TA CHO - Sentencia 27001-33-33-001-2018-00333-01 (29-09-2025)

Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120180033301

LUIS EDUARDO MENDOZA CUESTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

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Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 128

RADICADO: 27001333300120180033301

DEMANDANTE: LUIS EDUARDO MENDOZA CUESTA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

TEMA: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR

OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIEN

INMUEBLE

MAGISTRADA PONENTE:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Ausencia de nexo causal entre el daño alegado y la actuación de la Administración – No se acreditó ocupación temporal por parte del Ejército Nacional / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO – No se demostró existencia de cultivos ni magnitud de afectación – Insuficiencia de pruebas documentales y testimoniales / TITULARIDAD DEL PREDIO – Actor no acreditó posesión, usufructo ni propiedad sobre el terreno – Manifestación de explotación histórica no es prueba idónea / IMPUT ACIÓN DEL DAÑO – No es

Insuficiencia de pruebas documentales y testimoniales / TITULARIDAD DEL PREDIO – Actor no acreditó posesión, usufructo ni propiedad sobre el terreno – Manifestación de explotación histórica no es prueba idónea / IMPUT ACIÓN DEL DAÑO – No es procedente la declaratoria de responsabilidad estatal – Falta de prueba del vínculo jurídico entre el actor y el bien afectado – No se cumple el estándar constitucional del artículo 90 para imputar el perjuicio.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia No. 023 del 27 de febrero de 2025, a través de la cual el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Quibdó negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia se centra en establecer si la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL debe ser declarada responsable por los perjuicios causados al señor LUIS EDUARDO MENDOZA CUESTA presuntamente derivados de la ocupación temporal de un inmueble de su propiedad, o s í, por el contrario, la orfandad probatoria y la inexistencia de nexo causal da lugar a confirmarse la providencia recurrida.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante Sentencia de fecha 27 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar no probada la excepción de inexistencia de nexo causal propuesta por la entidad demandada, (ii) declarar probada de oficio las excepciones de inexistencia del

Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros: (i) declarar no probada la excepción de inexistencia de nexo causal propuesta por la entidad demandada, (ii) declarar probada de oficio las excepciones de inexistencia del derecho de propiedad e insuficiencia probatoria del derecho de usufructo del señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta, iii) denegar las pretensiones de la demanda y (iv) no condenar en costas.Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120180033301

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ANTECEDENTES

Pretensiones

4. El señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con la cual pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios causados con la ocupación temporal de la finca denominada “El Marañón”, ubicada en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Truandó Medio “La Teresita”, municipio de Riosucio - Chocó, que ejercieron en virtud de las operaciones militares realizadas entre agosto y noviembre de 2017.

5. Asimismo solicitó se condene a la entidad demandada al pago de las siguientes sumas de dinero: i) $89.205.000, correspondiente al daño emergente y lucro

operaciones militares realizadas entre agosto y noviembre de 2017.

5. Asimismo solicitó se condene a la entidad demandada al pago de las siguientes sumas de dinero: i) $89.205.000, correspondiente al daño emergente y lucro cesante; ii) 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por pérdida de oportunidad; y iii) 100 SMLMV por concepto de daño moral, además de los intereses legales aplicables. Sumas con las cuales considera que repara el perjuicio económico, la frustración de proyectos personales y el impacto emocional sufrido durante el período de ocupación de la finca “El Marañón”.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. El 21 de diciembre de 2001, el INCODER expidió la resolución No. 03366, mediante la cual tituló colectivamente una extensión de 35.992 hectáreas de tierra en el corregimiento de Truandó -Medio, municipio de Riosucio - Chocó, a favor de los miembros de la comunidad de Truandó -Medio, jurisdicción del Municipio de Riosucio – Chocó, Comunidad “ La Teresita”. Dentro de esa área se encuentra la finca El Marañón, de propiedad del señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta, con una parcela de 50 hectáreas que ha sido tradicionalmente explotada con fines agrícolas.

8. Entre los meses de agosto y noviembre de 2017, una compañía del Ejército Nacional, adscrita al Batallón Mano salva Flórez, se asentó en dicha finca como

8. Entre los meses de agosto y noviembre de 2017, una compañía del Ejército Nacional, adscrita al Batallón Mano salva Flórez, se asentó en dicha finca como parte de sus operaciones militares en la zona del río Truandó. Durante ese periodo, dicho predio fue utilizado como campamento, lo cual implicó la intervención directa de los terrenos destinados al cultivo.

9. La finca, dedicada a la producción de alimentos de pan coger como guanábana, aguacate y plátano, así como al cultivo de especies maderables como roble y abarco, sufrió daños significativos. Los uniformados destruyeron zonas de cultivo para construir un hel ipuerto y alojamientos provisionales, usando madera de las especies sembradas y consumiendo productos agrícolas para su subsistencia.

10. Como consecuencia de esta ocupación, el señor Mendoza Cuesta se vio imposibilitado de continuar con la explotación económica de su finca, afectándose gravemente sus condiciones laborales y familiares. La situación le generó una profunda sensación de desaso siego, angustia y zozobra, comprometiendo el bienestar de su hogar y su rol como proveedor.

2.2. Contestación de la demanda

11. La entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de esta, al considerarSentencia R.D (2da instancia)

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que, si bien se encuentra documentado el presunto daño sufrido por el señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta, propietario de la finca El Marañón, dicho perjuicio no resulta imputable a la administración. Esto, en razón a que no existe en el proceso prueba alguna que permita establecer de manera clara que miembros del Ejército Nacional hubiesen acantonado en la referida finca.

12. Adicionalmente, manifestó que en el presente asunto no puede presumirse la existencia del perjuicio moral, por lo que es indispensable que sea debidamente probado dentro del proceso, especialmente tratándose de una reclamación que busca el reconocimiento del monto máximo previsto por la jurisprudencia para este tipo de daños y hasta el momento, no obran en el expediente elementos probatorios suficientes que respalden dicha pretensión.

13. Asimismo, expresó su oposición al material fotográfico aportado, indicando que aquel no permite establecer con certeza el lugar en que fue tomado, la cantidad de árboles talados, ni si dicha tala corresponde a la presunta intervención de miembros del Ejército Nacional en el marco de una operación militar. En igual sentido, cuestionó la validez de las declaraciones extrajuicio presentadas con la demanda, argumentando que no se le brindó a la parte demandada la oportunidad

miembros del Ejército Nacional en el marco de una operación militar. En igual sentido, cuestionó la validez de las declaraciones extrajuicio presentadas con la demanda, argumentando que no se le brindó a la parte demandada la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción y a la defensa técnica, lo cual considera una vulneración del derecho constitucional al debido proceso.

2.3. Los fundamentos de la sentencia impugnada

14. Para sustentar la decisión de negar las pretensiones, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó consideró que las pruebas aportadas al proceso no permiten acreditar que el señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta ejerciera el usufructo sobre el predio denominado finca “El Marañón". Adicionalmente, indicó que no se logró establecer la responsabilidad de la entidad demandada en la afectación del área forestal de dicho bien.

15. En cuanto a la prueba pericial practicada en el presente asunto, el A quo indicó que el Ingeniero Agroforestal Carlos Mario Hinestroza Lemos no se encontraba acreditado como perito avaluador para la época de los hechos y su conocimiento sobre la presencia del Ejército Nacional en el predio fue de carácter indirecto.

Asimismo, refirió que el estudio fue realizado sin contar con el título adjudicatario del terreno objeto de análisis, lo cual impide verificar si fue efectuado en el lugar exacto de los hechos. Por consiguiente, dicho dictamen carece de valor probatorio.

16. Por otra parte, el A quo consideró que el material fotográfico aportado tampoco podía tener valor probatorio, en la medida en que no se pudo verificar quién lo elaboró, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue obtenido.

16. Por otra parte, el A quo consideró que el material fotográfico aportado tampoco podía tener valor probatorio, en la medida en que no se pudo verificar quién lo elaboró, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue obtenido.

Además, las imágenes carecen de georeferenciación y de otros elementos técnicos que permitan establecer si efectivamente corresponden al día y lugar indicados en la demanda.

2.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

17. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que las pruebas allegadas al proceso son suficientes para demostrar que el área ocupada por el Ejército Nacional de Colombia, durante la ejecución de diversas órdenes de operaciones militares en jurisdicción del municipio de Riosucio, entre los meses de agosto y noviembre de 2017, correspondía a la finca “El Marañón” sobre la cual ejercía el usufructo.Sentencia R.D (2da instancia)

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18. Asimismo, expresó que, si bien no se cuenta con un documento expedido por el Consejo Comunitario que le otorgue la potestad de usufructuario o poseedor, dicha tierra él la ha explotado históricamente. En ese sentido, indicó que la Ley 70 de 1993 constituye el mayor obstáculo en Colombia para que las comunidades

el Consejo Comunitario que le otorgue la potestad de usufructuario o poseedor, dicha tierra él la ha explotado históricamente. En ese sentido, indicó que la Ley 70 de 1993 constituye el mayor obstáculo en Colombia para que las comunidades negras materialicen su derecho a la propiedad privada, lo cual le ha impedido contar con el título de propiedad. Por lo tanto, afirmó que no debería existir dicha limitante u obstáculo formal para acceder al amparo de su derecho a la reparación, ya que es claro que la finca y los cultivos fueron ocupados y talados, respectivamente, por el Ejército Nacional.

Actuaciones en segunda instancia

19. Mediante auto Interlocutorio Nº 152 del 9 de mayo del 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

II. CONSIDERACIONES

20. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

4.2. Problema jurídico de instancia

21. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante. En ese contexto, el problema jurídico consiste en determinar si debe declarar la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales reclamados por el señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta por la presunta ocupación temporal de la finca “El Marañón”,

extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios materiales e inmateriales reclamados por el señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta por la presunta ocupación temporal de la finca “El Marañón”, ubicada en el corregimiento Truandó Medio, municipio de Riosucio – Chocó, ocurrida entre los meses de agosto y noviembre de 2017 por parte de miembros del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares, o si, por el contrario, no existen elementos probatorios que acrediten el daño alegado, y, por tal razón, debe confirmarse la decisión de primera instancia que negó las súplicas de la demanda?.

4.3. Tesis de la Sala

22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, al no encontrarse acreditado en el plenario el daño alegado por la parte actora. En particular, no se demostró la ocurrencia de la presunta ocupación temporal por parte de miembros del Ejército Nacional en la finca “El Marañón”, ubicada en el corregimiento Truandó Medio, municipio de Riosucio – Chocó, perteneciente al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Truandó Medio “La Teresita”. Asimismo, las pruebas documentales y testimoniales practicadas no permiten tener por acreditad a la existencia de los cultivos reclamados por el demandante con anterioridad a la supuesta ocupación, ni la magnitud de los perjuicios derivados de dicha intervención. En consecuencia, no se configura una afectación real, concreta y atribuible a la entidad demandada que permita declarar su responsabilidad.

ni la magnitud de los perjuicios derivados de dicha intervención. En consecuencia, no se configura una afectación real, concreta y atribuible a la entidad demandada que permita declarar su responsabilidad.

23. De igual manera, en el presente caso, el actor no aportó prueba alguna que acreditara su calidad de propietario, poseedor o usufructuario del predio presuntamente ocupado por la entidad demandada. Si bien manifestó haberSentencia R.D (2da instancia)

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explotado históricamente la tierra, tal afirmación, per se, resulta insuficiente para demostrar un derecho legalmente reconocido sobre el inmueble. En efecto, no obra en el expediente prueba cierta de la propiedad, ni se acreditó que aquel hubiera ejercido actos materiales con ánimo de señor y dueño respecto del bien. Esta circunstancia, sumada a la falta de demostración del daño, impide configurar los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

4.4. Metodología y estructura de la decisión

24. Para resolver el problema jurídico planteado y la fundamentación de la tesis antes citada, la Sala analizará la responsabilidad del Estado (4.5) y, posteriormente, a partir de lo probado en el proceso, examinará el caso concreto

(4.6).

antes citada, la Sala analizará la responsabilidad del Estado (4.5) y, posteriormente, a partir de lo probado en el proceso, examinará el caso concreto (4.6).

4.5. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

25. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991 1 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

26. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho2, que contraría el orden legal3 o que está desprovista de una causa que la justifique 4, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida5 violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

27. En relación con la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión” 6; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica

(imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a lo s diferentes sistemas de responsabilidad que

obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a lo s diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia”7.

28. Al respecto, la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, ha sostenido

que:

“La imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano

1 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 3 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 5 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale

Rad.: 10867. 5 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia. 6 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932. 7 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622.Sentencia R.D (2da instancia)

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material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjui cios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del

o no resarcir los perjui cios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”8.

29. En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, por lo que el régimen de imputación, en este caso, es subjetivo por falla en el servicio por el alegado uso excesivo de la fuerza pública. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio , no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía9” (Se destaca)10.

30. Por lo tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de esta, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del

30. Por lo tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de esta, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se enc uentra la Administración en posición de garante de la víctima)11 y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de la valoración normativa, para imputar el resultado”12.

31. Ahora bien, m ediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia no privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que, es deber del juez encuadrar cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso 13. No obstante, la jurisprudencia de la citada Corporación también ha establecido que cuando el daño se causa con ocasión de una actividad riesgosa, como es el uso de armas de dotación oficial, la conducción de vehículos automotores, la conducción de energía

8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998 -0569. 9 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880.

8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998 -0569. 9 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880. 10 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 201; Exp. 20750. 11 “En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa. Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas. 12 Ídem. Pág. 243 y 244. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de abril de 2012. Rad.: 21515.Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120180033301

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eléctrica o la construcción de una obra pública14, el régimen de atribución aplicable es de carácter objetivo.

32. Para efectos de atribuir responsabilidad a la Administración en virtud del régimen de responsabilidad objetivo, el extremo activo solo debe demostrar el daño,

es de carácter objetivo.

32. Para efectos de atribuir responsabilidad a la Administración en virtud del régimen de responsabilidad objetivo, el extremo activo solo debe demostrar el daño, la actividad riesgosa y el nexo entre los anteriores elementos15.

33. Lo anterior no obsta para que, ante la presencia de una actividad riesgosa, el juez administrativo aplique el régimen de falla del servicio cuando ésta se encuentre acreditada pues, ante la prueba de la falla del servicio, la misma prevalecerá y en efecto, modificará el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto.

4.6. El análisis del caso concreto a partir de lo probado en el proceso

34. Conforme las pruebas válidamente aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditadas las siguientes situaciones fácticas relevantes:

35. Mediante Resolución No. 03366 del 21 de diciembre de 2000 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA” adjudicó los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario de Truandó Medio, integrada por las veredas Truandó Medio y Las Teresitas. Además, se registró que dichos terrenos, ubicados en la cuenca del río Truandó, en la jurisdicción del municipio de Riosucio - Chocó, tienen una extensión de 35.992 hectáreas con 518 metros cuadrados16.

36. Según certificado de Libertad y Tradición del inmueble con matrícula No. 18019897, expedido el 19 de agosto de 2016 se advierte que el bien fue adquirido a través de la adjudicación de baldíos como tierras para comunidades negras,

19897, expedido el 19 de agosto de 2016 se advierte que el bien fue adquirido a través de la adjudicación de baldíos como tierras para comunidades negras, conforme lo dispuesto en la Resolución No. 03366 del 21 de diciembre de 2000 y la titularidad de aquel recae en la comunidad organizada en el Consejo Comunitario de Truandó Medio. En dicho documento también se hicieron anotaciones de constitución de usufructos, sin embargo, ninguna se refiere al señor Luis Eduardo Mendoza Cuesta17.

37. Asimismo, obra en el plenario la ficha técnica de la finca denominada "El Marañón", ubicada en el Consejo Menor de Truandó, que forma parte del territorio colectivo del Consejo Mayor Comunitario de la Cuenca del Río Truandó, en el municipio de Riosucio - Chocó, la cual fue elaborada por el ingeniero forestal Carlos Mario Hinestroza Lemos durante una visita técnica realizada el 15 de septiembre

de 2017, en la que se registró lo siguiente18:

“(…) Mediante visita de asistencia técnica realizada a la finca del señor LUIS EDUARDO MENDOZA CUESTA, se pudo evidenciar que la unidad productiva presenta un debastamiento de la superficie que equivale a 4.800 m2, donde se afectó el componente forestal integrado por especies de alto valor comercial como el Roble y el Abarco, de igual manera hubieron afectaciones en el componente agrícola en el cual se derribaron árboles frutales como Aguacate, Guanábana y Colinos de plátano, los cuales fueron talados por parte del

14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de abril de 2020. Rad.: 51846.

Guanábana y Colinos de plátano, los cuales fueron talados por parte del

14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de abril de 2020. Rad.: 51846. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2018, Rad.: 42992. 16 Visible a índice 5 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAIPrimera Instancia, archivo denominado “04Incorpora Expediente Digitalizado” páginas 63 -74 17 Visible a índice 5 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAIPrimera Instancia, archivo denominado “04Incorpora Expediente Digitalizado” páginas 76 -78 18 Visible a índice 5 denominado “Incorpora expediente digitalizado” del expediente electrónico del proceso en la plataforma SAMAIPrimera Instancia, archivo denominado “04Incorpora Expediente Digitalizado” páginas 23 -31Sentencia R.D (2da instancia) Radicado No. 27001333300120180033301

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