TA CHO - 27001233300020210008000-(16-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE LUZ YANETH SILVA REMISIO

ACCIONANDO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MUNICIPAL DE NEIVA Y OTROS

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 410013333008-2024-00379-01

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Procede la Sala a resolver la impugnación instaurada por la parte accionada Secretaría de Educación Municipal de Neiva, contra el fallo proferido el 21 de enero de 2025 , por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, mediante el cual accedió al amparo constitucional.

1. LA ACCIÓN1

Luz Yaneth Silva Remisio, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela solicitando que se amparen sus derechos a la igualdad, petición y debido proceso, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Educación de Neiva y la Fiduprevisora S .A. - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) , al no haber resuelto y notificado su solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de vejez, radicada desde el 12 de agosto de 2024 en la Plataforma Humano del fondo prestacional.

Como hechos fácticos se establecen que la señora Silva Remisio presentó petición e n el sentido, forma y fecha antes señalados, sin haber recibido

de 2024 en la Plataforma Humano del fondo prestacional.

Como hechos fácticos se establecen que la señora Silva Remisio presentó petición e n el sentido, forma y fecha antes señalados, sin haber recibido respuesta alguna.

1 Documento a índice No. 4 del expediente de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

ACCIÒN DE TUTELA

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2. LA CONTESTACIÓN

2.1. Secretaría de Educación Municipal de Neiva2

Solicitó su desvinculación de la causa, al señalar que no le es atribuible vulneración de derecho alguno, comoquiera que ello es responsabilidad del Fomag, quien debe proceder a aprobar o rechazar el proyecto de acto administrativo, conforme al artículo 2.4.4.2.3.2.6. del Decreto 1272 de 2018, el que fue remitido, luego de superar la etapa de revisión y valida ción, el día 13 de agosto de 2024 bajo el N° NEIVA20240813JT71619, sin que hasta la fecha la entidad fiduciaria hubiera realizado pronunciamiento alguno.

2.2. Fiduprevisora SAvocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag3

Luego de señalar el procedimiento establecido en el Decreto 1272 de 2018,para el reconocimiento de prestaciones económica s por parte de esa entidad, manifestó que el medio constitucional en general es improcedente para

Sociales del Magisterio – Fomag3

Luego de señalar el procedimiento establecido en el Decreto 1272 de 2018,para el reconocimiento de prestaciones económica s por parte de esa entidad, manifestó que el medio constitucional en general es improcedente para definir derechos litigiosos de contenido económico; como también, que una vez validada la solicitud de la accionante, se procedió a consultar el aplicativo Humano En Línea y encontró una solicitud de pensión de jubilación, la cual se encuentra en estado validación Fomag.

Al respecto, indicó que la responsabilidad en la expedición y notificación del acto administrativo recae exclusivamente en la Secretaría de Educación; y, que, además, el documento al que hace referencia la accionante es una solicitud de prestación económica, lo que corresponde a un trámite administrativo que se radica en la Secretaría de Educación Departamental (sic) y no un derecho de petición.

En tal alcance, concluyó que no existe derecho alguno vulnerado , al deprecar haber desplegado todas las actuaciones conforme a la normat ividad, por lo que, solicitó la declaratoria de improcedencia.

2 Documento a índice No. 9 del expediente de primera instancia – Samai. 3 Documento a índice No. 10 del expediente de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, mediante sentencia proferida el 21 de enero de 2025 , resolvió tutelar el derecho de petición y le ordenó a la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva y a la Fiduprevisora S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación, den respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento pensional.

Para llegar a la anterior conclusión, a rgumentó que la accionante promovió el 12 de agosto de 2024 petición de reconocimiento y pago de pensión por jubilación, a través de la plataforma Humano En Línea, la cual fue admitida por la Secretaría de Educación de Neiva y remitida para la aprobación del acto administrativo respectivo al Fomag el día 13 siguiente . Asimismo, que, vencidos los 4 meses contados a partir de la radicación de la petición, sin que la misma hubiera sido resuelta, era más que evidente la vulneración del derecho invocado.

En tal medida, determinó que como se trata de una solicitud en la que tanto la Fiduprevisora como la Secretaría de Educación del municipio de Neiva intervienen, las dos entidades son las llamadas a atender de fondo la solicitud de la accionante.

4. IMPUGNACIÓN5

La Secretaría de Educación del Municipio de Neiva , impugna la anterior decisión, centrando sus argumentos en que la entidad, de manera

de la accionante.

4. IMPUGNACIÓN5

La Secretaría de Educación del Municipio de Neiva , impugna la anterior decisión, centrando sus argumentos en que la entidad, de manera oportuna, desplegó las actuaciones a su cargo en lo que respecta al trámite iniciado por la señora Silva Remisio, comoquiera, que a la fecha la resolución del mismo, dependiendo en todo caso de las acciones que efectúe la Fiduprevisora, conforme al Decreto 1272 de 2018.

A su vez, advierte, que la Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora, a pesar de hacer parte de un mismo proceso, cumplen funciones disímiles que se ejecutan en tiempos diferentes, cuyas etapas van encadenadas; empero, que en el estado en que se encuentra actualmente la solicitud de la accionante, esta no puede ser resuelta de fondo por parte de la Secretar ía, al estar en cabeza exclusiva del Fomag.

4 Documento a índice No. 11 del expediente de primera instancia – Samai. 5 Documento a índice No. 13 del expediente de primera instancia – Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia la impugnación presentada, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del CPACA.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo accedió al amparo constitucional solicitado y la accionada Secretaría de Educación de Neiva impugna tal decisión, la Sala deberá resolver si ¿procede revocar o confirmar la sentencia de primera instancia y definir si la Secretaría de Educación de Neiva vulnera los derechos fundamentales de la demandante, al no haber resuelto de fondo, junto con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria Fiduprevisora S.A ., la solicitud de pensión de vejez radicada el día 12 de agosto de 2024?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala considera que el fallo impugnado debe confirmarse , pues la petición de la accionante debe ser resuelta por las dos entidades accionadas, comoquiera que se trata de funciones coordinadas y complementarias y en ese orden, la Secretaría de Educación de Neiva, si bien ha cumplido con uno de los trámites -remitir proyecto de acto administrativo a la Fiduprevisora S.A. - también lo es que a la fecha, no se ha resuelto de fondo la petición de reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la accionante y en ese procedimiento es claro que se requiere la intervenc ión de esta dependencia administrativa.

reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la accionante y en ese procedimiento es claro que se requiere la intervenc ión de esta dependencia administrativa.

A la postre, se exhortará a la Fiduprevisora S.A, para que, en lo sucesivo, dé cabal cumplimiento a los términos legales.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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Para resolver lo anterior, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) la acreditación de los requisitos de procedencia; (ii) del debido proceso ante solicitudes de naturaleza prestacional o pensional y el término para responderlas; (iii) el trámite de las solicitudes de prestaciones de los docentes oficiales; y, (iv) el caso concreto.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

4.1 Legitimación en la causa

El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados

toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

En este caso, está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues instaura la presente acción constitucional Luz Yaneth Silva Remisio, en nombre propio; quien alega vulneración a sus derechos fundamentales deprecados.

Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Constitución Política establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autorida des públicas o, excepcionalmente, por el actuar de los particulares.

En esta oportunidad, la acción se presenta contra la Secretaria de Educación Municipal de Neiva y la Fidruprevisora SAFomag, al señalarse que son las entidades que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales deprecados por la parte actora, máxime, cuando dicho extremo procesal se encuentra en estado de indefensión frente a la s entidades administrativas, porque son estas últimas las encargada del trámite administrativo para la determinación de su derecho pensional (Decretos 1075 de 2015, 1272 de 2018 y 1075 de 2015), por lo que tal requisito se encuentra materializado.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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4.2. Subsidiaridad

El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela es el mecanismo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o violados por la omisión o acción de las autoridades públicas o de los particulares y no existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la protección de esos derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal.

En este caso, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho al debido proceso en materia administrativa pensional (del que se pueden derivar los derechos a la seguridad social y mínimo vital), si se tiene en cuenta que en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo, comoquiera que lo que se persigue en sí no es el derecho prestacional como tal (que daría lugar a las acciones contenciosas), sino el cumplimiento del trámite administrativo.

Entonces, el derecho fundamental al debido proceso debe ser celosamente observado en la totalidad de las actuaciones administrativas, máxime, en las tienen origen en la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de petición cuando su finalidad es una garantía prestacional, comoquiera que,

Entonces, el derecho fundamental al debido proceso debe ser celosamente observado en la totalidad de las actuaciones administrativas, máxime, en las tienen origen en la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de petición cuando su finalidad es una garantía prestacional, comoquiera que, de él, se desprenden otra seria de derechos constitucionales6.

Y, en tal medida, como en este caso no se pretende la declaratoria de un derecho, sino, llanamente, la garantía de una actuación de la administración (resolver solicitud pensional), no existe otro medio cuya finalidad permita tal eventualidad, lo que conduce a tener por satisfecho este requisito.

4.3 La inmediatez

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se puede interponer “ en todo momento ” y, por ende, en principio, no tiene término de caducidad. Sin embargo, dada la naturaleza de ser un mecanismo para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales, bien se puede concluir que su finalidad es dar una solución de carácter urgente a las situaciones que puedan generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales y en ese orden, debe entenderse que este requisito de la

6 Corte Constitucional, sentencia T234 de 2022.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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inmediatez en la interposición de una acción de tutela, siempre debe analizarse teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, a fin de determinar

RAD. 410013333008-2024-00379-01

inmediatez en la interposición de una acción de tutela, siempre debe analizarse teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, a fin de determinar si fue razonable o no el plazo entre el momento en que se interpuso la petición y el que se generó la acción u omisión que vulneró los derechos fundamentales del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional 7 ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición del amparo. Lo anterior, en procu ra del principio de seguridad jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo; sin embargo, aclara que de manera excepcional será procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera inmediata en algunos casos.

En este caso, se observa que se cumplió con este requisito, ya que, la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados por la accionante, si bien se origina desde el 12 de agosto de 2024, se ha mantenido en el tiempo, conforme a lo narrado en el escrito de tutela, al no haberse resuelto la misma, por lo que debe concluirse que la vulneración alegada tiene vocación de actualidad, lo que conduce a la necesidad de la intervención del juez constitucional.

5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1. Del derecho de petición y el debido proceso ante solicitudes de naturaleza prestacional o pensional y el término para responderlas

constitucional.

5. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

5.1. Del derecho de petición y el debido proceso ante solicitudes de naturaleza prestacional o pensional y el término para responderlas

El artículo 29 de la Constitución Política, señala que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Este derecho es una manifestación de los límites al poder estatal que busca proteger a los asociados de las actuaciones ilegales de las autoridades, procurando el respeto por las formas de cada juicio8.

El debido proceso administrativo es exigible de todas las autoridades y de quienes ejercen funciones públicas, al margen de la rama del poder a la que se encuentren adscritos. Por lo tanto, los obligados a garantizar ese derecho son todas las autoridades estatales, como los servidores pú blicos que cumple

7 Corte Constitucional, sentencia SU-108 de 2018. 8 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 2018.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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funciones de carácter administrativo, al igual que aquellas instituciones que por ministerio de la ley ejercen funciones públicas o suministran servicios públicos.

Así entonces, “las situaciones de controversia que surjan de cualquier ti po de proceso requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y

ministerio de la ley ejercen funciones públicas o suministran servicios públicos.

Así entonces, “las situaciones de controversia que surjan de cualquier ti po de proceso requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley, en los reglamentos o en demás normas que resulten aplicables”9.

En efecto, “independientemente de la autoridad administrativa ante la cual actúe el ciudadano, la garantía del derech o al debido proceso administrativo cobija cualquier procedimiento que culmine con una decisión de carácter particular y concreto”10.

De igual manera, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo guarda estrecha relación con el cumplimiento de otros preceptos constitucionales, entre ellos el artículo 6º que establece el de legalidad o el 209 que consagra los principios que deben inspirar la función administrativa, como son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la imparcialidad ya la publicidad.

También ha señalado esta Corporación que existen importantes garantías mínimas asociadas al cumplimiento del debido proceso, que por consiguiente deberán ser observadas en toda actuación de este tipo. Entre ellas: … (ii) que la solicitud o trámite administrativo sea decidido conforme a las leyes preexistentes y con observancia de las formas propias de cada actuación; y ... (v) que la actuación se adelante sin dilaciones injustificadas 11. Garantías que deben respetarse en todo el procedimiento administrativo, desde el inicio de la actuación hasta su ejecución.

(v) que la actuación se adelante sin dilaciones injustificadas 11. Garantías que deben respetarse en todo el procedimiento administrativo, desde el inicio de la actuación hasta su ejecución.

Así entonces, como bien lo ha concluido la Corte Constitucional “el derecho fundamental al debido proceso debe ser celosamente observado en la totalidad de las actuaciones administrativas, tanto aquellas que tienen origen en la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de petición como en las que se cumplan por iniciativa de las autoridades dentro del marco de sus funciones y competencias. Y, su inobservancia o trasgresión atenta contra los principios de la actividad administrativa así con el derecho fundamental al debido proceso”12 (negrita de la Sala).

Ahora bien, atinente al tema, es copioso el desarrollo jurisprudencial en lo que puede configurar violación del derecho fundamental de petición ,

9 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2022. 10 Corte Constitucional, sentencia T-412 de 2019. 11 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2022. 12 Ib.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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cuando no se da respuesta oportuna a solicitudes que versen sobre derechos pensional o sus emolumentos.

En varias decisiones -Sentencias C-951 de 2014, T-275 de 2006, T -124 de 2007 y T -490 de 2018 -13, la Corte Constitucional ha fi jado unas subreglas

pensional o sus emolumentos.

En varias decisiones -Sentencias C-951 de 2014, T-275 de 2006, T -124 de 2007 y T -490 de 2018 -13, la Corte Constitucional ha fi jado unas subreglas especiales sobre el término para la contestación de derechos de petición cuando se trata de pensiones o asuntos relacionados, así:

“Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:

(i) 15 días hábiles para todas las so licitudes en materia pensional –incluidas las de reajustesen cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste en un término mayor a los 15 días, situación de la deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;

(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento

aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;

(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001”.

Igualmente, en sentencia T -326 de 2003, para mayor claridad y en relación con el término para resolver las s olicitudes de pensión , la mentada

Corporación puntualizó:

<…Ahora bien, en lo relativo al término para resolver solicitudes de pensión de jubilación, específicamente aquellas que están siendo tramitadas de acuerdo al término de seis meses fijado por la Ley 700 de 2001, la Corte en reciente jurisprudencia ha señalado lo siguiente que: “… las entidades públicas o privadas del Sistema General de Pensiones para hacer efectivo el derecho solicitado, cuentan, en total, con un término máximo de seis meses para tramitar y comenzar a pagar la pensión respectiva, que se distribuyen así: quince días para atender preliminarmente la petición y hacer las indicacione s que fueren pertinentes al solicitante; cuatro meses para resolver la solicitud de la petición en concreto, de tal manera que se

13 Reiterada en resiente decisión T045 de 2022.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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comience a pagar la pensión correspondiente a más tardar seis meses después de que se hizo la solicitud inicial….”>

RAD. 410013333008-2024-00379-01

comience a pagar la pensión correspondiente a más tardar seis meses después de que se hizo la solicitud inicial….”>

5.2 Trámite de las solicitudes de prestaciones de los docentes oficiales

El Decreto 942 de 2022 que modificó y adicionó el Decreto 1075 de 2015, reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cumplimiento del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, señalando, en cuanto a esa función, lo siguiente:

“Artículo 2.4.4.2.3.2.1. Radicación de las solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas . Las solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deben ser presentadas por el docente ante la última Entidad Territorial Certificada en Educación que haya ejercido o ejerza como autoridad nominadora del afiliado, a través de la herramienta tecnológica adoptada para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Artículo 2.4.4.2. 3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación . Las prestaciones económicas que se pagan con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas y liquidadas por la respectiva Entidad Territorial Certificada en Educación.

Para tal efecto, la Entidad Territorial Certificada en Educación correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

Territorial Certificada en Educación.

Para tal efecto, la Entidad Territorial Certificada en Educación correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Garantizar la disponibilidad, calidad y completitud de la información necesaria para la correcta liquidación de las prestaciones económicas de los docentes, que se encuentre en las herramientas o medios tecnológicos que funcionalmente estén bajo su admi nistración y que permita evidenciar la trazabilidad en el trámite de reconocimiento.

2. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con los procedimientos y herramientas tecnológicas de recolección de información dispuestos para estos trámites.

3. Certificar conforme con los procedimientos establecidos para el trámite a nivel nacional, el tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normativa vigente.

4. Hacer uso de las herra mientas tecnológicas que se dispongan por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para los procesos de reconocimiento de las prestaciones económicas y mantener actualizada la información allí consolidada.

5. Expedir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, dentro de los términos definidos por la ley y reglamentados en laTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

ACCIÒN DE TUTELA

que haya lugar, dentro de los términos definidos por la ley y reglamentados en laTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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presente subsección, con las formalidades y efectos previstos en las demás normas aplicables. (…)

Parágrafo 1°. A excepción de los actos administrativos de reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas, los demás actos administrativos que sean expedidos por la Entidad Territorial Certificada en Educación en los cuales se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo de Pre staciones Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa de la liquidación respectiva por parte de la sociedad fiduciaria, so pena de incurrir en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes .

Artículo 2.4.4.2.3.2.3. Uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. En el marco de las gestiones reguladas en la presente subsección, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán privilegiar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de garantizar los principios de las actuaciones administrativas previstos en la Ley 1437 de 2 011, ”Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, o sus

Comunicaciones, con el fin de garantizar los principios de las actuaciones administrativas previstos en la Ley 1437 de 2 011, ”Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, o sus modificaciones, en especial, los de responsabilidad, eficacia, economía y celeridad”. (Subrayas de la Sala)

Por su parte, el Decreto 1075 de 2 015 “[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, en relación con la labor del Fomag respecto de las solicitudes prestacionales de los docentes, determinó:

“Artículo 2.4.4.2.3.2.6. Gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez . La sociedad fiduciaria, dentro del mes siguiente al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento pensional que cubra el riesgo de ve