TA CHO - 27001233300020160015800-(16-09-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Quibdó, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA No. _0135__/

REFERENCIA: 27001233300020170012600

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACCIONANTE: MARICEL TOBÓN DUARTE

ACCIONADO: MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO - CHOCÓ.

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

Una vez agotados los trámites del proceso y no advirtiéndose la presencia de nulidad que impida abordar el fondo del asunto, se profiere fallo de primera instancia dentro del medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

LA DEMANDA

La señora MARICEL TOBÓN DUARTE , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa formulada el 16 de septiembre de 2014, expedido por el Municipio de Bahía Solano por medio del cual negó el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales por haber laborado como Secretaría de la secretarí a General de dicha entidad territorial desde el día 12 de julio del año 2010 hasta el 30 de enero de 2013. La demanda se sintetiza así:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

se sintetiza así:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS

El apoderado de la parte demandante, formuló como tales las siguientes:

“PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo presunto negativo generado con la omisión del Municipio de Bahía Solano – Chocó de dar respuesta a la reclamación formulada el 16 de septiembre de 2014.

SEGUNDA: Condenar al Municipio de Bahía Solano – Chocó a pagar a la demandante Maricel Tobon Duarte, a título de restablecimiento del derecho, las

siguientes sumas de dineros y prestaciones:

1. $ 909.603,00 por concepto del salario correspondiente al mes de noviembre de 2011.

2. $ 1.193.853,75 por concepto de compensación por vacaciones causadas y no disfrutadas.

3. $ 3.450.675,00 por concepto de prima causada;

4. $ 3.450.675,00 por concepto de cesantías definitivas;

5. $ 1.242.243,00 por concepto de intereses sobre las cesantías.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 2 de 12

6. $ 31.836, 10 diarios por cada trascurra y que transcurra entre el día primero de abril de 2013 y el día en que se cancele el valor de las cesantías definitivas causadas.

Página 2 de 12

6. $ 31.836, 10 diarios por cada trascurra y que transcurra entre el día primero de abril de 2013 y el día en que se cancele el valor de las cesantías definitivas causadas.

TERCERO. Condenar al demandado a pagar a la demandante el valor de las costas que se causen con ocasión del proceso”.

I.II. HECHOS Y OMISIONES

Expresó como fundamentos facticos que sustentan las pretensiones los que a continuación se trascriben:

“1. La señorita Marice Tobón Duarte laboró para el Municipio de Bahía Solano – Chocó, como Secretaria de la Secretaría General del Municipio, entre el 12 de julio de 2010 y hasta el 30 de enero de 2013.

2. Su vinculación fue legal y reglamentaria mediante resolución número 173 del 12 de julio de 2010.

3. La demandante tomó posesión del cargo mediante acta número 022 del miso 12 de julio de 2010 ante el señor Alcalde.

4. Durante el año 2010, la demandante tuvo una asignación salarial mensual de $

874.618,00

5. Durante el año 2011, la asignación salarial mensual de la demandante fue de $

909.603,00

6. Durante el año 2012, la asignación salarial mensual de la demandante fue de

$909.603,00.

7. La demandante estuvo vinculada al Municipio de Bahía Solano, de manera permanente e ininterrumpida, entre el 12 de julio de 2010 y el 30 de enero de

2013.

8. El Municipio de Bahía Solano mediante resolución 781 del 30 d e diciembre de

permanente e ininterrumpida, entre el 12 de julio de 2010 y el 30 de enero de 2013.

8. El Municipio de Bahía Solano mediante resolución 781 del 30 d e diciembre de 2011hizo liquidación parcial de prestaciones sociales y reconoció a favor de la convocante, el valor de las causadas a esa fecha.

9.La demandante no pudo hacer cobro de los valores reconocidos por cuanto nunca se le expidió copia auténtica y con constancia de ejecutoria del mencionado acto administrativo y el Municipio no hizo su pago. 10.El Municipio de Bahía Solano dejó de cancelar a la convocante el salario correspondiente al mes de noviembre de 2011.

11. Al término de la relación labora l el Municipio quedó adeudando a la ex trabajadora las primas causadas por el tiempo laborado.

12. Al término de la relación laboral el Municipio quedó adeudando a la ex trabajadora la compensación de vacaciones por 2010 a 2013.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 3 de 12

13. Al término de la relación de trabajo el Municipio quedó adeudando a la ex trabajadora las cesantías causadas entre el 12 de julio de 2010 y el 30 de enero de 2013 con sus correspondientes intereses a las cesantías.

13. Al término de la relación de trabajo el Municipio quedó adeudando a la ex trabajadora las cesantías causadas entre el 12 de julio de 2010 y el 30 de enero de 2013 con sus correspondientes intereses a las cesantías.

14. El 16 de septiembre de 2014, por escrito la demandant e solicitó a la Administración Municipal el pago de las prestaciones sociales adeudadas, así como del mes de salario correspondiente a noviembre de 2011 y la indemnización por falta de pago y mora en el pago de las cesantías definitivas causadas.

15. El Municipio de Bahia Solano no dio respuesta a la reclamación formulada por la demandante.

16. La demandante me ha conferido poder para adelantar conciliación extra judicial tendiente a llegar a un acuerdo frente a sus derechos laborales pendientes de reconocimiento y pago”.

I.III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

En el acápite denominado normas violadas y concepto de la violación, el apoderado del actor indica que se han infringido y seguidamente desarrolla las siguientes:

Artículos 4, 5, 8, 13, 20, 25, 32, 33, 40, 45, y concordantes del Decreto 1045 de 1978; artículos 8, 11 y concordantes del Decreto 3135 de 1968; Decreto 3148 de 1968; Artículo primero Decreto 1919 de 2002, Artículo 4 y 5 de la ley 1071 de 2006; artículos 13, 14, 83, 103, 104, 138, 152, 156, 157, 161, 162, 164 numeral primero 166 y 179 y s.s. del Código Contencioso Administrativo.

2006; artículos 13, 14, 83, 103, 104, 138, 152, 156, 157, 161, 162, 164 numeral primero 166 y 179 y s.s. del Código Contencioso Administrativo.

Como concepto de la violación manifestó luego de citar normas y Jurisprudencia sobre la sanción moratoria argumentó “ Estas normas regulan las p restaciones sociales ordinaria a que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Nación, pero que sirven de fundamento para el reconocimiento y pago a los empleados públicos y trabajadores oficiales de los sectores regionales, Departamentos y Municipios. Este conjunto de normas establecen como derechos mínimos de los empleados públicos las prestaciones de vacaciones o su compensación, prima de navidad y auxilio de cesantías.

(…)

Ahora, el no pago oportuno de las cesantías causadas a favor de la trabajadora, hace la conducta del ente municipal, violatoria de los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, y en razón de ello está obligado, no solo a pagar el monto de las cesantías causadas, de acudo (sic) con las pretensiones de la demanda, sino la indemnización que estas mismas normas determinan como sanción por mora.”Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 4 de 12

II. LA ADMISIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 4 de 12

II. LA ADMISIÓN

Mediante auto de 16 de enero de 20181, esta Corporación admitió la demanda, ordenó efectuar las notificaciones previstas en el artículo 171 del CPACA, y demás ritualidades.

III. CONTESTACIONES

La entidad demandada Municipio de Bahía Solano, nocontestó el presente medio de control.

VI. TRÁMITE PROCESAL

IV.I. Audiencia inicial.2

El 07 de mayo de 20193 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se saneó el trámite, se fijó el litigio, y se fijó la audiencia de pruebas de conformidad con el artículo 180 numeral 10 del C.P.A.C.A.

En efecto, se declaró saneado el presente proceso, luego de que la Magistrada Ponente preguntó a las partes sobre la posible existencia de vicios que invalidaran la actuación, a lo cual respondieron que no había ninguna objeción al respecto.

En este mismo sentido, se señaló que no existían excepciones previas a resolver y en todo caso cualquiera que se encontrare probada debía ser resuelta en la sentencia.

De igual forma insto a las partes para conciliar el litigio, lo cual no fue posible por falta de ánimo conciliatorio. Asimismo, se precisó que el litigio se circunscribiría a “Corresponde a la Sala establecer la legalidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa del 16 de septiembre de 2014,

“Corresponde a la Sala establecer la legalidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa del 16 de septiembre de 2014, por medio del cual el Municipio de Bahía Solano, niega el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a la señora Maricel Tobón Duarte y si como consecuencia de ello resu ltan procedentes las declaraciones que a título de restablecimiento del derecho se efectúan en la demanda, es decir, el reconocimiento y pago de salarios, vacaciones, primas, cesantías e intereses a las cesantías, sanción moratoria y demás petitum de la de manda. O si por el contrarios encuentran probadas las excepciones que puedan ser declaradas por el Despacho. ” En relación con lo anterior, no hubo manifestación alguna, por lo que dicha decisión quedó ejecutoriada.

De otro lado, se atribuyó a las pruebas aportadas por las partes, el valor probatorio que la ley les confiere.

1 Folios 24 vto del expediente. 2 Folios 41-43 vto del expediente. 3 Se fijó mediante auto de sustanciación del veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018) y se reprogramó mediante auto del veinte (20) de noviembre del mismo año.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 5 de 12

IV.II. Audiencia de alegaciones y juzgamiento.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 5 de 12

IV.II. Audiencia de alegaciones y juzgamiento.

Mediante auto 084, se prescindió de la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento por considerarla innecesaria, al tenor del inciso 3º del artículo 181 del CPACA.

Por ende, se ordenó correr traslado por el término común de 10 días a las partes y al Minister io Público para que las primeras presentaran sus escritos de alegaciones, y el segundo, rindiera el concepto correspondiente.

Durante el término de traslado las partes alegaron de conclusión:

La parte demandante

La parte demandante reiteró los argument os expuestos en los hechos de la demanda.4.

Parte demandada.

La parte demandada no alegó de conclusión en el presente asunto.

Concepto del Agente del Ministerio Público.

No hay constancia en el expediente que el Agente del Ministerio Público haya emitido concepto alguno.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.

V.I Competencia.

La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad al numeral 2 del artículo 152 del C.P.A.C.A.5.

V.II. Actos demandados.

Corresponde al acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa formulada el 16 de septiembre de 2014, expedido por el Municipio de Bahía Solano por medio del cual negó el reconocimiento y pago de sus

Corresponde al acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa formulada el 16 de septiembre de 2014, expedido por el Municipio de Bahía Solano por medio del cual negó el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales por haber laborado en dicha entidad en el periodo comprendido entre el 2010 hasta el 30 de enero de 2013.6

4 Ver expediente en SAMAI. 5 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).” 6 Ver folios 01 del expediente.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 6 de 12

VI. Problema jurídico.

Atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, le corresponde a la Sala:

“(…)Corresponde a la Sala establecer la legalidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa del 16 de septiembre de 2014, por medio del cual el Municipio de Bahía Solano, niega el reconocimiento y pago

“(…)Corresponde a la Sala establecer la legalidad del acto administrativo ficto o presunto producto de la reclamación administrativa del 16 de septiembre de 2014, por medio del cual el Municipio de Bahía Solano, niega el reconocimiento y pago de las prestacion es sociales a la señora Maricel Tobón Duarte y si como consecuencia de ello resultan procedentes las declaraciones que a título de restablecimiento del derecho se efectúan en la demanda, es decir, el reconocimiento y pago de salarios, vacaciones, primas, c esantías e intereses a las cesantías, sanción moratoria y demás petitum de la demanda. O si por el contrarios encuentran probadas las excepciones que puedan ser declaradas por la Sala.”

Para absolver el anterior problema jurídico la Sala utilizará el siguiente esquema: vi.i) Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso; vi.ii.) de lo probado en el proceso y el caso en concreto.

VI.I. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

El empleo público

El artículo 122 de la Constitución Política dispone que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente” y que, además, “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”.

Al respecto, sobre las clases de vinculación a entidades públicas, el Consejo de estado sección segunda7 ha explicado:

El régimen jurídico ha contemplado tres clases de vinculación con las

Al respecto, sobre las clases de vinculación a entidades públicas, el Consejo de estado sección segunda7 ha explicado:

El régimen jurídico ha contemplado tres clases de vinculación con las entidades públicas, las cuales tienen sus propios elementos que los tipifican.

Estas son: la vinculación legal y reglamentaria – empleados públicos, la laboral contractual – trabajadores oficiales con esa clase de contratos y los contratos de prestación de servicios – contratistas, cada una con su propio régimen jurídico.

Un empleado público es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público y pueda obtener los derechos que de ellos se derivan, so n, en principio, la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la determinación de las

7 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 23001 -23-31-000-2010-00176-01(4415-18) Actor: Santiago Niño Bitar Demandado: Municipio de San Bernardo del Viento y OtroMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 7 de 12

funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 7 de 12

funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor (artículo 122 de la C.P.).

Entonces, para que una persona natural desempeñe un empleo público se requiere que su ingreso se realice por medio de una designación válida, nombramiento o elección según el caso, seguida de la posesión para poder ejercer las funciones del empleo. Es decir q ue la persona nombrada y posesionada es la que se encuentra investida de las facultades, cumple con sus obligaciones y presta el servicio correspondiente.

También pueden desempeñar empleos públicos los trabajadores oficiales, los cuales están vinculad os por una relación contractual laboral, además cuentan con su propia legislación y sus derechos están consagrados en normas públicas, como pueden ser los Decretos 3135 de 1968 y 1336 de 1986.

Por otra parte, en el derecho público existen normas legales que han establecido lo relativo a la vinculación mediante contratos de prestación de servicios; esta clase de vinculación se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993, en cuyo artículo 32 se señala este tipo de contratos solo se pueden celebrar con personas naturales con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, cuando no puedan ser realizadas por el personal de planta o requieran de conocimientos especializados e incluso, se consagró que podían ser contratadas en forma verbal8; en efecto, el artículo 26 del Decreto 222 de

no puedan ser realizadas por el personal de planta o requieran de conocimientos especializados e incluso, se consagró que podían ser contratadas en forma verbal8; en efecto, el artículo 26 del Decreto 222 de 1983 y el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 19939, establecieron que para ciertos tipos de contratos no eran nece sarias las ritualidades contempladas en tales estatutos, entre otras, que constara por escrito.

El anterior recuento demuestra los tipos de vinculación que se pueden dar en una relación entre particulares y una entidad pública. Sin embargo, la Sala no desconoce que la forma de una vinculación o la denominación que se le de a ésta debe guardar relación con la verdad fáctica y jurídica . Para determinar la existencia de una relación laboral como la naturaleza del vínculo (legal reglamentario o contractual) prima la realidad de hecho y de derecho sobre la forma establecida en un “documento” por los sujetos de la relación”10.

VI.II. Caso concreto

De las pruebas aportadas al proceso, se observa lo siguiente:

Resolución 173 del 12 de julio de 2010, por medio de la cual, el Alcalde de la época de Bahía Solano – Chocó, nombró en el cargo de Secretaria de la Secretaría General a la actora.

8 Ver sentencia del 18 de agosto de 1996, Radicación No. 7903, M.P.: Dr. Javier Díaz Bueno. 9 Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

10 Sentencia de trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), radicación número: 05001 -23-31-000-20039 Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

10 Sentencia de trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), radicación número: 05001 -23-31-000-200301050-01(1943-12), actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, demandado: Municipio de la Ceja del Tambo – Antioquia.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 8 de 12

Decreto N° 033 de febrero de 2013, por medio de la cual se acepta la renuncia al cargo de la actora y se realiza otro nombramiento.

Certificación de tiempo de servicio de la actora. Resolución N° 781 de diciembre de 2011, por medio de la cual se reconoce a la demandante las cesantías, vacaciones y primas, periodo comprendido entre el 12 de julio de 2010 a 30 de diciembre de 2011.

Solicitud elevada por el demandante, dirigida al Alcalde del Municipio de Bahia Solano - Chocó, donde solicita el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales. (Ver folio 15 del expediente).

El 16 de septiembre de 2014, la demandante formuló una petición ante la alcaldía de Bahía Solano (Chocó), en la que solicitó lo siguiente: “ solicito se me reconozca y pague; $ 909.603,00 por concepto del salario correspondiente al mes de

de Bahía Solano (Chocó), en la que solicitó lo siguiente: “ solicito se me reconozca y pague; $ 909.603,00 por concepto del salario correspondiente al mes de noviembre de 2011, 1.193.853,75 por concepto de compensación por vacaciones causadas y no disfrutadas; $3.450.675,00 por concepto de prima causada; $3.450.675,00 por concepto de cesantías definitivas, $ 1.242.243,00 por concepto de intereses sobre las cesantías, $31836,10 diarios por cada día trascurrido y que trascurra entre el día primero de abril de 2013 y el día en que se cancele el valor de las cesantías definitivas causadas prestaciones, que arguye no fueron canceladas durante todo el tiempo que laboró en la Administración Municipal de Bahía Solano, en el cargo de Secretaria de la Secretaría General.

En este contexto, la Sala observa que aunque la demandante reclama el pago de unos salarios, prestaciones sociales e incluso, la sanción moratoria, no allegó al plenario ningún elemento de convicción que permita delimitar cuáles son las sumas que, según su dicho, se le adeudan, y a las cuales tenía derecho por el cargo desempeñado.

En este punto, es necesario recordar que a la parte demandante le asiste la carga de demostrar los hechos que alega, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, que señala:

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las p artes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…).

Al respecto, ha señalado el H. Consejo de Estado que:

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…).

Al respecto, ha señalado el H. Consejo de Estado que:

“Aquella carga comprende tres principios fundamentales: i) el onus probandi incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor relativo a que la parte demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe probar los hechos en que basa su defen sa y; iii) äctore non probante, reus absolvitur que predica la absolución del demandado si el accionante no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda11.

11 En la sentencia de la Corte Constitucional C -070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado. SalaMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 9 de 12

La inobservancia del mandato incluido en el artículo 167 del CGP citado, trae consecuencias desfavorables para la parte que no cumplió con la carga procesal que se le impuso, puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que

procesal que se le impuso, puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado12

Es claro entonces que al expediente no se aportaron, además de las pruebas relacionadas anteriormente, elementos adicionales de convicción que permitan si quiera delimitar el alcance de las pretensiones, pues no existe claridad sobre cuáles son los salarios y prestaciones sociales adeudadas, a cuánto ascienden y el periodo debido, lo que le impide a la Sala realizar la respectiva confrontación probatoria.

En lo referente a la sanción moratoria no podría Sala acceder al reconocimiento de la misma, esto atendiendo a que para que se pueda predicar el silencio administrativo negativo, como mínimo deben transcurrir tres (3) meses contados a partir de la prese ntación de la petición, recuérdese que lo que se demanda es la configuración de los actos fictos o presunto contenido en las peticiones

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-31-000-200301739-01(1634-13). Actor: Jorge Arturo Díaz Montenegro . Demandado: Ministerio de Defensa. Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2016.

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de mayo de 2010. Expediente 2300131-10-002-1998-00467-01.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado numero: 27001233300020170012600

Accionante: Maricel Tobón Duarte

Accionado: Municipio de Bahía Solano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Página 10 de 12

realizadas por ellos. En lo relacionado con las cesantías definitivas13 la norma y la jurisprudencia es clara, en señalar que las mismas se pagarán al momento del retiro del servicio, previa solicitud del empleado. Como quiera que el reconocimiento de estas solo se solicitó el día 16 de septiembre de 2014.

En relación a lo anterior, y de conformidad con las reglas jurisprudenciales establecida en la sentencia 14 respecto de las normas previstas en el C.P.A.C.A. se determinó:

13 Respecto de las cesantías definitivas y para lo que interesa a la Sala, en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-022-2020, se señaló:

“32. Definitivas: Contemplada por el legislador desde su creación con el fin de que el empleado atienda sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar mientras se encuentre cesante del vínculo laboral, de modo que se pagará al momento del retiro del servicio, previa solicitud del empleado, como lo dispuso la Ley 244 de 199526, que al tenor previó:

que se pagará al momento del retiro del servicio, previa solicitud del empleado, como lo dispuso la Ley 244 de 199526, que al tenor previó:

«Artículo 1º. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.” Subrayas de la Sala.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación por Importancia jurídica, Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-S2 Bogotá D.C., 18 de julio de 2018.

15 Se consideran los supuesto de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago 10 días, después de cumplidos 15 para

la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 15 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación

45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso