TA CHO - 27001233300020210007500-(16-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA

ACCIONANDOS DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA

y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE

BARRANQUILLA

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41-001-33-33-005-2024-00367 01

APROBADO EN SALA DE LA FECHA

ASUNTO

Antes de entrar en el asunto que llama la atención de este Tribunal para resolver la segunda instancia del presente mecanismo judicial, se hace imperioso para esta Sala, identificar el sujeto procesal que impugnó la decisión de primera instancia.

Se evidencia a índice 00015 del expediente electrónico Samai 1, que la presente impugnación fue interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Neiva, y no como se indicó en el auto del 28 de enero de 20252, donde se manifestó que esta era concedida en favor de la parte accionante.

Aclarado lo anterior, p rocede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Neiva contra el fallo proferido el 17 de enero de 202 5, por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante el cual accedió al amparo del derecho

instaurada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Neiva contra el fallo proferido el 17 de enero de 202 5, por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante el cual accedió al amparo del derecho fundamental del debido proceso, suplicado por la accionante.

1 Impugnación 2 Índice 00017 Expediente electrónico Samai Auto Concede impugnaciónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

1. LA ACCIÓN3

María Cristina Rondón Rivera , actuando por intermedio de apoderado judicial instauró acción de tutela solicitando se ampare n sus derechos fundamentales de petición, debido proceso administrativo, dignidad humana y propiedad privada presuntamente vulnerados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla y que previo el trámite legal que corresponda, se ordene lo siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR en favor de la señora MARÍA CRISTINA RONDON RIVERA, los derechos fundamentales del debido proceso administrativo, petición, dignidad humana y propiedad privada quien actuó por medio de apoderado judicial.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RIVERA, los derechos fundamentales del debido proceso administrativo, petición, dignidad humana y propiedad privada quien actuó por medio de apoderado judicial.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” seccional Barranquilla, para que en el término de veinticuatro (24) horas emita la Certificación respecto la validez del Oficio 2020081760000274 del 12 de junio de 2020 en razón al artículo tercero de la actuación administrativa (Expediente 200-AA-2024-028) adelantado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva.

TERCERO: ORDENAR al Registrador de Instrumentos Públicos de Neiva una vez recibida la información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” seccional Barranquilla proceda a finalizar la actuación administrativa vinculada al Folio de Matricula Inmobiliaria No. 200-87252 dejando

sin efectos jurídicos la anotación No. 5 de Fecha 19-06-2024 y Radicación: 2024200-6-11438.

CUARTO: Las demás que el JUEZ CONSTITUCIONAL determine para garantizar la protección de los derechos fundamentales del debido proceso administrativo, petición, dignidad humana y propiedad privada del sujeto de especial protección.”

Lo anterior se sustenta en los siguientes HECHOS:

• Que la señora María Cristina Rondón Rivera adquirió un inmueble en el

municipio de Rivera -Huila, mediante escritura pública No. 5.120 del 13 de diciembre de 1993, inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva bajo la matrícula inmobiliaria No. 200-87252.

municipio de Rivera -Huila, mediante escritura pública No. 5.120 del 13 de diciembre de 1993, inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva bajo la matrícula inmobiliaria No. 200-87252.

• En el mes de junio de 2024 , la accionante solicitó un certificado de

tradición y libertad de su inmueble , evidenciando la anotación No. 5 , correspondiente a un embargo inscrito el 19 de junio de 2024 , derivado del Oficio 2020081760000274 del 12 de junio de 2020, expedido por la DIAN Seccional Barranquilla dentro de un proceso de jurisdicción coactiva.

3 Índice 003 Documento 2 expediente de primera instancia – SamaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

• Señala que no tiene ninguna obligación pendiente con la DIAN que justifique la medida de embargo , por lo que considera que la misma es injustificada y vulnera su derecho de propiedad.

• Con el fin de aclarar la situación, presentó un a petición a la DIAN, obteniendo una respuesta de la Seccional Neiva, suscrita por el funcionario Edwin Vivas Ochoa , en la cual no se respondió de fondo sobre el embargo. Posteriormente, la Seccional Bogotá remitió el caso a

obteniendo una respuesta de la Seccional Neiva, suscrita por el funcionario Edwin Vivas Ochoa , en la cual no se respondió de fondo sobre el embargo. Posteriormente, la Seccional Bogotá remitió el caso a la Seccional Neiva, sin dar solución, y finalmente la DIAN Barranquilla solicitó ampliación del plazo para responder, pero nunca aclaró la causa del embargo.

• Aduce que, ante la falta de claridad sobre el origen de la medida, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva inició la actuación administrativa expediente No. 200-AA-2024-028 para revisar la legalidad del embargo . Que no obstante, a la fecha no se ha emitido una decisión de fondo, por lo que la inacción de la DIAN y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, petición, dignidad humana y propiedad privada.

• Señala que nació el 10 de diciembre de 1948, por lo que a la fecha cuenta con 76 años , siendo considerada un sujeto de especial protección constitucional, conforme a lo dispuesto en el artícul o 46 de la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte

Constitucional.

• Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la DIAN Seccional Barranquilla certificar la validez del Oficio 2020081760000274, que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva finalizar la actuación administrativa y eliminar la anotación de embargo , y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, en especial considerando su condición de adulto mayor.

Instrumentos Públicos de Neiva finalizar la actuación administrativa y eliminar la anotación de embargo , y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, en especial considerando su condición de adulto mayor.

2. INFORMES Y/O CONTESTACIÓN DE LAS ACCIONADAS

2.1 OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE NEIVA4.

Se opuso a la prosperidad de la acción, indicando que su actuación se ha limitado a dar cumplimiento a las normas registrales vigentes y que la anotación del embargo se realizó con base en un acto administrativo expedido por la

4 Índice 0008 expediente electrónico Samai primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

DIAN Seccional Barranquilla , el cual tenía todos los requisitos formales exigidos por la ley.

Asimismo, que no tiene competencia para cuestionar o modifi car las decisiones de la DIAN, ya que su función es únicamente registrar los actos administrativos que cumplan con los requisitos legales. Indicó que, una vez la accionante presentó su solicitud, se inició una actuación administrativa para verificar la validez de la medida, pero que la falta de respuesta clara por parte de la DIAN ha dificultado la resolución del caso.

accionante presentó su solicitud, se inició una actuación administrativa para verificar la validez de la medida, pero que la falta de respuesta clara por parte de la DIAN ha dificultado la resolución del caso.

Finalmente, informó que ya se remitió el Oficio 2002024EE05556 del 12 de diciembre de 2024 al juzgado, con el fin de acreditar el cumplimiento del fallo de tutela y demostrar que la ORIP Neiva ha actuado dentro del marco legal.

2.2. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL

NEIVA5

Igualmente se opuso a la acción, argumentando que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la situación jurídica del embargo sobre la matrícula inmobiliaria No. 200-87252, aún se encuentra en trámite dentro de una actuación administrativa en curso, por lo que la accionante cuenta con otros medios de defensa. Asimismo, que no se ha probado la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional , aclarando que la DIAN sí respondió la petición de la accionante mediante Oficio No. 102272563 del 10 de septiembre de 2024, emitido por la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, en el cual se dio respuesta de fondo a la solicitud presentada.

Respecto al embargo ordenado por la entidad, explicó que la medida cautelar fue inscrita por jurisdicción coactiva y que la situación jurídica d el inmueble debe resolverse a través del procedimiento administrativo correspondiente, sin que la entidad pueda levantar el embargo por vía de tutela.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

inmueble debe resolverse a través del procedimiento administrativo correspondiente, sin que la entidad pueda levantar el embargo por vía de tutela.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 17 de enero de 2025, resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, y ordenó:

5 Índice 0009 expediente electrónico Samai primera instancia 6 Índice 00011 expediente de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al Debido Proceso a la señora MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: ORDENAR a la DIAN Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla – Atlántico que, a través de la División de Recaudo y Cobranzas y/o la Jefatura del GIT Cobro Coactivo y Ejecución de Bienes de la División de Recaudo y Cobranzas (o la entidad que corresponda), dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, expida y remita con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, la certificación

Cobranzas (o la entidad que corresponda), dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, expida y remita con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, la certificación requerida, conforme al auto de fecha 18 de octubre del 2024, que dio inicio a la actuación administrativa para determinar la realidad jurídica del predio identificado con matrícula inmobiliaria no. 200-87252.

TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, que, una vez reciba la certificación de parte de la DIAN , y dentro de los 05 días siguientes a su recepción, proceda a resolver de fondo la Actuación Administrativa iniciada mediante auto del 18 de octubre del 2024, comunicando las resultas a la parte actora. (…)”

El a quo consideró como hechos probados que María Cristina Rondón Rivera es propietaria del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-87252, el cual registra un embargo dec retado por la DIAN Seccional Barranquilla dentro de un proceso de cobro coactivo ; que la DIAN, mediante Oficio No. 102272563 del 10 de septiembre de 2024, puso en duda la autenticidad del documento que originó la medida de embargo, ya que presentaba inconsistencias en la numeración y en la identidad del firmante y que ante esta situación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva (ORIP Neiva) inició una actuación administrativa para determinar la realidad jurídica del predio y que se ofició a la DIAN en varias ocasiones, sin recibir respuesta clara sobre la autenticidad del embargo.

De esta manera, concluyó la primera instancia, que la tardanza

realidad jurídica del predio y que se ofició a la DIAN en varias ocasiones, sin recibir respuesta clara sobre la autenticidad del embargo.

De esta manera, concluyó la primera instancia, que la tardanza injustificada de la DIAN en expedir la certificación que permita cerrar la actuación administrativa vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, especialmente porque la propia entidad ha puesto en duda la validez del acto administrativo que originó la medida.

Bajo el anterior argumento, encontró vulnerado el derecho fundamental al debido proceso administrativo, y decidió protegerlo impartiendo las ordenes antes transcritas.

4. LA IMPUGNACIÓN7

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Neiva interpuso recurso de impugnación, alegando que la decisión del juez de primera

7 Índice 015 documento 18 expediente digital de primera instancia SamaiTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

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instancia desconoció que el caso era un hecho superado, lo que debía llevar a declarar la carencia actual de objeto y, en consecuencia, la improcedencia de la tutela.

Como fundamento de su impugnación, la DIAN sostuvo que, antes de la sentencia de tutela, la Seccional de Impuestos de Barranquilla ya había emitido

tutela.

Como fundamento de su impugnación, la DIAN sostuvo que, antes de la sentencia de tutela, la Seccional de Impuestos de Barranquilla ya había emitido la certificación requerida y la remitió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva los días 16 y 18 de diciembre de 2024, lo que desvirtuaría la supuesta vulneración de derechos de la accionante.

También argumentó que el fallo de tutela no tuvo en cuenta el oficio 102201272-00030 del 13 de diciembre de 2024, en el cual la DIAN respondió formalmente la solicitud de certificación sobre la validez del Oficio 2020081760000274, documento que originó el embargo cuestionado. Este oficio fue enviado antes del fallo de primera instancia, por lo que considera que la acción de tutela perdió su objeto.

Con base en lo anterior, la DIAN solicita se revoque parcialmente la sentencia y declare la carencia actual de objeto por hecho superado , argumentando que la certificación ya fue expedida y enviada a la ORIP Neiva antes de la decisión judicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala del Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del C.P.A.C.A.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora María Cristina Rondón Rivera y la accionada -DIANinterpuso recurso de impugnación , alegando la

Como el a quo decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora María Cristina Rondón Rivera y la accionada -DIANinterpuso recurso de impugnación , alegando la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado , leTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

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corresponde a la Sala determinar ¿ si procede revocar la sentencia de primera, al constatares que la entidad accionada, antes de dictarse sentencia de primera instancia, dio respuesta a la petición elevada por la accionante y si en ese supuesto, se configura un hecho superado?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia que amparó el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora María Cristina Rondón Rivera, al evidenciarse que la DIAN adelantó un procedimiento de cobro coactivo sin acreditar haber notificado debidamente a la accionante y que fue su inactividad lo que produjo la vulneración de tal derecho , en tanto fue esa la razón que impidió cerrar la actuación administrativa adelantada por la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, para determinar la realidad jurídica del predio de propiedad de la accionante.

Además, no procede revocar la sentencia, porque no se configura un

Instrumentos Públicos de Neiva, para determinar la realidad jurídica del predio de propiedad de la accionante.

Además, no procede revocar la sentencia, porque no se configura un hecho superado, comoquiera que, durante el trámite judicial surtido en primera instancia, la recurrente no aportó prueba alguna que demostrara haber dado respuesta de fondo a lo solicitado.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional la señora María Cristina RondónTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

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Rivera, quien actúa por intermedio de apoderado judicial y alega vulneración de sus derechos fundamentales.

La legitimación en la causa por pasiva, se encuentra en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -Seccional Barranquilla y la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva , entidad es públicas del orden Nacional y Municipal a las que se les endilgan las violaciones de los derechos invocados, al no dar respuesta de fondo y oportuna a la solicitud presentada por la accionante.

4.2 Inmediatez

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de protección “ inmediata” de derechos fundamentales y si bien no existe un término constitucional y legal dentro del cual los ciudadanos deben interponer esta acción, también lo es que ello no implica que la solicitud de amparo pueda presentarse en cualquier tiempo, puesto que se “desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”8.

En tales términos, según la jurisprudencia constitucional, el requisito de inmediatez exige que la acción de tutela sea presentada en un “término razonable”9 respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

Al respecto, al no existir un término definido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas10. En primer lugar, se debe tener en cuenta que se está en pr esencia

Al respecto, al no existir un término definido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir de tres reglas10. En primer lugar, se debe tener en cuenta que se está en pr esencia de un mandato que busca proteger la seguridad jurídica y garantizar la protección de los derechos de terceros, que puedan verse afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que no es razonable. En segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto y, en tercer lugar, es preciso tener en cuenta el concepto de “plazo razonable”, el cual, respecto de la acción de tutela, tiene que ajustarse a la característica de constituir un medio judicial que otorga una respuesta urgente e inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

8 Corte Constitucional, sentencia T-307 de 2017. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

Ahora bien, en este caso la accionante pretend e que se ordene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” Seccional

RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

Ahora bien, en este caso la accionante pretend e que se ordene a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” Seccional Barranquilla, para que en el término de veinticuatro (24) horas emita la certificación respecto la validez del Oficio 2020081760000274 del 12 de junio de 2020, en razón al artículo tercero de la actuación administrativa (Expediente 200-AA-2024-028) adelantado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva y que esta dependencia, una vez recib a tal información, proceda a finalizar la actuación administrativa vinculada al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 200-87252, dejando sin efectos jurídicos la anotación No. 5 del 19-06-2024 y Radicación: 2024-200-6-11438.

Ello con base a las p eticiones que fueron efectuadas a las accionadas el 19 de julio a la DIAN y 29 de julio de 2024 a la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, sin haber sido resueltas de fondo, por lo que procedió a interponer acción de tutela el 11 de diciembre de 2024 (índice 001 Samai primera instancia), por lo que se tiene que la demanda fue interpelada dentro de un periodo que permita inferir que no existió una mora indebida en la presentación de la demanda, por lo que se da por cumplido el requisito de inmediatez11.

4.3 Subsidiaridad

Este requisito encuentra asidero en los artículos 86 de la Constitución, el

de la demanda, por lo que se da por cumplido el requisito de inmediatez11.

4.3 Subsidiaridad

Este requisito encuentra asidero en los artículos 86 de la Constitución, el cual dispone que la acción de tutela tiene -carácter subsidiario-, y 6° numeral 1° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela es excepcional y complementaria a los demás medios de defensa judicia l. En virtud de lo establecido, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: i) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo y, ii) cuando el afectado interpone la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, supuesto en el que procede como mecanismo transitorio . En este último evento, la protección se extenderá hasta ta nto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.

En cuanto al perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe reunir los siguientes requisitos para que se torne procedente la acción de tutela: i) que se trate de un hecho cierto e inminente; ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; iii) que la situación a la que se enfrenta la

11 Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de 1999, T-1229 de 2000, T-173 de 2002, T-558 de 2002, T-797

medidas a tomar deben ser urgentes; iii) que la situación a la que se enfrenta la

11 Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de 1999, T-1229 de 2000, T-173 de 2002, T-558 de 2002, T-797 de 2002, T-684 de 2003, T-1000 de 2006, T-1050 de 2006, T-1056 de 2006, T-185 de 2007, T-681 de 2007, T-364 de 2007, T-095 de 2009 y T-265 de 2009, entre otras.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

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persona es grave; y finalmente iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.

Ahora bien, de manera pasiva la Corte Constitucional ha reconocido que el amparo constitucional es procedente cuando “(…) el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”12.

En ese sentido, se considera que existen algunos grupos con características particulares que pueden llegar a sufrir daños o amenazas dadas sus condiciones de debilidad o vulnerabilidad manifiesta lo que, en

En ese sentido, se considera que existen algunos grupos con características particulares que pueden llegar a sufrir daños o amenazas dadas sus condiciones de debilidad o vulnerabilidad manifiesta lo que, en consecuencia, implica adoptar un “tratamiento diferencial positivo” 13, ampliándose con ello el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela.

De este modo y comoquiera que en el presente caso se está buscando la protección de un derecho de rango fundamental y se trata de una persona que se halla en situación de vulnerabilidad , debido a que se considera es una persona de la tercera edad, se hace imprescindible el uso de la acción de tutela como un mecanismo expedito y e fectivo que dé solución a la situación presentada, superándose con ello el presupuesto de la subsidiariedad.

5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1 Del derecho fundamental de petición

La Constitución Política establece en el artículo 23 que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

Este derecho se considera fundamental y puede ser entendido, de un lado, como la facultad de formular una petición respetuosa ante las autoridades, y del otro, el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo.

12 Corte Constitucional, sentencias T282 de 2008, T252 de 2017 y T-431 de 2019. 13 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2015.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

ACCIÒN DE TUTELA

13 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2015.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11 ACCIÒN DE TUTELA ACCIONANTE: MARÍA CRISTINA RONDÓN RIVERA ACCIONADA: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - SECCIONAL NEIVA y la OFICINA DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BARRANQUILLA RAD. 41-001-33-33-005-2024-00367 01

La Corte constitucional ha concluido que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con ciertas condiciones: (i) oportunidad14; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado15; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario16, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental.

El incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva a la vulneración del derecho de petición, pues impide al ciudadano obtener respuesta efectiva y de fondo.17

La Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho fundamental de petición y se sustituyó el Título II y artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, establece en el artículo 13 lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución

o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, exa