TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2023-00368-00 (19-08-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-23-33-000-2023-00368-00

Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ANA LIGIA CAMACHO NORIEGA

DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL EXPEDIENTE: 41001-23-33-000-2023-00368-00

SENTENCIA: Nº TAH005-25-08-162

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Profiere la Sala sentencia anticipada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ana Ligia Camacho Noriega contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con el numeral 1º, literales b) y c) del artículo 182A del C.P.A.C.A., adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Demanda

La magistrada Ana Ligia Camacho Noriega, interpuso demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se dispuso la aplicación del mecanismo de

Demanda

La magistrada Ana Ligia Camacho Noriega, interpuso demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se dispuso la aplicación del mecanismo de vigilancia judicial administrativa al despacho judicial del cual es titular, y la disminución de un (1) punto en el factor de rendimiento o eficiencia de su calificación de servicios correspondiente al año 2023.

1 Reformada el 21 de marzo de 2024. Documentos 1 y 11, expediente electrónico.2

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial

1.1. Pretensiones:

Solicitó la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila:

• Resolución N° CSJHUR23-183 del 7 de abril de 2023, que resolvió aplicar el mecanismo de vigilancia judicial administrativa y disminuir en un (1) punto la calificación de servicios en el factor de rendimiento o eficiencia para el periodo 2023.

• Resolución N° CSJHUR23 -300 del 5 de junio de 2023, que resolvió un recurso de reposición contra la anterior decisión.

Como consecuencia de ello, a título de restablecimiento, pretendió se ordene la no aplicación del mecanismo judicial de vigilancia administrativa al despacho de que es titular la demandante; como tampoco se disminuyan puntos de su calificación de servicios del año 2023, como magistrada de la Sala Civil – Familia

la no aplicación del mecanismo judicial de vigilancia administrativa al despacho de que es titular la demandante; como tampoco se disminuyan puntos de su calificación de servicios del año 2023, como magistrada de la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva.

1.2. Hechos:

En providencia del 25 de julio de 2024 2, a través de la cual se fijó el litigio, se tuvieron probados los siguientes hechos, en atención a que fueron aceptados por la entidad demandada en su escrito de contestación:

La doctora Ana Ligia Camacho Noriega se desempeña como Magistrada de la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva desde el 9 de octubre de 2018.

El 10 de febrero del año en curso, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila inició de oficio una investigación administrativa en contra de la doctora Camacho Noriega, con ocasión al proceso con radicado abreviado N° 2019 -00134-01, en el que la demandante declaró la pérdida de competencia de que trata el artículo 121 del C.G.P.

Surtido el trámite pertinente, mediante Resolución N° CSJHUR23-183 del 17 de abril de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila resolvió aplicar el mecanismo de vigilancia judicial administrativa, disminuyendo en un (1) punto la calificación del factor rendim iento o eficiencia para el año 2023. Ello, argumentando que la demandante incurrió en “tardanza injustificada para proferir el auto declarando la pérdida de competencia, dado que el apoderado

2 Documento 22, ibídem.3

argumentando que la demandante incurrió en “tardanza injustificada para proferir el auto declarando la pérdida de competencia, dado que el apoderado

2 Documento 22, ibídem.3

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial judicial solicitó la figura el 17 de noviembre de 2022 y fue has ta el 7 de febrero de 2023 que resolvió sobre la misma”.

Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición, alegando que no se configuraban los supuestos para aplicar el mecanismo de vigilancia administrativa, entre otros motivos, por no hab er incurrido en mora o dilación injustificada para proferir el auto que declaró la pérdida de competencia, solicitado el 17 de noviembre de 2022 y resuelto el 7 de febrero de 2023.

No obstante, en Resolución N° CSJHUR23-300 del 5 de junio de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila decidió no reponer el acto recurrido, y dejar en firme la aplicación del mecanismo de vigilancia judicial administrativa.

1.3. Concepto de violación y alegatos de conclusión:

A juicio de la parte actora 3, los actos administrativos acusados incurrieron en infracción a los artículos 2, 25, 29 y 209 de la Constitución Política, y a los artículos 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011; así como en falsa motivación por (i)

infracción a los artículos 2, 25, 29 y 209 de la Constitución Política, y a los artículos 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011; así como en falsa motivación por (i) incoherencia argumentativa y (ii) alusión a hechos y pruebas inexistentes.

Al respecto, expuso que las Resoluciones expedidas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, desconocieron la causa común que llevó a la demandante, no solo a no poder fallar el proceso 2019-00134-01 en el término debido; sino también a la imposibilidad de proferir inmediatamente el auto que declaró la pérdida de competencia sobre este asunto.

Indicó que, el mismo proceso por el que se le aplicó el mecanismo de vigilancia administrativa, hace parte del gran cúmulo de trámites q ue llevaron a la tardanza para dictar sentencia; pese a que se trató de un proceso priorizado, toda vez que, para la época en que se le endilga la mora –24 de noviembre de 2022 a 7 de febrero de 2023 – su despacho profirió 102 decisiones de fondo y 150 autos de trámite.

Puso de presente que, para esa data, ostentaba la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, situación diferenciada en relación con los demás magistrados de la Corporación, que incidió en la tardanza para definir el proceso en comento. Ello, aunado a la alta carga laboral que ha debido asumir con su reducido equipo de trabajo: un (1) profesional, un (1) auxiliar y un (1) judicante; el cual aduce ser menor que el de otros magistrados, quienes cuentan con el apoyo de tres (3) o más judicantes.

con su reducido equipo de trabajo: un (1) profesional, un (1) auxiliar y un (1) judicante; el cual aduce ser menor que el de otros magistrados, quienes cuentan con el apoyo de tres (3) o más judicantes.

3 Páginas 7 a 16, documento 11.4

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Agregó, que la determinación de la disminución de un punto en la calificación, es propia de un proceso sancionatorio, motivo por el cual debió analizarse la culpabilidad de la funcionaria judicial, para establecer si su conducta estuvo motivada o no por la mora judicial; sin embargo, esa culpa ya había sido descartada por las propias decisiones que reconocieron que la mora para fallar estaba justificada.

Para el efecto, citó el artículo 7° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, reglamentario de la Vigilancia Judicial Administrativa; el cual señala que, al resolver el mecanismo, el Consejo seccional “decidirá si hubo un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia. Para el efecto, se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado”.

Precisó, que no se tuvo en cuenta un hecho que el propio Consejo Seccional de

así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado”.

Precisó, que no se tuvo en cuenta un hecho que el propio Consejo Seccional de la Judicatura del Huila ya había tenido por demostrado durante el proceso, y es que la mora judicial existente en el trámite del proceso, afectaba tanto la decisión de fondo como el funcionamiento general del despacho, incluyendo el trámite necesario para declararse incompetente. Circunstancia que, de haberse considerado en los actos acusados, habría conducido a una decisión diferente; con lo cual, estimó configurada la falsa motivación como causal de nulidad.

Así, cuestionó que se avalara el argumento de la alta congestión para no aplicar el mecanismo frente al hecho de no emitir sentencia en tiempo; pero sí hacerlo, sobre la presunta demora de dos (2) meses y veintiún (21) días para proferir el auto que declaró la pérdida de competencia del despacho.

Trajo a colación que, anteriormente, el Consejo Seccional de la Judicatura ya había iniciado una vigilancia judicial administrativa al despacho de la demandante, decidida a su favor mediante Resol ución N° CSJHUR21 -358 de 2021; en la que se consideró que la tardanza en resolver los asuntos estaba plenamente justificada por ser el despacho con más alta carga laboral en promedio.

Señaló, que las actuaciones del proceso 2019-00134-01 se adelantaron dentro del plazo razonable que permitió la congestión del despacho, tal como fue reconocido por la autoridad que expidió los actos; resultándole contradictoria la argumentación para aplicar la vigilancia en un asunto de menor relevancia.5

del plazo razonable que permitió la congestión del despacho, tal como fue reconocido por la autoridad que expidió los actos; resultándole contradictoria la argumentación para aplicar la vigilancia en un asunto de menor relevancia.5

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial De otro lado, sostuvo que los actos demandados hicieron mención a hechos y circunstancias jurídicas que no estaban soportados en las pruebas decretadas4; pues allí se afirmó que la actora “además de las labores ordinarias, ha atendido sus deberes como presidenta de la Corporación, también se observa que recibe un menor reparto y una baja producción en comparación con sus pares, como ya se explicó”; ello, con base en una “certific[ación] del coordinador del área de soporte tecnológico”.

Sin embargo, ello no es cierto en la medida que (i) se probó que la doctora Ana Ligia Camacho no recibió una reducción del 30% del reparto de procesos por su condición de Presidenta de la Corporación; y (ii) no se incorporó al expediente la citada certificación de soporte técnico. Destacando sobre el primer punto que, aunque la reducción del reparto se encuentra regulada, debe ser solicitada por el titular del despacho, lo que no ocurrió en este caso.

En este sentido, advirtió vulnerados los derechos al debido proceso y la defensa y contradicción; solicitando se declare la nulidad de los actos enjuiciados.

Al alegar de conclusión5, reiteró esencialmente los argumentos de la demanda.

En este sentido, advirtió vulnerados los derechos al debido proceso y la defensa y contradicción; solicitando se declare la nulidad de los actos enjuiciados.

Al alegar de conclusión5, reiteró esencialmente los argumentos de la demanda.

Contestación de la Demanda y Alegatos de Conclusión

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l6 se opuso a las pretensiones de la demanda , invocando la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados y afirmando que corresponde a la parte actora desvirtuarla, sin que ello se observe cumplido en este caso; pues las pruebas aportadas no evidencian los vicios cuestionados.

Luego de referirse al marco normativo y características de la vigilancia judicial administrativa, esgrimió que según el artículo 121 del C.G.P., la sentencia de segunda instancia no puede ser dictada en un plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría, prorrogables por seis (6) meses más mediante auto que así lo explique; pues una vez vencido este plazo, “el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del p roceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno”.

4 A saber: “a. Consulta del proceso con radicado 2019-00134-01, en el aplicativo de la Rama Judicial, b. Acuerdo 001 del 26 de septiembre de 2022, y c. Formulario del reporte estadística en SIERJU”. 5 Documento 28, expediente electrónico. 6 Documento 9, ibídem.6

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001 del 26 de septiembre de 2022, y c. Formulario del reporte estadística en SIERJU”. 5 Documento 28, expediente electrónico. 6 Documento 9, ibídem.6

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial Añadió que, el Acuerdo PSAA11 -8716 de 2011 previó que la decisión desfavorable en el trámite de vigilancia judicial administrativa, acarrea la disminución de un solo punto por cada proceso en el que se determine una actuación inoportuna e ineficaz, respecto de la consolidación de la calificación del factor eficiencia o rendimiento.

Planteó, que el trámite llevado en contra de la demandante, siguió las etapas legalmente establecidas; manifestando que:

“La parte actora, dentro del fundamento jurídico de las manifestaciones conceptos de violación con este punto, señala que el acto administrativo acusado se encuentra inmerso dentro de la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo, pues el Consejo Seccional de la Judicatura de Huila con el proceder evidencia la vulneración de preceptos Constitucionales a los fines esenciales del Estado, como el derecho al trabajo, debido proceso y a la función administrativa, desatendió el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11 -8716 de 2011, que reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa , por cuanto no emitió un auto debidamente motivado donde dispuso la apertura”7.

Defendió, que la naturaleza de la medida adoptada por el Consejo Superior de

reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa , por cuanto no emitió un auto debidamente motivado donde dispuso la apertura”7.

Defendió, que la naturaleza de la medida adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura implica el cumplimiento del deber de garantizar el acceso a la administración de justicia; y que, en este caso, la decisión se profirió luego de verificar que “la funcionaria no adelantó las gestiones que, dentro del marco de las garantías procesales, eran necesarias para dar un adecuado impulso a los procesos a su cargo”8; trámite en el que la demandante tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Informó que, en el proceso judicial objeto de r eproche, se surtieron las siguientes actuaciones relevantes:

Fecha de actuación Actuación 26 mar 2021 Radicación de proceso y asignación despacho 23 abr 2021 Auto admite recurso de apelación 01 sep 2021 Auto prorroga por seis meses el término para resolver el recurso 17 nov 2022 Se recepciona memorial radicado por el abogado Carlos Arturo Cortés Losada, apoderado del señor Cristian Humberto Paniagua, solicitando dar aplicación del Art. 121 del CGP, decretando la pérdida de competencia

7 Página 11, ibídem. 8 Página 13, ibídem.7

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial 02 feb 2023 Se recepciona memorial radicado por el abogado Carlos

Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial 02 feb 2023 Se recepciona memorial radicado por el abogado Carlos Arturo cortes losada, apoderado del señor Cristian Humberto Paniagua, solicitando impulso procesal. 07 feb 2023 Auto declara pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso conforme al inciso pr imero del artículo 121 del CGP. 08 feb 2023 Se remite proceso al Consejo Seccional de la Judicatura 21 feb 2023 La Magistrada Luz Dary Ortega avoca conocimiento del proceso

Con base en ello, recalcó (i) que desde la asignación del proceso hasta el 1° de septiembre de 2021, “el despacho guardó silencio […] solo dictó el auto de admisión del recurso y el auto prorrogando los términos para resolver”; (ii) que el término para dictar sentencia inicialmente vencía el 27 de septiembre de 2021, sin embargo, mediante auto del 1 de septiembre de la misma anualidad, fue prorrogado hasta el 1 de marzo de 2022; (iii) que, incluso vencida la prórroga, el 17 de noviembre de 2022 el apoderado actor solicitó la aplicación del artículo 121 del C.G.P., pero el proceso perm aneció inactivo por cuarenta (40) días hábiles hasta el 7 de febrero de 2023, cuando se decretó la pérdida de competencia.

Consideró, que no eran de recibo los argumentos de la demandante, según los cuales la demora en el trámite se debió a la mora judicial justificada en casos recibidos con anterioridad a su posesión en el cargo, escases de personal y la designación como presidenta del Tribunal Superior; pues todas esas

cuales la demora en el trámite se debió a la mora judicial justificada en casos recibidos con anterioridad a su posesión en el cargo, escases de personal y la designación como presidenta del Tribunal Superior; pues todas esas circunstancias fueron analizadas en los act os administrativos cuestionados, y “la actora nunca justificó porqué habían pasado 1 año 10 meses y 12 días desde el momento en el que le fue asignado el proceso administrativo «26 de marzo de 2021 », hasta cuando fue interpuesta la solicitud de vigilancia judicial administrativa «10 de febrero de 2023»”.

Argumentó que, “más allá de la mora que implicó el hecho de no declarar la falta de competencia en el proceso bajo estudio […] es que no se puede adoptar una posición pasiva dentro del proceso en razón a que el legislador le ha brindado una potestad soberana que le permiten impulsar el proceso y velar por su pronta solución”.

Citó el inciso 3° del artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para reiterar que la doctora Ana Ligia Camacho Noriega “no efectuó actividad judicial alguna tendiente a moderar los efectos nocivos de la mora judicial”.8

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial Finalmente, puntualizó que la funcionaria “incurrió típica y antijurídicamente en el quebrantamiento a los principios de oportunidad y eficacia correcta de la administración de justicia, al incurrir en mora o tardanza injustificada para

Finalmente, puntualizó que la funcionaria “incurrió típica y antijurídicamente en el quebrantamiento a los principios de oportunidad y eficacia correcta de la administración de justicia, al incurrir en mora o tardanza injustificada para dictar sentencia de segunda instancia”, sin que dicha conducta esté justificada. Y criticó que, durante el proceso de vigilancia judicial administrativa, se intentara equiparar erróneamente dicha mora con otras situacion es distintas; toda vez que, la pérdida de competencia es un acto aislado que no entra a juzgar el fondo del asunto, sino que responde a una verificación objetiva del incumplimiento de términos.

En sus alegaciones finales9, anotó que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues para ello se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique; para lo cual, debe tenerse en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii)la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.

Así mismo, aclaró la diferencia entre una sentencia y un auto de sustanciación, para señalar que estos últimos deben proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al ingreso del proceso al despacho; asegurando que la declaratoria de pérdida de competencia es un asunto con prelación, que debe resolverse de manera inmediata con el fin de remitir el proceso al magistra do que siga en turno, máxime cuando es un auto que “trataba de un simple cómputo de un término, asunto que no reviste complejidad”.

manera inmediata con el fin de remitir el proceso al magistra do que siga en turno, máxime cuando es un auto que “trataba de un simple cómputo de un término, asunto que no reviste complejidad”.

Para terminar, hizo mención al derecho de acceso a la justicia, y a la justicia pronta y eficaz como parte de este, para destacar que un funcionario judicial podría eximirse de responsabilidad ante la tardanza de sus asuntos, siempre que se encuentre justificad a, bajo una situación “probada y objetivamente insuperable”.

Ministerio Público

La agente del Ministerio Público no conceptuó en el presente asunto10.

Trámite Procesal

9 Documento 30, ibídem. 10 Documento 31, ibídem.9

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial La demanda11 fue admitida el 18 de enero de 202412; ocurriendo lo propio con su reforma 13 el 18 de abril de la misma anualidad. Una vez surtida su notificación14, traslado15 y contestación16, mediante Oficio del 23 de mayo de 202417, la Magistrada Ponente manifestó estimarse impedida para conocer del asunto, por tener interés indirecto en el proceso, al encontrarse eventualmente en las mismas circunstancias alegadas por las partes.

Sin embargo, a través de auto del 2 de julio de 202418, la Sala Sexta de Decisión de esta Corporación, declaró infundado el aludido impedimento, por lo que se

en las mismas circunstancias alegadas por las partes.

Sin embargo, a través de auto del 2 de julio de 202418, la Sala Sexta de Decisión de esta Corporación, declaró infundado el aludido impedimento, por lo que se devolvió el proceso para continuar con el conocimiento y trámite pertinente.

Así, e n virtud de la reforma introducida al Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a través de la Ley 2080 de 2021, en auto del 25 de julio de 202419 se prescindió de la audiencia inicial con el objetivo de dictar sentencia anticipada, fijando el litigio de conformidad con los literales b) y c) del artículo 182A del C.P.A.C.A.

Finalmente, el 31 de octubre siguiente20, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir su concepto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente por el factor funcional y territorial para proferir sentencia de mérito en este caso , en virtud de lo consagrado en el numeral 2 2 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Estudio Previo de C aducidad del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

11 Interpuesta el 22 de noviembre de 2023, de conformidad con la trazabilidad del envío del correo electrónico contentivo de la demanda, visible en el documento 3 del expediente electrónico. 12 Documento 4, ibídem. 13 Documento 11, ibídem. 14 Documento 7, ibídem.

contentivo de la demanda, visible en el documento 3 del expediente electrónico. 12 Documento 4, ibídem. 13 Documento 11, ibídem. 14 Documento 7, ibídem. 15 Documentos 8 y 10, ibídem. 16 Documento 9, ibídem. 17 Documento 17, ibídem. 18 Documento 19, ibídem. 19 Documento 22, ibídem. 20 Documento 26, ibídem.10

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes” 21, configurándose cuando expir a dicho término.

Así, conforme al numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A., por regla general, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo cuya nulidad se pretenda , so pena de perder la oportunidad de acceder a la administración de justicia y hacer efectivos sus derechos.

En caso objeto de estudio, la actuación administrativa terminó con la

comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo cuya nulidad se pretenda , so pena de perder la oportunidad de acceder a la administración de justicia y hacer efectivos sus derechos.

En caso objeto de estudio, la actuación administrativa terminó con la Resolución N° CSJHUR23 -300 del 5 de junio de 2023 22, a través del cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución N° CSJHUR21-358 del 21 de junio de 202123; acto administrativo aquel notificado electrónicamente el 7 de junio de 202324.

Así, la contabilización del término perentorio de caducidad del medio de control inició el 8 de junio de 2023, feneciendo –en principio– el 8 de octubre del mismo año. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial que ocurrió el 2 de octubre de 2023 25, el plazo de los cuatro (4) meses para presentar la demanda fue suspendi do cuando había n transcurrido tres (3) meses y veintitrés (23) días de haberse efectuado la notificación; reanudándose el 21 de noviembre de 2023, con la expedición de la constancia de conciliación fallida26; y toda vez que la demanda se presentó el 22 de noviembre de 202327, se hizo de manera oportuna, puesto que los cuatro (4) meses vencían hasta el día 28 del mismo mes y año.

En conclusión, no se advierte la configuración de la caducidad en el ejercicio del presente medio de control.

se hizo de manera oportuna, puesto que los cuatro (4) meses vencían hasta el día 28 del mismo mes y año.

En conclusión, no se advierte la configuración de la caducidad en el ejercicio del presente medio de control.

21 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000 -23-26-000-201400029-01 (58452); entre otras. 22 Páginas 87 a 94 y 134 a 141, documento 1 de expediente electrónico. 23 Páginas 25 a 34, 63 a 73 y 122 a 132, documento 1 de expediente electrónico. 24 Página 96, ibídem. 25 Página 143, ibídem. 26 Páginas 143 a 144, ibídem. 27 Documento 3, expediente electrónico.11

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega; Demandado: Nación – Rama Judicial

Problema Jurídico

Con fundamento en la fijación del litigio efectuada en auto del 25 de julio de 202428, el presente asunto se centra en determinar sí, debe declararse la nulidad de las Resoluciones N° CSJHUR23 -183 del 17 de abril de 2023 y CSJHUR23-300 del 5 de junio de 202 3, a través de las cuales se resolvió una vigilancia administrativa y un recurso de reposición, respectivamente, disminuyendo en un (1) punto la calificación de servicios de la demandante, en

CSJHUR23-300 del 5 de junio de 202 3, a través de las cuales se resolvió una vigilancia administrativa y un recurso de reposición, respectivamente, disminuyendo en un (1) punto la calificación de servicios de la demandante, en el factor de rendimiento o eficiencia, para el periodo correspon diente al año 2023.

Lo anterior, por infracción a las normas en que debían fundarse los actos y falsa motivación, fundadas en incoherencia argumentativa de los actos acusados, y alusión a hechos y pruebas inexistentes ; conforme a los argumentos desarrollados en la demanda.

En caso afirmativo, deberá establecerse si hay lugar a ordenar la inaplicación del mecanismo de vigilancia judicial administrativa dispuesto en los actos acusados, y la consecuente restitución del punto disminuido en la calificación de servicios de la magistrada Ana Ligia Camacho Noriega.

Resolución del Problema Jurídico

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y jurisprudencialmente (i) el mecanismo de Vigilancia Judicial Administrativa, y (ii) la figura de pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del C.G.P.

Posteriormente, con base en el material probatorio obrante en el expediente, realizará una breve contextualización del origen del trámite de vigilancia administrativa N° 41001 -11-01-001-2023-011, iniciado de oficio contra la magistrada Ana Ligia Camacho Noriega, y de lo