TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2017-00069-01 (27-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 85

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CARMEN ELENA ASPRILLA TORRES Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL – ARMADA NACIONAL - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 27001-33-33-002-2017-00069-01

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

I. ASUNTO

Procede la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación instaurado por las apoderadas judiciales de las entidades accionadas Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, contra la Sentencia No. 0123 del 03 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial, los señores Carlos Enrique Chalá Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya, Dany Rosero Cáceres, Ricardo Arturo Segura Gómez y otros, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 20111, demandaron a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener las siguientes:

el artículo 140 de la Ley 1437 de 20111, demandaron a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener las siguientes:

2.1 Declaraciones y condenas

• Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a las entidades demandadas, por la privación injusta de la libertad de que fue ron objeto los señores Carlos Enrique Chalá Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya, Dany Rosero Cáceres, Ricardo Arturo Segura Gómez , y en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Página 2 de 17

Referencia: Expediente no: 27001333300220170006901

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Carmen Elena Asprilla Torres y Otros Demandado: Nación – Rama judicial y Otros

2.2 Fundamentos fácticos

Los hechos consignados en la demanda se resumen de la siguiente manera:

Los señores Carlos Enrique Chalá Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya , Dany Rosero Cáceres y Ricardo Arturo Segura Gómez, fueron capturados en flagrancia por la Armada Nacional el 12 de octubre de 2011, en el municipio de Nuquí, por la presunta conducta punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; siendo dejados a disposición del Juez de Control de G arantías de la localidad, quien en la misma fecha, les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo cual fueron enviados a la Cárcel Anayancy de

siendo dejados a disposición del Juez de Control de G arantías de la localidad, quien en la misma fecha, les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo cual fueron enviados a la Cárcel Anayancy de Quibdó.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, en audiencia de juicio oral celebrada el 17 de octubre de 2013, profirió sentencia Nro. 068 absolviendo a los procesados de los cargos, decisión que no fue apelada por ninguno de los sujetos procesales.

Señalan los demandantes señores Chalá Martínez , Chalá Bedoya , Rosero Cáceres y Segura Gómez que l a privación de la libertad padecida por aproximadamente dos años les caus ó perjuicios materiales y morales tanto a ellos como a sus familiares, que deben ser reparados.

2.3 Contestación de la demanda

2.3.1 La Nación – Rama Judicial

En contestación allegada dentro de la oportunidad, alega que los hoy demandantes fueron vinculados al proceso por captura en flagrancia realizada por la Naval del Municipio de Nuquí, siendo privados de la libertad por solicitud e insistencia de la Fiscalía General de la Nación quien tenía que demostrar a través de las pruebas recaudadas el sustento de sus solicitudes.

Que, ante la deficiencia probatoria de la Fiscalía, los procesados fueron absueltos de los cargos endilgados y dejados en libertad.

En virtud de lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto que la actuación realizada por la entidad fue ajustada a derecho y la vinculación al

de los cargos endilgados y dejados en libertad.

En virtud de lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda en tanto que la actuación realizada por la entidad fue ajustada a derecho y la vinculación al proceso de los señores Carlos Enrique Chalá Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya, Dany Rosero Cáceres, Ricardo Arturo Segura Gómez se debió a los elementos probatorios aportados por la Fiscalía General en su momento, que exigían un pronunciamiento de la judicatura.

Que la causante del perjuicio en ningún momento fue la Rama Judicial sino la Fiscalía General de la Nación.

Formuló como excepciones la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA y AUSENCIA DE NEXO CAUSAL.Página 3 de 17

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2.3.2 Ministerio de Defensa – Armada Nacional

Actuando a través de su apoderado judicial, mediante escrito de contestación de la demanda, f ormuló como excepciones inexistencia del daño, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la privación injusta de la libertad, falta de prueba de los perjuicios alegados e inexistencia de daño a la salud.

Manifiesta que se opone a las pretensiones toda vez que carecen de respaldo probatorio que permitan endilgar responsabilidad extracontractual a la demandada, en tanto que no existe certeza del daño aludido por los demandantes.

salud.

Manifiesta que se opone a las pretensiones toda vez que carecen de respaldo probatorio que permitan endilgar responsabilidad extracontractual a la demandada, en tanto que no existe certeza del daño aludido por los demandantes.

Que en cuanto a la Armada Nacional, sus actuaciones se realizaron ajustadas a derecho.

2.3.3 Fiscalía General de la Nación

Mediante apoderada judicial, manifestó que, en relación con los hechos, se atiene a los que resulten probados dentro del proceso; se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que en este caso no se configuran los presupuestos esenciales que permitan estructurar ningún tipo de responsabilidad en cabeza de su representada, toda vez que la actuación de la Fiscalía se llevó a cabo conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Asimismo, señaló que no se evidenció actuación arbitraria, error judicial ni funcionamiento defectuoso de la administración, como lo pretende hacer ver el demandante.

Que le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para que, de acuerdo con la s pruebas obrantes en ese momento procesal, solicitar como medida preventiva la detención del sindicado, correspondiéndole al Juez de Control de Garantías estudiar dicha solicitud, analizar las pruebas presentadas, decretar la que estime procedente y establecer la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento; por lo que es la autoridad judicial quien finalmente toma la decisión.

Que la conducta desplegada por los accionantes, legitimó a la entidad para adelantar una investigación penal en su contra, y que, no obstante, fue ron absueltos de los cargos, no significa que automáticamente surja la obligación de reparar un daño.

Que la conducta desplegada por los accionantes, legitimó a la entidad para adelantar una investigación penal en su contra, y que, no obstante, fue ron absueltos de los cargos, no significa que automáticamente surja la obligación de reparar un daño.

Formuló como excepciones la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, AUSENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO E IMPUTABILIDAD DEL MISMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN E INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL.

2.4 Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante Sentencia No. 0123 del 03 de mayo de 2021, proferida dentro del presentePágina 4 de 17

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asunto, resolvió declarar la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación. P ara arribar a la anterior conclusión, el a quo refirió en la providencia que (se transcribe incluso con errores), que:

“(…) Se concluye entonces que el nexo causal en el presente caso entre el hecho dañoso y el daño lo configura la actuación de las demandadas, en tanto de un parte, el ente acusador (Fiscalía), fue quien imputó el presunto punible de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes y acusó a los señores: - CARLOS ENRIQUE CHALÁ

MARTÍNEZ, - ALEX AURILIO CHALA BEDOYA, - RICARDO

quien imputó el presunto punible de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes y acusó a los señores: - CARLOS ENRIQUE CHALÁ MARTÍNEZ, - ALEX AURILIO CHALA BEDOYA, - RICARDO ARTURO SEGURA GÓMEZ Y - DANY ROSERO CÁCERES, sin soporte probatorio serio de la intención e n la comisión del punible, aunado a ello, si corroborar el dicho de los acusados que alegaban su inocencia, dado que su actuación se realizó en conjunto y bajo el amparo de la fuerza pública para el caso en específico con la aquiescencia de la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso del proceso penal no pudo llevar las pruebas que permitieran demostrar que el actuar de los acusados constituía, un conducta típica del punible, que se les endilgada, así quedó plasmado en la audiencia de Juicio Oral, donde se profiere la Sentencia No. 068 del 17 de octubre de 2013, de la que se extrae: "( )Después de escuchar la solicitud de absolución perentoria de la Fiscal, misma que fue avalada por la defensa, se tiene de que efectivamente los hoy procesados (...) realizaron o desplegaron la acción típica contenida en el artículo 376 del Código Penal, sin embargo para que una conducta resulte típica tienen que concurrir el aspecto objetivo, es decir, la realización de la conducta descrita en la norma, como el querer realizarla, es decir el aspecto de tipo subjetivo (...) el aspecto objetivo reiteramos fue desplegado por los procesados, en la medida que transitaban en alta mar, con una carga de algunos bultos que resultaron ser positivos para marihuana o cannabis, sin permiso de la

objetivo reiteramos fue desplegado por los procesados, en la medida que transitaban en alta mar, con una carga de algunos bultos que resultaron ser positivos para marihuana o cannabis, sin permiso de la autoridad competente, se ha concretado el tipo objetivo, sin embargo, también la prueba que aquí se ha presentado por parte de la defensa nos lleva a concluir, que no existía esa voluntariedad de los hoy procesados de infringir la norma penal, y no existía porque aquí se ha demostrado de que ellos actuaron convencidos, de que en su actuar no se estaba infringiendo el tipo penal establecido en el artículo 376, toda vez de que aquí también se demostró que actuaron en asocio con miembros de la Armada Nacional y por considerar estas personas que estaban frente a una actividad coordinada por una autoridad (...) por. lo tanto para ellos revestía credibilidad el dicho de los agentes de la Armada, que le hacían saber de qué i ban a realizar una actividad en la cual ellos estaban prestando una colaboración legal para poder capturar a otras personas que se dedicaban en sí al tráfico de estupefacientes, así se advierte del dicho de todos y cada uno de los aquí implicados y que est uvieron presentes, cuando de manera uniforme contesten, narran las circunstancias que los llevaron a realizar este hecho, así lo manifestó en primer término el señor Carlos Enrique Chalá, que fue la persona encargada de hablar y de coordinar estos actos, c on los miembros de la Armada que han sido identificado aquí ( ..) el señor Carlos Enrique nos muestre, como desde hace siete años atrás venía trabajando de manera coordinada con la Armada Nacional, precisamente el combatir el tráfico dePágina 5 de 17

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muestre, como desde hace siete años atrás venía trabajando de manera coordinada con la Armada Nacional, precisamente el combatir el tráfico dePágina 5 de 17

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estupefacientes (..) tenía el pleno convencimiento de que la actividad era licita, era legal. (...) Dicho que fue corroborado con los informes de inteligencia naval, informes de contacto, donde se devela que lo dicho por los procesados encuentra su soporte (...) y se corrobora cada uno de los aspectos que el narra. (...) Encuentra lógica la solicitud de la Fiscalía de absolución perentoria (...) las pruebas aportadas nos demuestran que estamos frente a un hecho atípico por ausencia de tipicidad subjetiva (...)

Tan errado fue el actuar del acusador: Fiscalía General de la Nación, que son ellos a través, de la Fiscal delegada para el caso, quienes solicitan la absolución perentoria, de los implicados, solicitud que fue acogida por la Juez Segunda Penal del Circuito de Quibdó. (…)

En este orden de ideas, se encuentra que la privación de la libertad padecida por los señores: - CARLOS ENRIQUE CHALÁ MARTÍNEZ, - ALEX AURILIO CHALA BEDOYA, - RICARDO ARTURO SEGURA GÓMEZ Y - DANY ROSERO CÁCERES, devino en injusta, en la medida en que fueron privados de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor.

En conclusión, se encuentra imp utable el daño antijurídico a las

en que fueron privados de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor.

En conclusión, se encuentra imp utable el daño antijurídico a las entidades demandadas bajo los criterios de imputación objetiva descritos en la parte conceptual de esta providencia, y en consecuencia se declarará la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y Rama Ju dicial, por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto los señores: - CARLOS ENRIQUE CHAU MARTÍNEZ, - ALEX AURILIO CHALA BEDOYA, - RICARDO ARTURO SEGURA GÓMEZ Y - DANY ROSERO CÁCERES, durante el término de seis (6) meses con tres (3) días. Lo anterior en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del actuar legítimo y conjunto que desplegaron las entidades demandadas dentro del proceso penal acusatorio.

Por lo anterior se tiene como configurados los tres elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, en los términos que plantea el Artículo 90 de la Constitución Política y el Artículo 68 de la Ley 270 de 1996, responsabilidad que recae sobre la Fiscalía General de la Na ción y la Rama Judicial. (…)”

2.5 El recurso de apelación

2.5.1 La Nación – Rama Judicial inconforme con la decisión anterior, presentó apelación, solicitando revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que “el hecho de que exista una sentencia Absolutoria NO significa que la medida de aseguramiento decretada por el Juez de control de Garantías fue

apelación, solicitando revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que “el hecho de que exista una sentencia Absolutoria NO significa que la medida de aseguramiento decretada por el Juez de control de Garantías fue injusta, ilegal y desproporcionada, máxime cuando la captura fue en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes.Página 6 de 17

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No es suficiente por si sola la desvinculación penal o la absolución definitiva del acusado, para que haya lugar a establecerse la responsabilidad del Estado, en cabeza de LA RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JU DICATURA, es obligación legal del accionante acreditar los pre supuestos de ley contenidos en la CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL del artículo 90 de nuestra Carta Política: EL DAÑO, EL HECHO GENERADOR DEL MISMO y un NEXO DE CAUSALIDAD que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador, que evidencie las actuaciones irregulares, arbitrarias e ilegales por parte de los Operadores de Justicia que intervinieron en el proceso penal, (actuaciones realizadas en CUMPLIMIENTO DE UN D EBER LEGAL Y CONSTITUCIONAL) de las cuales se pueda predicar una falla en el servicio por parte de la administración de justicia, el demandante y su entorno familiar no estaban en la obligación constitucional y legal de soportar la medida de aseguramiento privativa de su libertad”.

parte de la administración de justicia, el demandante y su entorno familiar no estaban en la obligación constitucional y legal de soportar la medida de aseguramiento privativa de su libertad”.

Concluye expresando que en el caso concreto se actuó conforme los preceptos legales y fue el ente investigador quien no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del hoy demandante . Además, que la Rama Judicial actuó conforme los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

2.5.2 La Fiscalía General de la Nación por su parte, allegó escrito de apelación contra el fallo manifestando que en el caso “no se configuran los supuestos esenciales que permiten estructurar la responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que no está demostrado que la actuación de la entidad hubiese sido ilegal.

La demandada Fiscalía General de la Nación, cumplió con el rol que le correspondía conforme a las funciones dadas por la ley; los demandantes, fueron capturados en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes”.

Expresa que el hecho de que los demandantes hayan sido exonerados dentro del proceso penal, no implica necesariamente que, por tal, la Fiscalía tenga que responder por algún daño antijurídico.

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA2.

3.1 Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA2.

2 Con anterioridad a la expedición de la citada Ley, las demandas incoadas en ejercicio de la acción de reparación directa, sustentadas en los títulos de imputación “privaciónPágina 7 de 17

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De igual forma, según lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

3.2 Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por las entidades accionadas Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, corresponde a la Sala determinar conforme al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, si la privación de la libertad de que fueron objeto los señores CARLOS ENRIQUE CHALÁ MARTÍNEZ, ALEX AURILIO CHALÁ BEDOYA , DANY ROSERO CÁCERES y RICARDO ARTURO SEGURA GÓMEZ, fue o no injusta y, por tanto, si hay lugar a imputar responsabilidad a las entidades accionadas.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial

En Sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional estudió la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En esta, además de hacer

3.3 Marco normativo y jurisprudencial

En Sentencia SU-072 de 2018, la Corte Constitucional estudió la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En esta, además de hacer referencia a la sentencia C-037 de 1996 realizó las siguientes afirmaciones:

• El juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

• Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa.

Agrega la sentencia en comento que, en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta fáctible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son, cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo que, para la Corte, la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, en consecuencia, el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

Contrario sensu, cuando se trata de las absoluciones relacionadas con la aplicación del principio de in dubio pro reo o aquella consistente en que el procesado no cometió el deli to, consideró que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma.

injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, estaban asignadas en

conducta punible y presentarlo como autor de la misma.

injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, estaban asignadas en primera instancia a los Tribunales Contencioso Administrativos, al establecerlo así el auto del 9 de septiembre de 2008, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, pues se adujo en aquél proveído, que para efectos de conocer dichos temas, debía observarse el factor orgánico, a través del cual se asignaba su conocimiento a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, sin parar mientes en el factor cuantía, el cual en la actualidad, en vigencia del CPACA, es el factor que se tiene en cuenta para asignar el conocimiento de estos asuntos. 3 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Página 8 de 17

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Por su parte, en torno a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado desarrolló una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penaly de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de esa alta Corporación acudió a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad imponiendo su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

Incluso, en providencia de unificación4 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunq ue el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, consideró el máximo órgano de la jurisdicción que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como res ultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las

la privación de la libertad se hubiere producido como res ultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva5.

No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó su jurisprudencia respecto de la responsabilidad de la administración por casos de privación injusta de la libertad, señalando que cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sin importar cual fuere la causal para ello, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño6.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 17 de octubre de 2013. expediente 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 5 Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 4 de diciembre

de 2006, expediente 13.168 y sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la sentencia del 26 de mayo de 2011, expediente 20.299 de la misma Subsección, entre muchas otras. 6 Sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente 46.947Página 9 de 17

Referencia: Expediente no: 27001333300220170006901

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Agrega la providencia en cita, que se debe verificar si quien fue privado de la libertad actuó bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y la subsecuente imposición de la medida de ase guramiento de detención preventiva. Para estos efectos, en aplicación del principio iura novit curia, el juzgador puede causar el análisis bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto, manifestando de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

Mediante sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Subsección "B" de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019 dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01 y ponencia del doctor Martín Bermúdez Muñoz, se resolvió DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 15 de agosto de 2018 reseñada en líneas anteriores y ordenando la expedición de un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso conc reto se

del 15 de agosto de 2018 reseñada en líneas anteriores y ordenando la expedición de un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso conc reto se valore la culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“25.- La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue genera da por su propia conducta, no so lo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las línea s jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito 7 y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal conclusión solo puede llegarse desconociendo la decisi ón penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron (...)

41.- Aunque en la sentencia de responsabilidad estatal se afirmó repetidas veces que la valoración de la culpa de la señora Ríos se hizo desde criterios propios del juez de la responsabilidad patrimonial, lo cierto es que la Sala adjudicó consecuencias penales a la misma conducta preprocesal que ya había sido valorada por el funcionario judicial competente para declararla inocente. En la sentencia de 15 de agosto de 2018 (exp. 46947), en efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado limitó los derechos de la señora Ríos a la reparación, porque creó sospechas sobre su culpabilidad mediante

inocente. En la sentencia de 15 de a