TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2025-00041-00 (08-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, ocho (8) de abril de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

MEDIO DE CONTROL: OBSERVACIÓN DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA DEMANDADO: ACUERDO 16 DE 202 4 DEL

CONCEJO DEL PITAL (H) EXPEDIENTE: 41001-23-33-000-2025-00041-00

SENTENCIA: TAH 005-25-04-073

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

I. ASUNTO

Evacuadas las correspondientes ritualidades, sin que se advierta causal que invalide lo actuado, procede la Sala a emitir pronunciamiento de mérito en el asunto del rubro.

II. ANTECEDENTES

1. La observación1.

A través de mandatario judicial, e l Gobernador del Departamento del Huila objetó la validez parcial de los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del Acuerdo 016 del 30 de noviembre de 2024, expedido por el Concejo del municipio del Pital (H), “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEM A DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS Y SE FIJA LA ESCALA DE SALARIOS Y VIÁTICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE DICTAN

SALARIOS Y VIÁTICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES”.

1 Documento 1DemandacontraAcuerdo(.pdf), índice 3 del expediente SAMAI.2

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Departamento del Huila vs Acuerdo 16 de 2024 del Concejo del Pital (H)

1.1. Fundamentación fáctica.

Sostiene que el Concejo Municipal del Pital (H), aprobó en sus dos debates reglamentarios celebrados el 21 y 30 de noviembre de 2024, el Acuerdo No. 016 de 2024 por el cual se fija la nomenclatura, clasificación y escala salarial de los empleados de dicha territorialidad.

El mencionado acto recibió sanción ejecutiva el 27 de diciembre de 2024 y fue remitido al gobernador del departamento del Huila para revisión jurídica, siendo recibido con el radicado No. 051 del 3 de enero de 2025.

Refiere que, los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 establecen los emolumentos laborales de los empleados públicos de la administración municipal del Pital (H).

1.2. Fundamentación legal.

Inicialmente, alude a que conforme a los artículos 150 y 313 -6 de la Constitución, 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992, para establecer el régimen salarial

1.2. Fundamentación legal.

Inicialmente, alude a que conforme a los artículos 150 y 313 -6 de la Constitución, 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992, para establecer el régimen salarial de los empleados territoriales existe una “competencia concurrente tripartita” entre el Congreso, el Gobierno nacional y los concejos , en cumplimiento de lo cual se expidió el Decr eto 2351 de 2014 que creó la prima de servicios para los empleados del nivel territorial y el Decreto 2278 de 2018 estableció los factores para su liquidación.

Agrega que, el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 previó que la prima de servicios equivale a 15 días de remuneración que se pagarán los primeros 15 días del mes de julio de cada año, disposición que resulta aplicable a los empleados del nivel territorial por mandato del artículo 1º del Decreto 1919 de 2002.

En ese orden, considera que el Acuerdo demandado infringe las disposiciones en precedencia aludidas, formulando los siguientes cargos:

1. El artículo 27 del Acuerdo 016 de 2024 , estableció la prima de servicios en un 100% de la asignación básica, cuando dicha prestación corresponde a 15 días de remuneración y se pagará los primeros 15 días de julio de cada año

(art. 58 Decreto 1042 de 1978 y 1º Decreto 2351 de 2014), agregando que:3

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“En cuanto al pago de esta prima de servicios se colige que, si el pago de la misma, es en los primeros 15 d ías del mes de julio, su anualidad empieza en el mes de junio del año anterior al que se efectúa su pago. Y no se requiere que el derecho a esta prima sea para “quienes hubieran laborado en forma continua desde el primero de enero y se encuentren en el eje rcicio de sus cargos el diez (10) de junio de cada año”, como se aprobó.

En cuanto a la proporcionalidad para el pago de la prima de servicios no se requiere que “cuando el empleado no hubiere servido el anterior periodo en forma continua tendrá derecho a la prima proporcional a razón de una sexta (1/6) parte por cada mes completo de servicio, siempre y cuando haya laborado mínimo tres meses , aceptándose interrupciones hasta por tres (3) días al iniciar o finalizar cada mes calendario”, como se aprobó por el concejo, lo cual va en contravía de que el pag o proporcional debe hacerse “c uando a treinta de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios , de que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978” , determina el art. 7 del Decreto 301 de 2024. En forma alguna la normatividad establece un periodo de 3 meses para el pago proporcional de este factor salarial.” (negrilla original y subrayado del Tribunal).

de 1978” , determina el art. 7 del Decreto 301 de 2024. En forma alguna la normatividad establece un periodo de 3 meses para el pago proporcional de este factor salarial.” (negrilla original y subrayado del Tribunal).

Frente a los factores salariales para liquidar la prima de servicios, señaló que , el artículo 28 del acuerdo acusado dejó de incluir la bonificación por servicios prestados que ordena el artículo 1º del Decreto 2278 de 2018, modificatorio del artículo 2º del Decreto 2351 de 2014.

1. En los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del acto censurado , en los que se estableci ó la prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, compensación de las vacaciones y los factores para liquidar dichas prestaciones, desconoció el Concejo del Pital (H) que la fijación del régimen salarial compete al Gobierno nacional y al Congreso, agregando que “no se trata de transcribir el contenido de normas del orden nacional que regulen estas materias porque se puede cae r en eventuales imprecisiones de restringir o ampliar sus contenidos.”

2.- El trámite.

2.1. La observación se admitió el 5 de febrero de 2025 , ordenando su fijación en lista por el término de diez (10) días; como lo dispone el artículo 121 -1º del Decreto Ley 1333 de 19862.

2 Índice 5, expediente SAMAI.4

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del Decreto Ley 1333 de 19862.

2 Índice 5, expediente SAMAI.4

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Dentro del término de traslado compareció el municipio del Pital (H)3, manifestando que las disposiciones demandadas fueron expedidas conforme al ordenamiento jurídico y en ejercicio de la competencia que asiste a los concejos mu nicipales para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados territoriales.

Advierte que, si bien el artículo 27 del Acuerdo 016 de 2024 estableció la prima de servicios en un 100% de la asignación básica , las áreas de talento humano y tesorer ía del ente territorial la liquidan y pagan sobre 15 días de salario, como lo prevé el artículo 1º del Decreto 2278 de 2018.

Atendiendo a los anteriores argumentos , solicitó se proceda al análisis de legalidad del acto demandado.

2.2. El 4 de marzo de 2025, se abrió el proceso a pruebas y de oficio se solicitó al Concejo del Pital (H), arrimar copia de los antecedentes administrativos que sirvieron para la aprobación de las disposiciones acusadas 4, siendo remitido por el ente territorial mencionado, dicha documental5.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 15 1-2º de la Ley 1437 de 2011 6, esta Corporación es competente para conocer en única instancia el presente asunto.

1. Competencia.

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 15 1-2º de la Ley 1437 de 2011 6, esta Corporación es competente para conocer en única instancia el presente asunto.

2. Cuestión preliminar.

2.1. Oportunidad de la remisión.

Antes de adentrarnos en el fondo del asunto, es necesario mencionar que el Acuerdo 016 de 2024 fue allegado dentro de la oportunidad establecida en el

3 Índice 13 SAMAI 4 Índice 15 SAMAI 5 Índice 25 Id 6 “Competencia de los tribunales administrativos en única instancia. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (…) 4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la constitucionali dad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas”.5

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artículo 1197 del Decreto 1333 de 19868, esto es, veinte (20) días siguientes a la fecha de su recepción; comoquiera que fue radicado en la Gobernación del Huila el 3 de enero de 20259 y remitido por esta a la Oficina de Apoyo Judicial el 3 de febrero de 202510.

3. Problema jurídico.

El problema juríd ico se contrae en deter minar si los artículos 27, 28, 29, 30,

el 3 de febrero de 202510.

3. Problema jurídico.

El problema juríd ico se contrae en deter minar si los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del Acuerdo 016 del 30 de noviembre de 2024 , expedido por el Concejo del municipio del Pital (H), “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS Y SE FIJA LA ES CALA DE SALARIOS Y VIÁTICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” , soslaya los artículos 150 y 313-6 Constitucionales, 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992, artículo 58 del Decretos 1042, y los Decretos 2351 de 2014 y 2278 de 2018.

Para ello, deberá establecerse si el monto, las condiciones para su pago y los factores a incluir en la liquidación de la prima de junio o de servicios de los empleados del municipio del Pital (H ), establecido s en el acuerdo demandado, atendieron la normativa en que debían fundarse. También, corresponde dilucidar , si la corporación edilicia al replicar la normativa nacional que prevé la prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, compensación de las vacaciones y los factores para liquidar dichas prestaciones, asumió una competencia que no le asistía.

4. De la competencia para establecer el régimen salarial y prestac ional de los empleados públicos territoriales.

compensación de las vacaciones y los factores para liquidar dichas prestaciones, asumió una competencia que no le asistía.

4. De la competencia para establecer el régimen salarial y prestac ional de los empleados públicos territoriales.

El artículo 150 - 19 de la Constitución Política, estableció que corresponde al Congreso dictar las normas que contengan los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para de definir el régimen prestacional de los empleados públicos, obsérvese:

"ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

7 Artículo 119º. - Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, d entro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez. Ver art. 13, Ley 4 de 1992. 8 “Por el cual se expide el Código del Régimen Municipal.” 9 Documento 4OficioRemisorio(.pdf), visible a índice 3 del expediente SAMAI. 10 Documento 5CorreoRemisorioOficinaJudicial(.pdf), índice 3 del expediente SAMAI.6

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(...)

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

e) Fijar el régi men salarial y prestacional de los empleados públicos , de los

(...)

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

e) Fijar el régi men salarial y prestacional de los empleados públicos , de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones soc iales son indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas.”

Por su parte, el artículo 313 -6 Constitucional estableció , entre otras funciones de los concejos , determinar la remuneración de los distintos empleos:

“6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos ; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industr iales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.”

Así mismo, el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política establece dentro de las funciones de los alcaldes la de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus d ependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes enfatizando en la prohibición de crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

A su vez, la Ley 4ª de 1992 señaló los principios a los que debe someterse el gobierno al fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,

gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

A su vez, la Ley 4ª de 1992 señaló los principios a los que debe someterse el gobierno al fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo no solo a los servidores del orden nacional sino a los territoriales, previendo en su artículo 10 que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo la ley y los decretos del Gobierno Nacional, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”, disponiendo adicionalmente en su artículo 12 lo siguiente:

“ARTÍCULO 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional , con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PARÁGRAFO. - El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.”7

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La anterior disposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-315 de 1995, en el sentido de considerar que, de acuerdo con la competencia compartida entre autoridades nacionales y locales, el ejecutivo so lo puede establecer los límites máximos salariales a que estarían sujetos los empleados públicos territoriales, obsérvese:

"Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede

y locales, el ejecutivo so lo puede establecer los límites máximos salariales a que estarían sujetos los empleados públicos territoriales, obsérvese:

"Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las auto ridades locales y que se recogen en las normas citadas. La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias." (Subrayado del Tribunal)

Adicionalmente, estableció la Corte Constitucional en la sentencia C -402 de 2013, que la determinación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos territoriales, responde a una “fórmula de amortización entre e l principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Constitución Política reconoce a las entidades locales”, en virtud de lo cual el Gobierno Nacional fija los criterios generales a los cuales se someten las autoridades territoriales para la dete rminación de los salarios de sus empleados:

“13. Como se explicó en el fundamento jurídico 4.1., el primer problema jurídico que debe resolverse por parte de la Corte consiste en determinar si del literal e) del artículo 150-19 C.P. se deriva un mandato s uperior consistente en que el régimen salarial de los servidores públicos, tanto del orden nacional como territorial, debe

que debe resolverse por parte de la Corte consiste en determinar si del literal e) del artículo 150-19 C.P. se deriva un mandato s uperior consistente en que el régimen salarial de los servidores públicos, tanto del orden nacional como territorial, debe ser adoptado en su integridad por el Gobierno, sin que ninguna otra autoridad pueda abrogarse esa facultad.

Para la Corte, el prec edente analizado demuestra que esta conclusión se basa en una lectura apenas gramatical de la norma constitucional, desarticulada de otros preceptos cuya interpretación sistemática fundamenta la fórmula de armonización entre el Estado unitario y el grado d e autonomía de las entidades territoriales, aplicable a la determinación del régimen salarial de los servidores adscritos a dichos entes locales.

En efecto, se ha explicado en esta sentencia que la determinación del régimen salarial de los servidores púb licos del orden territorial responde a una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades locales. A partir de ese marco, el Congreso y el Gobierno fijan los criterios y objetivos generales a los que se sujetan las entidades8

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territoriales para el ejercicio de sus competencias, se insiste de raigambre constitucional, para la fijación de las escalas salariales y los emolumentos de los cargos adscritos a ellas.” (Subrayado del Tribunal)

Sobre la concurrencia entre el legislador y las autoridades locales en la

constitucional, para la fijación de las escalas salariales y los emolumentos de los cargos adscritos a ellas.” (Subrayado del Tribunal)

Sobre la concurrencia entre el legislador y las autoridades locales en la definición del régimen salarial de los empleados territoriales, el Consejo de

Estado ha precisado:

“Esta subsección en la sentencia de 24 de julio de 2008 11, Consejero ponente: Jesús Maria Lemos Bustamante señaló que d e conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 1991 la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados del sector territorial es concurrente entre el Legislador , a través de Leyes Marco, el Ejecutivo, y las autoridades locales , asambleas y gobernadores, y concejos y alcaldes.

Destacó la jurisprudencia en mención que l a fijación del régimen salarial de los empleados al servicio de los entes territoriales está sujeto no sólo a las disposiciones que dentro de sus competencias expiden el Congreso y el Ejecutivo sino, además, a las limitaciones propias de su presupuesto.”12

En virtud de lo anterior, se tiene que ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar l os emolumentos prestacionales de sus empleados, no obstante, dichas autoridades deben ejercer tales competencias dentro de los límites máximos fijados por el Gobierno N acional y atendiendo a las limitaciones propias de su presupuesto.

5. La prima de servicios de los empleados territoriales.

El artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 , reguló inicialmente la prima de

y atendiendo a las limitaciones propias de su presupuesto.

5. La prima de servicios de los empleados territoriales.

El artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 , reguló inicialmente la prima de servicios, concediéndola en favor de los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional:

“ARTICULO 58. LA PRIMA DE SERVICIO. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.

11 Radicación número: 20001-23-31-000-2002-01522-01(10007-05) 12 Conejo de Estado Sección Segunda Subsecció n B, sentencia del 27 de febrero de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 73001-23-31-000-2009-00102-01(0224-10)9

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Esta prima no regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre.” (Subrayado del Tribunal)

El artículo 42 Ibídem, estableció que la prima de servicio constituye salario , al ser una suma que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Conforme al artículo 59 Id, la base para liquidar la prima de servicios la

El artículo 42 Ibídem, estableció que la prima de servicio constituye salario , al ser una suma que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.

Conforme al artículo 59 Id, la base para liquidar la prima de servicios la integran los siguientes factores:

“a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.

b) Los incrementos salariales por antigü edad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto.

c) Los gastos de representación.

d) Los auxilios de alimentación y de transporte.

e) La bonificación por servicios prestados.

Para liquidar la prima de servicios, se tendrá en cu enta la cuantía de los factores señalados en los ordinales precedentes a 30 de junio de cada año.”

En desarrollo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 (citado inicialmente) , el Gobierno nacional expidió el Decreto 1919 de 2002 13, en cuyo artículo 1º estableció que, los empleados del orden territorial tendrán el mismo régimen de prestaciones sociales previsto para los empleados del nivel nacional.

En cuanto a la extensión de los emolumentos salariales del Decreto 1042 de 1978 (incluyendo la prima de servicio s) a los empleados territoriales, en principio se estableció que ello no era posible, pues la aludida extensión se autorizó en lo referente al régimen de prestaciones sociales más no del régimen salarial (regulado por el Decreto 1042 de 1978); tesis reiterada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y del Consejo de Estado 15 de la época.

régimen salarial (regulado por el Decreto 1042 de 1978); tesis reiterada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 y del Consejo de Estado 15 de la época.

13 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. 14 C-402 de 2013 15 Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2011, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Paz, Rad. 15001-23-31-000-2001-00070-01(0723-10)10

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No obstante, con el Decreto 2351 de 2014 se creó la prima de servicios para los empleados del nivel territorial y enlistó los factores sobre los cuales debe liquidarse:

“ARTÍCULO 1°. Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a l as Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de qué trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos términ os y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan o sustituyan. (…)

partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de qué trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos términ os y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan o sustituyan. (…)

ARTÍCULO 2°. La prima de servicios de qué trata el presente decreto se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a continuación : a) La asignaci ón básica mensual correspondiente al cargo que desempeña el empleado al momento de su causación b) El auxilio de transporte c) El subsidio de alimentación d) La bonificación por servicios prestados PARÁGRAFO. El auxilio de transporte, el subsidio de alimen tación y la bonificación por servicios prestados constituirán factor para la liquidación de la prima de servicios cuando el empleado los perciba. Para los alcaldes y gobernadores, además de los factores señalados en el presente artículo, se tendrá en cuent a como factor para liquidar la prima de servicios los gastos de representación, siempre y cuando los perciban,”

ARTÍCULO 3°. La prima de servicios que se crea en el presente decreto es incompatible con cualquier otra bonificación, prima o elemento salari al que perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el mismo concepto o que remuneren lo mismo, independientemente de su denominación, origen o su fuente de financiación. (…)

ARTÍCULO 6°. El presente decreto rige a partir de la f echa de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos números 1467, 1468 y 1469 de 2014.” (Subrayado del Tribunal)

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto 2278 de 2018, modificó el

deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos números 1467, 1468 y 1469 de 2014.” (Subrayado del Tribunal)

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto 2278 de 2018, modificó el artículo 2º del Decreto 2 351 de 2014, en cuanto a los factores salariales para la liquidación de la prima de servicios, al consagrar que solamente se tendrán: i) el auxilio de transporte, ii) el subsidio de alimentación y iii) la bonificación por servicios prestados como factores salariales para la liquidación de la prima de servicios cuando el empleado los haya percibido.11

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Por último, el artículo 7º del Decreto 301 de 2024 16 estableció que , cuando el trabajador no hubiera trabajado el año completo, tendrá derecho al pago proporcional de la prima de servicios:

“ARTÍCULO 7. Pago proporcional de la prima de servicios. Cuando a treinta (30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio, en este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro.”

cuando el empleado se retire del servicio, en este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro.”

Como se evidencia, la prima de servicios para los empleados públicos de nivel territorial se pagará a partir del año 2015, en los mismos términos y condiciones señalados en el Decreto Ley 1042 de 1978 y en lo previsto en el Decreto 2351 de 2014.

6. Lo probado.

a.- Se encuentra acreditado que después de discutirlo y aprob arlo en dos sesiones reglamentarias17, el concejo del Pital (H) expidió el Acuerdo 16 del 30 de noviembre de 2024 , “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS Y SE FIJA LA ESCALA DE SALARIOS Y VIÁTICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”18, en cuyos artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, estableció:

16 Por el cual se fijan las remunerac iones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones. 17 F 25 documento 21_RespuestaConcejoElPital(.pdf), índice 25 SAMAI 18 F 4 a 24 Id12

Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones. 17 F 25 documento 21_RespuestaConcejoElPital(.pdf), índice 25 SAMAI 18 F 4 a 24 Id12

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Observación 41001-23-33-000-2025-000041-00

Departamento del Huila vs Acuerdo 16 de 2024 del Concejo del Pital (H)13

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Departamento