TA CHO - 27001333300220200009501-(16-09-2022)

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Radicación número: 27001333300220200009501

Acción: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho Accionante: María Yadira Moreno Pino Accionado: Ese Hospital San Francisco De Asís - Hospital Ismael Roldan Valencia De Quibdó

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REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SENTENCIA No. 135

Quibdó, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 270013333002202000095-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: MARÍA YADIRA MORENO PINO

CONTRA: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - HOSPITAL

ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDÓ

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia Nº 106 del 25 de agosto de 2021 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por María Yadira Moreno Pino contra la Ese Hospital San Francisco De Asís - Hospital Ismael Roldan Valencia De Quibdó en la que se resolvió: “PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva contra la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó - en Liquidación de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

causa por pasiva contra la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó - en Liquidación de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declárase la configuración del nulidad del acto administrativo ficto derivado de la reclamación administrativa por medio del cual se dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento del vínculo laboral y pago de los correspondientes conceptos prestacionales y demás emolumentos, en los periodos contractuales de la señora MARÍA YAD IRA MORENO PINO quien se desempeñó como Auxiliar de Enfermería en la ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, entre el primero (1) de octubre de 2016 al treinta y uno (31) de agosto de 2017.

TERCERO: Declárase la existencia de la relación labor al entre la señora MARÍA YADIRA MORENO PINO y la ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó para el periodo comprendido entre el primero (1) de octubre de 2016 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2017.

CUARTO: Condénese a la ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, a sufragar las diferencias en las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud causadas entre el primero (1) de octubre de 2016 al treinta y uno (31) de agosto de 2017, de la señor a MARÍA YADIRA MORENO PINO , conforme al sueldo mensual establecido para el empleo de auxiliar de enfermería de la entidad (a menos de que2 de 17

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Acción: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

Accionante: María Yadira Moreno Pino

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sea inferior a los honorarios, evento en el que se tomarán estos) y en el porcentaje que le correspondía al empleador.

QUINTO: Ordenase a la ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, a pagar a la señora MARÍA YADIRA MORENO PINO las correspondientes prestaciones sociales devengadas por los servidores de planta, para cuya base de liquidación deberá tener en cuent a el salario legalmente sufragado por la actora quien desempeñaba el empleo de auxiliar de enfermería (en la medida en que no sea inferior a los honorarios, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), en proporción a cada período trabajado en v irtud de cada uno de los contratos de prestación de servicios relacionados en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: La demandada deberá tomar de la señora MARIA YADIRA MORENO PINO, durante el tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2017, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (el salario legalmente sufragado quien desempeñaba el empleo de auxiliar de enfermería o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior,

aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrán la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

SEPTIMO: Declárase que el tiempo laborado entre el 1 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2017, de la señora MARÍA YADIRA MORENO PINO , se debe computar para efectos pensionales.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en está providencia.

NOVENO: Las sumas que resulten serán indexadas, para la cual se aplicará la fórmula de matemáticas financieras adoptada por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

DECIMO: A la providencia se dará cumplimiento de conformidad con lo ordenado en el artículo 192, 194 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

DECIMO PRIMERO: Ejecutoriado el presente proveído, expídanse copias auténticas de la sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes y al Ministerio Público; conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

DECIMO SEGUNDO: Sin condena en costas.

DECIMO TERCERO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente y cancélese

conforme lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA.

DECIMO SEGUNDO: Sin condena en costas.

DECIMO TERCERO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente y cancélese su radicación, previa anotación y registro en TYBA.3 de 17

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1. Antecedentes

1.1 Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes: “PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto expreso Nro. ESELIQUI - 874, recibido el 17 de diciembre del 2019, siendo las 09:08 a.m.; por medio de la cual el HDSFA en Liquidación, manifiestan que para el periodo octubre del 2016 a agosto del 2017; no prestaba servicios de Salud, como tampoco era la entidad encargada de contratar los servicios profesionales de mí prohijado.

Que se declare la nulidad del acto expreso, con fecha 03 de febrero del 2020, recibido por el HLIRV, el 03 de febrero de la presente anualidad, siendo las 04:29 p.m.; por medio de la cual esta institución niega el pago de las prestaciones sociales, en razón al vínculo contractual con mi poderdante.

SEGUNDO: Que se declare que entre mi poderdante y la ESE - HLIRV de Quibdó, existió un contrato individual de trabajo y/o Contrato Realidad, de acuerdo a lo

al vínculo contractual con mi poderdante.

SEGUNDO: Que se declare que entre mi poderdante y la ESE - HLIRV de Quibdó, existió un contrato individual de trabajo y/o Contrato Realidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 de la C.N, y las normas concordantes.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la ESE - HLIRV y a la ESE - HDSFA hoy en Liquidación, al pago de las prestaciones sociales ordinarias, liquidadas con base en los honorarios

pactados contractualmente:

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordenase a esta institución, tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1 de octubre del 2016, hasta el 31 de agosto del 2017, salvo sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de mis prohijados (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensiones solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Y ordenar la devolución de las sumas correspondientes al pago de los ap ortes hechos por mi mandante al Sistema de Seguridad Social Integral, como consecuencia del Contrato de Prestación de Servicios u Orden de Prestación de Servicios. Como se encuentran liquidados en la estimación de la cuantía.

QUINTO: La parte demandada actualizará las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el Art. 187 (inciso final del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE).

de la cuantía.

QUINTO: La parte demandada actualizará las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el Art. 187 (inciso final del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE).

SEXTO: Que se declare que el tiempo servido, mediante contrato de prestación de servicios dentro de los periodos del acápite anterior, se compute para efectos pensionales.4 de 17

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SÉPTIMO: Que la entidad demanda debe pagar las costas que este proceso genere.

2. Hechos Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones son los siguientes: “PRIMERO: Mi poderdante fue vinculada por la empresa ESE - Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, mediante contratos de prestación de servicios; a través de un convenio Administrativo realizado entre la ESE - HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS EN LIQUIDACIÓN y la ESEHOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO , contratos que fueron ejecutados desde octubre del 2016 hasta agosto del 2017; cumpliendo un horario de 16 turnos de 12 horas; es decir 192 horas mensuales (Auxiliares de

Enfermería).

SEGUNDO: Durante la vigencia de la relación laboral, las Auxiliares de Enfermería desde el 01 de octubre del 2016, hasta febrero 28 del 2017 ($ 1.649.295); y desde

Enfermería).

SEGUNDO: Durante la vigencia de la relación laboral, las Auxiliares de Enfermería desde el 01 de octubre del 2016, hasta febrero 28 del 2017 ($ 1.649.295); y desde marzo a agosto del 2017 ($ 1.744.129) Valor este, que corresponde al último periodo contratado con la ESE - HLIRV. Ya que en los meses anteriores desde el 2015 hasta el 2016, la intermediación se había dado con la empresa SISA ST S.A.S, lo que aduce nuevamente que se configuro el fenómeno jurídico de sustitución patronal.

TERCERO: Mi mandante, du rante la ejecución de sus funciones, lo realizo de manera personal y subordinada, en el entendido, que recibían que recibían órdenes de sus superiores o coordinadores del contrato. Quienes eran los encargados de supervisar que las funciones ejercidas por m i prohijada, fueran desarrolladas conforme al Contrato de Prestación de Servicio, y, asimismo, eran quienes se encargaban de autorizar los permisos del personal.

CUARTO: Los contratos de prestación de servicios, suscritos entre mi poderdante y la entidad d emandada, se realizaron en forma continua y con vocación de permanencia; sin reconocer las prestaciones sociales y prestacionales y el pago de la seguridad social, a que tienen derecho todos y cada uno de los trabajadores conforme a la ley; máxime, aunque estos debiesen ser parte de la nómina de la entidad (HLIRV), ya que las funciones contratadas son connaturales/permanentes propias del giro ordinario de las empresas ESE. Por lo que, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse sólo en un periodo determinado sin

entidad (HLIRV), ya que las funciones contratadas son connaturales/permanentes propias del giro ordinario de las empresas ESE. Por lo que, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse sólo en un periodo determinado sin cumplir órdenes o exigencias específicas de un empleador. Ya que el cargo de Auxiliar de Enfermería en una clínica, por su naturaleza, no se puede realizar de manera independiente y autónoma. De acuerdo a lo anterior, aun que el contrato dice "Prestación de Servicios", en realidad se trata de un Contrato Realidad, al evidenciarse los tres elementos constitutivos y característicos.

QUINTO: La forma de vinculación de mi prohijada, a través de Contratos de Prestación de Servicios, para la realización de funciones con vocación de permanencia en el Área Administrativa, recibiendo ordenes de su superior; ejecutando sus funciones de manera personal, y recibiendo como contraprestación por sus servicios, un salario. De acuerdo a la establecido en el Art. 23 del C.S.T.,5 de 17

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no es un Contrato de Prestación de Servicios, sino un Contrato Laboral, tal como lo establece el principio de la primacía de la reali dad sobre las formalidades (Art. 53 de la Constitución Nacional).

SEXTO: Durante la vigencia de la relación laboral, mi prohijada, nunca tuvo la posibilidad de discutir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la prestación

de la Constitución Nacional).

SEXTO: Durante la vigencia de la relación laboral, mi prohijada, nunca tuvo la posibilidad de discutir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio, estas eran f ijadas de antemano por la Gerente de la empresa y/o Supervisor del contrato; las cuales eran desarrolladas dentro de las instalaciones y con los implementos físicos y tecnológicos, propios del Hospital Departamental San Francisco de Asís hoy en Liquidación.

(…)”. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Hospital Ismael Roldan Valencia de Quibdó contestó la demanda y señaló: "(...) a través de la resolución 001862 del 05 de julio de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó levantar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar y se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes y negocios; así como la intervención forzosa administrativa de dicha ESE para ser liquidada. Dicha resolución en su artículo quinto dispuso. "En el artículo quinto de la mencionada resolución se dispuso que: "GARANTIA EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. Como efecto de la liquidación aquí ordenada y con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud, la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE QUIBDÓ en liquidación, podrá disponer de los bienes afectos al servicio de salud, previa celebración de un convenio interadministrativo con la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA, prestador público, ubicado en el municipio de Quibdó, identificado con el Nit.818001019-1". (…).

convenio interadministrativo con la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA, prestador público, ubicado en el municipio de Quibdó, identificado con el Nit.818001019-1". (…). “Tal y como ha quedado indicado, la ESE Hospital Local Ismael Roldan valencia de Quibdó empezó la administración de los bienes muebles e inmuebles afectos a los servicios de salud de segunda complejidad el día 1 agosto de 2016, y a prestar efectivamente servicios de salud el día 01 de octubre de 2016, fecha en la cual se realizó la contratación del personal de salud y administrativo, que entraría a apoyar a la ESE HLIRV de Quibdó en dichas actividades" Propone entonces, que de manera oficiosa el juez decreta las excepciones de encontrar probados los hechos que las constituyan. Sentencia de primera instancia La sentencia No. 106 del 25 de agosto del 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sobre el particular indicó:

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación CESUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, la sección segunda del Consejo de Estado, estableció, entre6 de 17

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otras subreglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la nulidad del

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otras subreglas, que el reconocimiento de prestaciones, derivado de la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral, procede a título de restablecimiento del de recho, pues al trabajador ligado mediante contratos de prestación de servicios, «[...] pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria [...] le fue cerc enado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo». Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre la supuesta contratista y la Administración, corresponde compensarle al primero el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir remuneración ordinaria, pero comoquiera que el daño de impedirle el goce de tal período se encuentr a consumado, ha de compensársele con dinero esa garantía en los términos del aludido artículo 20 del Decreto ley 1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 2005. (…). En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la demandante le asiste el derecho al re conocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devenga, en este caso, como auxiliar de enfermería de la ESE demandada, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales,

devenga, en este caso, como auxiliar de enfermería de la ESE demandada, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece. En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir la condena impuesta en este fal lo, determinar las prestaciones sociales que serán objeto de liquidación a favor de la señora María Yadira. Ahora bien, en lo atañedero a las horas extras, no existe prueba de su causación, no se puede establecer su cantidad exacta y tampoco es posible determinar si se trató de trabajo extra diurno o nocturno. Por consiguiente, era necesario que la interesada demostrara que laboró tiempo extra, si fue de día o de noche, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero como no lo hizo, no es dable efectuar condena sobre este aspecto. Frente a la sanción moratoria deprecada, no hay lugar a tal reconocimiento, toda vez que a partir de esta sentencia surge la obligación del pago de las prestaciones a la demandante, por lo que no es viable acceder a esa pretensión. Tampoco es dable reconocer las diferencias salariales que podrían existir entre los servidores de planta que prestaban el servicio de auxiliares de enfermería y lo devengado por la accionante, por cuanto acceder a ello sería, como ya se dijo, otorgarle la calidad de empleados públicos que no tiene; por ende, no es beneficiaria de todas las condiciones salariales a las que tendría derecho el personal vinculado a la planta de la entidad demandada2.7 de 17

otorgarle la calidad de empleados públicos que no tiene; por ende, no es beneficiaria de todas las condiciones salariales a las que tendría derecho el personal vinculado a la planta de la entidad demandada2.7 de 17

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Recursos de apelación La parte demandada En su escrito de apelación, el apoderado de la parte demandada manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado y en consecuencia indicó: ¿Cómo es posible que sin tampoco existir prueba que haya existido cumplimiento de horarios y/o cuadros de turno, llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares, donde se expresen dichas órdenes o en las que se le indicara la obligación a cumplir con un horario laboral previamente determinado, etc, el despacho concluya que existió subordinación? Por todo lo anteriormente señalado y por estar abiertamente en contravía a las decisiones del Consejo de Estado arriba expresadas y sobre la normativi dad que rige la contratación por prestación de servicios para las entidades públicas contenida en la Ley 80 de 1993, como también la jurisprudencia desarrollada en ese sentido, y en especial respecto a la probanza de los elementos que caracterizan la relación laboral que pretenden la accionante, solicito respetuosamente se revoque la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, que es objeto de impugnación”. Alegatos de conclusión en segunda instancia Parte demandada No se pronunció en esta oportunidad

la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, que es objeto de impugnación”. Alegatos de conclusión en segunda instancia Parte demandada No se pronunció en esta oportunidad

Parte demandada No se pronunció en esta oportunidad Ministerio Público No emitió concepto

II CONSIDERACIONES

Competencia. El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las senten cias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.8 de 17

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10. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en

propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contenciosoadministrativa por remisión expresa del artículo 306 1 del Código de Pr ocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la ins tancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”.2

En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.3

En esa medida, la Sala establece el siguiente,

1 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

2 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 1999-00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

3 Consejero Ponente: César Palomino Cortés, veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01 , Número Interno: 458 -2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (col pensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación9 de 17

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Problema jurídico.

¿Conforme al recurso de apelación, la atención de la Sala se circunscribe a analizar si en este caso quedó acreditada la existencia de una ver dadera relación laboral entre la señora María Yadira Moreno Pino y el ESE - Hospital Local Ismael Roldan Valencia d e Quibdó , y si como consecuencia de ello, debe o no ordenarse el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales de la actora, o si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada?

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará a desarrollar lo siguiente i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Caso concreto.

1. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios

accionada?

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará a desarrollar lo siguiente i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Caso concreto.

1. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios De la relación laboral encubierta o subyacente En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil pr oporcional a la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 4 constituye, junto con otro s principios convencionales, 5 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instru mentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el

al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instru mentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3. º Del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de n