TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2019-00326-01 (14-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 38

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: NIMIA IRIS GONZÁLEZ VALDÉS Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL

- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RADICACIÓN: 27001-33-33-002-2019-00326-01

TEMA: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Magistrado Ponente: Dr. LARRY YESID CUESTA PALACIOS

I. ASUNTO

Procede la Sala Segunda de Decisión de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante, en contra de la sentencia No. 354 del 29 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial, los señores Nimia Iris González Valdés, Jacob Ricaurte Murillo Moreno, Ervin Jabob Murillo González, Nora Agustina Valdez Gamboa, Marciano González Ruíz, María Janis González Valdés, Vivian Mercedes Gil González, Eimar Ordoñez González, Kelly Noraida González Valdés, Daiban Yesid Gil González, Benjamín González Valdés , Jhoana Gil González,

Mercedes Gil González, Eimar Ordoñez González, Kelly Noraida González Valdés, Daiban Yesid Gil González, Benjamín González Valdés , Jhoana Gil González, Flavia Demetria Valdés Gamboa y Jhonyer Hinestroza González, en ejercicio del medio de control de reparación directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 20111, demandaron a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de obtener las siguientes:

2.1. Declaraciones y condenas

• Que se declare administrativa y pa trimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y a la Fiscalía

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Página 2 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nimia Iris González Valdés y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

General de la Nación por los daños causados a los demandantes, consistente en la decisión judicial que solicitó y ordenó la detención, judicializa ción injusta y arbitraria a la que fue sometida la señora Nimia Iris González Valdés sin tener soportes jurídicos, fácticos y probatorios para determinar su responsabilidad penal, así como la censura , el señalamiento y el escarnio a la que fueron sometidos los demandantes y la permanencia de la noticia criminal en medios de comunicación.

• Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

2.1.1. Perjuicios materiales

de comunicación.

• Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

2.1.1. Perjuicios materiales

La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), que la demandante le canceló al abogado defensor como honorarios de la defensa penal, conforme a la relación contractual celebrada entre las partes.

2.1.2. Perjuicios Morales

Por perjuicios morales:

Nombres SMMLV Nimia Iris González Valdés 80 Jacob Ricaurte Murillo Moreno 75 Ervin Jabob Murillo González 50 Nora Agustina Valdés gamboa 75 Marciano González Ruíz 75 María Janis González Valdés 40 Vivian mercedes Gil González 35 Eimar Ordoñez González 35 Kelly Noraida González Valdés 40 Daiban Yesid Gil González 35 Benjamín González Valdés 40 Jhoana Gil González 35 Flavia Demetria Valdés Gamboa 40 Jhonyer Hinestroza González 35

2.2. Hechos

Que el día 9 de marzo de 2014 , durante las elecciones del Congreso de la República, la señora Nimia Iris González Valdés se encontraba sentada a las afueras del Colegio Departamental Litoral del Pacífico del Municipio de Nuquí, esperando los resultados de los escrutinios. En ese momento, fue abordada por un patrullero de la Policía Nacional, quien la requisó debido a una denuncia que indicaba que una persona estaba comprando votos a favor del doctor Bernardo Flórez Asprilla.Página 3 de 12

un patrullero de la Policía Nacional, quien la requisó debido a una denuncia que indicaba que una persona estaba comprando votos a favor del doctor Bernardo Flórez Asprilla.Página 3 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nimia Iris González Valdés y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Al momento de realizar la requisa encontraron en el bolso que portaba la accionante 8 sticker s con la imagen del candidato Flórez Aspri lla, 3 copias de tarjetas electorales, 10 hojas de block con un listado de 285 personas y dinero en efectivo por un monto de un millón novecientos cincuenta y seis mil pesos ($1.956.000), por lo que la Policía procedió a capturarla por el delito de corrupción de sufragante, conforme a lo previsto en el artículo 390 del Código Penal.

Sostienen que la acción penal se extinguió por prescripción, atribuyendo este hecho a que, según de las pruebas del proceso penal, no se pudo establecer que la señora Nimia Iris González hubiese cometido el delito imputado.

2.3. Contestación de la demanda

2.3.1. Nación – Rama Judicial

Se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentado que la demandante no estuvo privada de la libertad. por lo tanto, no se configuran los presupuestos para demandar a la Rama Judicial conforme a lo señalado en la Ley 270 de 1996 por privación injusta de la libertad o falla del servicio, ya que en el presente caso no se tipifica ninguno de los parámetros legales.

para demandar a la Rama Judicial conforme a lo señalado en la Ley 270 de 1996 por privación injusta de la libertad o falla del servicio, ya que en el presente caso no se tipifica ninguno de los parámetros legales.

Propuso las excepciones denominadas: falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima.

2.3.2. Fiscalía General de la Nación

Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación no pueden servir de base para un posible defectuoso funcionamiento, ya que se surtieron dentro de los límites permitidos por las normas legales.

Igualmente, manifestó que se debe n verificar las diferentes fechas de las actuaciones adelantadas en el proceso penal y los términos para su realización, para poder determinar quién es el responsable de la prescripción.

Propuso las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la fiscalía general de la nación, inexistencia del nexo de causalidad, cumplimiento de un deber legal, hecho de la víctima, hecho de un tercero, genérica.

2.4. Sentencia apelada

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, declaró probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:

“(…) En otras palabras, se evidencia que el daño alegado no tiene carácter de antijurídico, por haberse derivado de una actuación de la administración ajustada a derecho, frente a la cual los demandantes no puedenPágina 4 de 12

“(…) En otras palabras, se evidencia que el daño alegado no tiene carácter de antijurídico, por haberse derivado de una actuación de la administración ajustada a derecho, frente a la cual los demandantes no puedenPágina 4 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nimia Iris González Valdés y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

pretender indemnización de perjuicios, pues es de relieve señalar que, en relación con los casos de reparación directa donde se pretende reparación de los daños causados por la vinculació n a una investigación penal, la jurisprudencia de la Alta Corte2 de lo Contencioso Administrativo ha señalado que el adelantamiento de una pesquisa penal en contra de una persona se trata de una carga que todos los administrados deben soportar, siempre y cuando la misma cumpla con los estándares legales fijados por el ordenamiento jurídico y se encuentre justificada en motivos razonables, como quiera que una investigación en esos términos consiste en el mero despliegue de la función estatal de administrar justicia en pro de que se garantice la efectividad de los derechos y deberes de los administrados y un orden justo – artículo 2 de la Constitución Colombiana función respecto de la que aquellos tienen el deber de colaborar – artículo 95 de la Constitución Políticay que por lo tanto, no puede ser catalogada de entrada como un daño antijurídico.

Finalmente, el señalamiento del escarnio público el daño al buen nombre siempre se presenta en los casos donde una persona sea investigada en un proceso penal, no obstante, como se dijo, no siempre es pasible de reparación.

Finalmente, el señalamiento del escarnio público el daño al buen nombre siempre se presenta en los casos donde una persona sea investigada en un proceso penal, no obstante, como se dijo, no siempre es pasible de reparación.

Por otro lado, el hecho de que haya sido divulgada la noticia criminal en medios de comun icación, no es atribuible a las demandadas, pues no está probado en el proceso, que se deba a las actuaciones de la Fiscalía y/o Rama Judicial”.

2.5. El recurso de apelación

La parte demandante en su escrito de apelación, manifiesta que no comparte los motivos expuestos por la Juez de primera instancia , ya que a la señora Nimia Iris González Valdés, se le ocasionó un daño no por la detención en sí, sino porque esta estuvo precedida de una orden ilegitima recibida de los miembros de la Policía.

A su vez, señala que la Fiscalía no contó con elementos de prueba suficiente para solicitar una condena y no logró desvirtuar la presunción de inocencia de la demandante, al punto que dicha situación se mantuvo durante todo el proceso penal, por lo que la carga asumida por la señora González Valdés fue desproporcionada e injusta, lo cual amerita una indemnización.

Sostiene que el perjuicio se encuentra acreditado, no solo con la incorporación de las pruebas documentales del expediente penal , sino también con las evidencias noticiosas que permanecen en las redes sociales sobre la existencia de dicho proceso penal y en estas no aparece que la señora Nimia Iris González Valdés fue absuelta por falta de pruebas, generando un agravio para esta y toda su familia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

de dicho proceso penal y en estas no aparece que la señora Nimia Iris González Valdés fue absuelta por falta de pruebas, generando un agravio para esta y toda su familia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado en contra de la reseñada sentencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del CPACA3.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3 (Subsección B), Sentencia de 27 de agosto de 2018, expediente 33359 A. 3 Con anterioridad a la expedición de la citada Ley, las demandas incoadas en ejercicio de la acción de reparación directa, sustentadas en los títulos de imputación “privación injusta de la libertad, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la Ad ministración de Justicia”, estaban asignadas en primera instancia a los Tribunales Contencioso Administrativos, al establecerlo así el auto del 9 de septiembre de 2008, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, pues se adujo en aquél proveído, que, para efectos de conocer dichos temas, debía observarse el factor orgánico, a través del cual se asignaba su conocimiento a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado, en primera y segunda instancia, respectivamente, sin parar mientes en el factor cuantía, el cual, en la actualidad, en vigencia del CPACA, es el factor que se tiene en cuenta para asignar el conocimiento de estos asuntos.Página 5 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa

que se tiene en cuenta para asignar el conocimiento de estos asuntos.Página 5 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa Demandante: Nimia Iris González Valdés y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

3.2. Problema jurídico

La controversia jurídica planteada se contrae en determinar si la Nación – Dirección Ejecutiva de la Administración judicial – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – son administrativamente responsables por el daño ocasionado a la señora Nimia iris González Valdez, por la judicialización arbitraria e injusta sin los medios probatorios que determinen la responsabilidad penal, así como el escarnio y el señalamiento al que fueron sometidos los demandantes por los medios de comunicación , que conllevo a las prescripción de la acción penal.

Para resolver el problema jurídico planteado se abordarán los siguientes temas: i) Del r régimen de Responsabilidad del Estado por Defectuoso Funcionamiento de la Administración de justicia , ii) el plazo razonable como fundamento de responsabilidad patrimonial del Estado, y, iii) las pruebas obrantes en el proceso y el caso concreto.

3.3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 La responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados con ocasión del servicio de la administración de justicia fue tratada por el artículo 65 la Ley 270 de 1996, que dispuso:

“Artículo 65. Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente

del servicio de la administración de justicia fue tratada por el artículo 65 la Ley 270 de 1996, que dispuso:

“Artículo 65. Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

Dicha norma estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad.

A su turno, el artículo 69 de la mencionada ley hace alusi ón al Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia, el cual prevé lo siguiente:

“Artículo 69. Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia tiene el carácter residual y se configura cuando los hechos del caso no se ajustan en el error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad.

Se ha considerado que los daños antijurídicos ocasionados en las actuaciones necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales con ocasión de la administración de justicia corresponden a su indebidoPágina 6 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Nimia Iris González Valdés y Otros

con ocasión de la administración de justicia corresponden a su indebidoPágina 6 de 12

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funcionamiento, de forma que puede provenir de funcionarios, empleados y particulares envestidos de facultades jurisdiccionales.

De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de car ácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado , el daño y su cuantific ación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte, la demandada para lograr eximir su responsabilidad, deberá cumplir con la carga de demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.

3.4. Plazo razonable en los trámites judiciales, como fundamento de responsabilidad patrimonial del Estado

El debido proceso, como principio y garantía ínsita en los procedimientos judiciales, tiene su arista fundamental en el artículo 29 Constitucional. También tiene arraigo en normas internacionales aprobadas por el Estado Colombiano – Tratados, concretamente, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos – llamado Pacto de San José de Costa Rica -, aprobado en la Ley 16

tiene arraigo en normas internacionales aprobadas por el Estado Colombiano – Tratados, concretamente, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos – llamado Pacto de San José de Costa Rica -, aprobado en la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, aplicado en el ordenamiento interno en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, es decir, conforme al bloque de Constitucionalidad, según el cual, los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso, que reconocen derechos humanos, prevalecen en el ordenamiento interno y los derechos (como el debido proceso) y deberes estipulados en la Carta Superior , se deben interpretar conforme a dichos tratados. De esta manera el debido proceso, como garantía fundamental, debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales aprobados y ratificados por Colombia.

Siendo así, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dispone en el artículo 8º numeral 1º que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Lo anterior implica , entre otras cosas, que los procesos o procedimientos que se surtan al interior de cada Estado, deben efectuarse sin dilaciones injustificadas, sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T -1249 de 2004, señaló:

“(…) La convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como pacto de San José de Costa Rica dispone en su artículo 8.1, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez imparcial, competente e independiente. El desarrollo jurisprudencial que

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez imparcial, competente e independiente. El desarrollo jurisprudencial que de esta prescripción normativa han realizado los órganos interamericanos de protección – Comisión y Corte Interamericana de derechos humanos – acoge los parámetros fijados por la Corte Europea de derechos humanos, en punto del derecho de los sujetos a que los Estados tramite n sin dilaciones injustificadas los procesos que están bajo su jurisdicción.Página 7 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

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Los parámetros señalados por estos entes, definen la razonabilidad del plazo según (i) la complejidad del asunto, (ii) la activi dad procesal del interesado , (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis global de procedimiento.

A su turno, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia dispone:

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia pena, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente

de cada juicio.

En materia pena, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él , o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgados dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Obsérvese que ambas normativas superiores, plasman, que toda actuación judicial, debe adelantarse sin dilaciones injustificadas, es decir, sin obstáculos, impedimentos, barrer as que alteren o extiendan el proceso sin fundamento alguno, qué de suceder , se violentaría la garantía fundamental del debido proceso. Sin embargo , se precisa , que no toda tardanza o mora de un procedimiento, implica afectación del debido proceso, dado que pueden sobrevenir, circunstancias ajenas a la voluntad o capacidad de la administración, que justifiquen en cierta medida ese acontecimiento u otra razón siempre y cuando, sea debidamente fundamentada.

De esta manera, todos los procedimientos, llámese judiciales o administrativos, deben agotarse, bajo los términos procesales prescritos y a falta de término, bajo un periodo o plazo razonable, término que encuentra conexidad, con la cláusula de exención de dilaciones injustificadas, dado que dicha situación, no

deben agotarse, bajo los términos procesales prescritos y a falta de término, bajo un periodo o plazo razonable, término que encuentra conexidad, con la cláusula de exención de dilaciones injustificadas, dado que dicha situación, no es óbice para que el interesado, soporte la carg a de esperar el tiempo que sea necesario, para obtener la culminación de la actuación, bajo razones no acertadas.

En ese orden de ideas, la tardanza o mora de una actuación judicial, vulnera el debido proceso, concretamente , la noción de plazo razonable y con ello, los principios de celeridad , economía procesal, eficacia y lealta d procesal, cuando proviene de una dilación de ntro del correspondiente trámite, causado no con ocasión a la complejidad del asunto o existencia de problemas relacionados con el exceso de carga laboral de los empleados o ausencia de planta de personal requerida para el respectivo agotamiento, o la falt a de actividad procesal delPágina 8 de 12

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interesado, si no de la omisión deliberada y sistemática y la falta de diligencia para terminar la actuación, conforme a los parámetros sustanciales y formales, el respectivo procedimiento de manera oportuna y diligente.

3.5. De las pruebas obrantes en el proceso

• Noticia criminal No. 270016001100201480049, de la que se desprende que la señora Nimia Iris González Valdés, fue puesta a disposición de la URI –

3.5. De las pruebas obrantes en el proceso

• Noticia criminal No. 270016001100201480049, de la que se desprende que la señora Nimia Iris González Valdés, fue puesta a disposición de la URI – Fiscalía General de la Nación el 1 de abril de 2014, por hechos ocurr idos el 9 de marzo del mismo año.

• Informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en Flagrancia – FPJ-5, de fecha donde se hace un recuento de los elementos materiales probatorios.

• Formato FPJ -11, Investigador de Campo , de fecha 23 de mayo de 2014 , mediante el cual la Policía Judicial informa a la Fiscal Cuarta Seccional de Quibdó sobre las actuaciones realizada s en el marco de la investigación del presente asunto.

• Escrito de Acusación de fecha 04 de noviembre de 2014, suscrito por el Fiscal 4to Seccional de Quibdó y radicado en el Centro de Servicios del Sistema

Penal Acusatorio de Quibdó

• Mediante acta nro. 283 de fecha 04 de julio de 2018, el Juez Primero Penal del Circuito de Quibdó, ordenó la preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, por el delito de Corrupción de Sufragante.

• Testimonio de los señores José Florencio Bermúdez y Jhony Murillo Moreno, rendidos en audiencia de pruebas cel ebrada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Q uibdó, el 15 de febrero de 2024, que dan cuenta sobre la afectación que sufrió tant o la accionante como la familia por la judicialización que le hicieran por la investigación penal que cursó en su contra.

Administrativo Oral del Circuito de Q uibdó, el 15 de febrero de 2024, que dan cuenta sobre la afectación que sufrió tant o la accionante como la familia por la judicialización que le hicieran por la investigación penal que cursó en su contra.

3.5.1. El Caso concreto

En el presente asunto, se sabe con certeza que en contra de la señora Nimia González Valdés , se adelantó proceso penal por parte de la Fiscalía Cuarta Seccional de Quibdó por el delito de Corrupción de Sufragante consagrado en el artículo 390 del Código Penal.

Igualmente, se evidencia que a través de auto interlocutorio nro. 034 del 04 de julio de 2018 , el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento, declaró la prescripción de la acción penal , decisión que no fue impugnada por ninguno de los sujetos procesales.

Esta Corporación manifiesta que, quien solicitó la preclusión de la investigación en la etapa de juicio oral fue el abogado defensor ; significa lo anterior que la parte accionante aceptó la aplicación de la figura de la prescripción de la acciónPágina 9 de 12

Referencia: Expediente no: 27001333300220190032601

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penal y, con ello, los beneficios derivados de la misma, como la terminación del proceso por el paso del tiempo; quedando demostrado el consentimiento de la procesada penalmente, lo que implica que no exist e ningún tipo de daño

penal y, con ello, los beneficios derivados de la misma, como la terminación del proceso por el paso del tiempo; quedando demostrado el consentimiento de la procesada penalmente, lo que implica que no exist e ningún tipo de daño antijurídico como consecuencia de la aplicación del fenómeno de la prescripción.

Por otra parte, frente al hecho que hubo mora en el trámite del proceso, la Sala debe precisar que, si bien es cierto que se superaron los tiempos procesales establecidos en el código penal, se debe tener en cuenta la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente, así como el comportamiento de respuesta del despacho judicia l en sus labores cotidianas. Todo esto debe ser considerado en un análisis global de procedimiento.

Al respecto, se debe indicar que el vencimiento de términos se debió a los constantes aplazamientos que realizó la Fiscalía para lograr la comparecencia de los testigos al proceso penal, toda vez que se les dificultó su ubicación o traslado desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Quibdó, donde se estaban realizando las diligencias; En ese sentido, las dilaciones no pue den predicarse injustificadas, pues lo que se buscaba era practicar todas las pruebas necesarias, para el esclarecimiento de los hechos y así poder brindar una verdadera justicia y garantizar el debido proceso a la accionante.

Por tal motivo, no es posible atribuir responsabilidad patrimonial únicamente con base al trámite procesal del expediente en estudio, ya que para ello se requiere demostrar de manera concreta la existencia de la causa que origin ó el daño antijurídico, así como el nexo causal en tre la actuación judicial y el perjuicio alegado.

demostrar de manera concreta la existencia de la causa que origin ó el daño antijurídico, así como el nexo causal en tre la actuación judicial y el perjuicio alegado.

En cuanto a la manifestación realizada por el apoderado de la parte demandante, sobre la injusticia en la judicialización de la señora Nimia Iris González Valdés, la Sala señala que la actuación de la Fisc alía Cuarta Seccional de Quibdó, al investigar a la accionante por el delito de Corrupción de Sufragante, se ajustó a los elementos materiales probatorios 4 y a los indicios construidos a partir de estos, conforme a las disposiciones legales que regulaban dicha fase del proceso penal.

Aunado a lo anterior, se tiene que la actuación de la Fiscalía Cuarta Seccional de Quibdó, al investigar a la accionante por el delito de Corrupción de Sufragante, se ajustó a los elementos materiales probatorios 5 y a los indicios construidos a partir de estos, conforme a las disposiciones legales que regulaban dicha fase del proceso penal, en el entendido que el informe de policía de vigilancia FPJ5,

4 La Policía Nacional encontró en el bolso de la accionante 08 stickers del logotipo de la U con la imagen de un candidato a la Cámara de Representantes para la época (2014 -2018), 03 copias de tarjetas electorales, ejemplares de cómo votar, 1 tarjeta electoral de cómo votar por el partido de la U, 10 hojas de block con un listado de nombres con un total de 285 personas inscritas y 31 billetes con denominación de 50 mil pesos para un total de $1.956.000 pesos.

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