TA CHO - 27001333300220210029101-(16-09-2022)
Detalles
- Título
- TA CHO - 27001333300220210029101-(16-09-2022)
- Autor
- Tribunal Administrativo del Chocó
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2022
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, febrero once (11) de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 41001-23-33-000-2016-00315-00
DEMANDANTE : CONSORCIO LOPESAN FRONPECA
DEMANDADO : HUNHERNANDO MONCALEANO PERDOMO MEDIO DE CONTROL : CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SENTENCIA No. : 07-02-26-25/CC-01-1-01
ACTA No. : 07 DE LA FECHA
1. ASUNTO.
Se profiere decisión de primer grado en el presente caso.
2. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA (f. 1391 a 14821, c. ppal.).
2.1. El CONSORCIO LOPESAN FRONPECA, CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA , y LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA presentan demanda de controversias contractuales contra la ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA (HUN)2
con las siguientes pretensiones:
2.1.1. Declarativas:
- La nulidad de la resolución No. 0917 de noviembre 8 de 2013 por la cual la demandada ordena liquidar unilateralmente el contrato de obra No. 242 de 2011, celebrado el 19 de septiembre de 2011 entre las partes. ii) La nulidad de la resolución No. 302 de abril 10 de 2014 que confirma la resolución anterior y aclara el valor asegurado del monto no amortizado del anticipo entregado
celebrado el 19 de septiembre de 2011 entre las partes. ii) La nulidad de la resolución No. 302 de abril 10 de 2014 que confirma la resolución anterior y aclara el valor asegurado del monto no amortizado del anticipo entregado al contratista.
1 La demanda es reformada y ésta es admitida por autos del 24 de noviembre de 2017 y 6 de julio de 2018 (f. 1320 y 1485). 2 Demanda inicial admitida por auto del 9 de septiembre de 2016 (f. 854, c. ppal.), donde se acepta la subsanación que entre otras cosas , retira de la parte demandada al departamento del Hu ila e incluye como demandantes a los integrantes del consorcio , aspectos reiterados en la reforma de la demanda.Rad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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- La nulidad de la resolución No. 0011 de l 8 de enero de 2015 por el cual la demandada declara la ocurrencia de un siniestro de incumplimiento del contrato de obra No. 242 de 2011. iv) La nulidad de la resolución No. 0275 del 24 de marzo de 2015 que resuelve los recursos de reposición interpuestos por la demandante y la compañía aseguradora contra la anterior decisión. v) Declarar que l a inejecución de l 100% del contrato de obra pública No. 242 de 2011 ocurrió por causas imputables a la contratante y no a la contratista.
2.1.2. De condena.
- Condenar a la demandada a pagar $5.364.585.217 equivalente a 7.781 smlmv,
2011 ocurrió por causas imputables a la contratante y no a la contratista.
2.1.2. De condena.
- Condenar a la demandada a pagar $5.364.585.217 equivalente a 7.781 smlmv, por concepto de indemnización de perjuicios derivados de la declaratoria de nulidad de los actos que ordenan liquidar unilateralmente el contrato de obra. ii) Condenar a la demandada en abstracto a pagar los perjuicios derivados de la anulación de los actos que declararon el siniestro en la ejecución del contrato. iii) Condenar a la demandada a pagar la suma de $611.261.451, correspondiente a la utilidad que el demandante habría obtenido si el contrato se hubiera ejecutado en su totalidad, como consecuencia de la declaratoria de inejecución del contrato de obra. iv) Eliminar del registro de proponentes de la cámara de comercio respectiva, las anotaciones sobre incumplimiento del contrato V) Actualizar el monto indemnizatorio para compensar la inflación y los inter eses, así como el cumplimiento de la sentencia según la ley.
2.2. Los hechos se resumen así:
2.2.1. Relacionados con la ejecución del contrato. Entre los años 2008 y 2010 el departamento del Huila y la E.S.E. HUN Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUN, en adelante) celebraron los convenios interadministrativos No. 238 de 2008, No. 243 de 2009 y No. 86 de 2010 , con el objetivo de aunar
esfuerzos para adquirir un lote, realizar diseños y construir la “Torre MaternoRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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Infantil”, destinada a servicios médicos de alta complejidad, para lo cual el HUN asume la ejecución de la primera fase del proyecto.
En desarrollo de ellos, en el año 2010 se lleva a cabo la convocatoria pública No. 005 para la construcción de la torre, publicando pliegos de condiciones conforme al estatuto interno de contratación del HUN, quien con resolución No. 066 del 10 de agosto de 2011 design a el comité evaluador, el cual, entre otras, habilita la oferta del Consorcio Lopesan Fronpeca por cumplir con los requisitos del pliego y con resolución No. 0729 del 7 de septiembre de 2011 adjudica el contrato de obra pública al consorcio.
Las partes firman e l contrato de obra No. 242 el 19 de septiembre de 2011, estableciendo como objeto la construcción de la primera fase de la “Torre Materno Infantil”, cuya ejecución inicia con acta del 14 de octubre de 2011. Posteriormente, se suscriben los contratos modificatorios No. 02 (sin indicar fecha) y No. 04 del 21 de diciembre de 2012, extendiendo el plazo contractual en 93 días, hasta el 24 de enero de 2013.
El 20 de diciembre de 2012 el Consorcio Lopesan Fronpeca, con comunicación No. CLF-OI-909-12 solicita una nueva ampliación del plazo , a la cual el interventor del
enero de 2013.
El 20 de diciembre de 2012 el Consorcio Lopesan Fronpeca, con comunicación No. CLF-OI-909-12 solicita una nueva ampliación del plazo , a la cual el interventor del contrato da alcance con el o ficio No. CIHUN -NV-008-13 del 9 de enero de 2013, calculando una afectación de 39 días en el plazo, lo que genera inconformidad en el consorcio, quien responde el 15 de enero siguiente a través del oficio No. CLF-019011-13, solicitando a la entidad contratante resolver la controversia.
El 23 de enero de 2013, el supervisor del contrato hace entrega al consorcio de la comunicación No. N-244-011-13, adjuntando el borrador del acta para extender el plazo en 61 días, con una nueva fecha de terminación al 26 de marzo de 2013 , procediendo el Consorcio a firmar la minuta de reforma del contrato y a l día siguiente, el abogado del HUN la recoge, mientras que el controller del consorcio envía electrónicamente los documentos al supervisor a las 6:53 p.m.
2.2.2. Relacionados con la declaratoria de caducidad. El 28 de enero de 2013 durante una reunión, el abogado externo del HUN exige eliminar una observación en el acta, bajo amenaza de declarar la caducidad del contrato y ante la negativaRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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del consorcio, HUN mismo día se expide la r esolución No. 053 declarando la caducidad, aunque se asigna retroactivamente la fecha del 24 de enero.
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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del consorcio, HUN mismo día se expide la r esolución No. 053 declarando la caducidad, aunque se asigna retroactivamente la fecha del 24 de enero.
Asimismo, el 30 de enero siguiente se notifica al consorcio una comunicación del gerente del HUN donde indica el vencimiento del contrato y solicita iniciar la liquidación, por lo que el 31 de enero se instala una mesa de trabajo para este fin.
En febrero de 2013 se levantan múltiples actas de memoria de obra ejecutada y actas de inventario, relievando desacuerdos sobre las cantidades y valores de la obra desde el punto de vista del contratista , también, se pr esentaron desacuerdos en cuanto el HUN y el interventor se negaron a reconocer la adquisición y pago de equipos y materiales para la obra con dineros del anticipo, p or haber autorizado previamente la selección de proveedores, compras y pagos, así como recibido los elementos en el sitio de la obra.
2.2.3. Relacionados con la liquidación unilateral del contrato. El 9 de octubre de 2013 el HUN decide liquidar unilateralmente el contrato, como consta en el acta de liquidación del 10 de octubre de la misma anualidad y con resolución No. 0917 del 8 de noviembre de 2013 oficializa la liquidación unilateral, reconociendo la obra ejecutada por $9.672.687.738,86 y ordena al consorcio que le reintegr e $2.761.219.805,19 no obstante que desde el 25 de septiembre de 2013 el interventor y la contratante habían reconocido que el monto ejecutado era de
$2.761.219.805,19 no obstante que desde el 25 de septiembre de 2013 el interventor y la contratante habían reconocido que el monto ejecutado era de $11.667.781.521,82 pero injustificadamente y sin que existieran hechos posteriores, se disminuye en $9.672.687.738,86.
Dicha decisión fue recurrida en reposición por el Consorcio y la aseguradora Seguros del Estado exponiendo las razones de inconformidad , siendo resueltos con la resolución No. 302 del 10 de abril de 2014, confirmando la liquidación unilateral y aclarando que la suma a reintegrar es de $2.593.753.958,32 por concepto de monto no amortizado del anticipo, por lo que fue incluido dicho amparo sin hacer parte de la póliza No. 42-44-101042978 expedida por la compañía aseguradora , pues ésta incluía los amparos relacionados con el anticipo por su no inversión, uso indebido y apropiación indebida.
2.2.4. Relacionados con la declaratoria del siniestro del contrato de obra. Resalta que 23 meses y quince 15 días después de vencido el plazo de ejecución delRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
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contrato de obra y tras 14 meses de la liquidación unilateral, el HUN expide la resolución No. 0011 del 8 de enero de 2015 donde declara la ocurrencia del riesgo de cumplimiento del contrato , ordena hacer efectiva la garantía única No. 42 -441010-42978 expedida por Seguros del Estado S.A. y declara responsable al
resolución No. 0011 del 8 de enero de 2015 donde declara la ocurrencia del riesgo de cumplimiento del contrato , ordena hacer efectiva la garantía única No. 42 -441010-42978 expedida por Seguros del Estado S.A. y declara responsable al consorcio, fijando el daño relacionado con el riesgo de cumplimiento en $21.968’250.789 pagaderos por el consorcio y en su defecto por la aseguradora , previo requerimiento por la contratante.
No obstante, el HUN omitió notificar al contratista y a la aseguradora su decisión de declarar el riesgo de cumplimiento, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa, lo cual vicia el acto de nulidad por violación de garantías fundamentales.
Posteriormente, con resolución No. 0275 del 24 de marzo de 2015, se res uelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución, donde decide modificar el monto de la garantía a $4.723’166.414,80 COP pero confirma los demás artículos del acto inicial. Este acto agotó la vía gubernativa, dejando sin posibilidad de recurso adicional.
2.2.5. Relacionados con el agotamiento de la vía administrativa y el requisito de procedibilidad de la acción. Todo lo narrado fue generativo de nuevas controversias, llevando a intentos de conciliación extrajudicial en 2016, sin alcanzar acuerdos y en 2014 fue cerrado el trámite administrativo en forma definitiva, por lo que el HUN abre una nueva convocatoria pública, adjudicando el contrato para la continuación de la construcción de la “Torre Materno Infantil” en diciembre a la Unión Temporal Torre Materno por $16.625.000.000.
definitiva, por lo que el HUN abre una nueva convocatoria pública, adjudicando el contrato para la continuación de la construcción de la “Torre Materno Infantil” en diciembre a la Unión Temporal Torre Materno por $16.625.000.000.
2.3. Normas vulneradas y concepto de su violación.
Cita como normas vulneradas los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución Política; 14 y 61 (derogado) de la Ley 80 de 1993 , 95 de la Ley 100 de 1993 y 137 de la Ley 1437 de 2011.
Las causales de nulidad se fundamentan en argumentos que pueden resumirse de la siguiente manera:Rad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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2.3.1. Infracción de normas en que debieron fundarse.
Refiere que las resoluciones No. 0917 del 8 de noviembre de 2013 y No. 302 del 10 de abril de 2014 fueron expedidas en contravención de las normas aplicables al caso, al hacer uso indebido del artículo 61 de la Ley 80 de 1993 como fundamento, pues tal norma había sido derogada por la Ley 1150 de 2007, lo cual evidencia un error sustancial en la motivación jurídica de los actos.
Además, fue vulnerado el artículo 6 de la Constitución al exceder los límites legales impuestos a los servidores públicos, al aplicar indebidamente la figura de liquidación unilateral, que no está contemplada en el marco normativo aplicable a las empresas sociales del Estado.
El artículo 121 Id también fue infringido, pues el HUN ejerció una facultad no
impuestos a los servidores públicos, al aplicar indebidamente la figura de liquidación unilateral, que no está contemplada en el marco normativo aplicable a las empresas sociales del Estado.
El artículo 121 Id también fue infringido, pues el HUN ejerció una facultad no atribuida por la Constitución ni por la ley. Además, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 fue desconocido al utilizar una cláusula excepcional no permitida ni pactada en el contrato, contrariando lo dispuesto sobre las actuaciones contractuales de las entidades públicas.
Finalmente, considera que el HUN desconoció el artículo 95 de la Ley 100 de 1993, que establece que su régimen contractual está regido por el derecho privado, donde no se permite aplicar unilateralmente la liquidación de un contrato si no ha sido expresamente pactada, afectando gravement e la legalidad de los actos administrativos3.
2.3.2. Falsa motivación.
Señala que la motivación de las resoluciones demandadas está viciada, ya que las decisiones se sustentaron en hechos económicos y técnicos que no corresponden a la realidad, habida cuenta de las variaciones abruptas e injustificadas en las cifras que evidencian falta de rigor en el análisis.
3 Cita precedentes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de septiembre de 2012, radicado 85001233100020000019801: Reafirma que las cláusulas excepcionales solo pueden ser aplicadas si están expresamente p actadas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 6 de mayo de 2015, radicado
cláusulas excepcionales solo pueden ser aplicadas si están expresamente p actadas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 6 de mayo de 2015, radicado 66001233100020030007601: Subraya que las cláusulas excepcionales deben ser claras y expresasRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
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En efecto, las citadas resoluciones pr esentan graves incongruencias en las cifras económicas y en la medición de la obra ejecutada, reflejando inconsistencias injustificadas por parte de la interventoría ya que en mayo de 2013 la obra ejecutada es de $10.563’236.369,14; en septiembre de 2013 es de $11.667’781.521,82 y en la liquidación unilateral de octubre de 2013 se reduce abruptamente a $9.672.687.338,86 lo que evidencia una diferencia de más de $1.995 millones en apenas 17 días, sin justificación técnica adecuada por falta de rigor en el análisis y afectando la transparencia del proceso de liquidación , cuando el dictamen técnico emitido por la Sociedad Huilense de Ingenieros establece que el valor real es el fijado en septiembre de 2013.
Agrega que, la liquidación unilateral omite considerar materiales, equipos y elementos adquiridos por el contratista, lo que ocasiona un detrimento patrimonial injustificado, evidencia errores conceptuales en la liquidación, como la exclusión de elementos esenciales para la obra y la falta de coherencia en los valores utilizados, lo que cuestiona la validez técnica y jurídica del proceso, lo cual fue ignorado por la contratante.
elementos esenciales para la obra y la falta de coherencia en los valores utilizados, lo que cuestiona la validez técnica y jurídica del proceso, lo cual fue ignorado por la contratante.
Por otra parte, destaca que en las resoluciones se utilizan términos contradictorios, como "saldo a favor del HUN", "legalización del anticipo" y "monto no amortizado del anticipo", sin aclarar su aplicación ni a quién corresponde reintegrar los montos, carecen de sustento en el contrato y de paso , generan incertidumbre sobre el alcance de las obligaciones de las partes y vulneran el artículo 29 de la Constitución pues no se fundamentan en hechos reales y probados por lo cual procede su nulidad4.
2.3.3. Falta de competencia.
Indica que el HUN carece de competencia para expedir las resoluciones mencionadas, ya que la liquidación unilateral no es una cláusula permitida por su régimen de contratación pues está regido por el derecho privado y la Ley 100 de
4 Cita los precedentes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de marzo de 2012, radicado 16660: Define la falsa motivación como el uso de hechos inexistentes o interpretados de manera errónea; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S ección Cuarta, Sentencia de 10 de junio de 2010, radicado 25000-23-24-000-2004-00149-01: Reitera que los actos administrativos deben estar basados en hechos probadosRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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1993 permite aplicar cláusulas excepcionales solo si han sido pactadas expresamente
administrativos deben estar basados en hechos probadosRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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1993 permite aplicar cláusulas excepcionales solo si han sido pactadas expresamente en el contrato, lo cual no ocurre en este caso.
Agrega que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 regula las cláusulas excepcionales, entre las cuales no figura la liquidación unilateral y el artículo 61 ib., que regulaba esta figura, fue derogado por la Ley 1150 de 2007 y no es aplicable al caso , lo que afecta las resoluciones que dispusieron dicha liquidación5.
2.3.4. Violación del debido proceso.
Las resoluciones que dispusieron la liquidación unilateral del contrato son nulas al no haberle garantizado al contratista ni a la aseguradora, el derecho a la defensa y a controvertir las pruebas antes de expedir las resoluciones demandadas , pues vulnera el artículo 29 de la Constitución, que protege el debido proceso en todas las actuaciones administrativas.
Insiste en que, antes de expedir las resoluciones, la demandada omite notificar a las partes interesadas sobre las decisiones que se iban a adoptar, privándolas de la oportunidad de intervenir en el procedimiento6.
2.4. En los alegatos de conclusión (f. 1801 a 1864, c. ppal.), reitera lo expuesto en el escrito de reforma de la demanda y frente a los actos administrativos que declararon el siniestro por incumplimiento del contrato de obra y ordenan hacer efectiva la póliza respectiva, agrega que el HUN no tenía competencia para declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro ni ordenar el pago de la garantía, pues
declararon el siniestro por incumplimiento del contrato de obra y ordenan hacer efectiva la póliza respectiva, agrega que el HUN no tenía competencia para declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro ni ordenar el pago de la garantía, pues esta decisión requiere un procedimiento que garantice el derecho de defensa del contratista y la aseguradora.
Agrega que dicho acto vulnera el debido proceso, al no permitir al contratista ni a la aseguradora, ejercer su derecho de defensa antes de que se expidiera la resolución
5 Cita precedentes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 22 de marzo de 2012, radicado 73001-23-31-000-2000-00424-01: Establece que la incompetencia es una causal directa de nulidad; Consejo de Estado, Sentencia del 13 de abril de 2016, radicado 33792: Afirma que la declaración de incumplimiento no es posible si ya se ha expedido un acto de liquidación unilateral. 6 Cita precedentes: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 30 de noviembre de 2006, radicado 25000 -23-26-000-1999-01521-01: Declara nulos actos administrativos que vulneren el derecho de defensa; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de junio de 2015, radicado 11001-03-25-000-2012-00202-01: Subraya la necesidad de garantizar el debido proceso en procedimientos administrativosRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
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No. 0011 de 2015 y que la jurisprudencia ha considerado que la declaratoria de
en procedimientos administrativosRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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No. 0011 de 2015 y que la jurisprudencia ha considerado que la declaratoria de siniestro no es una sanción administrativa y por lo tanto no puede adoptarse arbitrariamente.
También señala que adolece de falsa motivación, pues el HUN hace efectiva una garantía sobre un riesgo no asegurado, ya que la póliza cubría solo el uso indebido o la apropiación del anticipo, pero no su no amortización, por manera que con esta maniobra se habilita el pago de un siniestro inexistente.
Concluye que hay inconsistencias en los montos del siniestro en diferentes etapas, pues en la resolución No. 0011 de 2015 se fija en $21.968.250.789 y luego en la resolución No. 0275 de 2015 reducirla a $4.723.166.414,80 evidenciando falta de rigor técnico y jurídico.
3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA (f. 1489 a 1533 c. ppal.).
3.1. Frente a los hechos, en términos generales los acepta, pero aclara que los convenios y contratos se celebraron para mejorar la atención materno-infantil, y as prórrogas otorgadas se ajustaron a las condiciones técnicas justificadas por la interventoría., pero niega que las demoras en la ejecución del contrato sean imputables al HUN, atribuyéndolas al contratista por incumplimientos en plazos, personal y materiales.
Sobre la declaratoria de caducidad del contrato, afirma que esta decisión ya había
imputables al HUN, atribuyéndolas al contratista por incumplimientos en plazos, personal y materiales.
Sobre la declaratoria de caducidad del contrato, afirma que esta decisión ya había sido tomada debido a los reiterados incumplimientos del contratista, quien hizo solicitudes adicionales injustificadas, como una prórroga de 256 días, evidenciando incapacidad técnica y financiera para cumplir el contrato, a su vez que niega las acusaciones de irregularidades en las fechas de los actos administrativos.
Acerca de la liquidación unilateral, el HUN justifica su proceder en las disposiciones del acuerdo interno de contratación No. 017 de 2009, los pliegos, el contrato y la Resolución No. 5183 de 2013 del Ministerio de Salud y en la falta de cumplimiento del contratista, quien no aporta documentos esenciales como paz y salvos laborales, dando paso a múltiples demandas contra los integrantes del consorcio por no pago de salarios y prestaciones.Rad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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En cuanto a la declaración del siniestro, asegura que este se fundamentó en la ley, el contrato y la póliza de seguros y fue notificado al contratista en tiempo, aunque previamente se le corrió traslado del inicio de la actuación, por lo que la misma fue legal, ajustada al contrato y basada en los reiterados incumplimientos del consorcio demandante, quien luego cita a audiencia de conciliación extrajudicial que se declara fallida porque no hubo ánimo conciliatorio.
3.2. En los argumentos de defensa, el HUN aduce que la concesión de prórrogas
demandante, quien luego cita a audiencia de conciliación extrajudicial que se declara fallida porque no hubo ánimo conciliatorio.
3.2. En los argumentos de defensa, el HUN aduce que la concesión de prórrogas en el contrato de obra fue justificada, pero el contratista incurrió en reiterados incumplimientos, lo que en un principio condujo a la declarar la caducidad según la resolución No. 053 del 24 de enero de 2013 que luego fue revocada.
Agrega que la ejecución contractual estuvo sujeta al reglamento interno de contratación, a cuerdo No. 017 de 2009 , al que se somete voluntariamente el consorcio al aceptar las condiciones del contrato y al momento de su adjudicación, pero desde el inicio de la obra la interventoría detect a retrasos sistemáticos en la ejecución, ausencia de personal técnico, fallas en la programación de actividades y carencia de materiales, lo que se evidenció en múltiples oficios y actas de comité e hizo que la ejecución no alcanz ara el avance esperado, generando retrasos superiores a 130 días, de los cuales más de 70 días fueron imputables al contratista.
La interventoría, mediante constantes llamados de atención, requiere al Consorcio para correcciones que no fueron atendidas, lo que deriv a en la suspensión de actividades críticas como mampostería y estructuras, impactando la continuidad de la obra.
El HUN enfatiza que la declaratoria de caducidad y la posterior liquidación unilateral del contrato , fueron decisiones ajustadas a derecho y necesarias ante la imposibilidad de acordar una liquidación bilateral y justifican la declara ción de siniestro por incumplimiento , con base en el artículo 99 del CPACA, dado que el
del contrato , fueron decisiones ajustadas a derecho y necesarias ante la imposibilidad de acordar una liquidación bilateral y justifican la declara ción de siniestro por incumplimiento , con base en el artículo 99 del CPACA, dado que el consorcio no demuestra capacidad financiera ni técnica para concluir la obra de ahí que las medidas adoptadas fueron resultado de un incumplimiento reiterado y probado del contratista, lo que imposibilit a la terminación exitosa del proyecto y afecta la operatividad del centro de salud.Rad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
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Seguidamente, narra la cronología de las acciones realizadas para la liquidación del contrato de obra 242 de 2011 , precisando que dio inicio el 30 de enero de 2013 siendo notificada la contratista y la interventoría , al día siguiente, 31 de enero, se instala la mesa de trabajo para la liquidación con la participación de representantes de la entidad, la interventoría y el consorcio.
El 7 de febrero, la interventoría informa que el personal del consorcio abandona el proceso debido a incumplimientos salariales y el 21 de febrero, se programa una reunión para revisar capítulos eléctricos y de aire acondicionado, pero el contratista se niega a firmar el documento que deja constancia de estos compromisos.
En ese contexto, resalta las negociaciones fallidas y retrasos, indicando que el 22 de marzo de 2013 la interventoría deja constancia de que el contratista se niega a firmar la cuantificación de la obra, a pesar de haber participado en el proceso y el 21 de mayo el HUN, la interventoría y el contratista intentan llegar a un acuerdo de
la cuantificación de la obra, a pesar de haber participado en el proceso y el 21 de mayo el HUN, la interventoría y el contratista intentan llegar a un acuerdo de liquidación conjunta.
Agrega que, aunque se presentan algunos documentos de liquidación y se le otorga al consorcio plazo hasta el 20 de junio para remitir observaciones , el 10 de julio en una nueva reunión, no pr esenta la totalidad de la documentación exigida para tal propósito y solo se pr esenta el 21 de agosto a revisar las observaciones a la liquidación, pero a pesar de ello, el HUN reitera su disposición al acuerdo y le concede nuevo plazo hasta el 21 de agosto para revisar la cuantificación de la obra con la interventoría, pero el consorcio el 22 de agosto solicita más tiempo y el HUN le otorga 12 días adicionales, estableciendo el 3 de septiembre como última fecha para lograr un acuerdo.
Señala que finalmente se produce la liquidación unilateral y cierre del proceso el 8 de noviembre de 2013 con la resolución 0917 de 2013 previa comunicación del 17 de septiembre donde le co munica al Consorcio que procederá a dicha liquidación donde fue citado a una reunión el 25 de septiembre para revisar los documentos , pues se constata que las propuestas de la contratista para continuar la obra carecen de respaldo técnico, económico y legal.
Frente al citado acto administrativo, e l 13 de diciembre el consorcio interpone recurso de reposición, el cual es decidido confirmando e l recurrido pues elRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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recurso de reposición, el cual es decidido confirmando e l recurrido pues elRad: 41001-23-33-000-2016-00315-00
Demandante: Consorcio Lopesan Fronpeca
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procedimiento y motivos de la decisión estuvieron ajustados a derecho, y cita jurisprudencia donde se estima que la liquidación unilateral de contratos de derecho privado es válida si está prevista en pliegos y no afecta la prestación del servicio7.
3.3. En relación con los fundamentos de derecho esgrimidos en la demanda, el HUN defiende su competencia para liquidar unilateralmente el contrato con base en el acuerdo 017 de 2009 y el artículo 99 del CPACA y en jurisprudencia el Consejo de Estado que avala la facultad de las ESE para adoptar decisiones unilaterales cuando no hay acuerdo entre las partes8.
Enfatiza que la liquidación unilateral es una medida legítima ante la negativa del contratista a cumplir con los requisitos contractuales y la declaratoria del siniestro está fundamentada en la ley y en la póliza de cumplimiento, y a que no se trata de una sanción ni de una declaratoria de incumplimiento en los términos de la Ley 1150 de 2007 sino de la ejecución de una garantía contractual.
3.4. De otra parte, cuestiona el dictamen pericial aportado por la actora, por errores y omisiones significativas, destacando que el perito confunde las actas de recibo final de obra y sugiere erróneamente que la entidad debía recibir materiales y equipos no instalados cuando la interventoría solo puede aceptar bienes terminados y en funcionamiento, por lo que recibir elementos almacenados en bodegas habría sido una falta grave y más cuando vario s de estos equipos están embargados o
equipos no instalados
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