TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2017-00019-00 (28-10-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Providencia Sentencia No. 129

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes DANIEL TRUJILLO CHAVERRA, JOSÉ DIÓGENES PALACIOS

MOSQUERA, GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLÍN

MORENO

Demandados DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ Radicado 270012333000 2017 00019 00

Instancia Primera Temas y subtemas i) Régimen prestacional de los diputados ii) Sanción moratoria en las Cesantías anualizadas (Ley 50 de 1990) iii) Prescripción trienal iv) Cosa juzgada Decisión Declara probadas las excepciones de prescripción y cosa juzgada

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Procede la Sala Primera de decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a proferir sentencia de primera instancia en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, promovido por DANIEL TRUJILLO CHAVERRA identificado con la c édula de ciudadanía No. 11.797.265 , JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.831.441, GONZALO COPETE ASPRILLA

la c édula de ciudadanía No. 11.797.265 , JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.831.441, GONZALO COPETE ASPRILLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 82.360.017 y AFRANIO ALLÍN MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.617.130, en contra del DEPARTAMENTO

DEL CHOCÓ - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ.

I. ANTECEDENTES Por conducto de apoderado judicial , los señores DANIEL TRUJILLO CHAVERRA, JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA, GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLÍN MORENO, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA instauraron demanda contra el DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes:

1.1. PRETENSIONES.

En la demanda se formulan las siguientes pretensiones:

1.1.1. Se declare la nulidad del acto administrativo No. GDCH 010216 100 del 29 de agosto de 2016 mediante el cual la Gobernación del Chocó niega el reconocimientoMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

2 de 25 y pago de la sanción moratoria por el pago tardío o no pa go de las cesantías causadas por los demandantes en los años 2013 y 2014.

1.1.2. Se declare la existencia del acto ficto o presunto contenido en la reclamación administrativo con fecha de recibido 16 de agosto de 2016, mediante el cual la Asamblea Departamental niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de los demandantes correspondientes a los años 2013 y 2014.

1.1.3. Se condene al Departamento del Chocó – Asamblea Departamental del Chocó solidariamente al r econocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de los demandantes, por el reconocimiento y no pago de sus cesantías correspondientes a los años 2013 y 2014, debidamente indexada.

1.2. HECHOS

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el apoderado de la parte demandante hizo el relato de los siguientes hechos:

1.2.1. Los señores DANIEL TRUJILLO CHAVERRA, JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA, GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLÍN MORENO se desempeñaron como diputados de la Asamblea Departamental del Chocó, desde el día 1° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.

desempeñaron como diputados de la Asamblea Departamental del Chocó, desde el día 1° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.

1.2.2. El 27 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Chocó mediante Resolución del 27 de diciembre de 2013 y Resolución 151 del 31 de diciembre de 2014 reconoció y ordenó pagar a favor de los demandantes lo concerniente al valor de sus cesantías de los años 2013 por $116.721.000 y 2014 por $136.005.531.

1.2.3. A pesar del reconocimiento de las cesantías, la entidad no ha procedido con su consignación al fondo respectivo, incumpliéndose los términos consagrados en la ley y generando con ello una mora que debe ser reconocida en razón a un día de salario por cada día de retardo en el pago.

1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Como marco normativo y jurisprudencial aplicable, citó el artículo 299 de la Constitución Política de Colombia y la modificación introducida con el Acto Legislativo 01 de 1996, en el sentido que “Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen la ley.”

Continuó indicando que la Ley 6ª de 1945 en su artícu lo 17 dispone que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán del auxilio de cesantías a razón de un mes de suelto o jornal por cada año de servicio, adicionalmente el artículo 1° del

obreros nacionales de carácter permanente gozarán del auxilio de cesantías a razón de un mes de suelto o jornal por cada año de servicio, adicionalmente el artículo 1° del Decreto 2567 de 1946 dispuso que el auxilio de ces antía debe liquidarse de acuerdo con el último salario devengado, a menos que éste haya tenido modificaciones en los últimos meses, en cuyo caso la liquidación se efectuará con el promedio devengado en los últimos doce meses o en el tiempo de servicio si fuere menor a los doce meses.

Posteriormente, con la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1598 del 5 de agosto de 1998, se dispuso que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a fondos privados de cesantías sería el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás concordantes de la Ley 50 de 1990.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

3 de 25 Finalmente, señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el auxilio de cesantía de los Diputados, anotando que esta prestación se liquida a razón de un mes de sueldo por cada año calendario de servicio, considerando que para efectos de tiempo de servicio y de asignaciones, se debe entender como si hubieran servido los doce meses del respectivo año calendario.

1.4. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

de tiempo de servicio y de asignaciones, se debe entender como si hubieran servido los doce meses del respectivo año calendario.

1.4. DE LA DEFENSA O RESISTENCIA.

Las entidades demandadas DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ, vencido el término de traslado de la demanda no allegaron pronunciamiento alguno.

1.5. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto interlocutorio No. 272 del 13 de marzo de 2017 se inadmitió la demanda por no haberse aportado la reclamación administrativa de fecha 16 de agosto de 2016, ni haberse allegado los poderes para representar a la totalidad de personas que se tienen como demandantes.

Mediante escrito del 29 de marzo de 2017 el apoderado de la parte demandante subsana los requisitos de la demanda, aportando copia de la petición radicada el 16 de agosto de 2016, así como los poderes otorgados por GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLIN MORENO, y por último desistiendo expresamente de la demanda respecto de MILTON

ELEZAR MORENO LEMOS y YADIRA RAMÍREZ MOSQUERA.

En virtud de lo anterior , por auto interlocutorio No. 4 38 del 02 de mayo de 2017 se admitió la demanda al verificarse el cumplimiento de los presupuestos y requisitos previstos en la Ley 1437 de 2011.

Las notificaciones se surtieron el día 19 de enero de 2018 , según consta a folios 7 5 y siguientes del expediente, y vencido el término de traslado se verificó que no hubo

Las notificaciones se surtieron el día 19 de enero de 2018 , según consta a folios 7 5 y siguientes del expediente, y vencido el término de traslado se verificó que no hubo pronunciamiento alguno de l a demandada DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ASAMBLEA

DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ.

Por auto del 25 de julio de 2018 se fijó fecha de audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2018 como consta en Acta No. 054 obrante a folio 94, donde en la etapa de saneamiento, la apoderada del Departamento del Chocó, manifestó que en el Despacho 002 de este Tribunal bajo el radicado 2016 -00130 cursa demanda con idénticas pretensiones y entre las mismas partes de esta causa. Ante lo anterior, se resolvió suspender la diligencia y requerir al Despacho del Tribunal aportar la copia íntegra del expediente en mención.

Seguidamente, mediante decisión del 06 de diciembre de 2022 1, en aplicación del numeral 3 del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se prescindió de fijar fecha para audiencia inicial y se procedió a fijar el litigio, realizar el decreto probatorio del caso y finalmente se corrió traslado por el término de diez (10) días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos de conclusión y concepto final, respectivamente.

1.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1.6.1. Parte demandante

No presentó alegaciones finales.

y concepto final, respectivamente.

1.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1.6.1. Parte demandante

No presentó alegaciones finales.

1 Índice 00034 SAMAIMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

4 de 25 1.6.2. Parte demandada

Mediante escrito radicado el 15 de diciembre de 2022 la apoderada del Departamento del Chocó allegó sus alegatos de conclusión, donde cita la normatividad aplicable al reconocimiento y pago de las cesantías de los disputados.

Particularmente, indicó que la pretensión de irrogar un doble derecho y el cobro de una doble sanción para los miembros de la Asamblea Departamental del Chocó y con cargo al Departamento del Chocó en busca de una responsabilid ad solidaria cuando se evidencia que la Gobernación del Chocó no le asiste responsabilidad alguna en el pago de la acreencia que hoy se pretende ya que las Asambleas Departamentales tienen autonomía administrativa, presupuestal y financiera, además que la Gobernación del Chocó realiza las trasferencias que corresponde a la Asamblea Departamental conforme lo establece la ley.

Adujo que los demandantes pretenden no solo obtener un doble beneficio , sino un enriquecimiento sin causa a costa de las arcas del Es tado, persiguiendo la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995 y además aquélla contenida en la Ley 50 de 1990,

enriquecimiento sin causa a costa de las arcas del Es tado, persiguiendo la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995 y además aquélla contenida en la Ley 50 de 1990, lo cual resulta lesivo para el Departamento, en la medida que desborda su capacidad financiera máxime cuando ya está asumiendo el recono cimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 y a favor de las mismas accionantes que hoy demandan el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, en cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó dentro del proceso bajo radicado No. 27001 23 33 000 2016 0130 00.

II. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer en primera instancia el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho deprecada por los señores DANIEL TRUJILLO CHAVERRA, JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA, GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLÍN MORE NO contra el DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ, atendiendo lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 152 de la Ley 1437 de 20112, previo a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

2.2. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA

El medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se encuentra definido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se

el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro

2 ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

5 de 25 (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

5 de 25 (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

A su turno el artículo 164 ibídem respecto a la oportunidad de presentar la demanda, indica:

“1. En cualquier tiempo, cuando: (…)

d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Respecto al acto ficto demandado , es evidente que la demanda podía interponerse en cualquier momento. En cuanto a la impugnación del acto administrativo GDCH 010216100 del 29 de agosto de 2016, no operó la caducidad, dado que el término de cuatro meses para presentar la demanda vencía el 30 de diciembre de 2016. Sin embargo, al haberse radicado solicitud de conciliación extrajudicial el 16 de diciembre de 2016, dicho término se suspendió, quedando a favor de la parte demandante 15 días.

Posteriormente, al expedirse la constancia de no conciliación el 13 de febrero de 2017, y presentarse la demanda el 17 de febrero del mismo año, solo habían transcurrido cuatro

se suspendió, quedando a favor de la parte demandante 15 días.

Posteriormente, al expedirse la constancia de no conciliación el 13 de febrero de 2017, y presentarse la demanda el 17 de febrero del mismo año, solo habían transcurrido cuatro de los quince días disponibles. Por tanto, resulta claro que el medio de control fue interpuesto dentro del término legal establecido.

2.3. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

En el presente proceso, la legitimación en la causa por activa se encuentra debidamente acreditada, toda vez que los señores DANIEL TRUJILLO CHAVERRA, JOSÉ DIÓGENES PALACIOS MOSQUERA, GONZALO COPETE ASPRILLA y AFRANIO ALLÍN MORENO son los sujetos respecto de los cuales se profirió el acto administrativo de carácter particular que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías , lo que los convierte en parte legitimada para promover la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

A su turno, l a Sala observa que la legitimación en la causa por pasiva de la parte demandada DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ, también se encuentra acreditada, puesto que las Asambleas Departamentales, al ser Corporaciones político administrativas de elección popular, en los términos del artículo 299 de la Constitución, no cuentan con personería jurídica propia, siendo necesario que en l a demanda se vincule a la persona jurídica de la cual hacen parte, esto es, al correspondiente ente territorial, representado por el respectivo Gobernador, como efectivamente se ha realizado en el asunto bajo estudio al haberse notificado al

en l a demanda se vincule a la persona jurídica de la cual hacen parte, esto es, al correspondiente ente territorial, representado por el respectivo Gobernador, como efectivamente se ha realizado en el asunto bajo estudio al haberse notificado al DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, por tanto, no existe duda en la legitimación por pasiva3.

3 Sobre el particu lar, consúltese la sentencia del 21 de junio de 2018 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Radica do: 08001-23-33-000-2012-00405-02(0079-16)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

6 de 25

2.4. PROBLEMA JURÍDICO

Compete a la Sala determinar si a los demandantes les asiste el derecho a percibir la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 por no haberse consignado al 15 de febrero las cesantías anualizadas de los periodos 2013 y 2014, y si en virtud de ello habrá de declararse la nulidad de los actos demandados, o si, por el contrario, no hay lugar a dicho reconocimiento por encontrarse probada alguna excepción que deba ser declarada por el juez de instancia.

Para dar respuesta al problema planteado , esta Sala analizará i) Régimen Salarial y

dicho reconocimiento por encontrarse probada alguna excepción que deba ser declarada por el juez de instancia.

Para dar respuesta al problema planteado , esta Sala analizará i) Régimen Salarial y Prestacional de los Diputados, ii) Régimen de cesantías de los servidores públicos , iii) Aplicación de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 por no consignación de las cesantías y iv) Caso concreto.

2.5. MARCO TEÓRICO.

2.5.1. DE LOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

2.5.1.1. Régimen Salarial y Prestacional de los Diputados.

La Ley 48 de 1962 “Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959, y se dictan otras disposiciones” en su artículo 7 previó que los miembros de las Asambleas Departamentales gozarían de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

Por su parte, el artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 1986 señaló que los miembros de las Asambleas Departamentales gozarían de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

Luego, la Constitución Política de 1991 en su artículo 299, dispuso inicialmente, que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones.

Con posterioridad, se expidió el Acto Legislativo 01 de 1996, que re formó el artículo 299

diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones.

Con posterioridad, se expidió el Acto Legislativo 01 de 1996, que re formó el artículo 299 de la Constitución Política, a través del cual, es eliminado el pago de honorarios a favor de los diputados e introdujo un régimen laboral a su favor, instituyendo una remuneración durante las sesiones correspondientes y fij ando un ré gimen de seguridad social y de prestaciones en los términos que dispusiera la ley. Aunque la Ley 617 del 2000 señaló la remuneración de los diputados de conformidad con una tabla estandarizada según la categoría de los departamentos; sin embargo, no se ref irió al régimen prestacional de aquellos.

Finalmente, el citado artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación a través del acto legislativo 01 de 2007, en la cual no hubo cambio al régimen salarial y prestacional de los diputados.

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que, si bien a partir de la reforma constitucional de 1996, la competencia para fijar el régimen prestacional de los miembros de las asambleas departamentales era exclusiva del legislador, se debía tener en cu enta que mientras el Congreso de la República profiriera una nueva ley en la materia, debía entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el recogido en la ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

Fue con la expedición de la Ley 1871 de 2017 cuando se fijó concretamente el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas

1997.

Fue con la expedición de la Ley 1871 de 2017 cuando se fijó concretamente el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales, en la cual se dispuso a favor del diputado un seguro de vida, auxilio deMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

7 de 25 cesantía e intereses sobre las mismas, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones.

Respecto al régimen aplicable de los diputados en lo que concierne a las cesantías, la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 1700 del 14 de diciembre de 2005, señaló que:

“(…) hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Nacional el régimen prestacional de los diputados es el establecido en la ley 6a. de 1945, con las modificaciones introducidas en materia de seguridad social por la ley 100 de 1993, que es ley derogatoria de los regímenes generales y especiales de pensiones, razón por la cual en esta materia la ley 6a. sólo es aplicable a los diputados en los términos del régimen de transición o sea del artículo 36 de la ley. Asimismo, no puede olvidarse que con respecto a las cesantías del orden territorial la mencionada ley 6ª fue modificada por las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997.

transición o sea del artículo 36 de la ley. Asimismo, no puede olvidarse que con respecto a las cesantías del orden territorial la mencionada ley 6ª fue modificada por las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno Nacional pueda reglamentar la ley 6a. de 1945 con el fin de regular las prestaciones sociales de los diputados, hay que observar que dicha reglamentación tendría que ceñirse única y exclusivamente a las prestaciones allí contenidas y en los términos en ella referidos, reglamentación que dis taría mucho de la que pudiera proferir el Gobierno en desarrollo de una ley marco que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 numeral 19 literales e) y f) de la constitución corresponde expedir al legislador con el fin de fijar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para establecer el régimen prestacional y de seguridad social de los diputados.”

Posteriormente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de l Consejo de Estado en Concepto 1753 de 1° de junio de 2006, frente a la liquidación de las cesantías de los diputados , precisó que debe efectuarse en los siguientes términos:

“En consecuencia, no procede la hipótesis planteada en la consulta respecto de liquidar las cesantías “al 8.33% de los honorarios recibidos por todo el período de sesiones”, porque ello equivaldría a dividir el monto total de lo percibido durante el tiempo real de sesiones, en doce partes, desconociendo lo consagrado por los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969, que ordena liquidar las cesantías con la asignación mensual devengada en el tiempo de sesiones, como si se hubiese

artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969, que ordena liquidar las cesantías con la asignación mensual devengada en el tiempo de sesiones, como si se hubiese laborado cada uno de los doce meses del año.

En el evento en que el Diputado no hubiere asistido a todas las sesiones, ordinarias o extraordinarias, se hará el cómputo en proporció n al tiempo de servicio, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2º del artículo 3º de la ley 5ª de 1969.

Finalmente, conviene precisar que con la expedición de la Ley 344 de 1996, “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto pú blico” se estableció que el sistema de liquidación definitiva de las cesantías se hará por anualidades o por la fracción respectiva, según lo previsto en su artículo 13 (…)”.

Por su parte, el Consejo de Estado en providencia del 25 de noviembre de 20214 respecto al régimen de las cesantías de los diputados, precisó:

“Como se desprende del marco normativo y jurisprudencial, el texto original del artículo 299 de la Carta Política previó que los diputados solo tendrían «derecho a honorarios con su asisten cia a las sesiones correspondientes», situación modificada por el artículo 1º. (inciso 4º) del Acto legislativo 1 de 15 de enero de

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B. Radicación: 73001-23-33-000-20160010901.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

0010901.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RADICADO: 27001233300020170001900

DEMANDANTE: DANIEL TRUJILLO CHAVERRA y OTROS

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

8 de 25 1996, que estableció para estos servidores públicos una remuneración y un régimen de prestaciones y de seguridad social, determinados por la ley.

Ahora bien, como el legislador tardó varios años en concretar la anterior reforma constitucional, pues el régimen «de remuneración, prestacional y seguridad social de los diputados» se fijó con la Ley 1871 de 12 de octubre de 2017, l a jurisprudencia precisó que en ese interregno regirían para los mencionados servidores (i) las prestaciones sociales relacionadas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 (auxilio de cesantía, pensiones de jubilación e invalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad, asistencia médica y los gastos de entierro; y, posteriormente, la prima de navidad, conforme al artículo 11 de la Ley 4ª de 1966 ), a las cuales tenían derecho antes de la Constitución de 1991; y (ii) el régimen de cesantías previsto en los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y 13 de la Ley 344 de 1996, y demás normas modificatorias.

Al accionante se le liquidaron las cesantías de los años 2001 y 2003, de acuerdo con las disposiciones que se les aplicaba a los diputados (artículo 17 d e la Ley 6ª

344 de 1996, y demás normas modificatorias.

Al accionante se le liquidaron las cesantías de los años 2001 y 2003, de acuerdo con las disposiciones que se les aplicaba a los diputados (artículo 17 d e la Ley 6ª de 1945, en armonía con el 11 de la Ley 4ª de 1966), con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1871 de 2017, en la medida en que solo se le tuvo en cuenta la remuneración mensual y la prima de navidad, como único factor; lo cual, no sobra advertir, se mantuvo en el artículo 3º. de la aludida Ley 1871, al señalar que los miembros de las asambleas departamentales tendrán derecho a auxilio de cesantías e intereses y prima de navidad.

Así las cosas, comoquiera que las cesantías del demandant e, causadas en 2001 y 2003, se calcularon en atención a los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 11 de la Ley 4ª de 1996, disposiciones que lo gobernaban transitoriamente, no hay lugar al reajuste pretendido, ni al pago de la sanción moratoria.”

Conforme lo expuesto, puede concluirse que sólo con la expedición de la Ley 1871 de 2017 se puede hablar de un régimen prestacional propio y aplicable a los diputados , por consiguiente, con anterioridad a la expedición de la citada ley, el régimen aplicable para ellos era el establecido en la Ley 6ª de 1945 con las modificaciones introducidas por las Leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

2.5.1.2. Del régimen de cesantías de los servidores públicos.

Leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

2.5.1.2. Del régimen de cesantías de los servidores públicos.

Por medio de la Ley 6 de 1945, se estableció a favor de los empleados y obreros nacionales el derecho al auxilio de cesantía, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12.- Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguient es indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: (…)

f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por inc umplimiento del contrato. Cada tres años de trabajo continúo o discontinuo, el trabajador adquiere el derech