TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2022-00352-01 (25-11-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 180

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300220220035201

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: FLOR DE MARÍA CÓRDOBA PALACIOS

DEMANDADO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, el recurso de apelación in terpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia del 28 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por la señora FLOR DE MARÍA CÓRDOBA PALACIOS, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” , a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes (se transcribe incluso con posibles errores):

“PRIMERO: Mi mandante señora FLOR MARIA CORDOBA PALACIOS, nació el 2 de abril de

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes (se transcribe incluso con posibles errores):

“PRIMERO: Mi mandante señora FLOR MARIA CORDOBA PALACIOS, nació el 2 de abril de 1956, cumpliendo cincuenta (50) años de edad el 2 de abril de 2006, y a la fecha de presentación de esta demanda cuenta con 66 años de edad, lo que lo hace sujeto especial de protección de conformidad al artículo 13 Constitucional.

SEGUNDO: Mi poderdante ha prestado sus servicios como docente contratada por la diócesis de Quibdó, desde el 20 de enero de 1976 hasta el 20 de enero de 1978, y del 2 de marzo de 1981 hasta el año 2006, (para efectos de la prestación que se reclama) tal como se encuentra descrito en las certificaciones de tiempo de servicio que se adjuntaran. y completando para lo que es objeto de pretensión en esta demanda los 20 años de servicio docente el 2 de abril de

2006.

TERCERO: El año 2004, por estimar que reunía los requisitos legales, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social, el reconocimien to y pago de la pensión gracia, la cual fue negada mediante resolución número 17689 del 7 de mayo de 2007, al considerar que su vinculación es de carácter nacional CUARTO: La pensión gracia es una prestación especial que se otorgó en virtud de la Ley 114 de 1913, a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitosRADICACIÓN: 27001333300220220035201

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DEMANDANTE: FLOR DE MARÍA CÓRDOBA PALACIOS

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establecidos en el artículo 4.º por servicios prestados a los departamentos, distritos y a los municipios; a su vez las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, previo cumplimiento de los requisitos prescritos en la Ley 114 de 1913, extendieron esta prerrogativa a otros empleos docentes e hicieron posible computar para este efecto los años laborados en la enseñanza secundaria y normalista. De lo anterior se concluye que la pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 19132 para los educadores de enseñanza primaria que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observado buena conducta, y que no posean bienes de fortuna. Esta prestación al estar esencialmente encabezada por personal docente Distrital, Municipal y Departa mental excluye de manera categórica al personal vinculado con la nación. Por tal razón con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites de la demanda, consagrado en los artículos 168 y ss. del C. P. A. C. A., con todo comedimiento me permito solicitar se hagan las siguientes o similares”.

Por tal razón con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites de la demanda, consagrado en los artículos 168 y ss. del C. P. A. C. A., con todo comedimiento me permito solicitar se hagan las siguientes o similares”.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: DECLARAR la nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse la resolución número 17689 del 7 de mayo de 2007, expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-U.G.P.P., por medio de las cuales niega el reconocimiento y pago de la pensión gracia a mi poderdante señora FLOR DE MAR IA CORDOBA PALACIOS, identificada con la cédula número 26258.235.

SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho ORDENESE y CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL ES DE LA PROTECCIÓN SOCIALU.G.P.P., RECONOCER y PAGAR la pensión gracia a la señora FLOR DE MARIA CORDOBA PALACIOS, identificada con la cédula número 26258.235, a partir del 2 de abril de 2006, en cuantía del 75 % de la totalidad de los factores devengados durante el año anterior a la fecha en que adquirió el status pensional.

TERCERA: Que la entidad demandada sobre las sumas de condena reconozca y pague a favor de la beneficiaria los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al

en que adquirió el status pensional.

TERCERA: Que la entidad demandada sobre las sumas de condena reconozca y pague a favor de la beneficiaria los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A. dando aplicación a la siguiente

fórmula:

R= R.H. INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la beneficiaria, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de la providencia, por el índice vigente al momento en que se causó cada mesada.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes sobre el porcentaje de la sustitución pensional que corresponda teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente a esa fecha. (Artículo 187 del C.P.A.C.A.)

CUARTA: CONDENAR en costas a la entidad demandada en virtud del art 188 del C.P.A.C.A.

QUINTA: Que se dé CUMPLIMIENTO al fallo en los términos del art. 192 y 195 C.P.A.C.A.”RADICACIÓN: 27001333300220220035201

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3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante auto Interlocutorio núm. 1191 del 14 de junio de 2022 y se ordenó notificar a las partes y al señor agente del Ministerio Público, como en derecho corresponde.

La entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) De los documentos aportados en la solicitud y en la demanda, se establece que la demandante el mayor tiempo lo realizo bajo nombramiento de carácter nacional, conforme se demuestra con las pruebas obrantes, y los actos administrativos expedidos por la UGPP, No acredito pues el demandante que se halla vinculado o se encuentre bajo nombramiento, en el orden Departamental, Municipal o Distrital. (…)

De acuerdo a las normas antes transcritas y los elementos de juicio existentes en la demanda se observa que no puede haber lugar al reconocimiento de la prestación solicitada por cuanto

orden Departamental, Municipal o Distrital. (…)

De acuerdo a las normas antes transcritas y los elementos de juicio existentes en la demanda se observa que no puede haber lugar al reconocimiento de la prestación solicitada por cuanto el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, es decir 20 años de servicio en la decencia oficial del orden Departamental, Municipal o Distrital. De acuerdo a lo anterior y conforme con los tiempos de servicios aportados se puede observar que estos fueron aportados con nombramientos del orden nacional en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada, por cuanto su vinculación fue de carácter nacional. (…)

En virtud del Decreto 726 de abril de 2018, expedido por el Ministerio de Trabajo, a partir del 01/07/2019 todas las entidades certificadoras de información laboral y factores salariales deberán estar inscritas y expedir dicha información a través del sistema cetil, razón por la cual, los certificados laborales 1, 2 y 3B adoptados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya no serán válidos para adelantar trámites pensionales, por lo que es necesario, que las entidades en las cuales la señora FLOR DE MARÍA C ÓRDOBA PALACIOS prestó sus servicios expidan los certificados de información laboral y factores salariales por los períodos laborados en las entidades mencionadas a través de la herramienta cetil (Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), dando cumplimiento a lo que ordena la norma antes mencionada. Que de conformidad con lo anterior se evidencia que en efecto el interesado ostentó la calidad de vinculación NACIONAL.

Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), dando cumplimiento a lo que ordena la norma antes mencionada. Que de conformidad con lo anterior se evidencia que en efecto el interesado ostentó la calidad de vinculación NACIONAL. Es por esto señor Juez que la demandante no goza con argumentos fácticos ni legales, que varíe la decisión tomada por la entidad demandada mediante en las resoluciones antes descritas aportadas en expediente, por cuanto no cumple con los requisitos exigidos por ley para ser merecedora de la pensión gracia. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de “cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción y genérica e innominada.” Por redistribución de procesos, correspondió el conocimiento y trámite al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, quien profirió la sentencia de primera instancia.RADICACIÓN: 27001333300220220035201

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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante la sentencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante la sentencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el A quo argumentó:

“(…) De otra parte y, antes de llegar al punto legislativo anterior, no está de más recordar, tal como se trató en páginas anteriores que, en virtud de la Ley 43 de 1975, se produjo en nuestro país la llamada “nacionalización de la educación primaria y secundaria”, en la que se concedió para ello, un término de 5 años (artículo 312), es decir, hasta el 31 de diciembre de 1980 para tal propósito. En consecuencia, con antelación al proceso antes mencionado, única mente existían dos categorías de maestros oficiales a saber: nacionales y territoriales. (…) Establecido lo anterior, en cuanto al segundo supuesto a verificar (vinculación territorial o nacionalizado), se tiene que se acreditó en el proceso que la Sra. CÓRDOBA PALACIOS se vinculó como docente de primaria en tiempo anterior al 31 de diciembre de 1980, en institución de carácter nacional como docente vinculada por medio de la Diócesis de Quibdó. Llegados a este punto, sobra entrar en discusión de la presta ción del servicio docente por parte de la Sra. CÓRDOBA PALACIOS por tiempo superior a 20 años en entidades educativas de nivel Nacional y Departamental independientemente de su permanencia o solución de continuidad. Sin embargo, de su vinculación se detall a que la misma se produjo en virtud de

de nivel Nacional y Departamental independientemente de su permanencia o solución de continuidad. Sin embargo, de su vinculación se detall a que la misma se produjo en virtud de “educación contratada” con la Diócesis de Quibdó, desde el 20 de enero de 1976 hasta el 20 de enero de 1978, punto que merece precisión. (…) De acuerdo a la regla fijada en la norma antes trascrita, reiterada por el m áximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es posible el acceso a la pensión gracia, siempre y cuando se demuestre la vinculación Territorial o Nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. La señora FLOR DE MARÍA CÓRDOBA PALACIOS, se vinculó como docente contratada por la Diócesis Quibdó desde 1976 hasta 1978, pero no fue vinculada como docente Territorial o Nacionalizada, sino Nacional, según las precisiones anteriores, no cumple con el requisito establecido en la norma y la jurisprudencia para a cceder a la pensión gracia por haberse vinculado como docente territorial o Nacionalizada solo a partir del 2 de marzo de 1981. Por todo lo anterior, y con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, será del caso denegar las suplicas de la demanda. (…)”.

Y luego resolvió:

“PRIMERO: DECLARENSE probadas las excepciones de mérito planteadas por la

demandada: COBRO DE LO NO DEBIDO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN,

PRESCRIPCIÓN.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por la señora FLOR DE MARIA CORDOBA PALACIOS contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

PRESCRIPCIÓN.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por la señora FLOR DE MARIA CORDOBA PALACIOS contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – U.G.P. P-., por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente previa anotación de rigor.”.RADICACIÓN: 27001333300220220035201

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5. RECURSOS DE APELACIÓN.

Dentro del término legal previsto, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia sustentando que la sentencia no abordó de manera sustancial el origen de los recursos destinados a los docentes vinculados bajo la modalidad de educación contratada, toda vez que se fundamentó la negativa de las pretensiones en una sentencia del año 2016, sin tener en consideración que en el año 2018 se emitió una sentencia de unificación. Agregó que debió efectuarse el análisis conforme a la jurisprudencia consolidada en la sentencia de unificación de 2018, y, en

2018 se emitió una sentencia de unificación. Agregó que debió efectuarse el análisis conforme a la jurisprudencia consolidada en la sentencia de unificación de 2018, y, en ese contexto, determinar si los recursos que eran girados a la Diócesis de IstminaTadó correspondían efectivamente al Fondo de Educación Regional.

Asimismo, señaló que no resulta procedente inferir que los docentes territori ales y/o nacionalizados adquieran la condición de educadores nacionales únicamente por el hecho de que en su acto de vinculación intervenga, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional en calidad de miembro de la junta administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Dice que dentro del material probatorio certificación expedida por la Diócesis de Istmina -Tadó, en la cual se acredita que los recursos provenían del Fondo de Educación Regional.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio núm. 24 del 27 de enero de 2025 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia del 28 de junio de 2024 y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Revisado el expediente, no se evidencia que las partes hayan presentado sus escritos de alegatos de conclusión ni que el señor agente del Ministerio P úblico haya emitido concepto alguno.

8. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no

de alegatos de conclusión ni que el señor agente del Ministerio P úblico haya emitido concepto alguno.

8. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

9. CONSIDERACIONES.

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, la Sala Primera de Decisión encuentra la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia proferida en primera.

10. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autosRADICACIÓN: 27001333300220220035201

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó.

11. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el Ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

Así las cosas, para esta Sala, es claro que el límite al juez de segunda instancia está circunscrito a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al juez de segunda instancia estudiar asuntos de la providencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez

así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3, al indicar:

“Con todo, la presencia en el caso de derechos fundamentales y de principios axiales del orden constitucional que pueden resultar afectados por la medida controlada exige a este Juez ocuparse también del cargo de desconocimiento de normas superiores, planteado por el demandante en el escrito introductorio del proceso, pero no estudiado por el a quo ni señalado por el apelante único dentro de sus razones de disconformidad. Aun cuando ello supone apartarse de los límites que de forma tradicional enmarcan la competencia del fallador de segunda instancia, habitualmente restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por quien impugna, tal concepción de la intervención del ad quem resulta inaplicable en el

susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conced a en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Actor: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCÓN ;

sentencia de julio de 2016, Radicación número: 17001-23-31-000-2002-01526-01(37533), Actor: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Admini strativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Actor: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Referencia: Acción De Reparación Directa.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 -23-24-000-2007-90177-01, Actor: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo De Bogotá D.C, Referencia: Medio de control de Nulidad simple

Y ver sentencia de unificación:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH , San Antonio, Tolima, sentencia del 6 abril de 2018, Radicación Número: 05001 -23-31-000-2001-03068-01(46005), Actor: Darío de Jesús Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

Santamaría Lora y otros, demandado: Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación.

De igual forma, mirar sentencias de la Corte Suprema de Justicia;

Sentencia del 31 de marzo de 2022, SC 482-2022, Radicación N.° 11001-31-03-018-2010-00212-01; Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo. Sentencia del 13 de julio de 2020, SC 2222-2020, Radicación N.° 11001-31-10-002-2010-01409-01; Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.RADICACIÓN: 27001333300220220035201

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presente caso. Por la relevancia jurídico constitucional del debate que se surte, limitar el estudio del sub-lite al solo planteamiento de la apelación para centrarse exclusivamente en el estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la

estudio de la competencia del Concejo Distrital para expedir el acto demandado comprometería la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que, aunque legítima en la mayoría de los casos, en la presente resulta incompatible con la eficacia y supremacía constitucional. En últimas, “ el texto constitucional ha de hacerse valer y prevalece sobre la preservación de normas de rango inferior. La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría”4.

Con base en este razonamiento la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada el numeral 4.º del artículo 137 del CCA, que exige como requisito para la presentación de las demandas de nulidad ante esta jurisdicción la formulación del concepto de la violación de la legalidad por el acto atacado, pese a tratarse de un derecho político reconocido a todo ciudadano. Ciertamente, en la sentencia C-197 de 1999 dicha Corporación resolvió “[d]declarar exequible el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte

violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Por considerar que se trata de un principio aplicable mutatis mutandi al caso bajo revisión en aras de asegurar la eficacia y supremacía de la Constitución, la Sala entiende que, pese a no haber sido planteado en la impugnación del apelante único, corresponde estudiar el cargo de desconocimiento de normas superiores expuesto por el actor en su demanda. Máxime cuando, como se verá líneas abajo, el razonamiento del Tribunal con respecto a la falta de competencia del Concejo Distrital fue equivocado, lo que arroja como resultado que al caerse el fundamento del fallo de primera instancia el cargo de vulneración de normas superiores quedaría sin ser estudiado; situación contraria al derecho de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 229 de la Constitución y a la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, proclamado por el artículo 40.6 de la Carta. La reversión del fundamento del único cargo examinado por el a quo comporta, entonces, para la Sala, la obligación de estudiar el reproche que no fue analizado por el fallo apelado”.

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para

Por lo anterior, esta Sala se permite precisar que del escrito de apelación, ni del estudio sistemático del expediente se evidencia, que en el sub examine se esté en presencia de la nueva regla de excepción a los límites de la segunda instancia, para revocar o modificar las providencias de primera instancia, es decir, en este caso, la Sala no advierte ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de las partes, por el contrario, en el trámite de este proceso, se han respetado las reglas propias del juicio (derecho de defensa y contradicción) incluso se le ha dado a las parte s la oportunidad de recurrir; por lo que esta Sala tan solo estudiará los reproches que de manera puntual realizó la parte demandante a la sentencia de primera instancia, de todas formas, si la Sala estima necesario realizar algún pronunciamiento en aras de efectivizar los derechos fundamentales del proceso, lo hará.

4 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.RADICACIÓN: 27001333300220220035201

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12. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a