TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2021-00059-00 (29-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia SENTENCIA No. 118

Medio de control. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –

SANCIONATORIO

Demandante (s). CARLOS MARIO OLARTE BETANCUR

Demandado (s). UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL

Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL – UGPP Radicado. 27001233300020210005900

Instancia PRIMERA Temas y subtemas Proceso sancionatorio por reporte tardío de información Ley 1607 de 2012 modificada por la Ley 1819 de 2016Régimen de liquidación de parafiscales Decisión Concede parcialmente

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Procede la Sala Primera de Decisión a emitir la sentencia que en derecho corresponda, en el presente medio de control.

I. ANTECEDENTES

El señor Carlos Mario Olarte Betancur, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demanda a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes:

1.1. PRETENSIONES En la demanda se formulan las siguientes pretensiones:

1.1.1.1. Se declare la nulidad de la Resolución No. RDC-2021-00023 del 09 de febrero de 2021, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración contra la Resolución sanción N° RDO-2020-00340 del 24 de febrero de 2020. 1.1.1.2. Se declare la nulidad de la Resolución Sanción No. RDO -2020-00340 del 24 de febrero de 2020, por medio de la cual la entidad lo sanci onó por entrega tardía de la información requerida sobre aportes parafiscales, correspondiente al año 2014. 1.1.1.3. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, a exonerarlo del pago de la sanción impuesta en la Resolución Sanción No. RDO -2020-00340 del 24 de febrero del 2020, confirmada por la Resolución No. RDC-2021-00023 del 09 de febrero del 2021. 1.1.1.4. Se condene a la entidad demandada, al pago de costas y agencias en derecho.Página 2 de 15

Además, como pretensiones subsidiarias, solicitó: 1.1.1.5. Se ordene la nulidad parcial de los actos administrativos atacados por

Además, como pretensiones subsidiarias, solicitó: 1.1.1.5. Se ordene la nulidad parcial de los actos administrativos atacados por inobservancia de las disposiciones constitucionales señaladas en los artículos 29 y 89, así como la inaplicación de los artículos 178,179,197 de la Ley 1607 de 2012.

1.1.1.6. Se ordene la reliquidación de la sanción impuesta por la UGPP, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, contando el término desde la finalización del plazo, hasta el día que se dio entrega de la segunda información, con la cual se dio paso para la expedición del acto a dministrativo denominado Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD - 2018-02985 del 26 de diciembre del 2018.

1.1.1.7. Se aplique el principio de favorabilidad de la sanción, señalando el marco normativo que existía a la fecha de expedición del Requerimiento de Información No. RQI201600597 del 27 de septiembre de 2016, siendo en este caso particular lo establecido en el numeral 3º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.

1.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante señala:

1.1.2.1. El 27 de septiembre de 2016, el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP profirió el Requerimiento de Información No. RQI-2016-00597, dirigido al contribuyente Carlos Mario

la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP profirió el Requerimiento de Información No. RQI-2016-00597, dirigido al contribuyente Carlos Mario Olarte Betancur, por los períodos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014. Dicho acto fue notificado el 12 de octubre de 2016 por correo certificado, bajo la guía de recibido No. RN648508601CO. En él se solicitó la entrega de información relacionada con la nómina de salarios y balances de prueba de los p eriodos indicados, otorgándole un término de tres (3) meses para su cumplimiento. 1.1.2.2. El demandante expuso que, para la fecha de expedición del requerimiento, aún no existía la Resolución 922 de 2018, la cual estableció las características técnicas qu e debía cumplir la información solicitada por la UGPP. En su criterio, la ausencia de dicho marco normativo generaba interpretaciones subjetivas en favor de alguna de las partes. 1.1.2.3. El 9 de junio de 2017, la UGPP expidió la primera liquidación parcia l, fuera del término previsto en el artículo 5 del Decreto 3033 de 2013, lo que —según el demandante— vicia de nulidad dicho acto, toda vez que la liquidación debió expedirse a más tardar el 12 de enero de 2017, es decir, ciento ochenta (180) días después del vencimiento del plazo para entregar la información solicitada. 1.1.2.4. El 8 de agosto de 2017, el demandante entregó la información requerida en el Requerimiento No. RQI-2016-00597, de acuerdo con las interpretaciones vigentes para ese

para entregar la información solicitada. 1.1.2.4. El 8 de agosto de 2017, el demandante entregó la información requerida en el Requerimiento No. RQI-2016-00597, de acuerdo con las interpretaciones vigentes para ese año. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2017, la UGPP expidió la segunda liquidación parcial, fundamentada en la entrega de información incompleta. Dicha liquidación se profirió con base en el numeral 3 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, con un retraso de 342 días, determinando un valor de $54.478.890. 1.1.2.5. El 5 de febrero de 2018, mediante radicado No. 201840030313812, el demandante allegó la información complementaria solicitada en la segunda liquidación parcial, dando cumplimiento integral a lo requerido por la UGPP. 1.1.2.6. El 26 de diciembre de 2018, la entidad demandada profirió el Requerimiento para declarar y/o corregir No. RDC-2018-02958, el cual fue notificado el 14 de enero de 2019. Como resultado, el 12 de septiembre de 2019 expidió la Liquidación Oficial No. RDO-201902977, notificada el 18 de septiembre del mismo año, sin que se hubieran expedido previamente las liquidaciones parciales previstas en el numeral 3 del artículo 179 de laPágina 3 de 15

Ley 1607 de 2012. Según el demandante, en esta etapa ya se encontraban subsanados los eventuales incumplimientos por información faltante. Finalmente, el 30 de septiembre de 2019, la UGPP profirió el Pliego de Cargos No. RPC -2019-00596, notificado en la misma fecha.

eventuales incumplimientos por información faltante. Finalmente, el 30 de septiembre de 2019, la UGPP profirió el Pliego de Cargos No. RPC -2019-00596, notificado en la misma fecha. 1.1.2.7. El 24 de febrero de 2020, la UGPP expidió l a Resolución Sanción No. RDO -202000340, notificada el 28 de febrero del mismo año por correo electrónico. Contra dicha decisión, el actor interpuso oportunamente recurso de reconsideración, resuelto mediante la Resolución No. RDC-2021-00023 del 9 de febrero de 2021, que confirmó en su integridad la sanción impuesta en la Resolución RDO-2020-00340 del 24 de febrero de 2020.

1.1.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

1.1.3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN - NORMAS VIOLADAS Relaciona la parte actora como fundamento jurídico de sus pretensiones, las siguientes:  El artículo 5º del Decreto 3033 del 2013, por falta de aplicación.  Artículos 2, 4, 6, 13, 15, 21, 29, 53, 83, 95, 121, 150, 209, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia. Por falta de aplicación.  Artículo 730 del Estatuto Colombiano.  El numeral 3º del artículo 179 de la Ley 1607 del 2012. Por falta de aplicación.  El numeral 1º de la sección 1ª del Acuerdo 1035 del 2015.

 Artículo 730 del Estatuto Colombiano.  El numeral 3º del artículo 179 de la Ley 1607 del 2012. Por falta de aplicación.  El numeral 1º de la sección 1ª del Acuerdo 1035 del 2015.  El numeral 2º de la sección 2ª del Acuerdo 1035 del 2015.  El artículo 319 de la Ley 1819 del 2016, aplicación principio de favorabilidad.  El artículo 55 numeral 10 de la Ley 734 del año 2002, por extralimitación en la sanción.  Resolución 0922 del 2018, por inexistencia de norma reguladora a la fecha del acto administrativo.  10.Principio de buena fe durante el proceso administrativo.  11.Test de proporcionalidad y razonabilidad.  12.Principio de favorabilidad en la sanción

1.1.3.2. CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

En lo referente al concepto de la violación , señaló varios cargos por violación al debido proceso, así:

Primer Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, al no dar la UGPP cumplimiento a lo establecido en e l artículo 5° del Decreto 3033 del 20 13, expidiendo sanciones parciales por fuera de los 180 días dispuestos en la ley , por lo cual la entidad perdió competencia y exonera al contribuyente al pago de la sanción.

Segundo Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por inexistencia de la Resolución 0922 de 2018, en relación con la imposibilidad material de aplicar la sanción de no entrega de información, entrega extemporánea e incompleta por

Segundo Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por inexistencia de la Resolución 0922 de 2018, en relación con la imposibilidad material de aplicar la sanción de no entrega de información, entrega extemporánea e incompleta por parte d e la enti dad demandada 1, ya que no existían parámetros claros, expresos e inequívocos para la entrega de la información requerida por la UGPP. Explicó que Con la expedición de la Resolución 0922 del 2018, se dieron las garantías constitucionales para los contribuyentes que son requeridos posteriores a esta fecha, teniendo en cuenta que dicha norma establece la forma y características que debe cumplir la información que es solicitada por la entidad.

Tercer Cargo: Violación del artículo 29 de la Constituci ón Política de Colombia, por inaplicación del principio de favorabilidad en materia tributaria2. Expuso que para la época de los hechos que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, requirió al demandante por el año fiscal 2014, la norma que aplicó fue la contenida

1 Visible en archivo N° 6 Demanda – Expediente Electrónico en Samai, pag. 15. 2 Visible en archivo N° 6 Demanda – Expediente Electrónico en Samai, pag. 17.Página 4 de 15

en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 , como lo indicó en el Requerimiento de Información No. RQI-2016-00597 del 27 de septiembre de 2016 , que el incumplimiento a lo solicitado, lo haría acreedor a la sanción señalada en este artículo, por ello, fue aplicada en la liquidación parcial del 20 de diciembre de 2017.

lo solicitado, lo haría acreedor a la sanción señalada en este artículo, por ello, fue aplicada en la liquidación parcial del 20 de diciembre de 2017. Ratificó que la UGPP debió dar aplicación al principio de favorabilidad en materia tributaria, aplicando la s anción conforme está establecido en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, pero aplicó fue la contenida en el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.

Cuarto Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombi a, por indebida aplicación del Acuerdo 1035 del año 2015, en relación con la irretroactividad de las normas tributarias. Por cuanto las observaciones precisadas en el requerimiento de información, no estaban precisadas en al Acuerdo 1035 de 2015, cuando se requirió la información, pero posteriormente fueron condensadas en la Resolución 0922 del 201 8, cuando debía entregarse la misma.

Quinto Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombi a, por indebida aplicación del Acuerdo 1035 del año 2015, en relación con que la Resolución RDC2021-00023 es un acto sujeto a la gradualidad de la sanción.

Sexto Cargo: Violación del principio de confianza legítima, artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, cuando la entidad demandada desconoció la aplicación de los artículos 179 y 197 de la Ley 1602 de 2012 y aplicó al demandante lo preceptuado en el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, siendo más lesiva y desfavorable, desconociendo el principio de favorabilidad tributaria a que tiene derecho el demandante.

1.2. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, siendo más lesiva y desfavorable, desconociendo el principio de favorabilidad tributaria a que tiene derecho el demandante.

1.2. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

La apoderada de la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pr etensiones formuladas, por cuanto los actos administrativos expedidos están investidos de presunción de legalidad que no logra quebrantar la parte actora con los hechos ni pruebas de la presente demanda. Señaló que, al demandante mediante RQI-2016-00597 del 27 de septiembre de 2016, le fue hecho requerimiento para que realizara entrega de información, la que fue aportada de manera parcial y extemporánea mediante oficios N° 201740032389782 del 08 de agosto de 2017 y 2018400313812 del 05 de febrero de 2018, por lo que mediante radicado UGPP N° 2017152037201912 del 20 de diciembre de 2017 se profirió liquidación parcial de sanción, indicando como información pendiente:  Nómina de Salarios (No incluye todos los conceptos de pago realizados al trabajador).  Balance de prueba (no se encuentra detallado por tercero beneficiario final de los recursos, con identificación, nombre y razón social).  Auxiliares de todas las cuentas u rubros contables de costos y / o gastos (no suministró los auxiliares de las cuentas 5110 -5115-5120-5130-5135-5140-5145-5150-5155-51605165-5195-5235-5305-5315-5395-5405-6135).  Añade la entidad demandada que con radicado 201840030313812 del 5 de febrero de

5165-5195-5235-5305-5315-5395-5405-6135).  Añade la entidad demandada que con radicado 201840030313812 del 5 de febrero de 2018 y por fuera del plazo el aquí demandante aportó:  Nómina de Salarios  Auxiliares de las cuentas o rubros contables de costos y/o gastos excepto las cuentas 5404 y 6135.  Auxiliares de las cuentas o rubros contables del pasivo relacionado con pagos a trabajadores, excepto los auxiliares de las cuentas 251010-251501-252001 y 252501. Con relación a la expedición de liquidaciones parciales de sanción, como motivo de inconformidad de la parte demandante, señaló que la sanción de 5 UVT, se contabilizará desde el día siguiente a la finalización del término otorgado para dar respuesta al requerimiento de información hasta que se entregue la misma, lo que no impide que se hagan liquidaciones parciales por periodo no mayores a 180 días para un mejor control de la caducidad de la potestad sancionatoria, pero no significa que deba sancionarse cada que transcurran dichos periodos, por cuanto la sanciones no se fundamenta n en lasPágina 5 de 15

sanciones parciales, sino en el incumplimiento de reportar la información solicitada, razón por la que no se advierte violación del debido proceso. Puntualizó que genera la misma conducta la entrega parcial o extemporánea que la falta de entrega de la información dentro del término otorgado, y de allí se desprende la gravedad del incumplimiento y la aplicación de la sanción , y que en el presente caso se tasó hasta el 5 de febrero de 2018.

de entrega de la información dentro del término otorgado, y de allí se desprende la gravedad del incumplimiento y la aplicación de la sanción , y que en el presente caso se tasó hasta el 5 de febrero de 2018. Frente al cargo primero, señaló la apoderada de la parte demandante, que la liquidación parcial, como facultad potestativa, es solo uno de los tantos actos de trámite que pueden darse en el proceso sancionatorio, que se materializa cuando no se evidencia el envío de la información solicitada. En relación con el segundo cargo indicó la Resolución 922 del 6 de junio de 2018, fijó contenido frente a las características de información solicitada por la UGPP, descalificando el hecho de que la parte demandante pretenda justificar la entrega tardía de la informa ción solicitada , tachando una directriz reglamentaria surgida con posterioridad a la ocurrencia de los hechos sancionados. Referente al tercer cargo, señaló que no existe violación al principio de proporcionalidad de la sanción establecida en el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, por cuanto la entidad demandada aplicó la norma en estricto sentido. En lo que atañe al cuarto cargo, esbozó que no sanciona el hecho de enviar la información requerida en un formato especial o no, sino la falta de envío oportuno de la mis ma, no correspondiendo a la verdad el hecho de que se haya aplicado el Acuerdo 1035 de 2015 de manera retroactiva, por cuanto el requerimiento de información en cuanto a su contenido y formatos data del año 2014. Respecto al quinto cargo , exteriorizó que era deber del demandante verificar la completitud de la información previo a su radicación, reiterando que no se cuestionó la

y formatos data del año 2014. Respecto al quinto cargo , exteriorizó que era deber del demandante verificar la completitud de la información previo a su radicación, reiterando que no se cuestionó la forma en que la empresa llevaba la contabilidad, sino que se ajustara la misma a los formatos preestablecidos para el envío de la información requerida. Finalmente, frente al cargo sexto, señaló que la norma no estableció sistema para graduar la sanción impuesta, no imponiéndose la misma por el obrar de buena o mala fe de parte del aportante, sino por la omisión de no enviar la información requerida en los tiempos establecidos.

1.3. TRÁMITE DEL PROCESO

La demanda fue inicialmente inadmitida mediante auto del 24 de junio de 2021, decisión que fue recurrida y posteriormente se decidió reponer la decisión a través de la providencia de fecha 4 de agosto del mismo año, quedando admitida. Posteriormente, se corrió traslado a la parte demandada de la medida cautelar solicitada, la cual fue negada el 19 de agosto de 2022. La parte demandada contestó la demanda el 21 de septiembre de 2022. Finalmente, mediante auto del 22 de noviembre de 2022 se dispuso prescindir de la audiencia inicial para emitir fallo, decisión que fue modificada el 28 de marzo de 2023 en lo relativo a la admisión e incorporación de pruebas.

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término establecido en el numeral 1, inciso segundo del artículo 182A, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término establecido en el numeral 1, inciso segundo del artículo 182A, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021, se pronunciaron las partes de la siguien te manera:

1.4.1. Parte demandante3

3 Ver Expediente Electrónico en Samai- índice 31.Página 6 de 15

La parte demandante reiteró en los alegatos de conclusión los argumentos indicados en la demanda, señalando que el proceso de fiscalización adelantado en su contra, fue iniciado en el marco de la Ley 1602 de 2012 , en el cual se establecía una mora de 342 días, es decir, un promedio de doce (12) meses, para una sanción parcial a pagar de $54.478.890 y que posteriormente con la modificación normativa de que trata el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 , se aumentó conside rablemente el valor a pagar, generándole un grave perjuicio. tornándose incongruente el hecho de que la entidad demanda da inicie el proceso de fiscalización liquidando parcialmente la sanción con una norma y luego aplique otra más desfavorable para el cont ribuyente, generando con este actuar un vicio de nulidad. Puntualizó que la entidad demandada debe liquidar la sanción al contribuyente con la norma más favorable, es decir, con la Ley 1602 de 2012. 1.4.2. Parte demandada No hay evidencia en el expediente electrónico que la parte demandada haya alegado de conclusión. 1.4.3. Ministerio Público

norma más favorable, es decir, con la Ley 1602 de 2012. 1.4.2. Parte demandada No hay evidencia en el expediente electrónico que la parte demandada haya alegado de conclusión. 1.4.3. Ministerio Público En el plenario no existe constancia procesal de que haya emitido concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA

El Tribunal es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que asigna a los tribunales el conocimiento en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se controviertan actos administrativos sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No se observa la existencia de causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que procede el Tribunal a pronunciarse de fondo en el presente asunto.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Sala establecer si es procedente o no declarar la nulidad de la Resolución No. RDO-2020-00340 del 24 de febrero de 2020, por medio de la cual, la UGPP sancionó al demandante por inexactitud y mora en la entrega de información respecto a la contribución parafiscal del periodo de enero a diciembre de 2014, y de la la Resolución RDC-2021-00023 del 09 de febrero de 2021, que confirmó la sanción impuesta.

la contribución parafiscal del periodo de enero a diciembre de 2014, y de la la Resolución RDC-2021-00023 del 09 de febrero de 2021, que confirmó la sanción impuesta.

Para resolver el problema jurídico planteado , y conforme a los cargos de nulidad formulados, se hace necesario establecer:

(i) Si los actos fueron expedidos conforme al régimen legal aplicable; (ii) Si hubo una adecuada valoración e interpretación de las pruebas obrantes para la expedición de los actos adm inistrativos demandados , y por ende si fueron debidamente motivados; (iii) Si la tasación de la sanción al demandante, se ajusta a las disposiciones legales, en el marco de los principios de favorabilidad e irretroactividad de la ley.

2.2. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

2.3. Ley 1607 de 2012Página 7 de 15

De manera general, la Ley 1607 de 2012 por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, facultó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras, esto conforme lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la mencionada Ley.

De manera específica, el artículo 179 dispone:

ARTÍCULO 179. SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 314 de la Ley 1819

lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la mencionada Ley.

De manera específica, el artículo 179 dispone:

ARTÍCULO 179. SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> La UGPP será la entidad competente para imponer las sanciones de que trata el presente artículo y las mismas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los respectivos intereses moratorios o cálculo actuarial según sea el caso.

1. Al aportante a quien la UGPP le haya notificado requerimiento para declarar y/o corregir, por conductas de omisión o mora se le propondrá una sanción por no declarar equivalente al 5% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que exceda el 100% del valor del aporte a cargo, y sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

Si el aportante no presenta y paga las autoliquidaciones dentro del término de respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, l a UGPP le impondrá en la liquidación oficial sanción por no declarar equivalente al 10% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin exceder el 200% del valor del aporte a cargo, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

Si la declaración se presenta antes de que se profiera el requerimiento para declarar y/o corregir no habrá lugar a sanción.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La sanción aquí establecida será aplicada a los procesos en curso a los cuales no se les haya decidido el recurso de reconsideración, si les es más favorable.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La sanción aquí establecida será aplicada a los procesos en curso a los cuales no se les haya decidido el recurso de reconsideración, si les es más favorable.

2. El aportante a quien se le haya notificado el requerimiento para declarar y/o corregir, que corrija por inexactitud la autoliquidación de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social deberá liquidar y pagar una sanción equivalente al 35% de la diferencia entre el valor a pagar y el inicialmente declarado.

Si el aportante no corrige la autoliquidación dentro del plazo para dar respuesta al Requerimiento para declarar y /o corregir, la UGPP impondrá en la Liquidación Oficial una sanción equivalente al 60% de la diferencia entre el valor a pagar determinado y el inicialmente declarado, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

3. <Numeral modificado por el artículo 121 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los aportantes y en general todas las personas naturales y jurídicas, sean estas entidades públicas o privadas, a los que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) en desar rollo de su función relacionada con el control a la evasión de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social, les solicite información y esta, no sea suministrada o se suministre en forma extemporánea, y/o incompleta y/o inexacta, se harán acreedores a una sanción hasta de 15.000 UVT, a favor del Tesoro Nacional, que se liquidará de acuerdo con el número de meses o fracción de mes de incumplimiento así:

(…)”

2.3.1 Debido Proceso Sancionatorio

hasta de 15.000 UVT, a favor del Tesoro Nacional, que se liquidará de acuerdo con el número de meses o fracción de mes de incumplimiento así: (…)”

2.3.1 Debido Proceso Sancionatorio

La Constitución Política establece en su artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso, que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Este derecho cuenta con diversas garantías, como el principio de legalidad, el derecho de defensa, laPágina 8 de 15

presunción de inocencia y otros . La Corte Constitucional ha declarado que el debido proceso es esencial para proteger las libertades de los ciudadanos y es un límite al poder del Estado en su función sancionadora, asegurando que las actuaciones se realicen dentro de procedimientos legales establecidos.

El debido proceso administrativo asegura que las acciones de las autoridades se ajusten tanto a las leyes como a la Constitución. Su objetivo es garantizar una administración pública que actúe de manera justa y conforme a los principios del Estado de derecho. Esto implica que toda autoridad debe actuar dentro de sus competencias legales y respetar el principio de legalidad, protegiendo así los derechos de los ciudadanos contra posibles abusos administrativos.

La Corte Constitucional4 ha reiterado que el debido proceso aplica a todas las acciones de la administración en la consecución de sus fines, abarcando la formación y ejecución de actos, así como las peticiones de los ciudadanos. Este principio fundamental, recogido en la Constitución colombiana y en diversas declaraciones de derechos humanos, incluye no solo la defensa y el acceso a recursos, sino también el respeto a normas previas, la competencia de la autoridad, el derecho a una resolución sin demoras injustificadas y la

la Constitución colombiana y en diversas declaraciones de derechos humanos, incluye no solo la defensa y el acceso a recursos, sino también el respeto a normas previas, la competencia de la autoridad, el derecho a una resolución sin demoras injustificadas y la posibilidad de presentar y cuestionar pruebas adecuadamente.

Respecto al debido proceso sancionatorio5, el Consejo de Estado ha indicado que este se define como un conjunto de garantías legales que buscan proteger a los individuos en procedimientos judiciales y administrativos, garantizando el respeto a sus derechos y la correcta aplicación de la justicia. La potestad sancionatoria del Estado debe segu ir las reglas del debido proceso, y este derecho se extiende a todos los procedimientos, incluyendo los administrativos sancionatorios.

Explicó el Consejo de Estado que, a unque la potestad sancionatoria penal y la administrativa son ambas formas del "ius puniendi" del Estado, existen diferencias significativas entre ellas. La sanción penal busca mantener el orden social y puede conllevar sanciones severas, como la prisión, mientras que la sanción administrativa se enfoca en regular la función pública y su ele consistir en multas. Por ello, en el ámbito administrativo sancionador, las reglas del debido proceso pueden aplicarse de manera menos rigurosa en ciertas circunstancias, como lo ha indicado la jurisprudencia.

A pesar de esta flexibilidad, es fundamental que las garan