TA CHO - Sentencia 27001-33-33-004-2017-00251-01 (30-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 60

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300420170025101

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CARMELINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

DEMANDADO:

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO

NACIONAL Y OTROS

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación in terpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia No. 090 del 15 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señor CARMELINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICIA NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA L DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES, a través de la cual negó las súplicas de la demanda.

1. Situación fáctica.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: Cuenta el señor WILTON ARLEY SANCHEZ SANCHEZ, quien es testigo presencial de

1. Situación fáctica.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: Cuenta el señor WILTON ARLEY SANCHEZ SANCHEZ, quien es testigo presencial de los hechos y sobreviviente de la mina antipersonal que acabó con la vida de su hermano Luis Ortelio Sánchez Sánchez, que el día 04 de diciembre de 2015 en la vereda "Las Brujitas", mientras se encontraba de regreso después de un largo día de trabajo en el municipio del Rio Iró, su hermano le pidió que descansaran un poco ya que estaba muy cansado y el camino todavía era largo.

SEGUNDO: Sigue narrando el señor Wilton Arley que este le dijo a su hermano que avanzaran un poco, que más adelante había un barranco que era cómodo para descansar y que tenía un árbol que daba sombra en donde podían tomar incluso unos alimentos que llevaban adelantándose unos metros de su hermano, p ero convencido que este le seguía con tan mala suerte que escuchó una fuerte detonación que lo lanzo al piso dejándolo inconsciente por pocos segundos y desorientado.

TERCERO: Indica el testigo que después de reincorporarse busco desesperadamente a su hermano, quien le pedía que por favor le ayudara que no sentía las piernas; manifiesta, que como pudo se puso de pie y corrió hasta donde su hermano, quien se arrastraba tratando de llegar hasta donde él se encontraba, para según él huir del lugar.

CUARTO: Relata el señor Wilton que lo único que pudo hacer por su hermano, fue hacerle una especie de torniquete con la camisa que tenía puesta y dejar a su hermano en el lugar de los hechos y salir en

CUARTO: Relata el señor Wilton que lo único que pudo hacer por su hermano, fue hacerle una especie de torniquete con la camisa que tenía puesta y dejar a su hermano en el lugar de los hechos y salir en busca de ayuda, ya que recordó que en lugar había visto unos soldados que patrullaban por el lugar; indica que se devolvió rio abajo cayendo por un barranco hasta que se encontró con la tropa y a quien le contó lo sucedido, siendo informado en el momento que no podían hacer nada porque el área no estaba asegurada y ese era corredor de la Guerrilla y que hasta tanto no estuvieran seguros no podían dirigirse a donde se encontraba su hermano.

QUINTO: Cuenta el señor Wilton que en medio de la manigua se devolvió al lugar que había dejado a su hermano, encontrándose con habitantes de la zona que habían escuchado el estallido de la mina antipersona y que iban a prestarles ayuda, pero con la mala suerte que dos lugareños que iban a su ayudar también cayeron en el campo minado y activaron dos artefactos explosivos más, lesionándolos y quienes fallecieron posteriormente en el Hospital San José del municipio de Condoto.RADICACIÓN: 27001333300420170025101

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CARMELINA SANCHEZ RODRIGUEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO

NACIONAL Y OTROS

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Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co Telefax 6 71 39 82

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SEXTO: El Departamento del Chocó ha sido uno de los departamentos más azotados por la violencia sumado al abandono estatal, en la zona delinquen varios frentes de las FARC, y aunque el Gobierno Departamental y las autoridades han reforzado la presencia de uniformados, el problema por el sembrado de minas antipersona ha recibido un tratamiento completamente apático; en este contexto,

el Batallón de Desminado No. 6 0 "CORONEL GABINO GUTIERREZ" del Ejército Nacional informó mediante oficio No. 16 -00042424/JMSC 111720 de fecha 12 de mayo de 2016, informó que "en el municipio de Santa Rita de Iró (Rio Iró). departamento del Chocó aún no se ha adelantado labores de desmi nado humanitario, no obstante, este municipio está incluido dentro de las zonas prioritarias en el plan de intervención nacional, debido a la alta afectación que existe por contaminación con MAP/MUSE" (Cursiva, negrillas y subrayado intencionales)

SÉPTIMO: En respuesta a derechos de Petición dirigido a la Personería Municipal del Municipio del Rio Iró el Doctor Yefre Perea Mosquera, en su calidad de Personero Municipal actual remite en oficio número 300-008 de fecha 09 de Diciembre de 2015, suscrito por el personero de la época Doctor

Edison Aguilar Gamboa en donde se CERTIFICA:

"Que el señor; LUIS ORTELIO SANCCHEZ SANCHEZ identificado con la cedula de

Edison Aguilar Gamboa en donde se CERTIFICA:

"Que el señor; LUIS ORTELIO SANCCHEZ SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 70'542.202, mayor de edad y domiciliado en el municipio de Rio Iró, fue víctima de una Mina Antipersonal, el día 04 de diciembre de 2015, en zona rural de jurisdicción de este ente territorial"

"es de anotar que esta persona resultó muerto por causa del conflicto armado por motivos ideológicos y políticos que vive Colombia"

OCTAVO: En respuesta a derecho de petición la Presidencia de la República, a través de su programa presidencial para la acción social Integral contra Minas Antipersonal República de Colombia, en oficio OF116-001174422/JMSC 111720 del 12 de Diciembre de 2016, mani festó al referirse a la situación del municipio del Rio Iró que de acuerdo con la metodología construida, se ha clasificado a los municipios de acuerdo a su afectación, ubicando al municipio de Santa Rita-de Iró en uno de alta afectación debido a que presenta reporte de accidentes por MAP/MUSE en los últimos cinco años".

NOVENO: Señala esta entidad en el oficio señalado en relación con la accidentalidad en el municipio del Rio Iró por minas antipersonas que de acuerdo al registro del IMSMANG desde el año 1990 a Noviembre de 2016, se han generado un total de 7 víctimas, de las cuales 4 corresponden a civiles y 3 de la fuerza pública.

DECIMO: En este contexto, de apatía e indiferencia frente a la problemática - pues de los años 2014 a 2016 fueron registrados 7 accidentes. No obstante, aunque de lo expuesto en numerales anteriores

3 de la fuerza pública.

DECIMO: En este contexto, de apatía e indiferencia frente a la problemática - pues de los años 2014 a 2016 fueron registrados 7 accidentes. No obstante, aunque de lo expuesto en numerales anteriores se extrae una falla crasa en la labor por proveerle seguridad a los habitantes del municipio del Rio Iró el servicio de seguridad, cabe advertir que el sembrado de minas es una práctica ilícita y violatoria de derechos humanos desarrollada por los grupos al margen de la ley en el marco del conflicto, como afrenta a los miembros de la fuerza pública para disminuir su capacidad operativa, y desde esta perspectiva puede afirmarse que las minas tienen como blanco principal la fuerza militar del Estado, y en tal contexto puede aducirse que el señor Luis Ortelio Sánchez Sánchez fue expuesto a un riesgo mayor que los demás ciudadanos y que en relación con él se desequilibraron las cargas públicas.

DECIMO PRIMERO: Por lo tanto y en el marco de lo expuesto en numeral anterior, puede aducirse la responsabilidad de los demandados, por las siguientes razones:

 Porque la situación de violencia y el abandono estatal en el municipio del Rio Iró con antelación a los hechos, que dan origen a los perjuicios deprecados, es amplia y detalladamente conocida por las autoridades locales, departamentales y nacionales.

 Porque no obstante el conocimiento previo que tenía la administración de la situación de minado de la zona rural del municipio, como se deja ver en las diferentes resp uestas a los derechos de petición que con la presente se allegan, no fueron realizadas acciones efectivas tendientes a minimizar los riesgos de la población e inclusos en varias zonas nulas, tendientes

minado de la zona rural del municipio, como se deja ver en las diferentes resp uestas a los derechos de petición que con la presente se allegan, no fueron realizadas acciones efectivas tendientes a minimizar los riesgos de la población e inclusos en varias zonas nulas, tendientes a neutralizar los artefactos sin explotar que aun existentes en la zona.

 Porque ni siquiera se ha incluido al municipio del Rio Iró en el Programa Presidencial para la acción contra Minas Antipersonales, pese a que en el sistema de información IMSA se confirmó la presencia de minas antipersonal o municiones sin explotar en la zona.

 Porque el riesgo generado por las minas era y es previsible.RADICACIÓN: 27001333300420170025101

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 Porque las minas antipersona son un instrumento de guerra usado por los grupos armados al margen de la ley en Colombia, para disminuir la capacidad de acción de la Fuerza Pública.

 Porque la muerte del Luis Ortelio Sánchez, fue producto de la utilización de un instrumento de ataque para la Fuerza pública, y por tanto, respecto de Luis las cargas públicas fueron desequilibradas al ser expuesto a un riesgo mayor que los demás colombianos.

ataque para la Fuerza pública, y por tanto, respecto de Luis las cargas públicas fueron desequilibradas al ser expuesto a un riesgo mayor que los demás colombianos.

 Porque de haberse tomado las medidas preventivas necesarias por las autoridades, con oportunidad, en un alto grado de probabilidad el accidente y posterior muerte de Luis Ortelio Sánchez Sánchez no se hubiera presentado, pues de haber existido señalización o advertencia de la presencia de minas antipersona en la zona, él y su hermano no se hubieran arriesgado, o si lo hubiera hecho, el riesgo correría por su cuenta y no por las autoridades.

 Porque cuando, a pesar de saber de la existencia del riesgo en la zona, la Fuerza Pública no advierte a la comunidad de su existencia, las consecuencias de la concreción del mismo, debe asumirlas la autoridad que tenía por disposición del artículo 2 de la Carta Política de Colombia, la obligación de advertirlo.

DECIMO S EGUNDO: En conclusión, los perjuicios padecidos por los demandantes, tienen plena relación con el actuar omisivo de los demandados, existiendo por tanto relación de causalidad entre los primeros, y la falla en el servicio de seguridad aducida”.

2. Pretensiones.

Teniendo en cuenta los supuestos facticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Declárese que LA NACION COLOMBIANA, MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES, administrativamente responsables de la totalidad de perjuicios irrogados a los

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES, administrativamente responsables de la totalidad de perjuicios irrogados a los

demandantes CARMELINA SANCHEZ RODRIGUEZ, YUDI ALEXANDRA AGUDELO SANCHEZ,

MARÍA CONSUELO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA GEORGINA SÁ NCHEZ SÁNCHEZ, ANA

MILENA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, WILTON ARLEY SANCHEZ SANCHEZ; BLANCA LUZ MOSQUERA SÁNCHEZ, ANLLY PAOLA SANCHEZ MOSQUERA, MARIA GILMA RODRIGUEZ DE SANCHEZ, quienes demandan por las muerte del señor LUIS ORTELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ , quienes comparecen a reclamar los perjuicios padecidos con ocasión de la muerte de su hijo, Hermano y Nieto el señor LUIS ORTELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en hechos ocurridos el 04 de Diciembre de 2015, cuando accionó una mina antipersonal en hechos ocurridos en el municipio de Santa Rita de Iró, resultando muerto en el acto.

SEGUNDA: Condénese a LA NACION COLOMBIANA, MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS M INAS ANTIPERSONALES, a indemnizar a los demandantes los siguientes perjuicios:

2.1. Morales:

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS M INAS ANTIPERSONALES, a indemnizar a los demandantes los siguientes perjuicios:

2.1. Morales:

2.1.1 Sufridos por CARMELINA SANCHEZ RODRIGUEZ, YUDI ALEXANDRA AGUDELO SANCHEZ,

MARÍA CONSUELO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA GEORGINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ , ANA

MILENA SÁNCHEZ RODRIGUEZ, WILTON ARLEY SANCHEZ SANCHEZ; BLANCA LUZ

MOSQUERA SÁNCHEZ, ANLLY PAOLA SANCHEZ MOSQUERA, MARIA GILMA RODRIGUEZ DE

SANCHEZ.

2.1.2. Causados por el dolor, la angustia, la congoja, la pena y el menoscabo emocional y espiritual que padecieron con la muerte del señor LUIS ORTELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ en momentos en los que se encontraba regresando a su casa después de desempeñar las labores de minería en el Municipio de Santa Rita de Iró.

2.1.3. Estimados EN CIEN (100) Salarios Mínim os Legales Mensuales para cada uno de los perjudicados, que hoy tienen un valor de SETENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($ 73'771.700) , o lo demás que se pruebe en el proceso, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de presentación de la demanda y se actualizará según la variación del índice de precios al consumidor

reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de presentación de la demanda y se actualizará según la variación del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE entre aquella y la ejecutoria de la sentencia, acorde con el fallo del Consejo de Estado de Septiembre 6 del 2001, (o lo que esté reconociendo la Jurisprudencia en el momento del fallo por concepto de perjuicios morales y su actualización).

2.2. DAÑO A LA SALUDRADICACIÓN: 27001333300420170025101

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2.2.1 Sufridos por el señor WILTON ARLEY SANCHEZ SANCHEZ

2.2.2. Causado por las lesiones auditivas de carácter permanente que le dejó el sonido y/o estallido causado por el artefacto explosivo que pisó y que acabó con la vida de su hermano LUIS ORTELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, cuando regresaban de realizar labores de minería en el Municipio de Rio Iró.

2.2.3. Estimados EN CIEN (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales para cada uno de los perjudicados, que hoy tienen un valor de SETENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA

2.2.3. Estimados EN CIEN (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales para cada uno de los perjudicados, que hoy tienen un valor de SETENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($ 73 771.700) , o lo demás que se pruebe en el proceso, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de presentación de la demanda y se actualizará según la variación del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE entre aquella y la ejecutoria de la sentencia, acorde con el fallo del Consejo de Estado de Septiembre 6 del 2001, (o lo que esté reconociendo la Jurisprudencia en el momento del fallo por concepto de perjuicios morales y su actualización)

2.3. Los demás prejuicios que resulten probados en el proceso.

Solicito que se reconozcan los perjuicios adicionales y que no se solicitan en este escrito, que fueren desentrañados de la práctica probatoria, a fin que se garantice a los demandantes la reparación integral de sus derechos y se posibilite la reparación restaurativa a que hubiere lugar.

TERCERA: Que LA NACION COLOMBIANA, MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRA DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES, cumplan la sentencia o providencia que apruebe la conciliación, en los términos del Código Contencioso Administrativo y se impute primero a intereses todo pago que haga”.

3. Trámite procesal.

sentencia o providencia que apruebe la conciliación, en los términos del Código Contencioso Administrativo y se impute primero a intereses todo pago que haga”.

3. Trámite procesal.

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 1288 de fecha 10 de octubre de 2017 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio Publico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL DE LA ERRADICACIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES , contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) Nuestra oposición se funda, principalmente, en que no es el Estado, a través de las demandadas, el llamado a responder por los perjuicios que aquí se reclaman, cuando ya existe precedente jurisprudencial, incluso una sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que justificó por qué la Nación, a través de las entidades aquí demandadas no pueden ser responsables de los perjuicios derivados de accidentes con minas antipersonal[1]; adicionalmente, porque la indemnización por ese hecho victimizante tiene otro procedimiento, el establecido en la Ley 1448 de 2011 (Por la cual se dictan medidas do atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposi ciones) y finalmente porque tan desafortunado suceso fue determinado o causado por terceros -el grupo guerrillero ELN-, responsable de contaminar

del conflicto armado interno y se dictan otras disposi ciones) y finalmente porque tan desafortunado suceso fue determinado o causado por terceros -el grupo guerrillero ELN-, responsable de contaminar con minas antipersonal muchos sectores de nuestra geografía nacional, entre tales la zona rural del municipio de Rio Iró (según informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, allegado con la demanda), pues a pesar de los ingentes esfuerzos del Estado por erradicar aquel flagelo, esa situación de sistemática violencia e inseguridad latente en esa región, propiciada por disputas territoriales de los GAML, imposibilitaban, para la época de los hechos, cualquier acción de desminado humanitario, tal y como lo ilustró la DAICMA al abogado actor, en sendas respuestas allegadas con la demanda. En ese orden, no puede alegarse un incumplimiento del Estado en los compromisos derivados de la suscripción de la Convención de Ottawa, tal el caso de las tareas de desminado humanitario, pues a más que dichos compromisos están sujetos a un plazo, que vence en marzo 1 de 2021, al Esta do le resulta físicamente imposible adivinar o prever qué parajes de nuestro territorio nacional están contaminados con artefactos explosivos, muy a pesar de las acciones que ha acometido para mitigar y eliminar el riesgo de las minas antipersonal, conform e se ilustró en la solicitud de prórroga al cumplimiento del artículo 5 de la Convención, que con este escrito se aporta. Otra razón para oponemos a la prosperidad de tales pretensiones es que frente a la Presidencia de la República se configura, en todo c aso, la falta de legitimidad material en la causa por pasiva, porque

Otra razón para oponemos a la prosperidad de tales pretensiones es que frente a la Presidencia de la República se configura, en todo c aso, la falta de legitimidad material en la causa por pasiva, porque ella no tiene competencia ni capacidad para realizar tareas de localización, demarcación, señalizaciónRADICACIÓN: 27001333300420170025101

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y desactivación de campos minados en regiones donde, como se reconoce en la demanda, el orden público estaba alterado por la presencia de grupos insurgentes (los mismos que se dice han implantado esa región con minas antipersonal), no es la responsable de priorizar las zonas objeto de desminado humanitario (desminado al que se comprometió el Estado Colombiano, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad), pues su participación se circunscribe a coordinar y articular la acción integral contra las minas antipersonal. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de inexistencia de los supuestos fácticos y jurídicos para que el departamento administrativo de la presidencia de la república responda por los presuntos daños alegados por la parte actora, falta de legitimación en la causa pasiva y hecho de un tercero. La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO

de la república responda por los presuntos daños alegados por la parte actora, falta de legitimación en la causa pasiva y hecho de un tercero. La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con las circunstancias fácticas del daño ocurrido, esto es la muerte de LUIS ORTELIO SANCHEZ SANCHEZ, es importante hacer mención a la causal de exoneración del HECHO DE UN TERCERO, causal que se invoca, por cuanto el daño según lo manifiesta el apoderado de la parte demandante, fue producido de forma exclusiva y determinante por grupos subversivos que delinquen en la zona, y que en aras de atemorizar a la población civil siembran artefactos explosivos improvisados para ocasionar daños a quienes transitan por la zona; hecho este que aparta la responsabilidad patrimonial de la Entidad, frente al daño que se reclama, dado que el artefacto explosivo no es de su pertenencia y así se demuestra en el proceso. (…) De acuerdo con lo anterior, y teniendo presente que en el caso que nos ocupa el apoderado de la parte actora aduce que el daño fue padecido como consecuencia directa de acciones y omisiones de miembros del Ejército Nacional, por cuanto en el lugar donde la víctima se encontraba al momento de la explosión, no había sido desminada por el Ejército, además de no haberse adelantado las campañas de concientización correspondientes para prevenir el daño, el cual fue causado por miembros del frente guerrillero que delinque en la zona; es la parte actora la obligada a acreditar con elementos materiales

de concientización correspondientes para prevenir el daño, el cual fue causado por miembros del frente guerrillero que delinque en la zona; es la parte actora la obligada a acreditar con elementos materiales probatorios la falla del servicio que aduce, máxime cuando la labor que endilga a la Entidad no es de su competencia y dichos elementos son indispensables para determinar el título de imputación que se adecua con los hechos de la demanda, elementos que brillan por su ausencia. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, inexistencia de medios probatorios que endilguen falla en el servicio de la entidad, inexistencia de posición de garante, inexistencia de obligación y falta de legitimación en la causa material por pasiva.

La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) No se logra demostrar la omisión y negligencia, aun cuando es evidente que nos encontramos frente a un hecho de un tercero, el cual tiene las características de ser imprevisible e irresistible. Es de anotar que no hay comunicados o manifestaciones por parte del señor que hubieran otorgado plena certeza sobre los hechos antes de su ocurrencia, por lo cual en integridad se desconoce el despliegue de la actividad delincuencial. Menos aún se ha probado la afirmación de que haya sido algún integrante de la fuerza pública quien haya ocasionado la muerte del señor LUIS ORTELIO SANCHEZ SANCHEZ. Tanto en materialización como por descuido administrativo. Con relación a lo anterior el Estado con fundamento en el artículo 2 de la Constitución se encuentra

haya ocasionado la muerte del señor LUIS ORTELIO SANCHEZ SANCHEZ. Tanto en materialización como por descuido administrativo. Con relación a lo anterior el Estado con fundamento en el artículo 2 de la Constitución se encuentra obligado a garantizar la integridad y la vida de los coasociados, tal obligación encuentra sus limitantes conforme con las medidas de protección y contingencia exigidas en un marg en de parámetros normales para controlar el despliegue de la actividad delictual. Constituyéndose así la no Responsabilidad del Estado ya que si bien había ordenes generales de seguridad, estas no ofrecen certeza sobre cómo se va a comportar un grupo delin cuencial que se encuentra instalando minas antipersonales. Esto se encuentra sustentado, en que los grupos delincuenciales actúan sigilosamente porque ya tienen previsto que ante alguna contingencia. (…)RADICACIÓN: 27001333300420170025101

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Por lo tanto ha de tenerse en cuenta que el nexo causal entre el daño y el hecho no está acreditado o no ha sido probado por la parte actora, quien tiene el deber y carga, dada la imputación de la falla del servicio, pues no obra prueba suficiente que indique que un integrante de la institución fue el causante

no ha sido probado por la parte actora, quien tiene el deber y carga, dada la imputación de la falla del servicio, pues no obra prueba suficiente que indique que un integrante de la institución fue el causante deja lesión, o donde se diga que el impacto explosivo fue originado bajo las circunstancias establecidas por la parte accionante y que la lesión se produjo tal como lo afirma la parte actora (situación reitero no está demostrada), de acuerdo a la sana lógica existe una duda razonable en cuanto fueron terceros, esto es la delincuencia organizado, circunstancia que no se ha aclarado, ya que en última instancia no se tiene conocimiento, ni se prueba la actividad policial como causa eficiente de la producción del daño dentro del dossier en la demanda. Así las cosas se rompe el nexo por ausencia probatoria. (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de hecho de un tercero y la genérica.

4. Sentencia de primera instancia.

La sentencia No. 090 del 15 de marzo de 2024 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, negó las suplicas de la demanda.

Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) Pues bien, conforme la valoración probatoria efectuada en este asunto, anticipa el Despacho que las pretensiones no están llamadas a prosperar, toda vez que según la sentencia de unificación referida en líneas superiores, para que surja la responsabilidad del Estado por daños causados en accidentes con minas antipersonal, debe comprobarse que el artefacto explosivo haya sido instalado en una base militar por el mismo Ejército Nacional, o en una proximidad evidente a un órgano representativo del

con minas antipersonal, debe comprobarse que el artefacto explosivo haya sido instalado en una base militar por el mismo Ejército Nacional, o en una proximidad evidente a un órgano representativo del Estado con el ánimo de atacar a sus agentes, lo cual no ocurrió en este caso o por lo menos no está acreditado. Lo anterior, sumado a que, en el plenario no obra prueba alguna que dé cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos en los que feneció el señor LUIS ORTELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, y que le permita al Despacho establecer la proximidad evidente del óbito respecto de un órgano representativo del Estado, valga decir, para este caso, el Ejército Nacional. Significa ello, que no hay certeza que, para la época, el señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ se encontrara en un lugar cercano a una base militar, o en su defecto, que miembros de la mencionada fuerza militar hayan creado para éste un escenario propicio para el resultado dañino.

Ahora bien, del oficio No. MEM18-00009572 de fecha 23 de mayo de 2019 suscrito por el Director para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, se deduce que, previo a la ocurrencia del hecho en el que falleció el señor LUIS ORTELIO SÁNCHEZ, el Ejército Nacional tuvo conocimiento de la existencia de minas antipersonal en el Municipio de Rio Iró. Lo anterior es así, pues quedó demostrado que el citado Mun