TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2021-00010-01 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 09

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320210001001

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUCINDA BEJARANO OBREGÓN

DEMANDADO: ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA –

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA .

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia No. 240 del 14 de noviembre del 2022, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora Lucinda Bejarano Obregón contra la E.S.E. Hospital Local Ismael Roldan Valencia y la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDÓ , que negó las súplicas de la demanda.

1. Antecedentes.

Solicita la parte actora, que se reconozca la existencia de una verdadera relación laboral con las entidades demandadas y como consecuencia de ello, se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y la sanción moratoria.

2. Hechos.

La parte demandante s ustenta las preten siones conforme los supuestos fácticos que a

de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y la sanción moratoria.

2. Hechos.

La parte demandante s ustenta las preten siones conforme los supuestos fácticos que a continuación se transcriben (se hace incluso con posibles errores):

“Mi poderdante fue vinculada por la ESE -HLIRV, mediante contratos u órdenes de prestación de servicios como Auxiliar de Almacén, contratos estos que fueron ejecutados desde octubre del 2016 , hasta agosto del 2017; cumpliendo un horario de 8 a 10 horas diarias, de lunes a sábado.

Los contratos de prestación de servicios, suscrito entre mi poderdante y la entidad demandada s e realizaron en forma continua, sin reconocer las prestaciones sociales y prestacionales a que tienen derecho todos y cada uno de los trabajadores conforme a la ley, además el pago de Seguridad Social; máxime, aunque estos debiesen ser parte de la nómina d e la entidad, ya que las funciones contratadas son las misionales permanentes propias del giro ordinario de esta institución. Por lo que, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse sólo en un periodo determinado sin cumplir órdenes o exigencias específicas de un empleador.

Durante la vigencia de la relación laboral, mi poderdante, no tuvo la oportunidad de discutir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, e n la prestación del servicio. Ya que estas eran fijadas de antemano por el Gerente y/o Subgerente Administrativo del contrato; las cuales eran desarrolladas dentro de las instalaciones y con los implementos físicos y tecnológicos, propios de la ESE – hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación.

(...)”2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001

implementos físicos y tecnológicos, propios de la ESE – hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación.

(...)”2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, Página 2 de 15

3. Las pretensiones

La parte demandante pretende (se transcribe incluso con posibles errores):

“Que se declare la nulidad de los actos expresos: HDSFA del 05 de agosto del 2020; et HLIRV (Oficio del 27 de julio de 2020, y recibido el 30 de julio del presente año). En las cuales, las entidades, negaron las pretensiones de la reclamación administrativa.

Que se reconozca que entre la empresa ESE – Hospital Local Ismael Roldan Valencia, existió un Contrato Laboral y/o Contrato Realidad. Y, por consiguiente, cuyos contratos los suscribe la Representante Legal – Wilman Jesús Yurgaky Ledesma, es el responsable directo por el pago de las prestaciones sociales, el reconocimiento de los aportes a Seguridad Social, y de las sanciones moratorias, establecidas por la ley (Art -65 del C.S.T) y las jurisprudencias.

Que, como consecuencia de lo anterior, sean declaradas solidariamente responsable de la totalidad de las condenas y demás declaraciones, la empresa ESE - Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, y en calidad de solidario la ESE - HDSFA, de acuerdo al Art. 34 del CST.

condenas y demás declaraciones, la empresa ESE - Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, y en calidad de solidario la ESE - HDSFA, de acuerdo al Art. 34 del CST.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordenase a esta institución, tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1 de octubre del 2016, hasta el 31 de agosto del 2017, salvo sus interrupciones) el ingreso base de cotización (IBC) pensional de mis prohijados (los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensiones solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Y ordenar la devolución de las sumas correspondiente al pago de los aportes hechos por mi mandante al Sistema de Seguridad Social Integral, como consecuencia del Contrato de Prestación de Servicios u Orden de Prestación de Servicios. Como se encuentran liquidados en la estimación de la cuantía

La parte demandada actualizará las sumas adeudas, de conformidad con lo establecido en el Art.187 (inciso final del CPACA, teniendo, en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE).

Que se declare que el tiempo servido, mediante contrato de prestación de servicios de los periodos del acápite anterior, se compute para efectos pensionales.

Que la entidad demanda debe pagar las costas que este proceso genere.”

4. Trámite procesal.

La demanda fue presentada el día 22 de enero de 2021, inadmitida mediante auto interlocutorio del 12 de abril de 2021 y admitida mediante auto interlocutorio de fecha 10 de junio del mismo año.

La demanda fue presentada el día 22 de enero de 2021, inadmitida mediante auto interlocutorio del 12 de abril de 2021 y admitida mediante auto interlocutorio de fecha 10 de junio del mismo año.

La ESEHospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que la vinculación de la demandante inicialmente se dio por periodos de corto tiempo, por la necesidad de atender temporalmente los servicios que asumió la entidad en razón a la intervención administrativa de la que fue objeto la EE – Hospital Departamental Sa n Francisco de Asís; refiere que debió asumir la operación de los bienes muebles e inmuebles de é ste último, para garantizar la prestación de los servicios de salud a la comunidad, de lo cual no estaba preparada institucionalmente para asumir, por lo que se vio en la necesidad de recurrir a la forma de contratación mediante prestación de servicios, conforme la Ley 80 de 1993 , los cuales se hicieron bajo a la premisa de que la ejecución del contrato tendría un tiempo determinado por el termino de duración del convenio, cuya razón así fue expuesta en los mismos como se observa en los numerales 1 a 6, por consiguiente, la vocación de permanencia, necesaria para predicar la pretendida relación laboral, nunca existió.

Agrega que la planta para la cual laboró la demandante, no le es propia de la ESE -Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, por cuanto su labor la desempeñó únicamente en la prestación del servicio para la que fue diferenciada administrativa y funcionalmente como SEDE II, en la que se desarrolló la operación encomendada en el convenio ya descrito.

prestación del servicio para la que fue diferenciada administrativa y funcionalmente como SEDE II, en la que se desarrolló la operación encomendada en el convenio ya descrito.

Teniendo en cuenta lo anterior , propuso las excepciones de “legalidad de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y ESE - Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó sede ii, legalidad del acto administrativo del 27 de julio de2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, Página 3 de 15 2020, imposibilidad de coexistencia de un acto con presunción de legalidad como el contenido en los contratos de prestaciones suscritos y de un contrato individual de trabajo y/o contrato realidad, existencia de un contrato legal de prestación de servicios con el lleno de requisitos que contempla el art. 32 de la ley 80 de 1993, improcedencia de la obligación del reconocimiento de una inexistente relación laboral de los conceptos económicos derivados de este, obligatoriedad y necesariedad del tipo de contratación utilizado con la parte demandante en virtud de perentoria e imperiosa orden gubernamental y judicial (inexigibilidad de otra conducta), falta de requisitos necesarios para predicar existencia de una relación laboral, y falta de causa. “

Alegatos de conclusión

Parte demandante

Ratifica lo expuesto en las pretensiones de la demanda e insiste en que cada una de sus funciones, no corresponden a un contrato de prestación de servicios, sino a un contrato laboral;

Alegatos de conclusión

Parte demandante

Ratifica lo expuesto en las pretensiones de la demanda e insiste en que cada una de sus funciones, no corresponden a un contrato de prestación de servicios, sino a un contrato laboral; de acuerdo a lo establecido en el Art. 53 y 93 de la C-N. y del C.S.T., Los Artículos 22 Contrato de Trabajo

Parte demandada

Expresa que se cumplió con cada una de las condiciones que contempla la ley 80 de 1993 para validar la contratación por servicios tanto de la demandante como del resto de personal asistencial y administrativo contratado para la operación del Hospital San Francisco de Asís durante el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, término de duración de la intervención administrativa por parte de la Superintendencia de Salud y que debido a esto se deben negar las pretensiones de la demanda.

5. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 240 del 14 de noviembre del 2021 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las pretensiones de la demanda, sobre el particular indicó:

“En el caso sub-examine, entra el Despacho a verificar si efectivamente con las pruebas aportadas al proceso, la parte demandante logró acreditar la relación contractual que existe entre ella y la entidad contratante para de esa manera darle paso al principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades, o si por el contrario no fueron demostrados los 4 (cuatro) elementos que son:

1. Los estudios previos:

En el caso en concreto, la parte actora no allegó los estudios previos de los contratos celebrados con las entidades demandadas.

demostrados los 4 (cuatro) elementos que son:

1. Los estudios previos:

En el caso en concreto, la parte actora no allegó los estudios previos de los contratos celebrados con las entidades demandadas.

2. Subordinación continuada:

El lugar de trabajo: Las labores objeto de los contratos de la señora LUCINDA BEJARANO OBREGON, en todo momento fueron ejecutadas en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDÒ, de conformidad con la certificación laboral del 17 de julio de 2018, allegada con la presentación de la demanda

El horario de labores: La parte no allegó prueba alguna que demostrara el cumplimiento de horarios o turnos de trabajo, salvo las declaraciones rendidas en audiencias de pruebas por los señores Yair Chaverra Mosquera y Sandra Patricia Sánchez Arboleda, sin embargo, a consideración del Despacho no son suficientes para demostrar que el demandante estaba supeditado a un horario de trabajo.

La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: La parte actora no aportó prueba que demostrara que las labores objeto de los contratos de la señora LUCINDA BEJARANO OBREGON, fueron objeto de supervisión.

Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral: La parte actora no acreditó la existencia de funcionarios que ejercieran actividades o tarea idénticas, semejantes o equivalentes.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

existencia de funcionarios que ejercieran actividades o tarea idénticas, semejantes o equivalentes.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

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3. Prestación personal del servicio En el caso concreto, tenemos que, de las pruebas documentales allegadas por la actora, tales como copia de la constancia laboral del 17 de julio de 2018 expedida por la señora DUNIA ELENA CASTRO BALDRICH en calidad de Profesional Universitaria (Talento Humano), se puede concluir que ev identemente el demandante prestó sus servicios de manera personal y directa en la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDÒ

4. Remuneración

La parte actora no allegó prueba que demostrara que las actividades realizadas por la señora LUCINDA BEJARANO OBREGON, fueron debidamente remuneradas.

En ese orden de ideas, cabe concluir que no existe una prueba de la que fehacientemente se pueda inferir que la señora LUCINDA BEJARANO OBREGON, laboraba en forma subordinada porque debía cumplir con la intensidad horaria al igual que los demás funcionarios de planta, como tampoco obran pruebas de que recibía órdenes o instrucciones por parte de los funcionarios del HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA, razón suficiente para denegar las suplicas de la demanda.

Y posteriormente el juzgado resolvió:

instrucciones por parte de los funcionarios del HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA, razón suficiente para denegar las suplicas de la demanda.

Y posteriormente el juzgado resolvió:

“PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, propuesta por E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS conforme a las razones expuestas en el correspondiente acápite de la presente providencia.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo proveído.

TERCERO. Sin condenas en costas.

CUARTO. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase a la parte interesada los excedentes de los gastos ordinarios del proceso si a ello hubiere lugar, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente, previo las anotaciones de rigor.

6. Recursos de Apelación.

6.1. La parte demandante.

En su escrito de apela ción, la apoderada de la parte demandante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, fundamentando que en el presente caso, la señora Lucinda Bejarano Obregón durante su vínculo con la ESEHospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, realizó sus actividades dando cumplimiento a las órdenes de prestación de servicios las cuales fueron ejecutadas en l as instalaciones del Hospital Departamental San Francisco de Asís, la cual se encontraba en proceso de liquidación y la primera , tenía autonomía administrativa, técnica y financiera para contratar al personal

a las órdenes de prestación de servicios las cuales fueron ejecutadas en l as instalaciones del Hospital Departamental San Francisco de Asís, la cual se encontraba en proceso de liquidación y la primera , tenía autonomía administrativa, técnica y financiera para contratar al personal asistencial vinculado, según la cláusula No 1 del Convenio Interadministrativo No 01 de 2016.

Indica que el Convenio Interadministrativo entre la ESEHospital Departamental San Francisco de Asís y la ESEHospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó de Quibdó, se realizó por el periodo de un año, desde el 01 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2017, tiempo en el cual la demandante se desempeñó como Auxiliar de Almacén, por lo que no se puede predicar que no estaba sujeta a subordinación por parte de sus superiores, teniendo en cuenta que debía presentar informes de actividad de manera mensual a la Coordinadora de Almacén y el cumplimento de horarios.

Agrega que las funciones realizadas por la demandante no fueron realizadas de manera esporádica, sino que obedecieron al desempeño de la actividad que debía ser permanente para garantizar el desarrollo y funcionamiento del Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó.

Arguye también que el cargo de Auxiliar de Almacén, está establecido en cualquier ESE, indistintamente del nivel de prestación del servicio en el que se encuentren y que además es desempeñado por servidores públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita a este Tribunal, sea revocada la sentencia de primera2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita a este Tribunal, sea revocada la sentencia de primera2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, Página 5 de 15 instancia para acceder a las pretensiones de la demanda.

7. Consideraciones

8. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1531 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Administrativo de Chocó es competente para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por un Juez Administrativo del Circuito de Quibdó.

8.2. Cuestión previa.

Al respecto debe resaltarse que de conformidad con lo estipulado por el artículo 31 de la Carta, a la apelación se le confiere el carácter de medio de defensa y no el de propiciar una revisión «per se» de lo ya resuelto; de manera, que mientras la otra par te no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable, contrario a lo resuelto en las providencias que a su juicio considera que se vulneró los derechos alegados.

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión

Sobre el particular, vale la pena recordar que el artículo 281 del Código General del Proceso (C. G. del P.), aplicable a los asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa por remisión expresa del artículo 306 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C. de P. A. y de lo C. A.), establece:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…).”

Asimismo, debe señalarse que en lo que se refiere a las providencias de segunda instancia, el principio de congruencia limita la competencia del ad quem al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación, tal como lo prevé el ar tículo 328 (inciso 1°) del C. G. del P., así:

“Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…).”

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de seg unda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha precisado que:

“Para el juez de seg unda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, d iversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”.3

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recurs os de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código del Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

3 Consejo de Estado, sala de lo contencioso -administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de f ebrero de 2015, exp. 199900878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

00878-01, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

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En esa misma línea de pensamiento ver sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), donde el H. Consejo de Estado hizo un breve antecedente jurisprudencial sobre el principio de consonancia de la decisión judicial.4

En esa medida, la Sala establece el siguiente,

9. Problema jurídico.

La atención de la Sala se circunscribe a establecer si tal y como lo indica la parte actora en su apelación: ¿Existen los elementos para entender configurada una verdadera relación laboral entre la demandante y la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA?

Para resolver el anterior interrogante, pasa la Sala a desarrollar el siguiente tema:

10. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – El contrato realidad y las relaciones laborales.

La vinculación por contratos de prestación de servicios se rige por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 19935. El artículo mencionado prevé expresamente que, en ningún caso, dicho tipo de contratos «[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales […]».

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y

De acuerdo con el aparte transcrito del artículo 32 ejusdem, debe entenderse que el legislador reglamentó en dicha norma una presunción según la cual, la celebración de contratos de prestación de servicios no genera en ningún caso una relación laboral entre contratante y contratista o el derecho al pago de prestaciones sociales en favor de este último.

11. De los elementos necesarios para que se configure una relación de carácter laboral.

El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos esenciales de un contrato de trabajo. En ese sentido, la norma prescribe que:

Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

4 Consejero Ponente: César Palomino Cortés, veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Ref: Expediente No. 250002342000201401139 01, Número Interno: 458 -2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

01, Número Interno: 458 -2015, Demandante: Martha Isabel Valero Moreno, Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Tema: Reconocimiento de Pensión de Jubilación

5 «Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las en tidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía d e la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con l a administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas ac tividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»2ª Instancia N/R Radicado 27001333300320210001001 De: Lucinda Bejarano Obregón

Contra: HLIRV

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correos electrónicos: sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co, Página 7 de 15 ii. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

En los casos en que se discute la existencia de una verdadera relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, es necesario que se demuestre en forma

modalidades que se le agreguen.

En los casos en que se discute la existencia de una verdadera relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, es necesario que se demuestre en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es: i. La prestación personal del servicio, la cual debe darse de manera permanente; ii. La remuneración respectiva y especialmente, iii. La subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito.

En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones encaminadas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte demandante lleva a cabo a fin de desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta.

El Consejo de estado en varias decisiones 6 ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se acrediten de manera irrefutable los tres elementos que le son propios, a saber: i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Contrario sensu, se constituye una relación contractual, regida por la L ey 80 de 19937 cuando

a saber: i) la prestación personal del servicio, ii) la remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Contrario sensu, se constituye una relación contractual, regida por la L ey 80 de 19937 cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; se le pagan honorarios por los servicios prestados; y , la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.

Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, que se debe restringir a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, porque, si contrata por prestación de servicios personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual.

Si se quiere examinar la desnaturalización que de tanto en tanto se denuncia en la jurisdicción contencioso administrativa para hacerle producir los verdaderos efectos jurídi