TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00113-01 (28-10-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) de octubre dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 163

RADICADO: 27001333300220210011301

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURÁN

DEMANDADO:

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES “COLPENSIONES”

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala Primera de Decisión el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No. 218 del 18 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por el señor ELKIN MOISÉS CHAVERRA DURÁ N, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone que nació el 18 de septiembre de 1953 y cumplió sesenta (60) años de edad el día 18 de septiembre de 2013.

Refiere que cuando empezó a regir el Sistema General de Seguridad Social en pensiones (01 de abril de 1994), contaba con más de cuarenta (40) años de edad; por tanto, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

pensiones (01 de abril de 1994), contaba con más de cuarenta (40) años de edad; por tanto, es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agrega que laboró y cotizó desde el 16 de febrero de 1976 hasta el 31 de marzo de 2018, equivalentes a 11.523 días, 32 años y 02 días, o 1.646 semanas, prestando sus servicios en las entidades como: Tejidos Medias Calcetines, Departamento del Chocó, Servicios Ocasionales Ltda., Electrificadora del Chocó, Fiscalía Seccional del Chocó y Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Explica que la Administ radora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, le reconoció la pensión con un valor de $3.833.740, calculando el ingreso base de cotización en $4.863.976, por haber cotizado un total de 1.562 se manas hasta el 31 de octubre de 2016, efectiva a partir del retiro del servidor público. Complementa que la entidad demandada expidió la Resolución No. SUB 118432 del 03 de mayo de 2018, mediante la cual le reliquidó la prestación pensional, con un ingreso base de cotización de $5.686.870 y tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%), para determinar la pensión en $5.118.183, efect iva a partir del 04 de abril de 2018, contabilizando un total de 1.646 semanas cotizadas, hasta el 31 de marzo de 2018 aplicando erradamente el Decreto 758 de 1990, artículo 12, ley 100 de 1993,RADICACIÓN: 27001333300220210011301

2018, contabilizando un total de 1.646 semanas cotizadas, hasta el 31 de marzo de 2018 aplicando erradamente el Decreto 758 de 1990, artículo 12, ley 100 de 1993,RADICACIÓN: 27001333300220210011301

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN

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artículos 21 y 36, parágrafo 4º transitorio del Acto Legislativo No. 01 del 2005, y varias circulares de la entidad. Argumenta que conforme con el número de semanas cotizadas, equivalentes a treinta y dos (32) años y dos (02) días, o sea, 11.523 días, equivalentes a 1.646 semanas, le corresponde, para la liquidación de su pensión de vejez, un porcentaje del noventa por ciento (90%) como tasa de reemplazo del ingreso base de cotización.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“(…) SEGUNDA: DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL Nulidad parcial de la resolución Nº GNR 378241 del 12 de diciembre del 2016, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez, al Sr. ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN, en

Nulidad parcial de la resolución Nº GNR 378241 del 12 de diciembre del 2016, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez, al Sr. ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN, en cuantía de $3.833,740, efectiva a partir del retiro del servicio activo y nulidad par cial de la resolución No. SUB 118432 del 03 de mayo del 2018, que en definitiva le reconoce y ordena pagar la prestación pensional ya mencionada, con efectos fiscales, a partir del 04 de abril del 2018, con ingreso base de cotización de $5.686.870 y tasa d e reemplazo del 90%, para un valor de $5.118.183.

TERCERA: DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. COMO CONSECUENCIA DE DICHA DECLARACIÓN. Como consecuencia de dicha declaración, a título de restablecimiento del derecho, se reconocerá y ordenará pagar la pensión de vejez, con un ingreso base de liquidación (IBL) de $8.130.969 y tasa de reemplazo del 90%, por haber cotizado un total de 1.646 semanas, para determinar la prerrogativa pensional equivalente a $7.317.872, desde el 04 de abril del 2018, en atención al artíc ulo 20, parágrafo 1º y 2º del decreto 758 de 1990, concordante con el artículo 36-2°., de la ley 100 de 1993, hasta cuando sea incluido en nómina de pensión reliquidada judicialmente, más los reajustes de ley, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, Consejo De Estado y Corte Suprema de Justicia.

CUARTA: DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. Condenar a la entidad accionada, o a la

precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, Consejo De Estado y Corte Suprema de Justicia.

CUARTA: DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL. Condenar a la entidad accionada, o a la entidad que haga sus veces, a pagarle a mi mandante, la reliquidación ordenada, de las mesadas pensionales y adicionales, inicialmente, desde el 12 de mayo del 2018, hasta cuando se cancele la obligación, con los reajustes de ley, conforme el artículo 157-5° del CPACA.

QUINTA: La sentencia exigirá el cumplimiento de los artículos 188, 192 y 195-4° del CPACA”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante Auto I nterlocutorio N° 529 del 20 de mayo de 2021 , y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio P úblico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) El demandante pretende el otorgamiento de la pensión de vejez, conforme al acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, en aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta el tiempo de servicio en los sectores públicos y privados, realizar este cómputo tal y como pretende el demandante, es improcedente, puesto que no procede la acumulación de tiempos públicos y

de servicio en los sectores públicos y privados, realizar este cómputo tal y como pretende el demandante, es improcedente, puesto que no procede la acumulación de tiempos públicos y privados si el reclamante no estuvo afiliado al ISS, con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, esto es 1 de abril de 1994 por carecer de expectativa legitima pensional respecto alRADICACIÓN: 27001333300220210011301

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acuerdo 049 de 1990 Dicha interpretación encuentra respaldo en las sentencias SL 4165 del 19 de agosto de 2020 y SL 4392 de 2020, la s cuales plantean que no es posible realizar el cálculo de las semanas requeridas, el acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta los que válidamente fueron aportados al sistema y tiempos cotizados al sector público, por consiguiente, para acceder al derecho p ensional a la luz de la normatividad antes señalada, es necesario que los aportes de semanas deben ser efectivamente cotizadas al ISS, toda vez que, no existe en tal regulación disposición que lo permite. En consecuencia, no le asiste el derecho a la pensi ón reclamada por no contar con la densidad de semanas exigidas por el acuerdo 049 de 1990.

Se considera importante resaltar que en casos como este, donde se pretende la variación de

derecho a la pensi ón reclamada por no contar con la densidad de semanas exigidas por el acuerdo 049 de 1990.

Se considera importante resaltar que en casos como este, donde se pretende la variación de la tasa de reemplazo aplicada en la liquidación de la pensión, se ve invo lucrada siempre la interpretación de la norma de cara a los elementos de prueba que sustente el derecho reclamado, así pues, con la escases de información probatoria en este asunto se considera que COLPENSIONES no está en la obligación de re liquidar la pe nsión de jubilación de la demandante aplicando tasa de reemplazo distinta a la que corresponde basados en los criterios orientadores, el ordenamiento jurídicojurisprudencial y a los documentos que apoyen la petición, todo ello hace gozar de total validez las decisiones de esta entidad del Estado.(…)”

En virtud de ello, se propuso la s excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar reliquidación pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y/o indexar las conden as, compensación , buena fe de Colpensiones, prescripción, imposibilidad de condena en costas e innominada.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1 PARTE DEMANDANTE

No se evidencia en el expediente que la parte demandante haya presentado su escrito de alegatos de conclusión.

4.2 PARTE DEMANDADA

La Administradora Colombiana de Pensiones, alegó que, en este caso, resulta procedente la aplica ción del régimen de transición en virtud de que el demandante contaba con 40 años de edad al 01 de abril de 1994, para preservar el régimen de

La Administradora Colombiana de Pensiones, alegó que, en este caso, resulta procedente la aplica ción del régimen de transición en virtud de que el demandante contaba con 40 años de edad al 01 de abril de 1994, para preservar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Agrega que no procede la acumulación de tiempos públicos y privados si el reclamante no estuvo afiliado al ISS con anterioridad a la vigencia de la L ey 100 de 199 3, por carecer de expectativa legitima pensional respecto al Acuerdo 049 de 1990.

Finalmente, indica que la entidad tuvo en cuenta todas las sem anas cotizadas del demandante y, revisado su expediente administrativo e historia laboral, se le aplicó la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, reconociéndole la pensión de vejez con un 90%.

4.3 MINISTERIO PÚBLICO.

En el expediente no se avizora que el señor Agente del Ministerio Público haya emitido concepto alguno.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La Sentencia No. 218 del 18 de octubre de 2022 , proferida por el Juzgado CuartoRADICACIÓN: 27001333300220210011301

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Administrativo del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:

“(…) Descendiendo al caso sub examine, observa el Despacho, que la parte actora afirma tener derecho a la reliquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida con fundamento en el Decreto 758 de 1990 “por medio del cual, se aprobó el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 19 90”, pues a su juicio, el ingreso base de liquidación debe corresponder, a aquel que resulte de aplicar lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 20 del citado Decreto, el cual señala que, el salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. Por su parte, la entidad demandada considera que no le asiste razón al accionante, toda vez que, las reglas para calcula r el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen transición, están contenidas en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. De la valoración probatoria efectuada en este asunto, encuentra el Despacho que el demandante no tiene derecho a la reliquidación pensional solicitada, toda vez que, según el marco normativo y jurisprudencial expuesto en acápites precedentes, es claro que el IBL aplicable al señor ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN correspondía al promedio de los

marco normativo y jurisprudencial expuesto en acápites precedentes, es claro que el IBL aplicable al señor ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN correspondía al promedio de los salarios o rentas sobre l os cuales cotizó durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como lo determinó la entidad demandada, al momento de efectuar la liquidación de su pensión de vejez reconocida mediante las Resoluciones Nros. GNR 378241 del 12 de diciembre del 2016 y SUB 118432 del 03 de mayo del 2018. En ese orden de ideas, es claro para el Despacho, que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, razón por la cual se declararán probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y como consecuencia de ello, se negarán las suplicas de la demanda. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: INAPLÍQUESE a este asunto el sistema normativo del procedimiento administrativo en lo que respecta a los artículos 74, 76, 77, 87 y el numeral 2º del artículo 161 del CPACA, es decir, la interposición y decisión del recurso de apelación como requisito de procedibilidad para demandar ante esta jurisdicción, conforme lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRENSE probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previo las anotaciones de rigor”.

6. RECURSO DE APELACIÓN.

Dentro del término legal establecido, la parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando que la sentencia proferida por el despacho judicial de primera instancia incurrió en incongruencia interna al reconocer que el demandante tenía derecho al régimen de transición previsto en el artículo 36, inciso 2°, de la Ley 100 de 1993, pero concluir, de manera contradictoria, que el ingreso base de liquidación debía determinarse conforme al promedio de los s alarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los últimos diez años anteriores al reconocimiento pensional, según lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. De esta forma, agrega que con la decisiónRADICACIÓN: 27001333300220210011301

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se aplicaron simultáneamente dos regímenes con criterios de liquidación distintos e incompatibles, generando una evidente contradicción jurídica. Agrega que el juez no

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se aplicaron simultáneamente dos regímenes con criterios de liquidación distintos e incompatibles, generando una evidente contradicción jurídica. Agrega que el juez no definió de manera precisa cuál régimen debía aplicarse en este caso, lo que condujo a un error sustancial en la determinación del derecho pensional.

Finalmente, argumentó que el A quo estaba obligado a aplicar la interpretación más favorable al demandante, toda vez que este cumplía con los requisitos previstos en los artículos 12 y 20 (parágrafo) del Acuerdo 049 de 1990.

No obstante, la decisión adoptó una postu ra jurídica contraria a l derecho, al desconocer el principio de la condición más beneficiosa y el efect o de la retrospectividad de la Ley.

7. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con Auto I nterlocutorio N° 462 del 24 de julio de 2023 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la Sentencia N° 218 del 18 de octubre de 2022, y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

8. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

No se evidencia en el expediente que las partes hayan presentado escritos de alegatos de conclusión ni que el señor A gente del Ministerio Pú blico haya emitido concepto alguno en esta instancia.

9. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarreen nulidad del proceso o impidan proferir decisión,

alguno en esta instancia.

9. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarreen nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

10. CONSIDERACIONES:

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia.

11. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferi da por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó.

12. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala Primera de Decisión , a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”RADICACIÓN: 27001333300220210011301

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corresponda.”RADICACIÓN: 27001333300220210011301

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Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto e l ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta i naplicable en el presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital par a expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma

no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ; sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000-23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300220210011301

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la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la deman da no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte

violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la deman da no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la Constitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, par a la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que, del escrito de apelación ni del estudio sistemático del expediente , no se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia para

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que, del escrito de apelación ni del estudio sistemático del expediente , no se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala Primera de Decisión no advierte ningún tipo de violación a los derecho s fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte la oportunidad de recurrir; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproches que de manera puntual realizó la parte demandante a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

13. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala Primera de Decisión determinar si procede declarar la nulidad parcial de la resolución Nº GNR 378241 del 12 de diciembre del 2016 y nulidad parcial de la resolución No. SUB 118432 del 03 de mayo del 2018, expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante las cuales ordena reconocer y pagar la pensión de vejez, al Sr. ELKIN MOISES CHAVERRA DURAN, o si por el contrario, debe confirmarse la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda al no desvirtuarse la legalidad de los actos demandados. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: l. Liquidación del ingreso base de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

pretensiones de la demanda al no desvirtuarse la legalidad de los actos demandados. En consecuencia, la Sala abordará el asunto de la siguiente manera: l. Liquidación del ingreso base de la pensión de los beneficiarios del