, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado:

De conformidad con las normas antes citadas [artículo 2005 del Código Civil] , al producirse la terminación del contrato de arrendamiento, por vencimiento del plazo, se hace exigible la obligación del arrendatario de restituir o devolver el bien objeto del arrendamiento y la del arrendador de recibirlo; es decir, que aunque estas obligaciones existen desde la suscripción misma del contrato , el cual constituye su fuente, su cumplimiento se difiere en el tiempo hasta que sobrevenga la terminación de la relación contractual, ocurrido lo cual dichas obligaciones de restitución y recibo se hacen exigibles y deben ser cumplidas. Se trata de aquellas obligaciones que tienen origen en el contrato pero que están llamadas a s er cumplidas con posterioridad a su vigencia o extinción (...) 8 (negrillas del texto original).

En ese contexto, la Sala destaca que la exigibilidad de la obligación del arrendatario de

obligaciones que tienen origen en el contrato pero que están llamadas a s er cumplidas con posterioridad a su vigencia o extinción (...) 8 (negrillas del texto original).

En ese contexto, la Sala destaca que la exigibilidad de la obligación del arrendatario de restituir el inmueble arrendado nace una vez terminado el plazo contractual. De este modo, bajo la excusa de que el departamento de Casanare siguió con la tenencia de los predios o terrenos -pese a la finalización de dicho negocio jurídi co-, no puede alegarse por la vía de la reparación directa una ocupación de hecho, en tanto la Diócesis de Yopal, arrendadora, lo que realmente discute es el incumplimiento de unas obligaciones que surgieron con la terminación del contrato en cuestión, como la restitución del inmueble arrendado, al punto de que en la pretensión 4.2. solicitó que se ordenara la “restitución” de los predios.

Es decir, si entre las partes mediaba un acuerdo de voluntades que permitía, al término de su plazo, hacer exigible la restitución de los inmuebles dados en arriendo, habría que concluir en este caso que resulta procedente el medio de control de controversias contractuales y no el de reparación directa que ejerció la Diócesis de Yopal en contra del departamento de Casanare.

En un caso similar al que se examina en esta providencia, la Sección Tercera de esta Corporación desestimó una ocupación de hecho sobre un inmueble ante la existencia un contrato de arrendamiento:

De lo anterior se evidencia que, contrariamente a lo afirmado en la parte motiva de los actos administrativos acusados, la permanencia del arrendatario en el

contrato de arrendamiento:

De lo anterior se evidencia que, contrariamente a lo afirmado en la parte motiva de los actos administrativos acusados, la permanencia del arrendatario en el inmueble de propiedad de la entidad territorial no tuvo origen en una ocupación de hecho, sino en un contrato de arrendamiento válidamente celebrado , situación que fue corroborada por la propia entidad pública en la contestación de l a demanda, en la cual admitió que existió un contrato entre el demandante y el Distrito de Santa Marta, pero que el mismo había vencido con ocasión o por causa de la expiración de su plazo extintivo (...)Cabe reiterar que, en el presente asunto, no se presentó ocupación de hecho en un bien del Distrito de Santa Marta, por parte de un particular, sino el incumplimiento de la obligación de restitución por parte de un arrendatario de la entidad distrital , tal como quedó establecido con el material probatorio allegado al expediente9 (se destaca).

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente No. 15.883, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado en providencia del 5 de marzo de 2021, Radicación número: 85001 -23-33-000-2014-00245-02(63300); Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO 9 Ibidem.27001 23 33 000 2016 00053 00

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Lo expuesto hasta aquí, evidentemente, tiene incidencia en el medio de control

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Lo expuesto hasta aquí, evidentemente, tiene incidencia en el medio de control procedente. En efecto, ante la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Darío de Jesús Uribe Velez (Julio Cesar Uribe Velez) y la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 , este asunto no podría enmarcarse en un supuesto de responsabilidad extracontractual por ocupación de hecho sobre los inmuebles de la parte actora. Como en la demanda se pretende la restitución de los predios arrendados, cuya exigibilidad tenía origen en el aludido negocio jurídico, la Sala concluye que el medio de control idóne o que debió ejercer el señor Uribe Velez era el de controversias contractuales, criterio que encuentra sustento en lo dicho por la Sección Tercera del Consejo de Estado en oportunidades anteriores10.

En ese orden ideas, la Sala advierte la improcedencia del medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora, por cuanto la ocupación de hecho alegada sobre los inmuebles queda sin sustento ante la existencia del contrato de arrendamiento suscrito entre el señor Darío de Jesús Uribe Velez (Juli o Cesar Uribe Velez) y la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 , negocio jurídico que se

Ministerio de Defensa – Armada Nacional – batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 2, Batallón de Comando y Apoyo de IM No. 3 , negocio jurídico que se constituye en la fuente de lo que se reclama en la demanda.

3. Caducidad

En lo que atañe al plazo para acudir