TA CHO - 27001333300420180025801-(16-09-2022)

Radicación Número: 27001333300420180025801

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Miladys Londoño Perea

Demandado: Policía Nacional

Referencia: Apelación Sentencia

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono 6 71 39 82 Página 1 de 22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Sentencia No. 130

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300420180025801

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: MILADYS LONDOÑO PEREA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia No . 069 del 06 de agosto De 2020 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por Miladys Londoño Perea contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional que negó las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes.

1.1 La demanda.

Londoño Perea contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional que negó las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes.

1.1 La demanda.

“1. El cinco (5) de septiembre de 2010, la señora Patrullera de la Policía Nacional MILADYS LONDOÑO PEREA, sufrió accidente de tránsito cuando se encontraba realizando el primer turno servicio de vigilancia, resultando lesionada en su pierna izquierda y cuello, presentando mucho dolor por lo que tuvo que asistir al médico, quien la valoró y determinó que presentaba fractura completa de odontoides cervical e inflamación de la médula, desde este episodio presenta dolor cervical dorsal.

2. Que mediante informativo administrativo y prestacional practicado a la señora patrullera MILADYS LONDOÑO PEREA, que de conformidad con el artículo 24 del decreto 1796 del 2000, le fue calificada sus antecedentes lesionales en literal B. Que significa en servicio y e n consecuencia del mismo.

3. Que, como consecuencia del accidente en servicio, le fue practicada por el área de Sanidad de la Policía Nacional, Junta Médico Laboral, en la cual se le diagnostico las siguientes lesiones con secuelas: POLITRAUMA SIN SECUELAS VALORABLES - FRACTURA DE ODONTOI DES SIN SECUELAS NEUROLOGICAS – ENFERMEDAD DEGENERATIVA DISCAL CERVICAL - DOLOR CRONICO CON LIMITACION DE MOVIMIENTOS. Lesiones que, al calificarlas en relación con el servicio, le generó incapacidad permanente parcial, no APTO, por el artículo 68 a y b, c on Reubicación Laboral - Labores administrativas. Calificación que le arrojó un puntaje de 11.00%.

servicio, le generó incapacidad permanente parcial, no APTO, por el artículo 68 a y b, c on Reubicación Laboral - Labores administrativas. Calificación que le arrojó un puntaje de 11.00%.

4. La señora Patrullera ante la inconformidad por el puntaje asignado a sus lesiones por la Junta Médica practicada en el área de sanidad de la Policía Nac ional, en la cual le asignaron 11.00%, deRadicación Número: 27001333300420180025801

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Teléfono 6 71 39 82 Página 2 de 22 perdida de la capacidad, en el entendido que es as lesiones fueron en actos del servicio y en consecuencia del mismo, presentó recurso de reposición en subsidio de apelación ante el Honorable Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, determinando el Tribunal mediante Acta No. M18110 - MDNSG - TML - 4 1 registrada en el folio No. 038 del libro del Tribunal Médico Laboral Móvil, rebajarle la calificación a 10.50% de pérdida de capacidad laboral , sin tener en cuenta que las patologías sufridas por la reclamante son degenerativas y progresivas, Violando un principio constitucional de la No Reformatio in pejus, que afecta en esencia el artículo 29 constitucional ( Debido Proceso y garantías).

patologías sufridas por la reclamante son degenerativas y progresivas, Violando un principio constitucional de la No Reformatio in pejus, que afecta en esencia el artículo 29 constitucional ( Debido Proceso y garantías).

5. Mi poder dante señora MILADYS LONDOÑO PEREA, venía prestando sus servicios como Patrullera en la Policía Nacional Seccional Chocó, hasta el 6 de junio de 2018 que fue retirada del mismo mediante resolución número 02642 de mayo 21 de 2018, por disminución de la capa cidad sicofísica en un 10.50% según Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía N o.

M10 - 110 MDNSG TML - 41 1 registrada a folio 038 del libro del libro de tribunal médico laboral móvil de abril 11 de 2018.

6. Mi representada señora MILADYS LONDOÑO PEREA, no cuenta con recursos económicos distintos a los que percibía como patrullera al servicio de la Policía Nacional y retirarla del servicio activo con los padecimientos de Salud por la que fue retirada, y adquirió en desarrollo de su actividad laboral con la Policía, perjuicios irremediables porque precisamente esos padecimientos de salud le impiden realizar actividades que le permitan suplir su mínimo vital y su recuperación se encuentra amenazada por que su re tiro de la entidad lleva implícito su retiro del servicio de salud”.

2. Pretensiones.

“Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº. 2642 del 21 de mayo de 2018, mediante la cual la Dirección de la Policía Nacional retira del servicio activo de la Policía

2. Pretensiones.

“Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº. 2642 del 21 de mayo de 2018, mediante la cual la Dirección de la Policía Nacional retira del servicio activo de la Policía Nacional a la señora MILADYS LONDOÑO PEREA, por perd ida de la capacidad Psicofísica de conformidad con el artículo 54 inciso 1 y 55 numeral 3 del decreto 1791 de 2000, signada por el señor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, en calidad de Director General de la Policía Nacional.

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el acta Nº M18-110MDNSGTML-41 registrada en el folio Nº 038 del libro de Tribunal Médico Laboral Móvil, fechada 11 de abril de 2018, mediante la cual se declaró no apto para la actividad policial a la demandante sin r eubicación.

Como consecuencia de lo anterior, se le restablezca en su servicio con la reubicación laboral en la cual se venía desempeñando la PT. MILADYS LONDOÑO PEREA, de igual forma y como consecuencia de las anteriores declaraciones a título de restab lecimiento del derecho, sea reintegrado el actor que venía desempeñando o a uno de igual o mejor categoría, con la misma antigüedad y grado que la de sus compañeros de curso o promoción.

Por consiguiente y a título de establecimiento del derecho, se modifiquen las decisiones referentes a la calificación de capacidad para el servicio, que decidió declararlo NO APTO PARA LA

ACTIVIDAD POLICIAL

Que se le cancelen los dineros y demás prestaci ones sociales de percibir hasta la fecha en que se

a la calificación de capacidad para el servicio, que decidió declararlo NO APTO PARA LA

ACTIVIDAD POLICIAL

Que se le cancelen los dineros y demás prestaci ones sociales de percibir hasta la fecha en que se produzca su reintegro. Así mismo, se le reconozcan y paguen los dineros que en derecho correspondan por concepto de la disminución”.

3. Trámite procesal.

La demanda se presentó el día 03 de marzo el 2015 (folios 3 a 27), fue admitida mediante auto interlocutorio N° 346 del 11 de marzo de 2015 (fls. 37 y 38) y se notificó a las partes en debida forma (fls. 55-57).

La entidad demandada, no contestó la demanda.Radicación Número: 27001333300420180025801

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4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia 69 del 6 de agosto del 2020 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, decidió negar las pretensiones de la demanda con las siguientes consideraciones:

“Conforme lo expuesto y aterrizando al caso bajo en estudio, se tiene que la valoración probatoria efectuada en este asunto, permite inferir que el retiro del servicio policial de la demandante se produjo

con las siguientes consideraciones:

“Conforme lo expuesto y aterrizando al caso bajo en estudio, se tiene que la valoración probatoria efectuada en este asunto, permite inferir que el retiro del servicio policial de la demandante se produjo con ocasión a la disminución de su capacidad sicofísica en un 10.50% (incapacidad permanente parcial – enfermedad discal degenerativa) y además de su calificación como no apta para la actividad policía sin recomendación de reubicación laboral emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Ahora del contenido del acto administrativo de retiro y del acta de calificación emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se tiene que la decisión de no recomendar reubicación laboral de la demandante y por ende separarla del servicio activo, se emitió bajo los siguientes ar gumentos: “(…) En cuanto a la sugerencia de reubicación laboral esta instancia evidencia que la paciente cursa con un trastorno consistente en una enfermedad degenerativa discal cervical de C3 - C4 y de C4 - C5 que deja como secuela dolor cervical y limitación a los movimientos del cuello que le imposibilita cumplir con las actividades propias del servicio y las funciones para las que fue incorporada. La paciente refiere durante el interrogatorio que el dolor cervical le impide realizar adecuadamente todas sus funciones, y presenta incapacidad parcial desde el año 2015 para realizar las actividades del servicio y administrativas. De la misma manera señala que puede estar mucho tiempo en ninguna posición, que no puede realizar esf uerzos físicos, que no puede utilizar zapato de tacón ni de botas, que no puede utilizar uniforme, que no puede realizar labores de digitación, y en general que no puede realizar adecuadamente las labores operativas ni

mucho tiempo en ninguna posición, que no puede realizar esf uerzos físicos, que no puede utilizar zapato de tacón ni de botas, que no puede utilizar uniforme, que no puede realizar labores de digitación, y en general que no puede realizar adecuadamente las labores operativas ni administrativas debido a su dolor de cuello. Asimismo, la paciente no exhibe capacitaciones, ni cursos, ni formación tecnológica, técnica o profesional diferente a los cursos policiales. Así las cosas, a pesar de estar cursando sexto semestre de derecho esto no le acredita idoneidad profesion al. Es importante recalcar que la Junta Médica Laboral No. 65 30 del 2 de agosto de 2017 la reubicó laboralmente, pero a pesar de ello no ha podido trabajar adecuadamente según lo referido por la paciente en la presente convocatoria y corroborado por el ex amen físico que la paciente presenta. De igual manera, la lesión que presenta actualmente en el cuello le impide permanecer en este tipo de instituciones donde se puede agravar su sintomatología y que pueden producir lesiones adicionales a futuro”.

Afirma la parte demandante en el libelo introductorio que el acto que la retiró del servicio activo de la Policía Nacional tiene vicios en su formación y expedición, que dan lugar a la declaratoria de su nulidad por configurarse las causales de desviación de pod er y falsa motivación, por cuanto al encontrarse en un estado de debilidad manifiesta ocasionada por las lesiones sufridas durante sus funciones como patrullera de la Policía Nacional, gozaba de una protección laboral reforzada que debía ser respetada por la entidad demandada, que impedía su desvinculación del servicio, toda vez que podía ser reubicada laboralmente al contar idoneidad para desempeñar funciones distintas a las de tipo policial.

debía ser respetada por la entidad demandada, que impedía su desvinculación del servicio, toda vez que podía ser reubicada laboralmente al contar idoneidad para desempeñar funciones distintas a las de tipo policial.

En cuanto a la causal de falsa motivación invocada por la parte demandante como anulatoria del acto de retiro del servicio, se tiene que el Consejo de Estado ha manifestado que para que ésta se configure es necesario que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no hayan existido o no te ngan el carácter jurídico que el autor les ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la decisión tomada». En consecuencia, dicha causal se estructura alrededor de la evidente divergencia que existe entre la realidad fáctica y jurídica que inspira la creación del acto y la motivación en que la administración sustenta el mismo.

Con respecto a la revisión judicial de la falsa mo tivación de un acto administrativo, la jurisprudencia ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el ac to administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».

Con respecto a la revisión judicial de la falsa motivación de un acto administrativo, la jurisprudencia ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal «tiene la carga de la prueba, esRadicación Número: 27001333300420180025801

Con respecto a la revisión judicial de la falsa motivación de un acto administrativo, la jurisprudencia ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal «tiene la carga de la prueba, esRadicación Número: 27001333300420180025801

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Teléfono 6 71 39 82 Página 4 de 22 decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad d e que se hallan revestidos los actos administrativos».

Respecto de la otra causal alegada por la parte actora, esto es, la desviación de poder, se tiene que esta se presenta cuando la autoridad que emite un acto administrativo persigue un fin diferente al previsto por el legislador en el caso en concreto, obedeciendo a un fin arbitrario o ilegal.

En otros términos, tiene lugar cuando un acto administrativo que fue expedido por un órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico y que se presumen respecto de dicho acto.

Conforme lo expuesto, es claro para el Despacho que en el plenario no existen pruebas que demuestren que la intención de la entidad demandada fue distinta a la fijada en la Ley, esto es, retirar

Conforme lo expuesto, es claro para el Despacho que en el plenario no existen pruebas que demuestren que la intención de la entidad demandada fue distinta a la fijada en la Ley, esto es, retirar del servicio policial, por la causal de disminución de la capacidad sicofísica calificada por la autoridad competente (Tribunal Médico Laboral de revisión Militar y de Policía).

Y es que no puede ser otra la lectura que el Despacho haga del contenido del acto acusado, por cuanto, si bien la actora por ser una persona discapacitada, es un sujeto de protección especial del Estado, que se encuentra amparada en el principio de estabilidad laboral refor zada, lo cual implica a las voces de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que no puede ser retirada del servicio policial, sino no más bien que su situación particular debe ser analizada bajo una reubicación laboral en la institución con asignación de labores administrativas, de docencia o de instrucción siempre y cuando demuestre condiciones para realizarlas, lo cierto es, que en el caso de la señora LONDOÑO PEREA no era posible aplicar de manera absoluta dicho principio, pu es fue la autoridad competente (Tribunal médico laboral de revisión militar y de policía) la que recomendó no reubicarla laboralmente, por cuanto no tenía capacidades aprovechables en tales campos ni en la actividad policial, lo cual daba lugar a disponer de su retiro de la institución policial, atendiendo a que no puede la institución mantener a quien no goza de condiciones para ejecutar las labores referidas, porque se desnaturaliza la función que presta dicha entidad y además se pondría en riesgo sus importantes funciones constitucionales y legales y con ello los derechos de los ciudadanos.

no puede la institución mantener a quien no goza de condiciones para ejecutar las labores referidas, porque se desnaturaliza la función que presta dicha entidad y además se pondría en riesgo sus importantes funciones constitucionales y legales y con ello los derechos de los ciudadanos.

Así las cosas, es claro para esta instancia judicial, que las meras y simples afirmaciones de la demandante en cuanto a que la entidad demandada al retirarla del serv icio vulneró el principio de estabilidad reforzada que le era aplicable, no constituyen un elemento probatorio ni menos aún llevan al juzgado a la persuasión en el grado de certeza acerca de que, efectivamente, el

acto censurado está afectado por el vicio de desviación de poder cuando sí resultó acreditado que, en efecto, la señora LONDOÑO PEREA presentó disminución de la capacidad sicofísica y no podía realizar otras actividades diferentes a las de Policía, por la que fue separada del cargo que desempeñaba.

En cuanto al cargo de falsa motivación endilgado al acto administrativo de retiro, debe decir el Despacho que éste tampoco resultó probado, toda vez que los motivos argüidos por la institución policial corresponden a la determinación adoptada del Tribunal Médico Laboral de revisión militar y de policía, que no logró la parte demandante controvertir en este asunto, toda vez el acta No. No. M18-110 MDNSG-TML-41.1 del 11 de abril de 2018 mantiene incólume su pres unción de legalidad, pues a la fecha no ha sido declarada nula por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Aunado a lo anterior, considera el Despacho que si bien la parte demandante en el presente asunto,

pues a la fecha no ha sido declarada nula por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Aunado a lo anterior, considera el Despacho que si bien la parte demandante en el presente asunto, afirmó que contaba con capacidad alterna o residual afines al servicio de la institución policial para desempeñar actividades en el programa de infancia y adolescencia, investigación criminal, análisis criminal y protección a la infancia y adolescencia, por lo que la entidad demandada debió reubic arla laboralmente y allegó los soportes probatorios para sustentar su dicho; lo cierto es, que no es competencia del Juez Contencioso Administrativo realizar una nueva valoración médica en este estadio procesal, toda vez que no se cuenta con criterios técn icos, objetivos y especializados para determinar si una persona tiene capacidades para ser aprovechadas en actividades administrativas o de instrucción propias de la institución policial, dado que ello, es el del resorte de la autoridad médica especializada, que en este caso particular, es la Junta médico laboral y/o el Tribunal Médico Laboral de revisión militar y de policía.

Lo hasta aquí expuesto, resulta suficiente, para declarar probadas las excepciones de presunciónRadicación Número: 27001333300420180025801

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Teléfono 6 71 39 82 Página 5 de 22 de legalidad e inexistencia de vicios de nulidad propuestas por la entidad demandada y como consecuencia de ello, negar las suplicas de la demanda, pues se reitera, no logró en el presente asunto la parte actora desvirtuar la presunción de legalidad de que goza el acto acusado ”.

En su parte resolutiva se indicó:

“PRIMERO: DECLARESE probada de oficio la excepción de caducidad respecto de la pretensión de nulidad del acta No. M18 -110 MDNSG -TML-41.1 del 11 de abril de 2018 emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARENSE probadas las excepciones de PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD e INEXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD propuestas por la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL resp ecto de la pretensión de retiro del servicio de la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIEGUENSEN las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: En firme esta providencia, archívese y cancélese su radicación”.

La parte demandada interpuso el recurso de apelación, el que fue concedido el 28 de agosto de 2020 y admitido el 15 de enero de 2018 (fls. 140).

La parte demandada interpuso el recurso de apelación, el que fue concedido el 28 de agosto de 2020 y admitido el 15 de enero de 2018 (fls. 140).

5. Recursos de apelación.

5.1. La parte demandante.

El apoderado de la demandante censura la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Frente a la excepción de caducidad en la pretensión conforme al acta de la junta del Tribunal Medico de Revisión Militar y de Policía, No. M18 -110 Folio 038 del 11 de abril de 2018 expedida por el Tribunal Médico Laboral Móvil.

Estima el Despacho que la situación jurídica particular y concreta de la demandante respecto de la calificación de su aptitud derivable de la valoración de capacidad psicofísica que se le realizó, esto es, NO APTA para la actividad policial sin recomendación de reubicación laboral, fue definida a través del Acta No. M18 -110 Folio 038 del 11 de abril de 2018 expedid a por el Tribunal Médico Laboral Móvil, acto administrativo autónomo para los efectos jurídicos que produce, además de ser carácter definitivo y susceptible de control jurisdiccional. Ahora, de lo expuesto en precedencia, infiere el Despacho que la parte demandante respecto de la nulidad del acta No. M18-110 Folio 038 del 11 de abril de 2018, al ser un acto administrativo autónomo, debía presentar la demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro (4) meses s iguientes a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo, tal y como lo prevé el

control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro (4) meses s iguientes a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo, tal y como lo prevé el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, esto es, a más tardar el 16 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que el referido acto le fue notificado el dia16 de abril de dicha anualidad.

Revisada la demanda y sus anexos, se tiene que la parte demandante respecto del acto administrativo acusado referido en líneas precedentes, agotó por fuera del término con el que disponía para ello (16 de agosto de 2018), tanto el trámite de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Publico, lo cual realizó el día 17 de septiem bre de 2018, es decir, cuando ya se habían superado con creces los términos de caducidad, razón suficiente para declarar probada la excepción de caducidad del medio exceptivo y como consecuencia de ello negar la pretensión.

Recurriendo la declaratoria de probada la excepción de caducidad de la pretensión de nulidad del acto (Acta No. M18-110 Folio 038 del 11 de abril de 2018, proferida por el Tribunal de revisión MilitarRadicación Número: 27001333300420180025801

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Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

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Teléfono 6 71 39 82 Página 6 de 22 y de Policía en la cual soporta las decisiones tomadas para el presente caso encontramos que esas decisiones inmodificables de conformidad con el son Artículo 31. IRREVOCABILIDAD. Las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, no podrán ser modificadas. Se exceptúan de esta norma los casos especiales de modificación de la invalidez a que se refiere el artículo 10 del presente Decreto.

En conclusión, bajo determinadas circunstancias las cuales deben ser evaluadas por los Magistrados al momento de estudiar cada caso, dependiendo del marco del libelo, las Actas de valoración de incapacidad referidas pueden ser demandables ante la jurisdicción empero, en este caso se considera que la calificación de la invalidez configuró unos actos preparatorios para el retiro del servicio, pero en atención a que no se puso fin a una actuación administrativa, tales actos no son demandables ante la jurisdicción, dado que ellas no contienen la voluntad administrativa respecto del derecho de reintegro reclamado y por tanto el acto objeto de demanda es el que impone el retiro Resolución No. 02642 del 21 de mayo de 2018.

Acto que dio origen a la expedición de la resolución No. 02642 del 21 de mayo de 2018, signado por el señor Director General de la Policía Nacional, por medio del cual es retirada del servicio activo la señora Patrulle ra MILADYS LONDOÑO PEREA, en consecuencia, no hay lugar a declarar la

el señor Director General de la Policía Nacional, por medio del cual es retirada del servicio activo la señora Patrulle ra MILADYS LONDOÑO PEREA, en consecuencia, no hay lugar a declarar la caducidad de la acción por cuanto el acto definitivo, fue la resolución de retiro y se observa que el acta de la junta del Tribunal de revisión militar y de Policía No. M18 -110 MDNSG-TML-41.1 no es objeto de revisión por el mismo tribunal y que su motivación se fundamenta en la perdida de la capacidad laboral sin previo análisis que pudiera surtir una evaluación de la trayectoria profesional de la Demandante, artículo 22 del decreto Ley 1791 de 2000 no procediendo a su retiro automáticamente.

SEGUNDO. RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD SICOFISICA-Sentencia de inexequibilidad. Efectos El artículo 50 del decreto 1791 fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-381 de 12 de abril de

2005. En relación con dicha declaratoria de inexequibilidad resalta la Sala, que a juicio de la Corte Constitucional la citada norma tenía un carácter imperativo de tal modo que le permitía r etirar de manera inmediata al personal militar que hubiera sufrido alguna disminución de su capacidad psicofísica, sin tener en cuenta sus condiciones propias y particulares. Bajo este supuesto, sostuvo la Corte que una persona discapacitada o con disminución de su capacidad psicofísica no podía ser retirada de la institución, por ese sólo motivo, si se demostraba que se encontraba en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción. Así las cosas, estableció la

retirada de la institución, por ese sólo motivo, si se demostraba que se encontraba en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción. Así las cosas, estableció la Corte, que solamente después de realizada la valoración médica por la Junta Médico Laboral correspondiente, y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 1791 de 2000.En relación con los efectos de la citada sentencia estima la Sala que estos son ex nunc, esto es, hacia el futuro en razón a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.. FUENTE FORMAL: DECRETO 1791 DE 2000 - ARTICULO 58”

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

6.1 Parte demandada.

“En primer lugar, la facultad para verificar la capacidad psicofísica o la perdida de la capacidad laboral a los miembros de la Policía Nacional son previstos en el decreto 1796 del 2000, norma que precisa cuales son los funcionarios competentes para ello, de igual manera la calificación final debe estar soportada en cinco aspectos 1.) La ficha médica de aptitud psicofísica, 2.) El concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o afecciones que presente el interesado c.) El expediente médico - laboral que reposa en la respectiva Dirección de Sanidad, d.) Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar, e.) Informe Administrativo por Lesiones Personales, los cuales fueron aportados a la Junta Medico Laboral al igual que al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar.

considere necesario realizar, e.) Informe Administrativo por Lesiones Personales, los cuales fueron aportados a la Junt