TA CHO - 27001333300420210015501-(16-09-2022)

Expediente 2021-155

Sentencia Reparación Directa

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

SENTENCIA No.134

Quibdó, dieciseis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27001-33-33-004-2021-00155-01

ACCIÓN: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTE: SEGURIDAD NAPOLES LTADA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE QUIBDÓ

MAGISTRADA PONENTE: DRA. NORMA MORENO MOSQUERA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia Nº 005 del 19 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente previo las anotaciones de rigor.”

I. ANTECEDENTES

La empresa SEGURIDAD NAPOLES LTDA , por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el MUNICIPIO DE QUIBDÓ , solicita las siguientes:

PRETENSIONES “PRIMERO: Declarar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, administrativa

Contencioso Administrativo, contra el MUNICIPIO DE QUIBDÓ , solicita las siguientes:

PRETENSIONES “PRIMERO: Declarar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, administrativa y extr acontractualmente responsable del daño antijurídico causado a SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., con ocasión a su omisión en el trámite y legalización de la respectiva adición del contrato N°129 de 2019 suscrito entre la demandada y mi poderdante.Expediente 2021-155

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SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, reparar el daño antijurídico producido a mi poderdante y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($205.566.210), correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados por SEGURIDAD NÁPOLES LTDA, en el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020.

TERCERO: Ordenar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, el reconocimiento y pago de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.520.582), correspondiente a los perjuicios causados a mi representada por la falta del pago oportuno a los servicios efectivamente prestados.

CUARTO: Ordenar la liquidación del contrato N°129 de 2019.

($45.520.582), correspondiente a los perjuicios causados a mi representada por la falta del pago oportuno a los servicios efectivamente prestados.

CUARTO: Ordenar la liquidación del contrato N°129 de 2019.

QUINTO: Que se condene a la demandada al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso”.

HECHOS En la demanda se relatan los siguientes: “PRIMERO: El 18 de marzo de 2019 se suscribió contrato estatal N°129 de 2019, entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ y SEGURIDAD NÁPOLES LTDA, cuyo objeto era la vigilancia en las instalaciones de la entidad.

SEGUNDO: El valor del contrato se estipulo en la suma de MIL QUINIENTOS

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

PESOS M/CTE ($1.527,201.690).

TERCERO: Que en las condiciones contractuales se pactó que el plazo de ejecución seria por DIEZ (10) MESES y QUINCE (15) DÍAS.

CUARTO: En fecha 29 de marzo de 2019, las partes suscriben el acta de inicio a la ejecución contractual.

QUINTO: Conforme a lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución se extendió hasta el 15 de febrero de 2020.

SEXTO: El pago de los servicios de vigilancia por parte de la entidad, se realizaba por instalamentos mensuales, previa radicación de la factura mensual respectiva.

SEPTIMO: En octubre de 2019, se suscribió la adición N°1 al contrato N°129 de 2019 por un valor TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SEPTIMO: En octubre de 2019, se suscribió la adición N°1 al contrato N°129 de 2019 por un valor TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

($39,671.972).

OCTAVO: La ejecución del contrato N°129 de 2019 termino el 14 de febrero de 2020, sin embargo, con ocasión a la solicitud impartida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ., bajo el compromiso de la Ent idad de tramitar y legalizar la respectiva adición y/o suscripción de un nuevo contrato, se continuo con la prestación del servicio hasta el 24 de marzo de 2020.Expediente 2021-155

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NOVENO: En fecha 24 de marzo de 2020, el señor JORGE TADEO LOZANO RUEDA, Secretario General d e la ALCALDÍA DE QUIBDÓ, remite a SEGURIDAD NÁPOLES, oficio SGQ-Of-Nro. 079, a través del cual notifica que la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados hasta el momento por mi representada, irían hasta el día 25 de marzo de 2020.

DECIMO: SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., prestó consecutiva e ininterrumpidamente los servicios de vigilancia del 29/03/2019 al 25/03/2020, obedeciendo a las ordenes imperativas de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, por tratarse de un servicio que no puede ser desprotegido, como lo es la protección que se le brinda a los bienes del Estado mediante un contrato

obedeciendo a las ordenes imperativas de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, por tratarse de un servicio que no puede ser desprotegido, como lo es la protección que se le brinda a los bienes del Estado mediante un contrato de vigilancia y seguridad privada, continúo prestando los servicios de vigilancia a favor de dicha Entidad, hasta la fecha enunciada.

DECIMO PRIMERO: Consecuencia de lo anterior, fueron expedidas y radicadas las siguientes facturas correspondientes a los servicios prestados en los periodos del 14 al 29 de febrero de 2020 y 01 al 24 de marzo de 2020:

FACTURA No. PERIODO

FACTURADO

FECHA DE

RADICACIÓN VALOR F11Q 216 Del 14 al 29 de febrero de 2020 Radicado N°8289 del 18/06/2020 $82,226.484 F11Q 217 Del 01 al 24 de marzo de 2020 Radicado N° 8288 del 18/06/2020 $123,339.726

DECIMO SEGUNDO: En fecha 26 de marzo de 2021, se lleva a cabo Audiencia de conciliaci ón ante la PROCURADURÍA 186 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, en la cual, la apoderada de la demandada manifestó: “El día 24 de marzo de 2021, se llevó a cabo el comité de conciliación, se hizo el análisis y estudio de la solicitud de conciliación prejudicial presentada por Seguridad Nápoles, en donde se sugirió acogerse al concepto presentado por la abogada Maryory Murillo Córdoba, en consecuencia se decidió CONCILIAR,

el análisis y estudio de la solicitud de conciliación prejudicial presentada por Seguridad Nápoles, en donde se sugirió acogerse al concepto presentado por la abogada Maryory Murillo Córdoba, en consecuencia se decidió CONCILIAR, en virtud de que el Municipio reconoce la existencia de la prestación de los servicios, posteriores al contrato N°129 de 2019, cuyo objeto fue la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con arma para las instituciones educativas sedes educativas del Municipio de Quibdó, la sede administrativa de la Secretaria de Educación, la Administración Central y las diferentes sedes y áreas de la Alcaldía de Quibdó y el servicio efectivamente fue prestado. Se decide conciliar y pagar de acuerdo al flujo de caja en virtud de la situación financiera por la que atraviesa el Municipi o de Quibdó. Por las anteriores razones el Comité de Defensa de la entidad, decidió emitir concepto FAVORABLE, para conciliar las pretensiones de la demanda” (Negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto original) Dado que el certificado del comité se enco ntraba suscrito por un funcionario de la entidad que no era competente para expedirlo, fue necesario suspender la audiencia de conciliación y programar una nueva fecha a fin de que laExpediente 2021-155

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ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, corrigiera y aclarara los siguientes puntos: a. Realice la corrección del certificado del Comité de conciliación y lo suscriba el funcionario competente (Secretario Técnico del Comité). b. Que se precise la cuantía, el plazo y forma de pago de la obligación (efectivo

puntos: a. Realice la corrección del certificado del Comité de conciliación y lo suscriba el funcionario competente (Secretario Técnico del Comité). b. Que se precise la cuantía, el plazo y forma de pago de la obligación (efectivo o consignación), dado a que la entidad manifestó su ánimo conciliatorio, pero no indico un plazo determinado para efectuar el pago de los valores adeudados.

DECIMO TERCERO: En fecha 30 de abril de 2021, se reanuda la Audiencia de conciliación, en la cual la apoderada de la demandada manifiesta que la Entidad “decidió no traer formula conciliatoria de conformidad con los plazos de la cuantía porque de conformidad con el panorama presupuestal a la fecha no se tiene estimado como se va a proceder con ese pago.” (Negrilla, cursiva y subra yado fuera de texto original) Como quiera que la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ no presentó una clara propuesta de pago en la cual se determinará los valores, forma y plazos de pago, condiciones básicas para poder llegar a un acuerdo, pues sin ellas el acuer do no sirve de nada, la PROCURADURIA 186 declaro fallida la audiencia de conciliación.

DECIMO CUARTO: A la fecha, no ha sido cancelado el valor de los servicios prestados a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ en el periodo comprendido del 14 de febrero de 2020 al 24 de marzo de 2020, los cuales ascienden a la

suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($205,566.210).

DECIMO QUINTO: La decisión de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ de

suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($205,566.210).

DECIMO QUINTO: La decisión de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ de NO CONCILIAR las pretensiones anteriormente expuestas, resulta lesiva para SEGURIDAD NÁPOLES y genera un agravio injustificado como también un perjuicio grave, como quiera que le impuso a Seguridad Nápoles la obligación de pagar con sus propios recursos la nómina, recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, dotaciones de ley, seguridad social integral (EPS, PENSIÓN, ARL, CCF) de los guardas contratados para la prestación exclusiva del servicio de la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, la cual tuvo que ser asumida y cubierta en su totalidad por mi representada, lo que generó un flagrante desequilibrio económico en la ejecución del co ntrato con la ALCALDIA DE QUIBDÓ, pues con el pretendido pago por parte de la Entidad se busca cubrir este tipo de gastos administrativos que beneficiaron exclusivamente a la Entidad demandada durante la prestación de los mismos y que la ALCALDIA DE QUIBDÓ traslada a SEGURIDAD NÁPOLES, generando un daño antijurídico que no tiene el deber jurídico de soportar.

DECIMO SEXTO: Conforme a lo anterior, se da cumplimiento a lo ordenado en el numeral 4° del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, Ley 1285

DECIMO SEXTO: Conforme a lo anterior, se da cumplimiento a lo ordenado en el numeral 4° del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, Ley 1285 de 2009 artículo 13° y Ley 640 de 2001 artículo 37°, a fin de que sea reconocida y cancelada la suma precitada a mi poderdante.

DECIMO SEPTIMO : SEGURIDAD NÁPOLES LTDA obró en virtud de las ordenes que la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, valiéndose de su pode rExpediente 2021-155

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estatal, impartió; y claro es que no hay acto de imprudencia o negligencia por parte de mi representada, que haya derivado en la prestación de los servicios a favor de ALCALDIA DE QUIBDÓ.

DECIMO OCTAVO: La ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, impartió la orden a SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., de continuar con la prestación de los servicios de vigilancia, bajo el compromiso de la Entidad de tramitar y legalizar la respectiva adición, deber que omitió la demandada, configurándose de esta manera un enriquecimiento sin causa por parte de la ALCALDIA DE QUIBDÓ versus el empobrecimiento de la compañía que represento, lo cual genera un daño antijurídico a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo

(Sentencias C -333/96 y C -892 de 2001). DECIMO NOVENO: SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., prestó consecutiva e ininterrumpidamente los servicios de vigilancia del 29 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020, tal y como

NÁPOLES LTDA., prestó consecutiva e ininterrumpidamente los servicios de vigilancia del 29 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020, tal y como se demuestra con los siguientes documentos:  Copia del contrato estatal N°129 de 2019.  Copia de la adición No. 01 efectuada al Cto. 129 de 2019.  Copia del acta de inicio del Cto. 129 de 2019.  Oficio SGQ-Of-Nro. 079, expedido por el Secretario General de la Alcaldía de Quibdó, el señor Jorge Tadeo Lozano Rueda, a través del cual notifi ca la terminación de los servicios prestados por mi representada. Factura F11Q 216, cuyo pago se pretende.  Factura F11Q 217, cuyo pago se pretende.  Libro de minutas de los servicios prestados del 14 de febrero de 2020 al 24 de marzo de 2020, las cuales se allegan como anexos de la demanda.

VIGÉSIMO: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, es administrativa y extracontractualmente responsable del daño antijurídico causado a mi poderdante con ocasión a su omisión en el trámite y legalización de la respectiva adición del contrato N°129 de 2019 suscrito entre la demandada y mi poderdante, por lo cual está llamada a reparar el daño causado a

SEGURIDAD NÁPOLES LTDA”.

DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La parte actora aduce que se quebrantaron las siguientes normas:  Artículos 1°, 3°, 140°, 162 y 163 y siguientes del Código de Procedimiento

DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La parte actora aduce que se quebrantaron las siguientes normas:  Artículos 1°, 3°, 140°, 162 y 163 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  Numeral 4° del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015  Ley 1285 de 2009 artículo 13°Expediente 2021-155

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 Ley 640 de 2001 artículo 37°  Artículos 23°, 25° y 83° de la Constitución Política.

CONTESTACION DE LA DEMANDA: No existe constancia procesal de que la parte demandada haya contestado la misma, pese a que a esta entidad se le notificó en debida forma.

DECISIONES RELEVANTES DE LA AUDIENCIA INICIAL Mediante el auto interlocutorio 1731 del 24 de noviembre del 2021, se prescindió de la audiencia inicial. LA SENTENCIA APELADA El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la sentencia apelada, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: “(…) En estos casos, no obstante faltar el contrato escrito, si se prestó el servicio, entregó el bien o la obra, es posible reconocer el pago que corresponda a esas actividades, porque en tales supuestos es injustificado que una parte se enriquezca y la otra se empobrezca, teniendo en cuenta que en semejantes eventos se autoriza pagar a quien ha violado la ley, pero por razones

actividades, porque en tales supuestos es injustificado que una parte se enriquezca y la otra se empobrezca, teniendo en cuenta que en semejantes eventos se autoriza pagar a quien ha violado la ley, pero por razones comprensibles por el derecho, tanto que en una ponderación de valores esta conducta queda justificada suficientemente: en el primer caso – constreñimiento al contratista - por la indefensión e inferioridad en que se encuentra el particular frente al Estado; en el segundo –afectación a la salud, por el deber de proteger bienes más valiosos, como la salud y la vida; y en el tercero –urgencia manifiesta-, por la necesidad apremiante de evitar un daño mayor o para atender el que se causó o está provocando. En estos casos, y otros parecidos, la sentencia de unificación permite pagarle a quien se empobrece en beneficio de otro sujeto que se enriquece con las prestaciones que aquél ejecuta para éste. Se trata de una cuestión de justicia o equidad con quien no merece soportar la disminución de su patrimonio, porque resulta irrazonable que lo padezca. En los términos indicados por la sentencia de unificación citada, el Despacho examinará si el caso concreto se subsume en algún supuesto admitido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la referida providencia, para acceder a la pretensión de pago por enriquecimiento sin causa o si, por el contrario, no se ajusta a ninguna circunstancia excepcional que lo admite. Conforme las pruebas obrantes en el plenario, se encuentran acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:Expediente 2021-155

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que lo admite. Conforme las pruebas obrantes en el plenario, se encuentran acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:Expediente 2021-155

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Entre el municipio de Quibdó (contratante) y la empresa SEGURIDAD NÁPOLES LTDA con NIT 860523408 -6 representada por JESÚS ORLANDO LÓPEZ C ASTAÑEDA, se celebró el contrato Nro. 129 del 18 de marzo de 2019, cuyo objeto era la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA PARA LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS, SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, LA

SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAS DIFERENTES SEDES Y ÁREAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIBDÓ”, por un valor4 de $1.527.201.690 M/TE, adicionado posteriormente por la suma de $39,671.972 M/TE, debido a la necesidad de ampliar la cobertura a otros puntos. La duración del contrato se pactó por un término de 10 meses y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes y la aprobación de las pólizas. El día 29 de marzo de 2019, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato en mención. Se encuentra igualmente probado que la empresa SEGURIDAD NÁPOLES prestó sus servicios en varias instituciones, sedes educativas y sedes administrativas de la administración del municipio de Quibdó, en el periodo

contrato en mención. Se encuentra igualmente probado que la empresa SEGURIDAD NÁPOLES prestó sus servicios en varias instituciones, sedes educativas y sedes administrativas de la administración del municipio de Quibdó, en el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 25 de marzo de 2020, según se extrae del libro de minutas aportado al plenario, por tal razón, el contratista expidió y radicó ante la entidad contratante las facturas correspondientes a los servicios prestados en los periodos del 14 al 29 de febrero de 2020 y 01 al 24 de marzo de 2020, por un valor total de $205,566.210. Adicionalmente, obra en el plenario el oficio No. SGQ - OFNo. 079 del 24 de marzo de 2020 emitido por el Secretario General del Municipio de Quibdó y a través del cual se le comunica a la empresa de seguridad NÁPOLES LTDA, que hasta el 25 de marzo de 2020 a las 6:00 am prestaría sus servicios de seguridad a la entidad demandada. Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, se tiene a juicio del Despacho y conforme a la jurisprudencia unificada sobre la actio in rem verso, cuyo desarrollo como doctrina judicial ha sentado un régimen excepcional de procedencia, que para la entrega o suministro de bienes y servicios requeridos por la administración, se está sometido a las exigencias formales y materiales que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para ello, por tanto, los trámites y requisitos para recibir servicios con destino al cumplimiento de los fines estatales se encuentran gobernados por el principio de legalidad, el cual comporta, entre otros, disponer previamente de partidas presupuestales

requisitos para recibir servicios con destino al cumplimiento de los fines estatales se encuentran gobernados por el principio de legalidad, el cual comporta, entre otros, disponer previamente de partidas presupuestales destinadas a cubrir la prestación de un servicio en particular, como la realización por escrito de un negocio jurídico cuyo objeto debe estar plenamente individualizado y determinado. Luego cualquier situación o actuación administrativa que esté encaminada a satisfacer o atender los fines sociales de la administración pública, ejecutada por fuera de las previsiones legales, no puede, prima facie, originar, generar o crear una causa jurídica legítima para hacer valer servicios ejecutados. Por tanto, el reconocimiento de valores por causa de entrega o suministro de cosasExpediente 2021-155

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o servicios, en aquellos casos que la administración los ha recibido sin mediar un documento cont ractual previo, sólo procede por vía judicial de la actio in rem verso. Así entonces, para ésta instancia judicial, los hechos que soportan la demanda están por fuera de los tres supuestos enunciados en la sentencia de unificación reseñada, pues no se est á ante la prestación de un servicio de salud y el acervo probatorio arrumado al plenario no permite deducir que la labor ejecutada se haya dado por un estado de emergencia no declarado o que la administración hubiese constreñido u obligado a la empresa dem andante a prestar el servicio de seguridad en el ente territorial demandado. Si bien en el plenario, quedó acreditada la prestación del servicio de seguridad los meses de febrero y marzo de 2020, se reitera ninguna de las pruebas aportadas dan cuenta que l a administración hubiese sometido a la empresa

Si bien en el plenario, quedó acreditada la prestación del servicio de seguridad los meses de febrero y marzo de 2020, se reitera ninguna de las pruebas aportadas dan cuenta que l a administración hubiese sometido a la empresa demandante a engaño o le hubiera impuesto la obligación de prestar la labor de vigilancia. (…) Así las cosas, no es comprensible la actuación desplegada por la parte demandante, pues al tener un claro entendimiento de la necesidad de suscribir de forma previa un contrato con la administración municipal que respaldara jurídicamente no solo la prestación del servicio, sino la apropiación misma de los recursos, procedió a ejecutar la labor sin contar con la acepta ción y participación de la entidad territorial demandada, lo que a la postre generó un servicio no pago; de ahí que, el desconocimiento consciente de las formalidades legales impide considerar que en el caso sub examine se configura el nexo de causalidad entre el presunto enriquecimiento de la entidad pública y el empobrecimiento de la empresa demandante. En ese orden de ideas, el Despacho negará las pretensiones de la demanda, como quiera que la parte actora no logró demostrar estar incurso en alguna de las situaciones excepcionales referidas en la sentencia de unificación para que se configure un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad demandada”. EL RECURSO DE APELACIÓN El apoderado judicial de la parte demanda nte, dentro del término legal, presenta recurso de apelación contra la sentencia No. 005 del 19 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, donde solicita lo siguiente: “1. REVOQUE en su totalidad la Sentencia N°005 de fecha 19 de enero de

2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, donde solicita lo siguiente: “1. REVOQUE en su totalidad la Sentencia N°005 de fecha 19 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, notificada el 19 de enero de 2022.

2. DECLARAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ , administrativa y extracontractualmente responsable del daño antijurídico causado a SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., con ocasión a su omisión en el trámite y legalización de la respectiva adición del contrato N°129 de 2019 suscrito entre la demandada y mi poderdante.Expediente 2021-155

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3. ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ , reparar el daño antijurídico producido a mi poderdante y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la suma de DOSCIENTOS CINCO M ILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($205,566.210), correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados por SEGURIDAD NÁPOLES LTDA, en el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020.

4. ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, el reconocimiento y pago de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45,520.582),

pago de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45,520.582), correspondiente a los perjuicios causados a mi representada por la falta del pago oportuno a los servicios efectivamente prestados.

5. ORDENAR la liquidación del contrato N°129 de 2019.

6. Que se condene a la demandada al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso.” La parte actora solicita se acc eda a sus pretensiones, con fundamento en lo

siguiente: “(…) El presente caso, se subsume dentro de los supuestos señalados, y admitidos por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la citada providencia, toda vez que se trata de un ser vicio que no puede ser desprotegido, como lo es la protección que se le brinda a los bienes del Estado mediante un contrato de vigilancia y seguridad privada. (…) De ahí que, al ALCALDE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, como servidor público le corresponda vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración, y rendir cuenta oportuna de su utilización. Por lo cual, con el fin de conjurar la afectación de la continuidad de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, solicitó a SEGURIDAD NÁPOLES LTDA., la continuación de la prestación de dichos servicios, con el fin de cumplir con su función de vigilancia y salvaguarda de los bienes y valores encomendados. Ahora, si se tiene en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos,

dichos servicios, con el fin de cumplir con su función de vigilancia y salvaguarda de los bienes y valores encomendados. Ahora, si se tiene en cuenta el contexto en el que se desarrollaron los hechos, se observa que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 07 de enero de 2020 el brote del nuevo Coronavirus-Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de 2020 fue categorizado como una pandemia - emergencia de salud pública de importancia internacional. Con base en ello, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 3 85 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada mediante las Resoluciones 844 y 1462 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.Expediente 2021-155

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Conforme a lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 537 de 2020, la Administración está obligada a desplegar su actividad contractual para el cumplimiento de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, conforme al régimen que la ley le ha impuesto, y su omisión genera la responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de los servidores públicos a cargo de dicho proceso. Sin embargo, la falta de formalización del vínculo contractual no conduce perse a desconocer las situacion es jurídicas que se hayan configurado, más aún cuando el particular está coadyuvando a que la administración remedie o evite males presentes o futuros pero inminentes, provocados ya sea por estados de

desconocer las situacion es jurídicas que se hayan configurado, más aún cuando el particular está coadyuvando a que la administración remedie o evite males presentes o futuros pero inminentes, provocados ya sea por estados de excepción, o en la paralización de los servicios públic os, o provenientes de situaciones de calamidad o por fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que no de espera en su solución. Mi representada basada en el contexto de la situación que atravesaba el país en dicho momento (Pandemia) y fundamentada en la confianza legítima que brindó la entidad demandada al señalar su compromiso de legalizar o suscribir las respectivas adiciones y/o ampliaciones contractuales, continúo prestando consecutiva e ininterrumpidamente los servicios de vigila ncia y seguridad privada a favor de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, en el periodo comprendido del 29 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020. Por lo tanto, si la entidad pública se benefició queda obligada a restablecer el patrimonio del particular en aquella parte en la que se empobreció. El Consejo de Estado ha reiterado que cuando una entidad autoriza la prestación de un servicio a cargo del particular, pero no cumple con todos los requisitos exigidos por la ley para la celebración de un contrato, no por ello se deben rechazar las pretensiones para el reconocimiento del valor de lo ejecutado por el particular, pues al rechazarlas se está autorizando el enriquecimiento sin justa causa de la entidad estatal. Igualmente, se ha señalado que, si el contratista de buena fe ha cumplido con el objeto acordado de manera verbal y ha generado un beneficio para la

pues al rechazarlas se está autorizando el enriquecimiento sin justa causa de la entidad estatal. Igualmente, se ha señalado que, si el contratista de buena fe ha cumplido con el objeto acordado de manera verbal y ha generado un beneficio para la administración, el Estado no puede aprovecharse de la circunstancia de no existir un documento que consagre la