TA HUI - Sentencia 41001-23-33-000-2018-00251-00 (19-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, agosto diecinueve (19) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE: JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN: 41001-23-33-000-2018-00251-00

DEMANDANTE: CONSTRUCTORA SANTA LUCÍA SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE NEIVA

MEDIO CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

SENTENCIA N°: 06-08-161-25/RD-21-1-01

ACTA N°: 71 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se profiere la sentencia que decide la primera instancia.

2. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA (f. 3 a 13, c. ppal.).

2.1. La Constructora Santa Lucía SAS interpone el medio de control de reparación directa en contra del municipio de Neiva , pretendiendo que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios que le fueron causados por la cesación de efectos de la Circular 011 del 08 de noviembre de 2015 a través de la Circular 004 del 08 de abril de 2016 y, en consecuencia, se le condene a pagar: a) $4.581’899.940 por daño emergente discriminados así: i) c ostos de adquisición: $4.392’379.841 y, ii) $189’520.099; b) $12.335.338.123 por pérdida de oportunidad en la obtención de utilidades al no poder ejecutar el proyecto.

2.2. El sustento fáctico refiere haber adquirido el 28 de febrero de 2014 el lote No. 4-A ubicado en el sector Los Colores de Neiva, con una extensión de 48.503,50

2.2. El sustento fáctico refiere haber adquirido el 28 de febrero de 2014 el lote No. 4-A ubicado en el sector Los Colores de Neiva, con una extensión de 48.503,50 m², para desarrollar un proyecto urbanístico y con tal fin el 18 de junio de 2014 contrata con Constructsuelos Suministros Ltda., un estudio técnico que concluye que el cuerpo de agua de la laguna Los Colores tiene recargas de origen residual y presenta afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2014 solicita a la Universidad Nacional de Colombia y a la Pontificia Universidad Javeriana la elaboración de un estudioRadicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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ambiental, lo cual da lugar a la contratación de la empresa Sercon para estructurar los términos de referencia exigidos por la CAM.

El 8 de noviembre de 2015 el municipio de Neiva expide la Circular 011 dirigida a los curadores urbanos, en la que define criterios sobre el componente hídrico del sistema ambiental urbano y con base en esta directriz, la constructora radica ante la Curaduría Segunda su solicitud de licencia el 26 de enero de 2016, anexando el plano topográfico T-1, aporta los oficios No. 8379 del 15 de diciembre de 2015 y No. 8546 del 19 de diciembre de 2015 donde la secretaría de planeación del municipio de Neiva valida el ancho de la ronda de protección del espejo de agua y da visto bueno al plano topográfico, acorde con la Circular 011.

8546 del 19 de diciembre de 2015 donde la secretaría de planeación del municipio de Neiva valida el ancho de la ronda de protección del espejo de agua y da visto bueno al plano topográfico, acorde con la Circular 011.

El 8 de abril de 2016 el municipio de Neiva expide la Circular 004, dejando sin efectos jurídicos la Circular 011 y con ello, invalida los conceptos técnicos que servían de fundamento al trámite, lo cual impide continuar con el proceso ante la Curaduría, de la cual se entera con la notificación de la resolución No. 016-233 del 12 de julio de 2016, por la cual esta entidad ordena el archivo de las diligencias.

Posteriormente, el municipio de Neiva con oficio No. 5079 del 19 de septiembre de 2017 le informa que se enc entran en curso actividades precontractuales con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, dirigidas a la suscripción de un convenio interadministrativo que permita definir con mayor precisión las condiciones técnicas y ambientales del sector Los Colores, lo cual pone en evidencia que, a pesar de haberse revocado la Circular 011 de 2015 con la expedición de la Circular 004 de 2016, el municipio reconoce la necesidad de avanzar en procesos de articulación institucional para resolver los vacíos generados por el cambio normativo, sin que ello restablezca los derechos ni reactive el proyecto afectado.

Finalmente, con oficio 1170 del 04 de marzo de 2017 la secretaría de planeación de Neiva reitera la vigencia de la Circular 004 y que los oficios No. 8379 y No. 8546 carecían de valor técnico frente al nuevo marco normativo.

Neiva reitera la vigencia de la Circular 004 y que los oficios No. 8379 y No. 8546 carecían de valor técnico frente al nuevo marco normativo.

En suma, la administración emite directrices que inducen a la inversión y estructuración del proyecto, pero posteriormente las revoca sin establecer un régimen de transición, lo que imposibilita la continuidad del trámite y genera unRadicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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perjuicio por la pérdida de los recursos invertidos y las utilidades esperadas del proyecto no ejecutado.

2.3. En los fundamentos de derecho señala:

2.3.1. La procedencia de la reparación directa , porque si bien el medio de control idóneo para impugnar actos administrativos es la nulidad y restablecimiento del derecho, la jurisprudencia ha reconocido supuestos en los que procede la acción de reparación directa1 y destaca el evento en el que se demanda la revocatoria de un acto administrativo favorable, cuando esta se realiza sin observar las reglas del procedimiento administrativo, lo que genera un daño antijurídico , como en este caso, donde la Circular 011 del 8 de noviembre de 2015 fue revocada sin seguir el debido procedimiento, causando la frustración de un proyecto urbanístico avanzado.

Aclara que, el daño antijurídico proviene de la expedición de un acto favorable que indujo a la parte actora a realizar inversiones sustanciales, las cuales se frustraron por la revocatoria posterior de dicho acto y no es posible solicitar la nulidad del acto

Aclara que, el daño antijurídico proviene de la expedición de un acto favorable que indujo a la parte actora a realizar inversiones sustanciales, las cuales se frustraron por la revocatoria posterior de dicho acto y no es posible solicitar la nulidad del acto revocado por ser favorable ni del acto revocatorio por estimarse legal, la única vía procesal pertinente es la reparación directa pues la conducta administrativa generó la expectativa legítima y luego frustró el proyecto sin permitir su culminación, dando lugar a responsabilidad estatal por daño antijurídico.

2.3.2. Para el cómputo de la caducidad indica que no hay certeza sobre la fecha de publicación de la Circular 004 de 2016 que revoca la Circular 011 de 2015 pues siendo un acto general, debía garantizarse su amplia divulgación conforme al artículo 65 del CPACA2, por eso, el término de caducidad comienza desde el 5 de agosto de 2016 cuando se archiva el trámite urbanístico del proyecto y se suspende el 4 de julio de 2018 cuando se present a la solicitud de conciliación prejudicial, de ahí que

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 03 de abril de 2013, rad: 5200123-31-000-1999-00599-01(26437), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección

Tercera – Subsección A, sentencia del 01 de agosto de 2016, rad: 47001 -23-31-000-2003-0069101(35953), C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2011, rad: 25000 -23-36-000-2010-00191-01(62092), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 27 de noviembre de 2014, rad.: 25000-23-41-000-2013-02684-01, C.P. María Elizabeth García González.Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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la demanda fue presentada dentro del término de los dos años, respetando los requisitos del artículo 164 del CPACA.

2.3.3. Plantea la v ulneración de la confianza legítima pues la administración municipal generó una expectativa seria y fundada en la legalidad del acto expedido ya que según la jurisprudencia del Consejo de Estado3, para que se configure este tipo de responsabilidad se requiere: i) la existencia de una disposición estatal que genere expectativa, ii) el comportamiento homogéneo y constante por parte del Estado y la ejecución de actos del asociado basados en dicha confianza y, iii) una frustración de esa expectativa por una actuación imprevisible o intempestiva del Estado; elementos que se encuentran presentes en el caso analizado.

2.3.4. Invoca también la pérdida de oportunidad dado que, si bien no se expidió la

frustración de esa expectativa por una actuación imprevisible o intempestiva del Estado; elementos que se encuentran presentes en el caso analizado.

2.3.4. Invoca también la pérdida de oportunidad dado que, si bien no se expidió la licencia de construcción, existía certeza de su obtención y ejecución pues la empresa había adquirido el predio, contaba con el visto bueno topográfico, tenía los recursos financieros y había adelantado gestiones sustanciales del proyecto y la revocatoria intempestiva de la Circular 011 extinguió de manera irreversible la posibilidad de consolidar el proyecto inmobiliario, citando en apoyo la jurisprudencia vigente4.

2.4. En el alegato de conclusión (f. 418 a 433, c. ppal.) itera los argumentos de la demanda y destaca el testimonio de Rocío Sánchez Donoso, asesora jurídica de la Curaduría Segunda de Neiva, quien indic a que la Circular 004 de 2016 afectó negativamente el trámite de licenciamiento al dejar sin efectos los parámetros dados por la Circular 011, lo cual corrobora Charles Amado Vargas, arquitecto del proyecto, quien afirm a que la revocatoria dejó el proyecto sin sustento jurídico y técnico, descartando el desistimiento tácito y en su lugar la frustración directa por el cambio normativo.

Menciona el oficio C.U. 16 -0669 del 10 de noviembre de 2016 donde la Curaduría informó a la Procuraduría Regional del Huila que la Circular 004 de 2016 afectó el

3 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. n.°

informó a la Procuraduría Regional del Huila que la Circular 004 de 2016 afectó el

3 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. n.° 25706, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, citada a su vez por la misma sala de decisión y ponencia del mismo consejero. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2015, rad: 25000 -23-26-000-1999-00007-01(22637), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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trámite del proyecto y que incluso se interpusieron acciones de tutela por supuestas afectaciones a humedales, pero todas fueron declaradas improcedentes.

Señala que el dictamen pericial hizo un análisis financiero de l 2012 a l 2017 calculando el margen de rentabilidad del proyecto en el 13,4% que está en línea con el comportamiento histórico de la empresa y refleja que lo p retendido no está desfasado al encontrarse por debajo de dicha rentabilidad y evidencia la pérdida de oportunidad es comprobable, pues la constructora tenía la capacidad y solvencia técnica y económica para ejecutar el proyecto, el cual era viable y rentable, asimismo, que se frustró por causa exclusiva de la administración.

Reitera lo relacionado con la confianza legítima, destacando que el municipio reconoció contradicciones del POT y actuó para corregirlas con la Circular 011, pero

asimismo, que se frustró por causa exclusiva de la administración.

Reitera lo relacionado con la confianza legítima, destacando que el municipio reconoció contradicciones del POT y actuó para corregirlas con la Circular 011, pero revocó esa misma normativa sin establecer una transición ni respetar inversiones previas y aún después de la revocatoria, el municipio reconoce la necesidad de realizar estudios técnicos sobre el humedal, lo que evidencia la falta de claridad normativa.

Además, introduce un análisis gráfico del lote afectado y explica que su forma quedó “amébica” tras las restricciones impuestas, lo que impide desarrollar un proyecto de similar envergadura al “Compostela Reservado”, desconociendo una expectativa legítima, reforzando el argumento sobre la irreversibilidad del daño.

3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA (f. 130 a 139 c. ppal.).

3.1. Se opone a las pretensiones porque el daño reclamado no es antijurídico, ya que fue consecuencia de la omisión de la actora al no solicitar la prórroga ni subsanar el trámite archivado por la Curaduría y no existe falla del servicio, pues no se probó actuación irregular de la administración, ni nexo causal entre su conducta y el presunto perjuicio.

3.2. Frente a los hechos señala que la demandada adquiere el predio con conocimiento de su afectación ambiental , esto es, dentro de una zona con restricciones ambientales conforme al POT, el Acuerdo 026 de 2009 y la Circular 011Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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restricciones ambientales conforme al POT, el Acuerdo 026 de 2009 y la Circular 011Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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de 2015 , relievando que la restricción sobre la laguna Los Colores ya existía al momento de la adquisición, lo que excluye cualquier sorpresa sobre su condición.

Seguidamente, señala que la constructora nunca obtuvo la licencia de urbanismo para el desarrollo del proyecto, pese a haber radicado la solicitud y tampoco acreditó que hubiera cumplido con los requisitos legales para su obtención, ni que hubiera solicitado ampliación del plazo para subsanar la solicitud archivada por la curaduría.

En tales circunstancias, resalta que la Circular 004 de 2016 no fue la causa del daño pues no tiene nexo causal con el archivo del trámite de su licencia , reiterando que no había cumplido con los requisitos desde antes y que el archivo del trámite se debió a su propia inactividad y omisión al no subsanar los defectos que la curaduría le puso de presente.

Al margen de lo anterior, destaca la existencia de actos administrativos previos que advertían restricciones, como la Circular 011 de 2015 contentiva de restricciones ambientales, al igual que oficios emitidos por parte del departamento del Huila y la CAM, alertando sobre la protección de la zona del humedal Los Colores.

En consecuencia, indica que no existen hechos de los que se desprenda un daño antijurídico imputable al Estado y, por el contrario, la negligencia en tramitar la licencia y desconocer las restricciones conocidas comprometen exclusivamente a la

En consecuencia, indica que no existen hechos de los que se desprenda un daño antijurídico imputable al Estado y, por el contrario, la negligencia en tramitar la licencia y desconocer las restricciones conocidas comprometen exclusivamente a la demandante.

3.3. Propuso las siguientes excepciones:

3.3.1. Culpa exclusiva de la víctima: la constructora adquiere el predio siendo conocedora de las restricciones ambientales vigentes en el Acuerdo 026 de 2009 y en vigencia de la Circular 011 de 2015 inicia el trámite de obtención de licencia de construcción, pero omite el requerimiento documental efectuado por la Curaduría en vigencia de la mencionada circular, dando lugar al archivo del trámite por desistimiento tácito.

3.3.2. No se configuran los presupuestos de la falla del servicio: no se prueba falla alguna atribuible al municipio, ya que el perjuicio alegado no provi ene de unaRadicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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omisión administrativa ni de la expedición de la Circular 004 de 2016 , sino de la omisión de la constructora en subsanar su solicitud.

3.3.3. Cobro de lo no debido: los perjuicios reclamados carecen de fundamento legal, ya que no se dem uestra nexo de causalidad entre la conducta de la administración y el daño alegado, ni se configura un daño antijurídico.

3.3.4. Indebida conformación del litisconsorcio necesario por pasiva: aduce que, si

administración y el daño alegado, ni se configura un daño antijurídico.

3.3.4. Indebida conformación del litisconsorcio necesario por pasiva: aduce que, si el supuesto daño provino de la Circular 004 de 2016, debió vincularse también a la Curaduría Urbana Segunda de Neiva, como posible autora de la decisión que dio lugar al archivo de la solicitud por supuesta aplicación de dicha circular ; esta excepción fue rechazada por auto del 29 de abril de 2019 (f. 380 a 382 Id.), sin recursos interpuestos.

3.3.5. Suspensión del proceso por prejudicialidad: como existe otro proceso judicial en curso en el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, distinguido con el radicado 410013333008201700045900 donde se demanda la nulidad de la Circular 004 de 2016, su incidencia en el presente impone su suspensión hasta que tenga decisión de fondo; siendo denegada por auto del 29 de abril de 2019 (f. 380 a 382 Id.), sin recursos interpuestos.

3.3.6. Excepción genérica o innominada: solicita que se declare cualquier otra excepción que conduzca a negar las pretensiones , conforme al artículo 187 del CPACA y al artículo 306 del CPC <sic>.

3.4. En el alegato conclusivo (f. 434 a 441 Id.) itera los argumentos fácticos y jurídicos defensivos, enfatizando que no se configura falla del servicio ni daño antijurídico atribuible al municipio, citando en apoyo la sentencia del Consejo de Estado del 9 de mayo de 2012 (rad. 23475, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz),

antijurídico atribuible al municipio, citando en apoyo la sentencia del Consejo de Estado del 9 de mayo de 2012 (rad. 23475, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), según la cual no procede acción de reparación directa para obtener una indemnización que puede derivarse de la expedición de actos administrativos con el simple argumento que no se está atacando su legalidad, por ello, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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Por otra parte, menciona la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva del 21 de enero de 2019 en la que se desestima la responsabilidad del municipio por la Circular 004 de 2016 al negar su nulidad y que los testimonios evidencian que no hubo falla del servicio pues Rocío del Socorro Sánchez Donoso explica que el trámite de la licencia urbanística no avanzó por falta de requisitos mínimos y que la empresa nunca solicitó prórroga, lo que condujo al archivo automático, mientras que Charles Amado Vargas añade que la inversión en el predio se realiza sin licencia y que la empresa sabía de las restricciones ambientales.

En cuanto a los dictámenes, Hernán Salas Perdomo elabora su informe sin realizar inspección técnica del lote ni verificar aspectos clave como uso del suelo o existencia de servicios públicos, basando su opinión solo en documentos aportados por la actora y en el caso de Antonio María Tovar Acevedo, en su dictamen concluye que la inversión de la constructora fue una decisión autónoma asumida bajo su propio

de servicios públicos, basando su opinión solo en documentos aportados por la actora y en el caso de Antonio María Tovar Acevedo, en su dictamen concluye que la inversión de la constructora fue una decisión autónoma asumida bajo su propio riesgo y que no hay evidencia de que el Estado haya causado un daño indemnizable, en consecuencia, se deben negar las pretensiones.

4. Oposición a las excepciones (f. 370 a 378 Id.).

La actora se opone a su prosperidad e i tera el incumplimiento del acta de observaciones de la curaduría, si bien esta fue entregada con anterioridad a la expedición de la Circular 004 de 2016, durante el término previsto para atender los requerimientos allí contenidos, entró en vigencia dicha circular, modificando sustancialmente el marco normativo , haciendo imposible cumplir con la carga documental exigida e impide adelantar los trámites de compensaciones, licencias de construcción y, en general, la continuación del proceso , resaltando su obrar de buena fe y conforme al régimen jurídico vigente al momento de presentar la solicitud.

Frente a las excepciones en particular refiere:

4.1. En cuanto a la denominada culpa exclusiva de la víctima , indica que no se configura pues niega haber actuado con negligencia y contrario a lo referido por laRadicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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demandada, el testimonio de Rocío del Socorro Sánchez Donoso prueba que la causa del archivo del trámite fue el cambio normativo, no el incumplimiento de l requerimiento documental.

Medio de control: Reparación directa

demandada, el testimonio de Rocío del Socorro Sánchez Donoso prueba que la causa del archivo del trámite fue el cambio normativo, no el incumplimiento de l requerimiento documental.

4.2. Sobre los presupuestos de la falla del servicio , itera que el daño no proviene del archivo, sino de la expedición de la Circular 011 de 2015 la cual genera expectativas y motiv a inversiones, pero esta fue revocada por la Circular 004 de 2016 sin establecer transición para los proyectos en curso. Este actuar inconsistente de la administración es el verdadero origen del perjuicio.

4.3. En cuanto al cobro de lo no debido , se remite a los argumentos de oposición aducidos frente a la excepción anterior.

4.4. Sobre la de suspensión del proceso por prejudicialidad, explica que no se trata de una verdadera excepción de mérito, sino de una petición procesal que debe ser analizada por el juez conforme al artículo 100 del CGP.

4.5. En lo que concierne a la excepción de l itisconsorcio necesario por pasiva , sostiene que el verdadero origen del daño fue la expedición del acto administrativo que le genera expectativas y la llevan a realizar una cuantiosa inversión, y luego es revocado, pero lo considera ilegal y es en ese contexto que se produce el archivo de las diligencias ordenado por la curaduría urbana como consecuencia de dicha actuación errada del ente territorial.

5. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

No rinde concepto (f. 379 y 442 id.).

6. CONSIDERACIONES.

6.1. Competencia, validez y legitimación.

5. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

No rinde concepto (f. 379 y 442 id.).

6. CONSIDERACIONES.

6.1. Competencia, validez y legitimación.

El Tribunal es competente para resolver el caso según los artículos 152 -5, 156-6 y 157 del CPACA y procede a ello por cuanto no se observan circunstancias que invaliden lo actuado, además, las partes están legitimadas en la causa, por cuantoRadicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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la parte demandante alega haber sufrido un perjuicio derivado de l obrar de la demandada que generó la imposibilidad de concretar un proyecto urbanístico, debido a la modificación intempestiva del marco normativo aplicable durante el trámite de la licencia de construcción, viéndose p érdida la inversión económica iniciada y las utilidades por comercialización, a lo cual se opone la demandada, por eso tienen interés en las resultas del proceso.

6.2. Problema jurídico.

Según lo dispuesto en la audiencia inicial (f. 387 vto.), los problemas jurídicos que se plantean al Tribunal son:

a) ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial del demandado, por los perjuicios que le ocasionó a la actora la revocación de la Circular No. 011 de noviembre 18 de 2015 en cuanto le impidió obtener la licencia de construcción y urbanismo para la ejecución del proyecto de vivienda denominado Compostela Reservado a realizarse en el predio con matrícula inmobiliaria No. 200-125549?

noviembre 18 de 2015 en cuanto le impidió obtener la licencia de construcción y urbanismo para la ejecución del proyecto de vivienda denominado Compostela Reservado a realizarse en el predio con matrícula inmobiliaria No. 200-125549?

b) ¿Deben acogerse las excepciones de mérito que propuso la demandada y relevarla de la responsabilidad que se le reclama?

La tesis del Tribunal es que se debe n negar las pretensiones de la demanda, dado que no hay prueba del daño y tampoco que el proyecto urbanístico se hubiera frustrado por el actuar de la administración , sino por la falta de subsanación del requerimiento ordenado por la Curaduría Urbana Segunda de Neiva , mas no por la expedición de la Circular 004 de 2016 , por lo tanto, n o está acreditado el daño antijurídico y en esa medida se acogen en parte las razones de la defensa y de las excepciones.

Lo anterior, se sustenta en el análisis de: a) el medio de control y su alcance; b) las excepciones de mérito; c) el análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, d) el caso concreto a la luz de los hechos probados.Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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6.3. El medio de control y su alcance.

El artículo 140 del CPACA concede a toda persona el derecho para demandar la reparación del daño antijurídico causado por la acción u omisión del Estado, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la

El artículo 140 del CPACA concede a toda persona el derecho para demandar la reparación del daño antijurídico causado por la acción u omisión del Estado, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación de inmuebles (temporal o permanente y por cualquier causa), de manera que, cualquiera sea la manifestación fáctica del Estado, si causa un daño antijurídico está en el deber de indemnizarlo.

Otra tipología que surge de la jurisprudencia de esta jurisdicción es la de incoar la reparación de perjuicios originada en actos administrativos revocados directamente por la administración, frente al cual se dan varias posturas:

Una primera postura 5, alude a que, como el acto ha sido revocado, ya no existe jurídicamente, por lo que procede la acción de reparación directa.

La segunda postura, advierte que la revocatoria no elimina la presunción de legalidad del acto, por lo que debe usarse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que esté dentro del término de caducidad.

La tercera tesis intermedia6 indica que, si la revocatoria ocurre dentro del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento, debe usar se esta. Por el contrario, si ocurre después de vencido ese término, procede la reparación directa, siempre que se interponga dentro de los 4 meses siguientes a la revocatoria.

Además, hay una tesis alternativa 7 donde se alude a la reparación directa sin el condicionamiento del plazo de 4 meses de la anterior, aplicando el término general de 2 años, porque un entendimiento distinto desconfigura el sistema procesal

Además, hay una tesis alternativa 7 donde se alude a la reparación directa sin el condicionamiento del plazo de 4 meses de la anterior, aplicando el término general de 2 años, porque un entendimiento distinto desconfigura el sistema procesal contencioso administrativo, especialmente cuando: i) la revocatoria es oficiosa y ii) el afectado ya no puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento.

5 Sentencia del 24 de agosto de 1998. Radicación No. 13685.Sección Tercera 6 Sentencia del 13 de mayo de 2009. Radicación No. 15652. Sección Tercera. 7 Sentencia del 26 de septiembre de 2013. Radicación No. 24808. Sección Tercera.Radicación: 41001-23-33-000-2018-00251-00

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También se ha ocupado la jurisprudencia del análisis de la antijuridicidad8, según la cual, procede la reparación directa para reclamar los perjuicios causados por un acto administrativo revocado de oficio, incluso cuando dicha revocatoria ocurre durante el trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta oportunamente, la cual es retirada por el interesado ante la desaparición del acto. En estos casos, la pretensión no se dirige a cuestionar la validez del acto revocado, sino a obtener la indemnización por los perjuicios derivados de un acto ilegal que ya no existe. La acción de reparación directa será procedente siempre que se demuestre que la antijuridicidad del daño proviene directamente del acto revocado.

sino a obtener la indemnización por los perjuicios derivados de un acto ilegal que ya no existe. La acción de reparación directa será procedente siempre que se demuestre que la antijuridicidad del daño proviene directamente del acto revocado.

Como puede evidenciarse, no es pacífico el tema en torno a la procedencia de los perjuicios derivados de la revocatoria directa de un acto administrativo , por lo que deberá, cualquiera que sea la subregla aplicable, analizar si la antijuridicidad del daño alegado brota palmariamente del acto cuya legalidad no es cuestionada judicialmente, que goza de presunción de legalidad al no haber sido anulado por la justicia y que mantuvo efectos en un período concreto.

Sin perjuicio del anterior razonamiento, la jurisprudencia 9 ha resaltado que, si bien en una acción de reparación directa el juez no puede analizar la legalidad del acto administrativo, porque esa valoración corresponde al medio de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho , no puede ignorarse que, debe distinguirse si el perjuicio alegado deriva de