TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2022-00665-01 (27-08-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) agosto de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 127

RADICACIÓN 27001333300220220066501

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: DIOCELINA RENTERÍA MOSQUERA

DEMANDADO:

MUNCIPIO DE BAGADÓ – PERSONERÍA

MUNICIPAL

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia No. 022 del 3 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la seño ra DIOCELINA RENTERÍA MOSQUERA , contra el MUNICIPIO DE BAGADÓ – PERSONERÍA MUNICIPAL , a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: Mi mandante, señora DICELINA RENTERIA MOSQUERA en calidad de contratante y el señor Doctor JUAN CARLOS CORDOBA MOSQUERA, en calidad de personero Municipal, suscribieron el contrato No. 03 desde el 1 del mes de febrero de 2018 hasta el 31 del mes de diciembre del mismo año.

contratante y el señor Doctor JUAN CARLOS CORDOBA MOSQUERA, en calidad de personero Municipal, suscribieron el contrato No. 03 desde el 1 del mes de febrero de 2018 hasta el 31 del mes de diciembre del mismo año.

SEGUNDO: Que el objeto del contrato suscrito entre mi mandante y la personería Municipal era el de prestar sus servicios como auxiliar de servicios generales, en las instalaciones de la personería.

TERCERO: El contrato se suscribió por el termino de 11 meses, comprendidos entre el 1 del mes de febrero hasta el 31 del mes de diciembre de 2018, igualmente se pactó el pago de laRADICACIÓN: 27001333300220220066501

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIOCELINA RENTERÍA MOSQUERA

DEMANDADO: MUNCIPIO DE BAGADÓ – PERSONERÍA

MUNICIPAL

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Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Telefax 6 71 39 82

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suma de setecientos ochenta y unos mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781. 242.00) mensuales, pagaderos al final de cada mes, con todas las prestaciones sociales legales.

CUARTO: Que mi mandante, señora DIOCELINA RENTERIA MOSQUERA, en forma verbal y de manera injustificada fue despedida de su trabajo por parte del señor personero, sin esgrimir causa o incumplimiento alguno, pese a no tener llamado de atención.

QUINTO: Que a mi mandante una vez despedida en forma verbal e injustificada, se le impidió

esgrimir causa o incumplimiento alguno, pese a no tener llamado de atención.

QUINTO: Que a mi mandante una vez despedida en forma verbal e injustificada, se le impidió ingresar a las instalaciones de la personería para continuar con sus funciones.

SEXTO: Mi poderdante de los once (11) meses de contrato, solo pudo laborar dos (2) meses, febrero y marzo de 2018.

SÉPTIMO: A mi poderdante se le adeudan 9 meses de trabajo.

OCTAVO: Que mi mandante a través de apoderado judicial mediante reclamación administrativa solicito a la Alcaldía del Municipio de Bagadó el pago de los emolumentos dejados de percibir, como consecuencia del Despido injustificado.

NOVENO: La situación de despedido injustificado a mi poderdante, le ha generado un desequilibrio económico y emocional por tratarse de una madre cabeza de familia.

DÉCIMO: Que, a la fecha de presentación de esta demanda, la alcaldía de Bagadó no ha dado respuesta alguna a la reclamación administrativa impetrada.

(…)”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, de fecha 29 de julio de 2022, por el cual el demandado no dio respuesta a la reclamación administrativa realizada por la señora Diocelina Rentería Mosquera a través de apoderado judicial, en el cual solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de los dineros que la entidad adeudaba como consecuencia del incumplimiento del contrato No. 03 del 01 del mes de febrero de 2018,

solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de los dineros que la entidad adeudaba como consecuencia del incumplimiento del contrato No. 03 del 01 del mes de febrero de 2018, celebrado entre la personería Municipal y mi apoderada en mención, para prestar los servicios de auxiliar de servicios generales.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de los nueve meses que se le adeuda a mi poderdante en forma indexada”.

3. TRÁMITE PROCESAL.RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 078 del 31 de enero de 2023 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio P úblico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada MUNCIPIO DE BAGADÓ – PERSONERÍA MUNICIPAL , contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) Con fundamento en los pronunciamientos realizados frente a cada uno de los hechos de la demanda, solicito respetuosamente al señor Juez, desestimarlas y en consecuencia

siguientes consideraciones:

“(…) Con fundamento en los pronunciamientos realizados frente a cada uno de los hechos de la demanda, solicito respetuosamente al señor Juez, desestimarlas y en consecuencia declararlas como no probadas, en atención a que i) El presunto contrato al cual hace referencia el apoderado de la demandante se suscribió entre la personería municipal de Bagadó y la señora Diocelina Rentería Mosquera. ii) La personería municipal de Bagadó es una entidad con autonomía administrativa, presupuestal, con representación legal y personería jurídica. iii) El municipio de Bagadó no hace parte del citado contrato; y consecuencia de lo anterior, no tiene deuda alguna con la demandante, toda vez que de la prueba aportada – copia simple del contratose puede colegir que el municipio de Bagadó no es parte en el contrato objeto de la demanda, y en este contexto no tiene ninguna deuda con la demandante; iv) de los hechos de la demanda, la lectura de la fotocopia simple del contrato aportado como prueba con la demanda, además del documento que da cuenta del envío del mensaje de correo electrónico por medio del cual se radicó del correo del apoderado la reclamación administrativa ante la alcaldía de Bagadó en la fecha 29 de julio de 2022, y teniendo en cuenta que la demandante fue despedida a más tardar el 31 de marzo de 2018, se concluye que entre la fecha de despido, esto es 31 de marzo de 2018 y la de la presentación de la reclamación administrativa de las acreencias laborales esto es 29 de julio de 2022 transcurrieron 4 años, 3 meses y 29 días; 1 año, 3 meses y 29 días después del término que

de la reclamación administrativa de las acreencias laborales esto es 29 de julio de 2022 transcurrieron 4 años, 3 meses y 29 días; 1 año, 3 meses y 29 días después del término que la ley contempla para reclamar y acudir a la vía judicial, es decir, tres (3) años según lo dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que reza: “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el present e estatuto. (…)”. En virtud de lo anterior, propuso la s excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva y genérica. Posteriormente, en virtud del Acuerdo CSJCHA23 -69 del 06 de setiembre de 2023 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el asunto fue redistribuido entre los Juzgados Administrativos de Quibdó , correspondiendo su conocimiento y trámite al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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La sentencia No. 022 del 3 de noviembre de 2023 , proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las suplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:

“(…) En el presente asunto la parte actora pretende previa declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el silencio administrativo configurado en los términos del artículo 83, se ordene al ente territorial demandado reconozca y pague los salario s y prestaciones adeudas como como consecuencia del incumplimiento del contrato N° 03 del 01 de febrero de 2018, celebrado entre la Personería del Municipio de Bagadó y la hoy actora. Ahora bien, debe precisar el despacho, que, en caso de accederse a las súplicas de la demanda, el obligado a restablecer el derecho es el municipio porque es la persona jurídica que tiene capacidad para ser sujeto tanto de la relación jurídico sustancial como de la jurídicoprocesal, cuestión diferente es quien lo representa, que es la materia regulada por el artículo 159 del CPACA. (…) Así las cosas, en el caso de marras, la Personería de Bagadó, a priori, aunque goza de autonomía presupuestal, administrativa y contractual (artículo 168 de la Ley 136 de 1994), ello, por sí s olo, no le confiere la personalidad jurídica, la cual debe estar determinada en

autonomía presupuestal, administrativa y contractual (artículo 168 de la Ley 136 de 1994), ello, por sí s olo, no le confiere la personalidad jurídica, la cual debe estar determinada en forma expresa y clara en el ordenamiento jurídico. No obstante, esto no es óbice para que pueda ejercer la defensa de sus intereses en vía jurisdiccional; sin embargo, habrá de demandarse a la persona jurídica de la cual forma parte, con determinación de la entidad donde ocurrieron los hechos, v. gr. municipio de Bagadó -Personería Municipal, lo cual no significa que se está demandando a dos personas jurídicas. Aclarado lo anteri or, estima el despacho pertinente referirse de forma breve al principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, los elementos de la relación laboral y el contrato de prestación de servicio. (…) En el caso concreto, obra como prueba el contrato N° 3 del 01 de febrero de 2018, entre la personería Municipal de Bagadó y la señora Diocelina Rentería Mosquera, para prestar sus servicios como “Auxiliar de Servicios Generales de la Personería Municipal de Bagadó”. No obstante, valorado el mismo observa el despacho como relevante que el mismo no está suscrito por la beneficiaria, solo por el Personero Municipal de Bagadó. Adicionalmente, si bien de las cláusulas del contrato trascrita en precedencia en el acápite de hechos probados, se puede extractar que hay una subordinación como elemento para la declaración de la existencia de una verdadera relación legal y reglamentaria, no ocurre lo mismo frente a un elemento, es decir, no existe prueba alguna que su actividad en la entidad haya sido personal;

se puede extractar que hay una subordinación como elemento para la declaración de la existencia de una verdadera relación legal y reglamentaria, no ocurre lo mismo frente a un elemento, es decir, no existe prueba alguna que su actividad en la entidad haya sido personal; ya que en el presente asunto lo que se pretende es que se reconozca y pague su remuneración o pago por dicha labor.RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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(…) Conforme a lo anterior, a juicio del despacho, la parte demandante incumplió la carga de la prueba que radica en su cabeza en los términos del inciso final del artículo 103 del CPACA, concordante con artículo 167 de la Ley 1564 de 2011, disposición aplicable en los procesos contenciosos administrativos por remisión normativa en virtud de lo dispu esto en el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, lo que trae como consecuencia, la denegatoria de las súplicas de la demanda. En gracia de discusión, y para robustecer la negativa de la decisión, en los hechos sexto y séptimo del libelo demandatorio, la parte actora manifiesta que: “SEXTO: Mi poderdante de los once (11) meses de contrato, solo pudo laborar dos meses, febrero y marzo de 2018.

séptimo del libelo demandatorio, la parte actora manifiesta que: “SEXTO: Mi poderdante de los once (11) meses de contrato, solo pudo laborar dos meses, febrero y marzo de 2018.

SEPTIMO: A mi poderdante se le adeudan 9 meses de trabajo” Si se tiene por válida dicha afirmación, sin perjuicio de que no hay prueba alguna sobre el particular, no pasa por alto el despacho, que a la fecha en que la parte presentó la reclamación administrativa, es decir, el 29 de julio de 2022, ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción del derecho recla mado en los términos del artículo 41 del Decreto 3135 de 196811 , reglamentado en el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 196912, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público que prevé el término de tres (3) años, a partir del momento en que la obligación se hace exigible.

Bajo estos supuestos, una vez causado el derecho, el titular cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo ante la administración; la petición interrumpe el referido lapso de tiempo, y se reanuda el término de tres años para acudir ante la jurisdicción, no obstante, en el presente asunto la parte actora lo hizo superado los tres (3) años. Por último, debe precisar el despacho que si la actora tan solo conforme a su afirmación en el hecho “SEPTIMO” trabajo dos (2) meses, sin sustento probatorio, no puede pretender que se le cancelen los 9 meses del contrato, lo anterior, aplicando el principio “a trabajo igual, salario igual”, pues independientemente de si la relación laboral se desarr olla en el sector público o

le cancelen los 9 meses del contrato, lo anterior, aplicando el principio “a trabajo igual, salario igual”, pues independientemente de si la relación laboral se desarr olla en el sector público o privado, debe ser justa y digna por orden expresa de la Constitución, que en su artículo 25 dispone: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 14 . Del segundo de estos requisitos –justicia– se desprende el principio “a trabajo igual, salario igual”. Éste corresponde a la obligación para el empleador de proporcionarles a sus trabajadores una remuneración acorde con las condiciones reales del trabajo15. Es decir, una que provenga de la observación de elementos objetivos y no de consideraciones subjetivas, caprichosas o arbitrarias. (…)”

Y luego resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la existencia del silencio negativo en los términos del artículo 83 de CPACA ante la petición radicada por la parte actora el 29 de julio de 2022.RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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SEGUNDO: NIÉGUESE las súplicas de la demanda dentro proceso promovido por la señora

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SEGUNDO: NIÉGUESE las súplicas de la demanda dentro proceso promovido por la señora DIOCELINA RENTERÍA MOSQUERA contra el MUNICPIO DE BAGADÓ – PERSONERÍA MUNICIAPL DE BAGADÓ de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previo las anotaciones en el aplicativo SAMAI”.

5. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal establecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación, fundamentado en que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, se evidenció la existencia de un contrato realidad firmado entre la personería de Bagadó (Alcaldía de Bagadó) y la señora Diocelina Rentería.

Dice que el contrato suscrito entre la personería Municipal de Bagadó y la demandante, goza de la presunción de legalidad, en razón a que llenaba los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Asimismo, señaló que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a los elementos esenciales del contrato laboral, a saber: la prestación personal del servicio por parte del trabajador, la continuada subordinación o dependencia respecto del empleador y el pago de una remuneración como retribución del servicio, por tanto, no era de recibo que el operador de justicia quiera desconocer la existencia de dicho contrato suscrito entre las partes.

subordinación o dependencia respecto del empleador y el pago de una remuneración como retribución del servicio, por tanto, no era de recibo que el operador de justicia quiera desconocer la existencia de dicho contrato suscrito entre las partes.

Explicó que, si bien era cierto que el contrato de trabajo suscrito entre la personería de Bagadó y la demandante carecía de su firm a, puede verse en su cédula de ciudadanía que ella no sabe leer ni escribir, por ende , no sabe firmar y que el poder de representación otorgado también carece de firma, por tanto, está asistido por su huella dactilar autenticada por el juzgado promiscuo municipal de Bagadó.

Argumenta además que de conformidad con los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, pudo haber solicitado a la Personería de Bagadó, la certificación del tiempo laborado por la demandante, que pudiera corroborar con lo expresado en los hechos sexto y séptimo de la demanda.

Por último, indicó que no resulta aceptable que el Juez de primera instancia pretenda desconocer la existencia de un contrato realidad suscrito entre la Personería Municipal de Bagadó y la señora Diocelina Rentería Mosquera, así como también omitir el reconocimiento de que dicho contrato fue oportunamente aportado con la demandaRADICACIÓN: 27001333300220220066501

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inicial.

Teniendo en cuenta lo anterior solicita sea revocada la decisión de primera instancia.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio del 10 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONTROL DE LEGALIDAD

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

8. CONSIDERACIONES:

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto , encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia proferida en primera instancia.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó.

Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó.

10. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

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inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta i naplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital par a expedir el acto demandado

presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital par a expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio

ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Conc ejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación direc ta - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.RADICACIÓN: 27001333300220220066501

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eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la deman da no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva

competencia del Concejo Distrital