TA CHO - Sentencia 27001-33-33-005-2021-00158-01 (21-08-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia No. 146

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 27001333300520210015801

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

ACCIONANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE

DESARROLLO (FONADE)

ACCIONADO: AURA INÉS CONTO DE SUAREZ

Magistrado Ponente: LARRY YESID CUESTA PALACIOS

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia No. 205 del 14 de febrero de 2024 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que negó las súplicas de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda

1.1.1 Declaraciones y condenas

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, a través de apoderado, solicita que se declare responsable a la señora Aura Inés Conto de Suarez, por los perjuicios ocasionados por la condena impuesta en la sentencia del 3 de agosto de 2010, proferi da por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó y confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó , mediante sentencia del 31 de marzo de 2011.

Como consecuencia de lo anterior, se condene a la señora Aura Inés Conto de Suarez, a pagar la suma de ciento veinticuatro millones novecientos noventa y

mediante sentencia del 31 de marzo de 2011.

Como consecuencia de lo anterior, se condene a la señora Aura Inés Conto de Suarez, a pagar la suma de ciento veinticuatro millones novecientos noventa y dos mil quinientos treinta y cuatro pesos ($124.992.534) al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, por haber cancelado dicho valor al señor Luis Miguel Pérez Arango con ocasión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 2003-707.

Fundamentos fácticos

Los hechos narrados en la demanda se resumen de la siguiente manera:

1 Recurso admitido por esta Corporación mediante proveído Nro. 321 del 27 de noviembre de 2024.Página 2 de 13

Referencia: Expediente no: 27001333300520210015801

Medio de control: Repetición Accionante: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Accionado: Aura Inés Conto de Suarez

Que el 4 de julio de 2003, el señor LUIS MIGUEL PÉREZ ARANGO, solicitó al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el tiempo laborado entre el 02 de octubre de 1996 hasta agosto de 200 0 y el 31 d e julio de 2003, por medio de oficio No. 2003EE266 FONADE le dio respuesta negativa al señor PÉREZ ARANGO. El señor LUÍS MIGUEL PÉREZ ARANGO, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo contenido en el oficio de fecha 31 de julio de 2003, con la finalidad que se declare la nulidad

El señor LUÍS MIGUEL PÉREZ ARANGO, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo contenido en el oficio de fecha 31 de julio de 2003, con la finalidad que se declare la nulidad del referido acto ad ministrativo y como consecuencia de ello se declarará la existencia de una relación laboral y se ordenará a FONADE al pago de las prestaciones sociales correspondientes a prima de servicios, vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías.

Que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , mediante sentencia de fecha 03 de agosto de 2010, concedió las súplicas de la demanda, ordenando al Fondo Financiero de Proyectos –FONADE – EICE, reconocer y pagar al señor Luís Miguel Pérez Arango las prestaciones sociales y vacaciones causadas y no pagadas en el periodo comprendido entre el 02 de octubre de 1996 y el 14 de julio de 2000, teniendo como base de liquidación el promedio de lo devengado por el actor, resultante de la suma y división por 12 y proporcional del total de lo pagado en cada anualidad bajo la denominación de honorarios.

1.1.2 Fundamentos de Derecho

La parte demandante citó como normas transgredidas las que se relacionan a continuación:

 Artículos 2, 3, 5, 6 de la Ley 678 de 2001.  Artículo 90, 123 de la Constitución Política.  Artículo 142 de la Ley 1437 de 2011  Artículo 26 del Decreto 1716 de 2009

Manifiesta que, de conformidad con la documentación y las pruebas legal y

 Artículo 142 de la Ley 1437 de 2011  Artículo 26 del Decreto 1716 de 2009

Manifiesta que, de conformidad con la documentación y las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado No. 2003 -707, la señora Aura Inés Conto de Suarez , en su calidad de supervisora de los contratos No. 1080; 1434 y 980203, celebrados todos con el señor Luis Miguel Pérez Arango constituyeron los elementos de una relación contractual entre FONADE y este, en virtud de los cuales, pese a que el contratista debía ejecutar sus obligaciones con total independencia y autonomía, de conformidad con la jurisprudencia y a lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

1.1.4 Contestación de la demanda

La señora Aura Inés Conto de Suarez, no contestó la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante Sentencia No. 205 del 14 de febrero de 2024 , negó las pretensiones de laPágina 3 de 13

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Medio de control: Repetición Accionante: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Accionado: Aura Inés Conto de Suarez

demanda formuladas por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, argumentando que:

“(…)

Las órdenes impartidas por la señora Aura Inés Conto de Suare z en su calidad

demanda formuladas por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, argumentando que:

“(…)

Las órdenes impartidas por la señora Aura Inés Conto de Suare z en su calidad de supervisora de los contratos celebrado ent re FONADE y el señor Pérez Arango no se vieron motivadas en un hecho ajeno a las finalidades del servicio, como lo exige el artículo 5º de la Ley 678 de 2001 para la configuración del dolo en cabeza del demandado.

Adicionalmente, pese a la nulidad declara da por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , tampoco existe en el plenari o prueba que permita inferir que las órdenes impartidas por la señora Aura Inés Conto de Suarez, en su calidad de supervisora, conlleven una infracción directa de la Constitución o la Ley; o configuren una omisión inexcusable o una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como lo exige el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, para la configuración de la culpa grave en cabeza del funcionario demandado.

Entonces, aunque la entidad demandante señaló que sí se configuró la culpa grave de la señora AURA INÉS CONTO DE SUAREZ en su condición de supervisora, al haber impartido órdenes e impuesto condiciones al señor Pérez Arango lo que ocasionó la condena patrimo nial del Estado, por infracción a la ley y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, tal hecho no quedó acreditado, por el contrario, el despacho observa que la señora CONTO DE SUAREZ, en ejercicio de sus funciones, debía coordinar la realización d e los

ley y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, tal hecho no quedó acreditado, por el contrario, el despacho observa que la señora CONTO DE SUAREZ, en ejercicio de sus funciones, debía coordinar la realización d e los programas y proyectos del Plan Pac ífico en el Departamento del Chocó, mediante la interlocución y apoyo a ca da uno de los municipios de la Región del Pacífico como lo era la sede ubicada en Pizarro donde laboró el señor Pérez Arango.

En mérito de lo expuesto, en el caso bajo estudio el despacho considera que no se encuentra probada la responsabilidad subjetiva de la conducta asumida por la doctora AURA INÉS CONTO DE SUAREZ , pues no existen pruebas que acrediten que la nulidad y el restablecimiento de l derecho ordenado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó se desprenda de una actuación dolosa o gravemente culposa desplegada por el ex – funcionario.

en el pres ente asunto, no se encuentra demostrada la responsabilidad subjetiva de la conducta asumida por la señora Aura Inés Conto de Suarez , toda vez, que no existen pruebas que acrediten que la nulidad y restablecimiento del derecho ordenada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó , se desprenda de una actu ación dolosa o gravemente culposa desplegada por el exfuncionario.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La parte d emandante presentó oportunamente el recurso de apelación, argumentando que:Página 4 de 13

Referencia: Expediente no: 27001333300520210015801

Medio de control: Repetición

La parte d emandante presentó oportunamente el recurso de apelación, argumentando que:Página 4 de 13

Referencia: Expediente no: 27001333300520210015801

Medio de control: Repetición Accionante: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE

Accionado: Aura Inés Conto de Suarez

La señora Conto de Suarez , fue la supervisora de los contratos suscritos entre Fonade y el señor Luís Miguel Pérez Arango hasta el 29 de enero de 1999.

Sostiene que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se arrimaron las pruebas suficientes para que se declarara la existencia de una relación laboral entre el señor Luís Miguel Pérez Arango y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo “FONADE” hoy Enterritorio; así mismo, se evidenció el elemento de la subordinación, el cual es indispensable para que se estableciera dicha relación entre FONADE y el señor Pérez Arango.

Arguye que, la declaración juramentada rendida por la demandada, fue esencial para declarar que se configuró el elemento de la subordinación, pues esta indicó que los funcionarios de la estructura de apoyo cumplían un horario laboral de 8 horas diarias, es decir de 8:00 am a 12:00 m y de 2: pm a 6 pm , durante los días hábiles . Así mismo manifi esta, q ue en cumplimiento de las providencias judiciales se procedió al pago a favor del este.

Aduce que el análisis del a quo no es congruente con las pruebas aportadas y obvió evaluar el hecho o conducta atribuible al a demandada que da lugar a la

providencias judiciales se procedió al pago a favor del este.

Aduce que el análisis del a quo no es congruente con las pruebas aportadas y obvió evaluar el hecho o conducta atribuible al a demandada que da lugar a la configuración o estructuración de su responsabilidad al haber incurrido en infracción d irecta de la Constitución o la L ey, configurándose una omisión inexcusable y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo que ocasionó el pago de condena que asumió Enterritorio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 La competencia

La Corporación es competente para conocer la segunda instancia del presente asunto de conformidad al artículo 153 del C.P.A.C.A.2

De igual forma, según lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

4.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se debe determinar si, en el presente asunto , ¿se configuran los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición en contra de la demandada Aura Inés Conto de Suarez, por haber ocasionado un daño antijurídico a la Entidad?

Determinado lo anterior, se debe establecer si se debe declarar responsable a la demandada de los perjuicios ocasionados a l Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, derivados del pago que, en cumplimiento de un a providencia judicial, dicha entidad tuvo que realizar a favor de l señor Luís Miguel Pérez Arango.

2 Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las ape laciones de las sentencias dictadas en primera

judicial, dicha entidad tuvo que realizar a favor de l señor Luís Miguel Pérez Arango.

2 Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las ape laciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efect o distinto del que corresponda.

3 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Página 5 de 13

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Para absolver el anterior problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes acápites: (i) Marco jurídico y jurisprudencial de la Acción de Repetición y (ii) presupuestos de la acción de repetición y el caso concreto.

4.3. Marco jurídico y jurisprudencial

El Art. 90 de la Constitución Política establece el fundamento de la responsabilidad del Estado por vía de repetición al señalar:

“ARTICULO 90. E l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya s ido consecuencia de la conducta dolosa

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya s ido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” (Subraya fuera del texto)

A su turno, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del Art. 90 Superior y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, precisando que la acción de repetición es de carácter patrimonial y que debe promoverse contra el servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, producto de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto; acción que también es procedente contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado en forma dol osa o culposa, la reparación patrimonial. AL respecto, la norma establece:

“ARTÍCULO 2o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el par ticular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)

conflicto. La misma acción se ejercitará contra el par ticular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (…)

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulare s que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto, estarán sujetos a lo contemplado en esta ley.”

La Corte Constitucional en sentencia C-778 de 2003 se refirió a la acción de repetición al señalar:

“… La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegr o del monto de la indemnización que ha debidoPágina 6 de 13

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reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción contencioso administrativa por los daños antijurídicos que les haya causado” . (Negrilla fuera del original).

La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU -354 de 2020, fijó unos presupuestos constitucionales que deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver las demandas de repetición , entre ellos la atribución de la conducta determinante el daño antijurídico del agente, a título de dolo o culpa grave, indicando además que el primer presupuesto de la acción de repetición está

resolver las demandas de repetición , entre ellos la atribución de la conducta determinante el daño antijurídico del agente, a título de dolo o culpa grave, indicando además que el primer presupuesto de la acción de repetición está determinado por la acreditación, por parte de la entidad demandante, de los siguientes aspectos:

“(i). La existencia de una providencia judicial co ndenatoria, un acuerdo conciliatorio, una transacción o cualquier otro documento válido para finalizar un conflicto, en el que se le imponga al Estado la obligación de pagar una suma de dinero por haber causado un daño antijurídico.

(ii) La calidad del d emandado como servidor del Estado o particular que cumplía funciones públicas para el momento en que ocurrió el daño antijurídico.

(iii) El pago de la obligación dineraria al destinatario.

(iv) La atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente a título de dolo o culpa grave.

4.4. Presupuestos de procedencia de la acción de repetición y el caso concreto

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judi cial o acuerdo conciliatorio de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad de ex agente del Estado del aquí demandado y iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado.

La Sala analizará si en el presente caso están reunidos o no los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición que ejerció la entidad demandante.

4.4.1. La existencia de condena judicial o acuerdo judicial o conciliatorio de la entidad estatal correspondiente

para la procedencia de la acción de repetición que ejerció la entidad demandante.

4.4.1. La existencia de condena judicial o acuerdo judicial o conciliatorio de la entidad estatal correspondiente

Frente al primer presupuesto, se debe manifestar que, en el presente asunto, se encuentra satisfecho , dado que en el proceso se probó que mediante sentencia No. 184 del 03 de agosto de 2010 se ordenó al Fondo Financiero de Proyectos – FONADE –EICE a reconocer y pagar al señor Luís Miguel Pérez Arango las prestaciones sociales y vacaciones, causadas y no pagadas en el periodo comprendido entre el 02 de octubre de 1996 y el 14 de julio de 2000; teniendo como salario base liquidación el promedio de lo devengado por el actor, resultante de la suma y división por 12 y proporcional del total de loPágina 7 de 13

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pagado en cada anualidad bajo la denominación de honorarios; providencia que fue confirmada por esta Corporación mediante sentencia No. 0050 del 31 de marzo de 2011.

4.4.2. El pago de la indemnización por parte de la entidad estatal correspondiente

En el plenario se encuentra acreditado que FONADE, realizó unos pagos a favor del señor Luís Miguel Pérez Arango, conforme a la certificación suscrita por Coordinador del Área de Pagaduría (E ) del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, así4:

FECHA DE

PAGO

del señor Luís Miguel Pérez Arango, conforme a la certificación suscrita por Coordinador del Área de Pagaduría (E ) del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, así4:

FECHA DE

PAGO

ENTIDAD

FINANCIERA

CUENTA VALOR

BRUTO

IMPUESTO

RTEF

VALOR NETO

30/05/2012 BANCO DE BOGOTÁ CHEQUE $9.160.200 $9.160.200

01/06/2012 BANCO DE BOGOTÁ CHEQUE $55.104.600 $55.104.600

01/06/2012 BANCO DE BOGOTÁ CHEQUE $68.900 $68.900 05/06/2012 HELMBANK CHEQUE $61.962.167 $1.303.333 $ 60.658.834

TOTAL $126.226.967 $124.992.534

4.4.3. La calidad de agente estatal

En el caso sub examine, se solicita que se declare responsable a la señora Aura Inés Conto de Suarez , quien se desempeñaba como Coordinadora del Plan Pacífico en el Municipio de Quibdó , para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron origen al pago realizado por la entidad, que hoy se pretende repetir.

De los documentos allegados al proceso , se pudo determinar que la demandada laboró al servicio del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo desde el 17 de julio de 1995 hasta el 29 de enero de 1999 , quedando así acreditada la condición del agente.

4.4.4. La culpa grave o el dolo en la conducta del demandado

desde el 17 de julio de 1995 hasta el 29 de enero de 1999 , quedando así acreditada la condición del agente.

4.4.4. La culpa grave o el dolo en la conducta del demandado

La Ley 678 de 2001 , dentro de los artículos 5 y 6 , establece las pautas para determinar cuando la conducta de un servidor público se constituye en dolosa y cuando existe culpa grave, señalando para cad a caso las presunciones legales aplicables.

Sobre el dolo , estableció que se configura cuando el agente en su actuar realiza un hecho ajeno a las finalidades del Estado, teniendo como presunciones: (i) obrar con desviación de poder, (ii) haber expedido e l acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento, (iii) haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de

4 Ver folio 163 del expediente digitalizado.Página 8 de 13

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la administración, (iv) haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado y (v) haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

En el asunto ha de indicarse que no existe conduct a dolosa probada por parte

responsabilidad patrimonial del Estado y (v) haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

En el asunto ha de indicarse que no existe conduct a dolosa probada por parte del demandado, ya que la demanda no se funda en ninguna de las cond uctas anteriormente descritas.

La parte actora considera que la señora Aura Inés Conto de Suarez, se extralimitó en sus funciones al exigirle al señor Luí s Miguel Pérez Arango el cumplimiento de un horario laboral y hacerles llamados de atención a sabiendas que este no cumplía con las condiciones de un trabaj ador, en ese sentido, con el actuar de la demandada , ocasionó que FONADE fuera condenada al pago de salarios y prestaciones sociales a favor del señor Pérez Arango.

Frente a la conducta de los agente s del Estado, el Consejo de Estado en providencia de fecha 17 de julio de 2025, proferida dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2013-00081-01, señaló:

“(…)

1. La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las pres unciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de culpabilidad en cabeza del demandado 5; sin embargo , es deber de la entidad actora expresar la causal deri vada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo especifico; igualmente, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que

culpa grave en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo especifico; igualmente, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

1. Por su parte, el Consejo de Estado ha precisado que “la presunción es un juicio lógico que consiste en tener como cierto o probable un hecho, a partir de hechos debidamente p robados”6. El artículo 166 del CGP dispone que “las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados”.

Para demostrar la culpabilidad de la demandada , la apoderada de FONADE aportó como pruebas los siguientes documentos:

• Contrato de consultoría No. 442 suscrito entre la señora Aura Inés Conto de Suarez y FONADE, cuyo objeto era coordinar la realización de los programas y proyectos del Plan Pacífico en el Departamento del Chocó , medi ante la interlocución y apoyo a cada uno de los municipios de la región pacífico, como también a través de la coordinación y concertación con entidades públicas y privadas del orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional,

5 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002 6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de octubre de 2015, expediente 19.495, C .P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Página 9 de 13

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garantizando la genera ción de un desarrollo sostenible para la región y sus habitantes, duración del contrato 12 meses, por valor de $18.000.0007.

• Contrato de prestación de servicios No. 1050 , suscrito entre la entidad demandante y la señora Conto de Suarez , objeto; Coordinador Departamental del Chocó del Plan Pacífico en el Municipio de Quibdó, duración del contrato 9 meses, por valor de $20.950.000 . En su cláusula primera. Señala: Objeto: El contratista se compromete a impulsar y lograr el desarrollo armónico del Plan Pacífico, y coordinando la realización de los Programa y Proyectos del Programa BID – Plan Pacífico, y la gestión de los recursos y plan de inversiones del pacífico en el Departamento del Chocó, mediante la interlocución y apoyo a cada uno de los municipios de la Región Pacífica, como también a través de la coordinación y concertación con entidades públicas y privadas del Orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, de acuerdo a los términos de referencia establecidos, los cuales forman parte integral del presente contrato8.

• Contrato de Consultoría No. 160 5 susc rito por la demandada y la entidad demandante, cuyo objeto era el de impulsar y lograr el desarrollo armónico del Plan Pacífico , coordinando la realización de programas y proyectos del Programa BID – Plan Pacífico y la gestión de los recursos y proyectos del plan

demandante, cuyo objeto era el de impulsar y lograr el desarrollo armónico del Plan Pacífico , coordinando la realización de programas y proyectos del Programa BID – Plan Pacífico y la gestión de los recursos y proyectos del plan de inversiones del pacífico en el Departamento del Chocó, de acuerdo con los términos de referencia que se adjuntan y forman parte integral del presente contrato, duración del contrato 5 meses, por valor de $11.898.0009.

• Contrato de Consultoría No. 1878, cuyo objeto era el de impulsar y lograr el desarrollo armónico del Plan Pacífico, coordinando la realización de programas y proyectos del Programa BID – Plan Pacífico y la gestión de lo s recursos y proyectos del plan de inversiones del pacífico en el Departamento del Chocó, de acuerdo con los términos de referencia que se adjuntan y forman parte integral del presente contrato, duración del contrato 3 meses, por valor de

$16.750.00010.

• Contrato de Consultoría No. 980191 de cuyo objeto era el de impulsar y lograr el desarrollo armónico del Plan Pacífico, coordinando la realización de programas y proyectos del Programa BID – Plan Pacífico y la gestión de los recursos y proyectos del plan de inversiones del pacífico en el Departamento del Chocó, de acuerdo con los términos de referencia que se adjuntan y forman parte integral del presente contrato, duración del contrato 3 meses, por valor de $6.750.00011 .

• Acta de liquidación de consultoría No. 980203 suscrito entre la entidad demandante y el señor Luís Miguel Pérez Arango , del cual se pudo extraer lo

siguiente:

a) Que el 14 de febrero de 1995 fue celebrado el Convenio Interadministrativo

demandante y el señor Luís Miguel Pérez Arango , del cual se pudo extraer lo siguiente:

a) Que el 14 de febrero de 1995 fue celebrado el Convenio Interadministrativo No. 190039 entre el FONADE y el Departamento del Chocó cuyo objeto consiste en “la administración financiera por parte del FONADE de parte de los

7 Ver folios 53 a 55 del expediente digitalizado. 8 Ver folios 57 a 59 del expediente digitalizado. 9 Ver folios 61 a 65 del expediente digitalizado. 10 Ver folios 67 a 71 del expediente digitalizado. 11 Ver folios 73 a 76 del expediente digitalizado.Página 10 de 13

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recursos del Programa de Desarrollo Sustentable de la Costa Pacífica Colombiana relacionados con la zonificación territorial , el desarrollo institucional y el aprovech amiento sostenible de los recursos naturales, así como el apoyo a la ejecución del mismo”.

f) Que,