TA CHO - 27001333300120160040801-(16-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Acción Tutela. Demandante Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas) Demandado Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros. Derechos invocados Derecho de petición, seguridad social y mínimo vital Radicación 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Asunto SENTENCIA No. S-015 Acta de Sala N°. 007 De la fecha.

1. OBJETO

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Maria Orlinda Cárdenas Montes en calidad de agente oficiosa de su hijo Luis Fernando Archila Cárdenas , contra la sentencia de fecha 06 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, que amparó el derecho fundamental de petición de las solicitudes elevadas los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2024 y dirigidas a NP Medical IPS SAS; negó el amparo respecto de la petición de fecha 13 de julio de 2024 dirigida al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y declaró improcedente la presente acción de tutela en relación con la pretensión de reconocimiento de pensión de invalidez transitoria.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA1

La accionante solicita se proteja el derecho a la seguridad social y al

pretensión de reconocimiento de pensión de invalidez transitoria.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA1

La accionante solicita se proteja el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, otorgando la pensión de invalidez transitoria equivalente a 1 SMLMV para su hijo Luis Fernando Archila Cárdenas, debido a la esquizofrenia paranoide que padece y que fue determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 60.20%.

Precisa que la enfermedad que padece el señor Luis Fernando Archila Cárdenas le impide trabajar a él y de igual manera a ella, en el entendido

1Índice 00003 samai segunda instancia. Oficio Remisorio. Enlace 41001333300820240035600. Cuaderno 01 Primera Instancia. C01Principal. Documento 07DemandaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 18

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

que, como madre cabeza de familia, debe acompañarlo y supervisarlo en sus actividades cotidianas y médicas. Lo que en su sentir genera una situación de vulnerabilidad, por lo que solicita la protección del derecho al mínimo vital , otorgándole transitoriamente la pensión para suplir las necesidades básicas como sujeto de especial protección, en

una situación de vulnerabilidad, por lo que solicita la protección del derecho al mínimo vital , otorgándole transitoriamente la pensión para suplir las necesidades básicas como sujeto de especial protección, en espera del fallo definitivo que se profiera dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.

En cuanto a los hechos, indica que Luis Fernando Archila Cárdenas prestó servicio militar obligatorio como Soldado Regular desde el 16 de febrero de 2016 y hasta el 8 de noviembre de 2016, cuando fue retirado de la entidad, en virtud del artículo 27 Literal A de la Ley 48 de 1993, por padecer de esquizofrenia paranoide que fue desarrollada durante el servicio.

Afirma que la pérdida de capacidad laboral del 60.20% fue determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila.

Concluye, manifestando que el 13 de julio de 2024, solicitó desde el correo electrónico martha.lucia.trujillo@hmail.com al Tribunal Médico, la remisión de la historia clínica, hoja de ser vicios y exámenes practicados al momento del ingreso del señor Luis Fernando Archila Cárdenas a prestar servicio militar.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA2

Mediante providencia del 25 de noviembre de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva admitió la presente acción de tutela ordenando vincular al presente trámite a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, IPS NP Medical S.A.S., Grupo de Prestaciones

vincular al presente trámite a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, IPS NP Medical S.A.S., Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, al Batallón de Alta Montaña No. 9 Tribunal Médico Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y la Personería Municipal de Algeciras; además decretó pruebas.

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

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Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

4.1. ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva3.

El apoderado de la entidad indica que el señor Luis Fernando Archila Cárdenas, reporta como última atención por el servicio de urgencias el día 23 de septiembre de 2024 y fecha de egreso el 10 de octubre de 2024, con diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide.

Que posteriormente el 7 de noviembre de 204, es atendido por consulta especializada en psiquiatría, en donde el médico tratante en la nota de la historia clínica reseña “paciente de 27 años, con antecedentes de esquizofrenia paranoide, ha estado más tranquilo, adecuada evolución, con estabilidad de síntomas”.,

la historia clínica reseña “paciente de 27 años, con antecedentes de esquizofrenia paranoide, ha estado más tranquilo, adecuada evolución, con estabilidad de síntomas”., ordenándole plan con medicamentos y control ambulatorio por psicología y psiquiatría en 2 meses.

Afirma que, con las atenciones anteriores, se demuestra que la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, h a prestado los servicios médicos requeridos por el accionante, protegiendo de esta manera el derecho a la vida y salud del paciente.

Por último, considera que al no presentarse ninguna vulneración a un derecho fundamental por parte de la entidad que repr esenta, se exonere de responsabilidad, por configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.2. Batallón de Alta Montaña No. 94.

En la contestación de la demanda solicita su desvinculación al no presentarse vulneración de ningún derecho fundamental por parte de la entidad, teniendo en cuenta que lo pretendido por el accionante respecto del suministro de la historia clínica y carpeta prestacional, no es de competencia funcional del Batallón de Alta Montaña No. 9, por lo que solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Precisa que en cuanto a lo que le corresponde, ha dado respuesta al señor Luis Fernando Archila Cárdenas, en relación con la expedición de la certificación del tiempo de servicio en la Unidad y la Orden Administrativa de Personal OAP No. 24-89 emitida por la Dirección de

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3 Índice 00009 samai primera instancia 4 Índice 00012 samai primera instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 18

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Personal del Ejército Nacional, que contiene la decisión de retirarlo del servicio.

De igual manera precisa que al no existir derechos fundamentales que se encuentren vulnerados por parte de la entidad, se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, el hecho superado y carencia de objeto.

4.3. Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI (Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional) 5.

Expone que en virtud a lo pretendido no existe vulneración de derechos fundamentales, en el entendido que si bien es cierto a la dependencia le corresponde resolver de fondo peticiones de materia pensional, para tomar dicha determinación previamente la Dirección de Prestaciones Sociales del Magisterio, debe remitir el expediente prestacional que debe contener los soportes documentales , tales como actas de junta médica y hoja de servicio, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Ministerial No. 025 del 31 de julio de 2018, debidamente certificados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

En virtud a lo anteriormente expuesto, manifiesta encontrarse en

Ministerial No. 025 del 31 de julio de 2018, debidamente certificados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

En virtud a lo anteriormente expuesto, manifiesta encontrarse en imposibilidad jurídica de proferir una decisión de fondo sobre la solicitud de pensión de invalidez, por no contar con la documentación requerida para expedir el correspondiente acto administrativo.

Así mismo, solicita negar por improcedente el amparo solicitado en el presente asunto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a l os pronunciamientos de la Corte Constitucional, la entidad cuenta con un término de 4 meses para resolver de fondo solicitudes pensionales.

4.4. NP MEDICAL IPS SAS6.

La entidad da contestación a la presente tutela y en la misma adjunta la historia clínica del señor Luis Fernando Archila Cárdenas.

De igual manera solicita desvincular del presente trámite a NP Medical IPS SAS, toda vez que, dentro del marco de sus competencias y

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Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios de salud, ha dado cumplimiento a lo solicitado como es el suministro de la historia clínica y continuará prestando la atención médica correspondiente al

obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios de salud, ha dado cumplimiento a lo solicitado como es el suministro de la historia clínica y continuará prestando la atención médica correspondiente al señor Archila Cárdenas.

4.5. PERSONERÍA MUNICIPAL DE ALGECIRAS (H)7.

El Personero Municipal en su condición de garante de Derechos Humanos y protec tor del interés público , indica que la señora Maria Orlinda Cárdenas Montes, en calidad de agente oficiosa del señor Luis Fernando Archila Cárdenas no ha puesto en conocimiento de la personería municipal, situación relacionada con el asunto pretendido en la acción de tutela.

Por último, in dica que una vez realizada la consulta en el sistema VIVANTO de unidad de víctimas, la señora Maria Orlinda Cárdenas Montes y Luis Fernando Archila Cárdenas, efectuaron declaración correspondiente a la victimización de desplazamiento forzado el 24 de agosto de 2024 en la ciudad de Bogotá; siendo esta la única información que les consta de la accionante.

Por las razones expuesta s, solicita se desvincule del presente trámite.

4.6. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - TRIBUNAL MÉDICO

LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA8.

Indicó que de conformidad con el artículo 21 del Decreto Ley 1796 de 2000, es competencia del Tribunal Médico Laboral conocer en última instancia sobre las reclamaciones que surjan de las decisiones proferidas por las Juntas Médico Laborales , contando con facult ades para ratificar, modificar o revocar las mismas. Sin embargo, para el caso

2000, es competencia del Tribunal Médico Laboral conocer en última instancia sobre las reclamaciones que surjan de las decisiones proferidas por las Juntas Médico Laborales , contando con facult ades para ratificar, modificar o revocar las mismas. Sin embargo, para el caso específico que, una vez consultado el Sistema de Gestión Documental, no se encontró solicitud del señor Luis Fernando Archila Cárdenas.

Así mismo que la competencia del manej o y registro de las historias clínicas del personal en servicio activo le corresponde a la Dirección General de Sanidad Militar.

7 Índice 00015 samai primera instancia 8 Índice 00016 samai primera instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 18

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La conformación del expediente prestacional le corresponde a la Dirección de Prestaciones Sociales , que a su vez debe remitirlo al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, para que el Viceministro de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa -GSED, se encargue de reconocer y pagar las pensiones de invalidez.

Concluye, precisando que en virtud de lo expuesto no se ha vulnerado ningún derecho fundamental en el presente asunto por parte de la entidad que representa, por lo que solicita ser desvinculado del presente asunto.

4.7. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL

ningún derecho fundamental en el presente asunto por parte de la entidad que representa, por lo que solicita ser desvinculado del presente asunto.

4.7. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL

– DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES (DIPSO)9.

Precisa que, frente a las pretensiones planteadas en la presente acción constitucional, carece de competencia para pronunciarse de fondo , como quiera que corresponde a una solicitud de pensión, siendo este asunto de competencia de la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa DIVRI.

Con fundamento en lo manifestado, solicita se declare la falta de legitimación en la cau sa por pasiva y se desvincule de la presente acción.

4.8. JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE NEIVA10.

Efectúa la aclaración que las pretensiones de la acción de tutela no van dirigidas contra actos o decisiones proferidas por el Despacho , sino contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con la finalidad de obtener el reconocimiento de pensión por la condición psicológica que presenta el señor Luis Fernando Archila Cárdenas y que desarrolló presuntamente cuando prestaba su servicio militar como soldado regular. Así como obtener respuesta al derecho de petición suscrito el 13 de julio de 2004, en donde solicita la expedición de la historia clínica del afectado.

Precisa que en el Despacho se tramita medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por el señor Luis Fernando

9 Índice 00018 samai primera instancia

del afectado.

Precisa que en el Despacho se tramita medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por el señor Luis Fernando

9 Índice 00018 samai primera instancia 10 Índice 00019 samai primera instanciaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 18

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

Archila Cárdenas en contra de La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, bajo el radicado No. 410013333-002-2024-00288-00, en donde se pretende declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo por el cual se negó la pensión de invalidez del señor Luis Fernando Archila Cárdenas.

Así mismo, que con posterioridad a la radicación de la demanda, solicitó medida cautelar, sin embargo de la misma no se ha podido dar traslado a la entidad accionada, como quiera que la demanda fue inadmitida por presentar falencias que deben ser subsanadas, otorgándole un término de 10 días para ello. Precisa que todo el trámite del proceso ordinario, se ha dado en observancia de las normas y jurisprudencia aplicable.

Por último, solicita ser desvinculado de esta acción constitucional, teniendo en cuenta que la misma no se ha originado por actuaciones u omisiones del Juzgado.

se ha dado en observancia de las normas y jurisprudencia aplicable.

Por último, solicita ser desvinculado de esta acción constitucional, teniendo en cuenta que la misma no se ha originado por actuaciones u omisiones del Juzgado.

4.9. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALID EZ DEL

HUILA11.

Guardó silencio ante el traslado concedido.

4.10. DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL12.

Guardó silencio ante el traslado concedido.

5.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA13.

El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva amparó el derecho fundamental de petición al señor Luis Fernando Archila Cárdenas quien actúa a través de su agente oficiosa Maria Orlinda Cárdenas Montes, ordenando a la entidad NP Medical IPS SAS dar respuesta de fondo a las solicitudes de expedición de historia clínica, elevadas los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2024; y negó la protección al derecho fundamental de petición del 13 de julio de 2024, así como declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, respecto de la pretensión de reconocimiento de pensión de invalidez de manera transitoria.

11 Índice 00021 samai primera instancia. Folio 6 12 Índice 00021 samai primera instancia. Folio 6 13 Índice 00021 samai primera instancia. Folio 6TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 18

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

Realizó un recuento normativo y jurisprudencial para aclarar el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, lo que implica que proceda de manera excepcional como mecanismo de protección definitivo, en los siguientes eventos: “i) Cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. (ii) Cuando los medios disponibles resultan inidóneos o ineficaces para proteger de manera adecuada , oportuna e integral los derechos fundamentales, según las circunstancias del caso concreto”.

Precisó que, respecto al derecho de petición , se cumplieron los requisitos de procedibilidad y subsidiariedad, como quiera que tiene la naturaleza de fundame nta y aún no se ha emitido respuesta a la petición elevada por el actor y se entendería que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener una respuesta de la entidad accionada.

Con rel ación al principio de inmediatez, consideró si s e dio cumplimiento al mismo, como quiera que el derecho de petición respecto del cual se solicita la protección, fue presentado el 13 de julio de 2023 y la tutela fue radicada el 27 de septiembre de 2024, es decir ha transcurrido menos de tres meses, considerando este plazo como razonable para acudir por medio de tutela.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de reconocimiento de pensión

decir ha transcurrido menos de tres meses, considerando este plazo como razonable para acudir por medio de tutela.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de reconocimiento de pensión de invalidez de manera transitoria, aclaró que la Corte Constitucional14, para efectos de determinar la subsidiariedad de la acción de tutela , ha determinado que se deben evaluar ciertos requisitos dentro de los cuales se encuentran:“(i) la edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad y los menores son, en principio, sujetos de especial protección constitucional; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (…) (iv) las circunstancias económicas que lo rodean; (v) el hecho de haber agotado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y el momento de radicación del amparo constitucional; (…); y (viii) la posibilidad de que se advierta, sin mayor discusión, la titularidad sobre las prestaciones reclamadas”.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para reclamar prestaciones sociales. No obstante, existen excepciones decantadas en las decisiones de esta Corte, respeto de la mencionada regla general de improcedencia, que exigen al demandante , en lo más relevante para este caso haber mostrado diligencia en “desplegar cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado” para el acceso a la prestación reclamada.

14 Sentencia T-216 de 2023TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 18

administrativa mínima por parte del interesado” para el acceso a la prestación reclamada.

14 Sentencia T-216 de 2023TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 18

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Como primera medi da el a quo, manifiesta que el accionante demostró haber iniciado procedimientos administrativos y judiciales, como quiera que en la actualidad cursa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, bajo el radicado No. 410013333-002-2024-00288-00, en donde el señor Archila Cárdenas pretende la nulidad del acto ficto negativo mediante el cual se negó el reconocimiento de dicha prestación social.

Por otro lado, indicó que, para analizar la procedencia excepcional de la tutela , en donde se pr etende el reconoc imiento de prestaciones sociales, se deb e tener en cuenta: -Existencia de un perjuicio irremediable. -Ineficacia de los medios ordinarios de defens a. -Ser sujeto de especial protección constitucional . Dentro de los cuales, e n dicho precedente jurisprudencial, las personas que han sido retiradas de las fuerzas militares y tiene n una pérdida de capacidad laboral superior al 50% que les impida tener un vínculo laboral también son consideradas como personas de especial protección.

dicho precedente jurisprudencial, las personas que han sido retiradas de las fuerzas militares y tiene n una pérdida de capacidad laboral superior al 50% que les impida tener un vínculo laboral también son consideradas como personas de especial protección.

Aplicando lo anterior, advirtió que en el caso particula r el señor Luis Fernando Archila Cárdenas cuenta con 28 años de edad, es decir no es un menor de e dad y tampoco una persona de la tercera edad. Sin embargo, consideró que si está acreditada la condición de discapacidad del accionante.

Al encontrar superado el elemento de discapacidad, procedió al análisis del siguiente requisito, (viii) la posibilidad de que se advierta, sin mayor discusión, la titularidad sobre las prestaciones reclamadas” , verificando e l cumplimiento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral establecido, si fue determinado por la autoridad competente y s i se es imputable al servicio, así:

• Ley 923 de 2004 artículo 3º, numeral 3.5. y el Decreto 1157 de 2014, artículo 2 , establecen que la pérdida de capacidad laboral de los miembros de las Fuerzas Militares, debe ser dictaminada por las Juntas Médico Laborales y demás organismos médicos, adscritos a la institución. Requisito que no se cumplió como quiera que la pérdida de capacidad laboral fue dictaminada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 18

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de Invalidez.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 18

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-La invalidez de be ocurrir en servicio activo y su origen debe estar relacionado con actos propios del servicio. No se allegó prueba que así lo acredite.

Del estudio anterior , considera que el accionant e no cumple con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable al caso, para acceder a la pensión de invalidez de los miembros de las fuerzas militares , además que los dictámenes sobre la pérdida de capacidad laboral que se emitan e n cada régimen , no son equivalentes ni pueden ser utilizados indistintamente para acced er a las prestaciones específicas de cada sistema.

De igual manera, manifiesta que aun así se valorara el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y se concluyera la titularidad de dicha prestación en cabeza del accionante, no se cumplió con el requisito de inmediatez y en consecuencia tampoco se evidencia el perjuicio irremediable. Y la existencia de otros mecanismos judiciales adecuados para resolver la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, conllevan a que la tutela deba declararse la improcedencia en el asunto bajo estudio.

Ahora bien, en cuanto a la vulneración del derecho de petición invocado por el accionante , por la presunta omisión del Tribunal Médico de las

invalidez, conllevan a que la tutela deba declararse la improcedencia en el asunto bajo estudio.

Ahora bien, en cuanto a la vulneración del derecho de petición invocado por el accionante , por la presunta omisión del Tribunal Médico de las Fuerzas Militares, de dar respuesta de fondo al derecho de petición de fecha 13 de julio de 2024, se pudo corroborar que el mismo fue dirigido al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, sin embargo, no obra la constancia de envío o radicación, por lo que el a quo se abstuvo de pronunciarse sobre la pretensión, como quiera que el actor no cumplió con la carga de la prueba que le asiste en materia de tutela , de demostrar los hechos en los que fundamenta su pretensión.

Sin embargo, en la revisión efectuada a las pruebas allegadas, el juez en primera instancia advierte que e l accionante, radicó al correo electrónico contactenos_npmedical@grupomacromedips.com.co, derecho de petición los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2024 , dirigido a NP Medical IPS, con el objeto de obtener su historia clínica en donde conste la atención brindada por el área de psiquiatría.

Al respecto, aclaró que si bien es cierto la entidad NP Medical IPS en la contestación de la tutela aportó lo solicitado por el accio nante, noTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 11 de 18

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros

Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

acreditó que dicha comunicación hubiese sido dirigida y recibida por el peticionario.

En virtud a lo anteriormente dicho, tuteló el derecho de petición del accionante frente a la entidad NP Medical IPS, ordenando dar respuesta de fondo a las solicitudes de fecha 15, 16 y 17 de septiembre de 2024, y comunicarla al accionante.

6. IMPUGNACIÓN DEL DEMANDANTE.15

Inconforme, la señora Maria Orlinda Cárdenas Montes, en calidad de agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas, impugnó el fallo bajo los siguientes argumentos:

-Argumenta que, en el presente asunto, se cumple con los requisitos establecidos para la procedencia de la ac ción de tutela como mecanismo de protección idóneo y efectivo del derecho de pensión de invalidez.

Lo anterior teniendo en cuenta su estado de salud, la ausencia de otros mecanismos idóneos de protección de los derechos invocados, la falta de ingresos suficientes para solventar los tratamientos médicos que la enfermedad requiere y, el impacto que representa la duración de un proceso ordinario en la enfermedad que padece.

-Derecho de petición del 13 de julio de 2024. Expresa que aúno no se ha emitido respuesta a dicha solicitud , con la que se busca obtener copia de los exámenes realizados al momento del ingreso a la

-Derecho de petición del 13 de julio de 2024. Expresa que aúno no se ha emitido respuesta a dicha solicitud , con la que se busca obtener copia de los exámenes realizados al momento del ingreso a la prestación del servicio mili tar y así poder establecer la condición de ingreso. La formación de su hoja de servicios y las razone s por las cuales fue retirado del servicio.

-Considera que, en el caso de enfermedades crónicas y progresivas, el principio de inmediatez debe interpretarse de una manera flexible.

-Asevera que el dictamen emitido en el presente a sunto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, es válido bajo el régimen establecido en la ley 100 de 1993, de acuerdo a su condición de joven discapacitado. Y la inexistencia de dictamen emitido por la Junta Médico Laboral Militar, no invalida la solicitud de pensión de invalidez.

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Acción : Tutela Demandante : Maria Orlinda Cárdenas Montes (Agente oficiosa de Luis Fernando Archila Cárdenas Demandado : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Radicación : 41 001 33 33 008 2024 00356 00 Rad. Interna:

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

De confo