TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2023-00114-00 (26-11-2025)

Sentencia N y R (1ra Instancia) Radicado No. 27001233300020230011400

CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S.

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Quibdó, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 170

RADICADO: 27001233300020230011400

DEMANDANTE: CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S

DEMANDADO: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES “DIAN”

MEDIO DE CONTROL:

TEMA:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA

DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO

GRAVABLE DE 2017

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA – La declaración de renta del año gravable 2017 no estaba en firme al notificarse el requerimiento especial el 14/10/2021, dentro del término legal ampliado por inspección tributaria y emergencia sanitaria (art. 706 E.T.). No se configura extemporaneidad ni nulidad.

VALORACIÓN PROBATORIA Y DEBIDO PROCESO – El contribuyente no aportó nuevas pruebas, la administración valoró las existentes e indicó porque no le daba

VALORACIÓN PROBATORIA Y DEBIDO PROCESO – El contribuyente no aportó nuevas pruebas, la administración valoró las existentes e indicó porque no le daba valor probatorio a otras que fueron allegadas a la actuación administrativa. No hubo vulneración al debido proceso. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS – Aunque se usó un correo distinto al del RUT, hubo conocimiento efectivo y participación, descartando nulidad (arts. 563, 564 y 566 -1 E.T.). COMPETENCIA FUNCIONAL – La División de Fiscalización actuó dentro de sus facultades legales (arts. 688 y 691 E.T., Decreto 1742/20, Res. 000064 y 000069/21). REDUCCIÓN DE SANCIÓN POR INEXACTITUD – La sanción fue procedente; no se corrigió la declaración ni se acreditaron causales de reducción (arts. 647 y 640 E.T.).

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso promovido por la

empresa CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN” en el que pretende obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Liquidación Oficial de Revisión No . 2022018050000057, Resolución No. 2023118201622000190 del 27 de julio de 2023, Requerimiento Especial No. 2021018040000231 del 13 de octubre de 2021, y del Auto de Inspección Tributaria No. 2021018010000015 del 18 de enero de 2021, mediante los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta

y del Auto de Inspección Tributaria No. 2021018010000015 del 18 de enero de 2021, mediante los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2017 y se mantenga en firme dicha declaración.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones

2. Se solicita que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022018050000057, así como la nulidad de la Resolución No.Sentencia N y R (1ra Instancia)

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2023118201622000190 del 27 de julio de 2023, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración confirmando d icha liquidación oficial. Igualmente, se pidió la nulidad del Requerimiento Especial No. 2021018040000231 del 13 de octubre de 2021 y del Auto de Inspección Tributaria No. 2021018010000015 del 18 de enero de 2021. Como consecuencia de lo anterior y a títul o de restablecimiento del derecho, requirió que se deje en firme la declaración de renta presentada por el año gravable 2017.

3. De manera subsidiaria, en caso de no decretarse la nulidad total de los actos administrativos mencionados, se solicit ó que se reconozcan la totalidad de los costos y gastos en controversia, se ajuste la liquidación oficial de revisión conforme

3. De manera subsidiaria, en caso de no decretarse la nulidad total de los actos administrativos mencionados, se solicit ó que se reconozcan la totalidad de los costos y gastos en controversia, se ajuste la liquidación oficial de revisión conforme a los valores que pueden ser efectivamente deducidos de acuerdo con la normativa tributaria vigente, y se determine que no procede la sanción por inexactitud.

4. De forma adicional, se solicita que, en caso de que como consecuencia de la Resolución se hayan decretado medidas cautelares sobre bienes o dineros del contribuyente, le sean cuantificados los daños y perjuicios ocasionados, y que se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

5. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

6. La parte demandante expuso que la DIAN adelantó un proceso de fiscalización sobre la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementario correspondiente al año gravable 2017, presentada el 2 de mayo de 2018 bajo el radicado No. 91000487645160 y como resultado de esta actuación , el 4 de septiembre de 2020 se profirió el Auto de Apertura No. 202081690100010032, por medio del cual se ordenó iniciar investigación a la empresa representada por aquel extremo de la litis dentro del programa saldo a favor en renta –FS, en relación con el concepto de renta del año gravable 2017, periodo 1, tal como consta en el folio 15 del expediente.

7. En desarrollo de la investigación, indicó que la DIAN consultó sus servicios informáticos electrónicos y verificó que la empresa presentó la declaración de renta

15 del expediente.

7. En desarrollo de la investigación, indicó que la DIAN consultó sus servicios informáticos electrónicos y verificó que la empresa presentó la declaración de renta del año 2017 con un patrimonio total de $1.266.400.000, pasivos por $12.500.000, patrimonio líquido de $1.253.900.000, ingresos brutos por actividades ordinarias por $1.107.140.000 y costos y gastos deducibles por $1.066.120.000.

8. Posteriormente, el 13 de octubre de 2021, la Administración tributaria expidió el requerimiento especial No. 2021018040000231, mediante el cual se indicó que se desconoció un total de $918.158.804 por concepto de costos y gastos deducibles, argumentando que los documentos equivalentes y facturas presentados no cumplían con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, en especial por tratarse de operaciones gravadas con IVA.

9. No obstante, junto con la respuesta al requerimiento especial se presentaron diversas pruebas documentales, las cuales, según el extremo demandante, no fueron objeto de análisis por parte de la DIAN, configurándose así una vulneración al debido proceso y a la libertad probatoria dentro del procedimiento tributario.

10. Adicionalmente, la parte demandante sostuvo que, para la fecha de notificación del requerimiento especial, ya había operado la firmeza de la declaración tributaria correspondiente al año gravable 2017. Según el conteo de términos, la fecha límite para presentar la declaración fue el 3 de mayo de 2018; la firmeza inicial operabaSentencia N y R (1ra Instancia)

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para presentar la declaración fue el 3 de mayo de 2018; la firmeza inicial operabaSentencia N y R (1ra Instancia) Radicado No. 27001233300020230011400

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a partir del 3 de mayo de 2021; con la notificación del auto de inspección, la firmeza se prorrogó hasta el 3 de agosto de 2021; y, teniendo en cuenta la suspensión de términos, se consolidó finalmente el 13 de octubre de 2021. En consecuencia, indicó que el requerimiento especial fue notificado el 14 de octubre de 2021, un día después de haberse consolidado la firmeza, lo que lo convierte en extemporáneo.

11. También, se indica en la demanda que, como resultado del proceso tributario, la DIAN expidió una liquidación oficial en la que propuso una nueva obligación tributaria y una sanción por inexactitud, atribuyendo al contribuyente los mayores valores determinados por el desconocimiento de los costos y gastos inicialmente declarados.

12. Frente a ello, la parte demandante refirió que los costos y gastos registrados corresponden a operaciones propias y habituales de la actividad económica por ella desarrollada y que el incumplimiento de obligaciones formales por parte de los proveedores no puede ser una razón válida para su rechazo, especialmente considerando las particularidades del territorio en el que opera la empresa.

desarrollada y que el incumplimiento de obligaciones formales por parte de los proveedores no puede ser una razón válida para su rechazo, especialmente considerando las particularidades del territorio en el que opera la empresa.

13. En ejercicio de su derecho de defensa, el contribuyente presentó recurso de reconsideración, en el cual, según alega, la DIAN omitió realizar una valoración probatoria de los documentos aportados desde la respuesta a l auto de inspección tributaria y al requerimiento especial. Además, no se indicó de forma concreta por qué dichos documentos no cumplían con los requisitos legales, ni se hizo un análisis adecuado sobre el término de firmeza de la declaración.

14. Indicó que las notificaciones electrónicas no se realizaron conforme a la normativa vigente, a pesar de que tenía registrado su correo en el RUT y ya regían las disposiciones del artículo 566 -1 del Estatuto Tributario. Esta omisión desconoció los lineamientos fijados por el Consejo de Estado sobre la validez de las notificaciones electrónicas.

15. En virtud de lo anterior, adujo que mediante Resolución No. 2023118201622000190 del 27 de julio de 2023, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración y confirmó la l iquidación oficial de revisión No. 2022018050000057, la cual fue notificada por correo electrónico el mismo día. No obstante, afirmó que en dicho acto administrativo persistió la omisión en el análisis de las pruebas, configurándose una vulneración al debido proceso.

16. Por último, alegó que se transgredieron las competencias funcionales, ya que la misma dependencia que adelantó la fiscalización fue la que profirió la liquidación oficial, y reiteró que las pruebas aportadas respaldaban adecuadamente los valores

16. Por último, alegó que se transgredieron las competencias funcionales, ya que la misma dependencia que adelantó la fiscalización fue la que profirió la liquidación oficial, y reiteró que las pruebas aportadas respaldaban adecuadamente los valores incluidos en la declaración de renta del año gravable 2017.

Normas violadas y concepto de la violación

17. En sustento de sus pretensiones, la parte actora invocó como normas violadas los artículos 2, 3 numerales 15, 7 y 12, 9 numeral 10, 10, 42 52,136 a 139 y 206 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18. En el concepto de la violación manifestó : que la entidad demandada “(…) Vulneró los principios que rigen la actuación administrativa por no aplicar disposiciones señaladas como violadas, principalmente, la “falta de título ejecutivo”, “caducidad de la potestad sancionatoria”, “pérdida de ejecutoriedad de la administración”, existencia de un título complejo y “la obligación legal de demandar el conjunto de ellos” e inexistencia de cosa juzgada. Insiste en la notificaciónSentencia N y R (1ra Instancia)

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extemporánea de la Requerimiento especial y la vulneración al debido proceso por dicha situación. (…)

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extemporánea de la Requerimiento especial y la vulneración al debido proceso por dicha situación. (…)

En cuanto a la falta de motivación, se recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condic ionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse

Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el sopor te de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción. Dicha situación se da de manera explícita en la manera incorrecta en la que se determinan las bases y en la falta de argumentación para indicar cuales fueron los perjuicios que se le causaron al Estado, es decir se incurren en las causales de nulidad de los actos administrativos enunciadas en el artículo 138 del CPACA. (…)”.

Contestación de la demanda

19. La entidad demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

es decir se incurren en las causales de nulidad de los actos administrativos enunciadas en el artículo 138 del CPACA. (…)”.

Contestación de la demanda

19. La entidad demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN” al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando que, conforme al artículo 705 del Estatuto Tributario, tenía plazo hasta el 16 de julio de 2021 para proferir requerimiento especial. No obstante, indicó que profirió el Auto de Inspección Tributaria No. 2021018040000231 el 13 de octubre de 2021, notificado el 14 de octubre del mismo año, lo que suspendía el término para notificar el requerimiento especial por tres meses, extendiéndose hasta el 16 de octubre de

2021. En consecuencia, al haberse notificado el requerimiento especial el 14 de octubre de 2021, considera que dicha actuación se realizó dentro del término legal y que, por tanto, no operó la firmeza de la declaración.

20. Asimismo, sostuvo que existían fundamentos suficientes para rechazar costos declarados por el contribuyente, correspondientes a suministros, servicios profesionales, proveedores y otros conceptos, que en conjunto suman $918.158.804. Según la entidad demandada las pruebas aportadas en el proceso de determinación del impuesto demostraron el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 771 -2 y 108 del Estatuto Tributario, ya que los documentos presentados no cumplían con las exigencias legales para su aceptación. En virtud de lo anterior, consideró procedente el desconocimiento de dichos costos.

documentos presentados no cumplían con las exigencias legales para su aceptación. En virtud de lo anterior, consideró procedente el desconocimiento de dichos costos.

21. Adicionalmente, indicó que no existe falsa motivación en los actos demandados, pues tanto el Requerimiento Especial como la Liquidación Oficial de Revisión se sustentan en un análisis detallado que llevó a concluir que los costos y gastos declarados eran inexactos por el valor indicado.Sentencia N y R (1ra Instancia)

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Trámite procesal de primera instancia

22. Estudiada la demanda y sus anexos, se procedió a su admisión mediante auto interlocutorio No. 09 del 15 de enero de 2024 al considerarse que la misma reunía los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico1.

23. Las notificaciones ordenadas en el auto admisorio de la demanda, se cumplieron a cabalidad, tal y como consta en el expediente digital 2 disponible en la plataforma SAMAI.

24. La entidad demandada contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de esta, sin embargo, no propuso excepciones3.

25. Mediante auto interlocutorio No. 118 de fecha 10 de abril de 2025, se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión de

sin embargo, no propuso excepciones3.

25. Mediante auto interlocutorio No. 118 de fecha 10 de abril de 2025, se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión de nulidad de los actos administrativos contenidos en el Auto de Inspección Tributaria No. 2021018010000015 del 18 de enero de 2021 y el Requerimiento Especial No. 2021018040000231 del 13 de octubre de 2021 , se negó la prueba documental solicitada por la parte demandante, se prescindió de la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se incorporaron las pruebas allega das con la demanda y su contestación, y durante el trámite procesal, además se fijó el litigio

en los siguientes términos4:

“(…) Establecer si los actos administrativos demandados, esto es, la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022018050000057 y la Resolución No. 2023118201622000190, se encuentran viciados de nulidad, por haberse expedido y notificado el requerimiento especial cuando ya se encontraba en firme la declaración de renta del año gravable 2017 presentada por el contribuyente?.

De igual manera, deberá determinarse, en caso de no encontrarse en firme la declaración de renta del año gravable 2017: (i) si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” vulneró el debido proceso al no realizar una adecuada valoración probatoria de los doc umentos aportados por el contribuyente para soportar los costos y gastos declarados por valor de $918.158.804, (ii) si las notificaciones realizadas cumplieron con los requisitos

adecuada valoración probatoria de los doc umentos aportados por el contribuyente para soportar los costos y gastos declarados por valor de $918.158.804, (ii) si las notificaciones realizadas cumplieron con los requisitos legales establecidos para las notificaciones electrónicas según la normatividad vigente, y (iii) si se vulneraron las competencias funcionales con la expedición de los actos administrativos, así como la procedencia de la sanción por inexactitud impuesta al contribuyente?.

26. En la misma providencia, se dispuso por secretaría correr traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran por escrito, los primeros sus alegatos de conclusión y el segundo su concepto final si a bien lo consideraba en el marco de sus competencias.

Alegatos de conclusión

27. La parte demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN” presentó alegatos de conclusión, indicando que, el requerimiento especial N.° 2021018040000231 fue expedido el 13 de octubre de 2021 y notificado

1 visible a índice 2 de la plataforma SAMAI 2 visible a índice 4 de la plataforma SAMAI 3 visible a índice 9 de la plataforma SAMAI 4 visible a índice 22 de la plataforma SAMAISentencia N y R (1ra Instancia) Radicado No. 27001233300020230011400

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oportunamente el 14 de octubre del mismo año, dentro del término de firmeza de la declaración de renta, conforme a los artículos 703 y 705 del Estatuto Tributario. Además, refirió que los costos rechazados por no cumplir con los requisitos legales establecidos en los artículos 7 71-2 y 108 ibidem están debidamente relacionados en el expediente administrativo, con soporte documental parcial o inexistente. Agregó que la actuación tributaria se adelantó respetando el debido proceso, sin que se configure falsa motivación, ya que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial de revisión fueron expedidos y notificados dentro de los plazos legales, con fundamento en los antecedentes administrativos y argumentos técnicos correspondientes.5

28. La parte demandante no presentó sus alegaciones finales y el Ministerio Público no emitió concepto final o por lo menos no existe constancia de ello en el expediente digital disponible en la plataforma SAMAI.

II. CONSIDERACIONES

29. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión.

Problema jurídico

30. En el presente asunto, se circunscribe en determinar:

• Si los actos administrativos demandados, esto es, la Liquidación Oficial de

decisión.

Problema jurídico

30. En el presente asunto, se circunscribe en determinar:

• Si los actos administrativos demandados, esto es, la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022018050000057 del 21 de junio de 2022 y la Resolución No. 2023118201622000190 del 27 de julio de 2023, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado en contra de la referida liquidación oficial, se encuentran viciados de nulidad, por haberse expedido y notificado el requerimiento especial cuando ya se encontraba en firme la declaración de renta del año gravable 2017 presentada por el contribuyente?.

• En caso de no encontrarse en firme la declaración de renta del año gravable 2017, se deberá establecer : (i) si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” vulneró el debido proceso al no realizar una adecuada valoración probatoria de los documentos aportados por el contribuyente para soportar los costos y gastos declarados por valor de $918.158.804, (ii) si las notificaciones realizadas cumplieron con los requisitos legales establecidos para las notificaciones electrónicas según la normativa vigente, y (iii) si se vulneraron las competencias funcionales con la expedición de los actos administrativos, así como la procedencia de la sanción por inexactitud impuesta al contribuyente?.

Tesis de la Sala

31. La Sala negará las súplicas de la demanda . Lo anterior al considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que están revestidos los actos administrativos acusados. Ello porque al momento de la expedición del

31. La Sala negará las súplicas de la demanda . Lo anterior al considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que están revestidos los actos administrativos acusados. Ello porque al momento de la expedición del requerimiento especial Nro. 2021018040000231 del 13 de octubre de 2021 , la declaración de renta correspondiente al año gravable 2017 presentada el 2 de mayo de 2018, no se encontraba en firme, pues el término de ejecutoría y/o firmeza fue suspendido por la práctica de la inspección tributaria ocurrida el 18 de enero de

5 visible a índice 26 de la plataforma SAMAISentencia N y R (1ra Instancia) Radicado No. 27001233300020230011400

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2021 y por la emergencia sanitaria generada por el COVID 2019, lo que extendió dicho hasta el 17 de octubre de 2021, y el referido requerimiento fue notificado el 14 de octubre de 2021, es decir, que la actuación administrativa se dio de manera oportuna y ajustada a derecho.

32. Asimismo, quedó acreditado que, aunque los actos acusados fueron notificados a un correo distinto al registrado en el RUT del contribuyente, este tuvo conocimiento real y oportuno de todas las actuaciones emitidas dentro del procedimiento tributario, y a que fueron remitid as al correo electrónico

a un correo distinto al registrado en el RUT del contribuyente, este tuvo conocimiento real y oportuno de todas las actuaciones emitidas dentro del procedimiento tributario, y a que fueron remitid as al correo electrónico capaseo07@hotmail.com, el cual figura en el certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio CONSTRUOBRAS F.D.C S.A.S. y se observa que, este ejerció su derecho de defensa en todas las etapas del referido trámite administrativo, sin cuestionar las notificaciones a él efectuadas.

33. Además, las pruebas aportadas por el contribuyente fueron debidamente valoradas por la administración al momento de expedir los actos acusados. De otra parte, no se evidenció ninguna afectación a la competencia funcional, en tanto que la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó cuenta con atribuciones legales y reglamentarias para adelantar tanto las actuaciones preparatorias como la expedición de los actos definitivos, tal y como lo prevén los artículos 688 y 691 del Estatuto Tributario, el Decreto 1742 de 2020 y las Resoluciones 000064 y 000069 de 2021 de la entidad demandada.

34. Y tampoco se acreditó la configuración de causales que justificaran la exoneración o reducción de la sanción por inexactitud impuesta al contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 640 del Estatuto Tributario, ni se advierte que la hubiese solicitado dentro del trámite administrativo.

Metodología y estructura de la decisión

35. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis

la hubiese solicitado dentro del trámite administrativo.

Metodología y estructura de la decisión

35. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará la notificación de los actos administrativos en el trámite que adelanta la administración , la sanción por inexactitud y, posteriormente, a partir de lo probado en el proceso, examinará el caso concreto.

Notificación de los actos administrativos

36. La notificación de los actos administrativos es un elemento esencial del debido proceso, pues busca proteger el derecho de defensa y contradicción, además de garantizar que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados para que puedan controvertirlas a través de los recursos en vía administrativa y judicial6.

37. De acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Milton Chaves García, Sentencia del 24 de octubre de 2024, Radicación No. 25000-23-37-000-2023-00303-01 (28947)Sentencia N y R (1ra Instancia) Radicado No. 27001233300020230011400

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38. Cuando se trate de la notificación por correo, el acto objeto de notificación debe enviarse a la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en el RUT. Esto, por cuanto es su deber registrar en esa base de datos la información de su ubicación y mantenerla actualizada, sin perjuicio de los casos en que reporte una dirección para efectos procesales (artículo 564 del E.T).

39. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha indicado que antes de proceder a la notificación por aviso, la administración debe verificar las razones por las cuales el correo fue devuelto, a pesar de haberse enviado a la dirección procesal informada por el contribuyente garantizando así el conocimiento real del acto por parte del administrado7.

40. De acuerdo con lo previsto en el artículo 563 del ET, con la modificación introducida por el artículo 103 de la Ley 2010 de 2019, si el administrado informa en el RUT una dirección de correo electrónico, la Administración deberá notificar los actos administrativos a esa dirección y de manera preferente.

41. En cuanto a la firmeza de las declaraciones tributarias el Estatuto Tributario prevé que las declaraciones la adquieren , entre otros , eventos, “si vencido el término para la práctica de la liquidación de revisión, esta no se notificó”8.

prevé que las declaraciones la adquieren , entre otros , eventos, “si vencido el término para la práctica de la liquidación de revisión, esta no se notificó”8.

42. Los artículos 705 9, 707 y 710 del Estatuto Tributario disponen que el requerimiento especial debe notificarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar . Su respuesta deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la notificación del acto y la liquidación oficial de revisión se notifica dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del término fijado para dar respuesta al requerimiento especial.

Sanción por inexactitud

43. La sanción por inexactitud en el sistema tributario colombiano tiene como objetivo corregir y desincentivar la presentación de declaraciones con err