TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2015-00521-01 (27-08-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia Sentencia No. 096 Medio de control. REPARACION DIRECTA Demandante (s). LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS Demandado (s). NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS Radicado. 27001333300220150052101

Instancia Segunda Temas y subtemas Privación Injusta de la Libertad Decisión Confirma sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la Sentencia No. 163 de fecha 22 de agosto de 2023 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la negó las súplicas de la demanda, y en tal sentido se resolvió:

“…PRIMERO: DECLARENSE probada de oficio la excepción de inepta demanda por no agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, respecto de la RAMA JUDICIAL, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE probadas las excepciones de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA, AUSENCIA DEL DAÑO ANTIJURIDICO e i mputabilidad del mismo y la inexistencia del nexo de causalidad, propuestas por la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

del nexo de causalidad, propuestas por la NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NIEGUENSE las suplicas de la demanda.

CUARTO: sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada la misma archívese previa anotación de rigor…”

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial; el señor LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA en calidad de victima directa, LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, WILIAN NATIGAR CEREZO, MAURICIO NATIGAR CEREZO y WILMAR NATIGAR CEREZO en calidad de hijo (a) de la víctima directa en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del CPACA demandan contenciosa y administrativamente a la NaciónFiscalía General de la Nación-Rama Judicial , para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes :

1.1. Pretensiones. En la demanda se formulan las siguientes pretensiones, sintetizadas así:MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

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Primera: Que la Nación – Rama Judicial Ministerio del Interior y de Justicia - Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable por la totalidad de los daños y

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Primera: Que la Nación – Rama Judicial Ministerio del Interior y de Justicia - Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable por la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a el señor LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA, la señora ANA LUCIA NATIGAY QUIRUVIDA, (Compañera Permanente del afectado), los señores JORGE IVAN NATIGAY CEREZO, ,WILLIAN NATIGAR CEREZO la señora LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, en su condición de hijos todos ellos damnificados del afectado directo, señor LUIS CARPIO

NATIGAR OCHOA.

Segunda: Que, como consecuencia de ello, se condene a la Nación: Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

PRETENSIONES PARA LA VICTIMA DIRECTA

LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA

1. PERJUICIOS MATERIALES

Por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE, ($2.5000.000), mensuales por concepto de los ingresos dejados de percibir por mi poderdante, durante el tiempo de su detención arbitraria en su comercialización ocasional de compra venta de madera, venta de oro al comercio de la ciudad de Quibdó, venta de productos agrícolas pláta no, banano, guineo, popocho, piña, guanábana, guayaba, aguacate, carne silvestre etc.

 A LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

 A LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

 A ANA LUCIA NATIGAY QUIRUVIDA, en su condición de compañera permanente del actor, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

 A JORGE IVAN NATIGAY CEREZO, en su condición de hijo del actor, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

 A WILLIAN NATIGAR CEREZO, en su condición de hijo del actor, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

 A LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, en su condición de hija del actor, el equivalente en pesos a Cien (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, según el valor establecido mediante decreto por el Gobierno Nacional para la fecha de pago de la obligación.

Sobre la cuantía de los perjuicios morales irrogados a LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA, afectado directo, y para cada uno de su grupo familiar la señora ANA LUCIA NATIGAY QUIRUVIDA en su condición de compañera permanente; los señores JORGE IVAN NATIGAY

afectado directo, y para cada uno de su grupo familiar la señora ANA LUCIA NATIGAY QUIRUVIDA en su condición de compañera permanente; los señores JORGE IVAN NATIGAY CEREZO; MAURICIO NATIGAY CEREZO; LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, en su condición de hijos del demandante, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera en sentencia de septiembre 6 de 2001, expediente número 13.23215.646, M.P.: Dr. Alier E duardo Hernández Enríquez, con apoyo a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 estableció la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, con fundamento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización de dicho perjuicio.

2. DAÑO A LA VIDA DE RELACION

Se solicitan CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES ( 50

S.M.M.L.V.), para mi representado señor LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA afectado directo, y para cada uno de su grupo familiar su su Compañera Permanente la señora ANA LUCIA NATIGAY QUIRUVIDA, los señores JORGE IVAN NATIGAY CEREZO, MAURICIO NATIGAYMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

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CEREZO, WILLIAN NATIGAR CEREZO la señora LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, en su

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CEREZO, WILLIAN NATIGAR CEREZO la señora LUZ MARINA NATIGAR CEREZO, en su condición de hijos del demandante, quienes actúan en sus propios nombres, sin perjuicio de lo que se establezca en el proceso, estimación que por ningún motivo debe entenderse como un tope o limitación del valor de lo demandado. En cuanto al perjuicio denominado “Daño a la Vida de Relación.” Consejo de Estado Fallo Corte Constitucional Sentencia de fecha 16 de Agosto de 2007; Expediente Nº. 30114.

Dichos daños son de naturaleza inmaterial y externa, que según jurisprudencia del Consejo de Estado son diferentes de los perjuicios morales; se trata de un daño de carácter patrimonial e inmaterial que afecta aspectos externos de la vida, sean esos sociales o incluso individuales y su relación en general con las cosas del mundo. Luego, la nota diferenciadora con el daño moral es que este último está plantado en el fuero interno por el contrario de aquel que se caracteriza por su dimensión externa y su reconocimiento no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteren la vida de relación de las personas; igualmente se ha considerado que tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, hermanos, cónyuge e hijos personas; igualmente se ha considerado que tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido también por las personas cercanas

también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, hermanos, cónyuge e hijos personas; igualmente se ha considerado que tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, hermanos, cónyuge e hijos.

Desde su caracterización, estos perjuicios tienen una naturaleza inmaterial y externa y, según jurisprudencia del H. Consejo de Estado, son diferentes de los perjuicios morales. Se trata de un daño de carácter extrapatrimononial e inmaterial que afecta la vida en su sentido amplio y los actos que determinan su normal desarrollo, tanto en su dimensión individual como social, pero que en todo caso son externos y afectan la relación del dañado con el mundo y sus cosas. Luego, la nota diferenciadora con el daño moral es que este último está plantado en el fuero interno y su contenido es la angustia, el dolor y el sufrimiento, mientras que aquél, externo como es, se concreta en la alteración en las condiciones de existencia o, en palabras de nuestra jurisprudencia, de la vida de relación de las personas.

[…]En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal[…]Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos de forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la

implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal[…]Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos de forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos interese.

Por otro lado, ya en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son obligatorios para el Estado Colombiano y que, en todo caso, siendo como es intérprete autorizado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha desarrollado el daño al “Proyecto de Vida.

En efecto, la primera vez que la Corte Interamericana se refirió al daño al “Proyecto de Vida” fue en el caso Loaiza Tamayo vs. Perú, donde se refirió al mismo como la pérdida de las expectativas razonables de la víctima respecto del futuro. En concreto, la Corte expresó que:

“[…]El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminaci ón. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no

existencia y llevarla a su natural culminaci ón. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

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Tercera: Que la liquidación de las anteriores condenas se actualice conforme el Índice de Precios al Consumidor - I.P.C. al momento de su pago o por mayor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE -, tal como lo dispone el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cuarta: Que, para el cumplimiento de la sentencia, se ordene a la entidad demandada dar aplicación a los artículos 176 y 177 ibídem.

Quinta: Que se condene en costas y costos a las partes demandadas”

1.2. Hechos

Las pretensiones se fundamentan en las circunstancias fácticas que se resumen a continuación: El señor Luis Carpio Natigar Ochoa fue privado de la libertad con ocasión de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se le vinculó como presunto integrante del frente 34 de las FARC, con base en labores de inteligencia militar y declaraciones de desmovilizados. En virtud de dichas actuaciones, el 15 de agosto de 2012 se hizo efectiva la orden de

presunto integrante del frente 34 de las FARC, con base en labores de inteligencia militar y declaraciones de desmovilizados. En virtud de dichas actuaciones, el 15 de agosto de 2012 se hizo efectiva la orden de captura en su contra. El procedimien to fue legalizado y posteriormente se le imputó el delito de rebelión, imponiéndosele medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Posteriormente, la Fiscalía Cuarta Especializada radicó escrito de acusación en su contra y el proceso fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó , donde se fijó fecha para la audiencia de acusación y el juicio oral. No obstante, durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía retiró los cargos por no contar con elementos probator ios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia, mediante sentencia del 26 de julio de 2013 , el citado juzgado profirió fallo absolutorio, declarando la inexistencia de pruebas que lo vincularan con el delito imputado. En total, el señor Luis Carpio Natigar Ochoa permaneció privado de la libertad desde el 17 de agosto de 2012 hasta el 10 de julio de 2013, es decir, por un periodo aproximado de once meses y veintitrés días. La parte demandante sostiene que esta detención generó graves afectaciones a su honra, buen nombre e imagen social y comercial , pues fue públicamente señalado como guerrillero sin fundamento, lo que ocasionó estigmatización y perjuicios tanto para él como para su núcleo familiar.

1.3. Fundamentos de derecho.

buen nombre e imagen social y comercial , pues fue públicamente señalado como guerrillero sin fundamento, lo que ocasionó estigmatización y perjuicios tanto para él como para su núcleo familiar.

1.3. Fundamentos de derecho. La parte actora funda la demanda en los artículos 1, 2, 5, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 42, 90, 91, 93, 249 y 253 de la Constitución Política de Colombia.

• Artículos 32-10, 97° y siguiente del Código Penal

• Articulo 1° y siguiente, 39 y 410 del Código de Procedimiento Penal.

• Ley 600 de 2000, 414 del derogado Código de procedimiento Penal, articulo 7, 446, 448, 449 de la ley 906 del 2004.

• Articulo 2341 y siguiente del Código Civil, articulo 8° ley 153 de 1887, 86, 176 a 178 del

Código Contencioso Administrativo.

• Artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

• Artículos 64° y siguientes de la ley 446 de 1998 y demás normas concordantes.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

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De igual manera hizo referencia a varias sentencias del Consejo de Estado.

1.4. Contestación de la demanda

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De igual manera hizo referencia a varias sentencias del Consejo de Estado.

1.4. Contestación de la demanda

La Nación – Fiscalía General de la Nación1, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando que en el expediente no obra prueba alguna que permita demostrar la existencia de afectaciones a las condiciones de vida de los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Luis Carpio Natigar. Solicitó, en consecuencia, que se profiera fallo denegatorio de todas las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda. Asimismo, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de daño antijurídico e imputabilidad a la Fiscalía General de la Nación, inexistencia del nexo causal y la excepción genérica. Por su parte, la Rama Judicial 2 contestó la demanda oponiéndose a las súplicas de la parte actora. Señaló que el proceso penal se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004 , en el marco de la actuación del Juez Penal con funciones de control de garantías, quien celebró las audiencias preliminares con pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales del procesado. Aclaró que, en dichas audiencias preliminares, no se discute la responsabilidad penal del imputado, puesto que el juez de control de garantías únicamente valora elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y presentada por la Fiscalía, los cuales no constituyen plena prueba ni son suficientes para debatir sobre la responsabilidad.

materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y presentada por la Fiscalía, los cuales no constituyen plena prueba ni son suficientes para debatir sobre la responsabilidad. Solicitó, en consecuencia, denegar las pretensiones de la parte actora, destacando que la actuación de los jueces estuvo ajustada a los par ámetros legales y jurisprudenciales, sin arbitrariedad alguna. Además, precisó que fue el juez de conocimiento quien ordenó la libertad del demandante por falta de pruebas, motivo por el cual planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la investigación penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Como mecanismos de defensa, propuso igualmente las excepciones de ausencia de nexo causal y falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. La sentencia apelada El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las suplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: (…) En principio, lo que debe analizarse es la ocurrencia de la privación de la libertad, como elemento causante del daño alegado, la duración de la misma y la consecuente absolución o su equivalente, esto es, si la persona que demanda estuvo efectivamente detenida por cuenta del proceso penal en el cual depreca la responsabilidad del Estado.

Efectuada la valoración probatoria en este asunto, es claro para el Despacho que el señor LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA fue investigado penalmente por el delito de rebelión y, como consecuencia de ello, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural en centro carcelario durante el periodo comprendido

LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA fue investigado penalmente por el delito de rebelión y, como consecuencia de ello, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural en centro carcelario durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto del año 2012 y el 28 de mayo de 2013, fecha en la cual se dispuso su libertad. Tiempo durante el cual soportó una detención preventiva en establecimiento penitenciario, la cual se prolongó hasta cuando se dictó el sentido del fallo que lo absolvió.

De lo anterior se infiere que el daño alegado por los demandantes se encuentra debidamente acreditado, esto es, la privación de la libertad del señor LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA, por un periodo de 9 meses y 12 días.

1 Ver índice 4 expediente electrónico en Samai 2 Ver índice 4 del Expediente electrónico en Samai.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

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Establecida la existencia del daño, es necesario verificar si éste tiene el carácter de antijurídico, esto es, aquél que la víctima no está en el deber jurídico de soportar por no existir causa justific able que lo produzca, pues de ser así, resulta en una lesión patrimonial injusta que la entidad demandada debe asumir. (…)

Conforme lo anterior, el Despacho revisará las funciones de la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de la investigación pe nal surtida, a fin de establecer si las

patrimonial injusta que la entidad demandada debe asumir. (…)

Conforme lo anterior, el Despacho revisará las funciones de la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de la investigación pe nal surtida, a fin de establecer si las actuaciones y decisiones adoptadas, se enmarcaron en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. En particular la Fiscalía General de la Nación, continúa con las funciones de investigar los hechos que pueden llegar a comportar una conducta punible a través de su labor de recolección de elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida y de esa manera sustentar sus pretensiones ante las autoridades judiciales al formular la imputación del individuo, solicitar medidas de aseguramiento, presentar la acusación y solicitar el fallo de responsabilidad penal. Por lo tanto, le corresponde a dicho organismo a través de su actividad investigativa llevar al juez al convencimiento más allá de toda duda razonable.

Frente a los actos de investigación se establecieron controles de legalidad los cuales deben surtirse por los jueces. Es así que cuando la Fiscalía General de la Nación considere necesaria la captura de una persona o la imposición de medidas de aseguramiento que afecten derechos fundamentales como lo es la libertad de un ciudadano es el juez de control de garantías quien deberá examinar si tales medidas se adecuan al ordenamiento jurídico y además verificar si son o no proporcionales.

Por consiguiente, cuando con base en las pruebas recaudadas por la Fiscalía, el juez pueda inferir la existencia de motivos razonables y fundados respecto de la conducta punible y de la autoría o participación del investigado, si lo estima necesario podrá restringir la

Por consiguiente, cuando con base en las pruebas recaudadas por la Fiscalía, el juez pueda inferir la existencia de motivos razonables y fundados respecto de la conducta punible y de la autoría o participación del investigado, si lo estima necesario podrá restringir la libertad de éste de conformidad con el artículo 306 la cual tiene carácter excepcional toda vez que debe atender a criterios de adecuación y proporcionalidad.

Se infiere entonces que en el nuevo procedimiento penal la decisión de la privación de la libertad es ordenada por la autoridad judicial y por tanto los daños que se llegaren a causar son en principio imputables únicamente a la Rama Judicial.

Teniendo en cuenta lo expuesto y como quiera que se trata de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad del demandante LUIS CARPIO NATIGAR OCHOA no es imputable a la Fiscalía, debido a que la referida m edida fue ordenada por el Juez de control de garantías.

Es decir, que a quien se le puede imputar responsabilidad es a la Rama judicial, toda vez que fue un agente de dicha entidad el que impuso la medida de aseguramiento, sin embargo, en el presente asunto, la parte actora no agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial frente a tal entidad, por tal razón, se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y se le excluyó de la litis, por lo tanto, no se emitir sentencia en su contra.

Así las cosas, el Despacho declarará probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada Fiscalía General de la Nación, y como consecuencia de ello, se negarán las

sentencia en su contra.

Así las cosas, el Despacho declarará probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada Fiscalía General de la Nación, y como consecuencia de ello, se negarán las súplicas de la demanda.

1.6. El recurso de apelación El apoderado de la parte demandante3, dentro del término legal presento recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en los siguientes términos: Parte Demandante: La parte demandante presento rec urso de apelación sin indicar las razones de inconformidad solo se limitó a manifestar que interponía el recurso de apelación dentro

3 Ver índice 35 del Expediente electrónico Samai.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

DEMANDANTE: LUIS CARPIO NATIGAR Y OTROS

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del término de ley consecuentemente en aplicación del artículo 247 del CPACA, contra la sentencia 163 del 23 de agosto de 2023. 1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante No existe constancia en el expediente electrónico de la parte demandante haya alegado de conclusión en esta instancia.

Partes demandadas

No se evidencia en el expediente electrónico alegatos de conc lusión por parte de la entidad demandada.

Ministerio Público.

En el expediente no existe constancia procesal, de que haya presentado concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

entidad demandada.

Ministerio Público.

En el expediente no existe constancia procesal, de que haya presentado concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1 Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda instancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, expediente 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo4.”

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

2.2 Oportunidad del medio de control

El medio de control de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, se encuentra acreditado que la sentencia absolutoria Nro. 048 fue proferida el día 26 de julio de 2013,

4 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órg ano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a l os actos del proceso.” (Negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2015 0052101

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la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría para Asuntos administrativos fue radicada el día 14 de julio de 2015, cuando faltabas doce (12) días, sin embargo se suspendieron los términos hasta el día 27 de agosto de 2015 fecha de realización de la audiencia y la demanda se presentó el 28 de agosto de 2015 al día siguiente, significa entonces que fue dentro del término de dos años previsto en el numeral segundo, literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Legitimación para la causa

Mediante Auto interlocutorio Nro. 806 de fecha 12 de julio de 2016 el Juzgado que en otrora conoció y tramito este asunto admitió la demanda respecto de los señores Luis Carpio Natigar Ochoa, Luz Marina Natigar Cerezo y Willian Natigar Cerezo e inadmitió con respecto Ana Lucia Natigar Quiruvin