TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2021-00012-01 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 0009/

RADICADO: 27001333300320210001201

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”

Tema: Contrato realidad.

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

1. Procede la Sala a proferir sentencia en los términos del artículo 187 del CPACA.

2. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia N° 132 del cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, que accedió a las súplicas de la demanda.

3. La Sala es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

4. En el trámite de la segunda instancia, el cinco (5) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se admitió el recurso de apelación y se ordenó la notificación al Agente del Misterio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

5. Desde la notificación del auto que concedió el recurso de apelación y hasta la ejecutoria del que lo admitió en segunda instancia, no hubo pronunciamiento por parte de los intervinientes en el proceso ni del señor Agente del Ministerio Público.

ANTECEDENTES

La demanda

6. Obrando por intermedio de apoderada judicial, la señora Lucila Agualimpia Benítez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demand o la nulidad del acto administrativo oficio No. 27021272 del 19 de marzo del 2020, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y devolución de aportes a la seguridad social , los cuales considera tener derecho por haber laborado al Servicio Nacional de Aprendizaj e –SENA-, en su condición de encargada de la oficina pública de empleo y del bienestar del aprendiz, durante el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2019.

Declaraciones y Condenas

7. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitaron lo siguiente: i) Se declare la existencia de la relación laboral ; ii) Ordenar, que se reconozca y pague todas las prestaciones sociales causadas durante el periodo que se mantuvo la relación laboral, las cuales deberán ser indexadas; iii) Ordenar la devolución de las sumas correspondientes al pago de los aportes efectuados al Sistema deMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

de las sumas correspondientes al pago de los aportes efectuados al Sistema deMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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Seguridad Social Integral, como consecuencia del contrato de prestación de servicios; iv) Que se declare que el tiempo servido mediante contrato de prestación de servicios, se compute para efectos pensionales; y v) Se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales.

Fundamentos fácticos

8. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

9. La señora LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ , fue vinculada bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, la cual era encargada de la oficina pública de empleo y del bienestar del aprendiz.

10. Los contratos de prestación de servicios se ejecutaron desde el 16 de julio del 2012 al 5 de febrero del 2019, con un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, de manera presencial.

11. La relación de los contratos, se realiza conforme a lo expuesto en la demanda, debido

a que existen errores, así:

Contrato No 27-91 del 2012 con un plazo de 5 meses, a razón de 3.105.000 para total $15.525.000.

a que existen errores, así:

Contrato No 27-91 del 2012 con un plazo de 5 meses, a razón de 3.105.000 para total $15.525.000. Contrato No 27-329 de 2012 con un plazo de 5 meses y 15 días a razón de 3.105.000 para un total $17.077.500. Contrato No 000092 de 2013 con un plazo de 11 meses y 3 días a razón de 3.198.200 para un total de $ 35.500.020. Contrato No 27-000161 de 2014 con un plazo de 11 meses y 15 días a razón de 3.294.546 para un total de $ 37.887.279. Contrato No 000137 de 2015 con un plazo de 11 meses a razón de 3.393.382 para un total de $37.327.202. Contrato No 000081 de 2016 con un plazo de 10 meses y 15 días a razón de 1.147.592 para un total de $ 18.349.716. Contrato No 000079 de 2017 con un plazo de 11 meses y 8 días a razón de 3.090.000 para un total de $ 34.814.000. Contrato No 000105 de 2018 con un plazo de 11 meses y 15 días a razón de 3.182.700 para un total de $ 36.601.050. Contrato No 27-0000 de 2019 con un plazo de 10 meses y 23 días a razón de 3.183.000 para un total de $ 34.588.600.

12. La demandante cumplió con sus funciones de manera personal y subordinado, en el entendido, que recibían ordenes de sus superiores o coordinadores del contrato, quienes

de 3.183.000 para un total de $ 34.588.600.

12. La demandante cumplió con sus funciones de manera personal y subordinado, en el entendido, que recibían ordenes de sus superiores o coordinadores del contrato, quienes eran encargados de supervisar que las mismas se desarrollaran conforme al contrato de prestación de servicios, y, asimismo, se encargaban de autorizar los permisos del personal.

13. Los contratos de prestación de servicios se ejecutaron de forma continua, sin el pago de las prestaciones sociales y de la seguridad social a que tienen derecho todos y cada uno de los trabajadores conforme a la ley.

Normas violadas y concepto de violaciónMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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14. La parte demandante considera que el acto acusado infringe las siguientes

disposiciones normativas:

 Constitución Nacional Art. 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 122 y 125.  Ley 80 de 1993, artículo 24.

15. Como concepto de la violación, luego de referirse al contenido de las normas violadas y citar pronunciamientos del H. Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las aplicó al caso en estudio, para concluir que le asiste el derecho reclamado.

La sentencia apelada

y citar pronunciamientos del H. Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las aplicó al caso en estudio, para concluir que le asiste el derecho reclamado.

La sentencia apelada

16. El a quo, mediante sentencia No. 132 del cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro

(2024), resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, buena fe y presunción de legalidad, propuestas por la entidad demandada la SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 27021272 del 19 de marzo del 2020, por medio del cual el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” le niega a la accionante la existencia de la relación laboral y el correspondiente pago de las prestaciones sociales solicitadas, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLÁRESE la existencia de la relación laboral entre la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.032.917 y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, por el periodo comprendido entre el 31 de enero d e 2013 al 30 de diciembre de 2019, salvo sus interrupciones.

CUARTO: CONDÉNESE al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, a cancelar a favor de la señora LUCILA AGUALIMPIA MOSQUERA, identificada con

interrupciones.

CUARTO: CONDÉNESE al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, a cancelar a favor de la señora LUCILA AGUALIMPIA MOSQUERA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.032.917 expedida en Med ellín, las diferencias en las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud causadas entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2019, salvo sus interrupciones, sobre el sueldo mensual establecido para el empleo de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo SENA de planta de dicha entidad o uno de igual categoría (a menos de que sea inferior a los honorarios, evento en el que se tomarán estos) y en el porcentaje que le correspondía al empleador.

QUINTO: CONDENESE al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” pagar a la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.032.917 de Medellín, las correspondientes prestaciones sociales devengadas por los servidores de planta, para cuya base de liquidaci ón deberá tener en cuenta el salario legalmente pagado a quienes desempeñaban el empleo de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo o uno de igual categoría

(en la medida en que no sea inferior a los honorarios, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), en proporción a cada período trabajado en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 11 de marzo de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta las interrupciones.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

de diciembre de 2019, teniendo en cuenta las interrupciones.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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SEXTO: La demandada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, deberá tomar (entre el 31 de enero de 2013 al 30 de junio de 2019, en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante, teniendo en cuenta las interrupciones) el ingreso ba se de cotización (IBC) pensional de la accionante (el salario legalmente pagado a quienes desempeñaban el empleo de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo de dicha entidad, o uno de igual categoría, o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le c orrespondía como empleador. Para efectos de lo anterior, la actora debe acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrán la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrán la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

SEPTIMO: DECLÁRESE que el tiempo laborado por la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ entre el 31 de enero de 2013 al 30 de junio de 2019, salvo sus interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.

OCTAVO: DECLARESE probada la excepción de prescripción respecto del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y salariales reclamadas y del periodo comprendido entre el 31 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2013, 21 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014, 3 de febrero de 2015 al 30 de diciembre de 2015, 1 de febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2016 y 24 de enero de 2017 al 10 de marzo de 2017 , propuesta por la entidad demandada, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

NOVENO: Niéguense las demás súplicas de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

DECIMO: Sin condena en costas.

DECIMO PRIMERO: La entidad demandada dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA. Para su cumplimiento, expídase copia autentica de la sentencia, con constancia de ejecutoria, a la demandante, al Ministerio Público y al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”; conforme a lo dispuesto en

la sentencia, con constancia de ejecutoria, a la demandante, al Ministerio Público y al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”; conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y ss de CPACA, 114 del C.G.P y 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.

DECIMO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y cancélese su radicación, previo las anotaciones de rigor.”

17. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

“(…) En este caso, se encuentra probado que la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ prestó sus servicios al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA como encargada del área de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo SENA en la sede ubicada en el Muni cipio de Istmina, durante el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2019, salvo sus interrupciones.

La prestación personal del servicio y la remuneración o pagoMedio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, es claro para el Despacho que la demandante prestó de manera personal sus servicios al

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Conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, es claro para el Despacho que la demandante prestó de manera personal sus servicios al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, encargada del área de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo SENA en el Municipio de Istmina - Chocó, respectivamente.

También está acreditado el pago de la remuneración pactada, tal y como fue reconocido por la entidad demandada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, mediante la respuesta otorgada a la reclamación administrativa radicada por la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ.

La subordinación o dependencia

Este componente esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST, es considerado como el determinante para distinguir la rela ción laboral de las demás prestaciones de servicio, y que faculta al empleador para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder disciplinario, teni endo en cuenta para ello, los límites constitucionales que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad.

De acuerdo con lo anterior, la subordinación parte de l poder de dirección respecto a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito laboral. En este caso particular, el elemento subordinación, línea divis oria del contrato de

a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito laboral. En este caso particular, el elemento subordinación, línea divis oria del contrato de prestación de servicios y la relación laboral invocada, se encuentra demostrado, puesto que existen evidencias claras y material probatorio suficiente que da cuenta de ello y que permite al Despacho afirmar que la labor realizada por l a accionante dista mucho de ser independiente, y por el contrario, como se acreditó en el plenario debía someterse a un horario de trabajo prácticamente inmodificable, sin posibilidad de ausentarse del lugar de trabajo.

Aunado a ello, se demostró que la actora estaba supeditada a las actividades programadas por parte de los coordinadores y obedecía las instrucciones que ellos impartían para el desarrollo de las mismas. Lo cual, denota la existencia de una verdadera subordinación, pues se advierte un contr ol, vigilancia, imposición y seguimiento por parte de la entidad demandada, que se aleja del ejercicio normal de coordinación con el contratista.

Es indudable que las funciones que ésta desarrollaba, requerían de su permanencia en el sitio de trabajo, dado que las mismas se ejecutaban día a día y eran prestadas personalmente, lo que, unido a las pruebas documentales y testimoniales arrumadas al plenario, sirven para sostener igualmente, que estaba bajo continuada subordinación y dependencia.

(…).

En el presente asunto, se tiene que, la vinculación de la señora LUCILA AGUALMPIA BENITEZ fue discontinua, toda vez que, conforme a las pruebas aportadas al plenario, se advierte que durante los periodos de prestación del

(…).

En el presente asunto, se tiene que, la vinculación de la señora LUCILA AGUALMPIA BENITEZ fue discontinua, toda vez que, conforme a las pruebas aportadas al plenario, se advierte que durante los periodos de prestación del servicio existieron varios lapsos en los cuales se interrumpió, tales como:

31 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2013.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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21 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014. 3 de febrero de 2015 al 30 de diciembre de 2015. 1 de febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2016. 24 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017. 22 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018. 5 de febrero de 2019 al 30 de diciembre de 2019.

Así las cosas, y como quiera que la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ prestó sus servicios de manera interrumpida y formuló la reclamación ante la entidad demandada el 11 de marzo de 202018, advierte el Despacho que, respecto de los periodos comprendidos entre el 31 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2013,

sus servicios de manera interrumpida y formuló la reclamación ante la entidad demandada el 11 de marzo de 202018, advierte el Despacho que, respecto de los periodos comprendidos entre el 31 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 2013, 21 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2014, 3 de febre ro de 2015 al 30 de diciembre de 2015, 1 de febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2016 y 24 de enero de 2017 al 10 de marzo de 2017 operó el fenómeno de la prescripción trienal, por lo que se declarará probado tal medio exceptivo propuesto por la entidad demandada.

Contrario a ello, respecto de los periodos comprendidos entre el 11 de marzo de 2017 al 30 de diciembre de 2017, 22 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y 5 de febrero de 2019 al 30 de diciembre de 2019 , no se configura la prescripción, ya que, frente a ellos la reclamación administrativa se realizó dentro del término prescriptivo señalado.

En este punto, es dable precisar, que si bien, la parte actora allegó copia de algunas páginas del contrato N° 27-329 suscrito el 19 de julio de 2012, lo cierto es, que de la lectura efectuada a éste no es posible establecer el objeto contractual, el plazo de ejecución ni el valor del mismo, por lo que, para efectos del presente asunto, se tendrá por no acreditada la prestación del servicio frente a d icho contrato y se negaran las súplicas de la demanda respecto de éste.

De otra parte, en lo relativo a la pretensión de devolución a la actora del porcentaje

tendrá por no acreditada la prestación del servicio frente a d icho contrato y se negaran las súplicas de la demanda respecto de éste.

De otra parte, en lo relativo a la pretensión de devolución a la actora del porcentaje que le correspondía asumir al empleador por concepto de aportes a salud, se destaca que, en criterio de la sala mayoritaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado, esos recursos del sistema integral de seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del contratista, por lo tanto, no e s dable que se le sufraguen directamente a ella. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por el mencionado concepto. No obstante, a lo que sí hay lugar es al pago de las diferencias en las cotizaciones en salud al sistema de seguridad social por el tiempo trabajado por aquella, salvo las interrupciones presentadas, conforme al sueldo mensual establecido para el empleo de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” de planta de dicha entidad, y en el porcentaje que le correspondía al empleador.

(…).

En virtud del derrotero jurisprudencial expuesto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de carácter legal que devenga, en este caso, la persona encargada del área de bienestar del aprendiz y de la agencia pública de empleo del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los

“SENA”, tales como vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece.Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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En ese sentido, le corresponderá a la entidad accionada al momento de cumplir la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales que serán objeto de liquidación a favor de la accionante.”

Recurso de apelación

18. La apoderada de la parte demandante, presentó oportunamente el recurso de apelación, en los términos del artículo 247 del C.P.A.C.A., manifestando en esencia, que:

“El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, realizó la contabilización del tiempo entre contratos sin considerar la jurisprudencia establecida por la Sentencia de Unificación de 2021, la cual señala que interrupciones de hasta 30 días hábiles no afectan la continuidad de la relación laboral. La jurisprudencia indica que dicho período es una referencia para determinar la continuidad del vínculo y evitar que interrupciones breves sean consideradas como una ruptura real de la relación laboral.

la continuidad de la relación laboral. La jurisprudencia indica que dicho período es una referencia para determinar la continuidad del vínculo y evitar que interrupciones breves sean consideradas como una ruptura real de la relación laboral.

Al analizar los contratos de la demandante, se evidencia que los interregnos entre ellos no superan los 30 días hábiles, lo que confirma la continuidad de la relación laboral hasta el 30 de diciembre de 2019. Por ello, se solicita al Tribunal que reconozca la vinculación laboral de los periodos en cuestión y revoque parcialmente la sentencia impugnada, conforme al precedente jurisprudencial vigente.”

19. El apoderado de la parte demandada, presentó oportunamente el recurso de apelación, en los términos del artículo 247 del C.P.A.C.A., manifestando en esencia, que:

“La vinculación de la señora Lucila Agualimpia Benítez con el SENA fue exclusivamente a través de contratos de prestación de servicios, regulados por la Ley 80 de 1993, lo que implica que no existió una relación laboral sino contractual. No se hallaron pruebas de subordinación o dependencia, ya que la demandante ejerció sus funciones con autonomía e independencia.

El Consejo de Estado, en sentencias previ as, ha reiterado que el demandante debe demostrar la existencia de una relación laboral, lo cual no ocurrió en este caso. No se aportaron pruebas como memorandos, órdenes directas, cumplimiento de horarios o restricciones propias de un contrato laboral. La supervisión ejercida por la entidad no implica subordinación, sino el control necesario para verificar el cumplimiento del contrato.

Asimismo, los contratos fueron interrumpidos por periodos superiores a 30 días, lo que

restricciones propias de un contrato laboral. La supervisión ejercida por la entidad no implica subordinación, sino el control necesario para verificar el cumplimiento del contrato.

Asimismo, los contratos fueron interrumpidos por periodos superiores a 30 días, lo que impide alegar una continuidad labo ral. De acuerdo con la jurisprudencia, para que se configure una relación laboral se requiere la existencia de subordinación continuada, la cual no fue probada.

En conclusión, no existen fundamentos jurídicos ni pruebas que acrediten la existencia de una relación laboral, por lo que se solicita negar las pretensiones de la demanda, absolver al SENA y condenar en costas al demandante.”

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Problema Jurídico.

20. De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera instancia y los recursos de alzada, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado número: 27001333300320210001201

Demandante: LUCILA AGUALIMPIA BENÍTEZ.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”.

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 Si a la señora LUCILA AGUALIMPIA BENITEZ, le asiste o no la razón para reclamar del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, la existencia de una relación laboral en aplicación d el principio de la primacía de la realidad

reclamar del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, la existencia de una relación laboral en aplicación d el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; o si por el contrario, su vinculación contractual con dicha entidad se ajusta a la normatividad legal vigente, por cuanto no se configuró el elemento de la subordinación que se alega propio de una relación laboral y revocar la sentencia apelada, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda , para en su lugar, negarlas.

21. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente esquema conceptual: (i) Del contrato realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral; y (ii) Análisis del caso concreto.

1. Del contrato realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral1

22. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

23. El Contrato Estatal de Prestación de Servicios se encuentra consagrado en la Ley 80

de 19932 artículo 32.3, el cual dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

24. La Corte Constitucional, en sentencia C -154/97, al examinar la exequibilidad del

conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

24. La Corte Constitucional, en sentencia C -154/97, al examinar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, determinó l a posibilidad que existe de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público.

25. Luego de definir sus características y establecer las diferencias con el contrato de trabajo, señaló que el ejercicio de tal potestad se a justa a la Carta Política, siempre y cuando la Administración no la utilice para esconder la existencia de una verdadera relación laboral personal, subordinada y dependiente.

26. Por su parte, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, profirió sentenci a de Unificación3 en la que precisó que, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas

1 Marco extraído de la Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 44001 -23-33-000-2015-00105-01(1066-20)

Actor: Neisley Rafael Ariza Zuleta .

2Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Actor: Neisley Rafael Ariza Zuleta .

2Por la cual se expide el Estatuto General de Contra