TA HUI - Sentencia 41001-33-33-001-2016-00223-01 (30-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M.P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPETICIÓN

DEMANDANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

E.S.P.

DEMANDADO ANDRÉS ESPITIA DUQUE Y OTRO

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA

INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300120160022301

APROBADO EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 21 de junio de 202 4, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

Empresas Públicas de Neiva E.S.P., en ejercicio del medio de control de repetición, demanda a John Alexander Ramos Araújo y Andrés Espitia Duque, por la presunta conducta gravemente culposa en que incurrieron en cada periodo del ejercicio de sus funciones, al no prever las consecuencias sobrevinientes que ocasionaron la tercerización en la vinculación de los trabajadores a O.A.E. S.A. E.S.P., a través de la empresa Cooplinder; así como por la declaración de nulidad absoluta del Contrato de Gestión Comercial No. 001 de 2007, realizada

ocasionaron la tercerización en la vinculación de los trabajadores a O.A.E. S.A. E.S.P., a través de la empresa Cooplinder; así como por la declaración de nulidad absoluta del Contrato de Gestión Comercial No. 001 de 2007, realizada

1 Archivo C01Principal 2016-00223, Pág. 6 a 17, OneDrive primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 2

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Demandante: John Alexander Ramos Araújo y otro

Demandado: Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

Rad. 41001-33-33-001-2016 00223-01

a través de la Resolución No. 0213 del 25 de marzo de 2009, la cual fuera firmada por el señor Espitia Duque, en calidad de gerente de la época.

Como consecuencia de lo anterior, solicita condenar a los demandados al reintegro de la suma total de $20.000.000, correspondiente al valor pactado en la audiencia de concil iación judicial a favor del señor José Rochdey Trujillo Pérez, llevada a cabo en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, según acta de audiencia oral No. 0183 del 27 de noviembre de 2014 , en sumas debidamente indexadas , conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011, con los intereses legales moratorios y con condena en costas a los demandados,

1.1. Refiere los siguientes HECHOS:

• Que e l 15 de marzo de 2017 EPN E.S.P., a través del gerente John Alexander Ramos Araújo, suscribió contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2017 con la empresa Operadores de Agua y Energía S.A. E.S.P.

• Que e l 15 de marzo de 2017 EPN E.S.P., a través del gerente John Alexander Ramos Araújo, suscribió contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2017 con la empresa Operadores de Agua y Energía S.A. E.S.P.

(O.A.E. S.A. E.S.P.), cuyo objeto era “…la ejecución de procesos comerciales de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Neiva” , por lo qu e debía ejecutar en nombre de E.P.N. E.S.P. dicha función , así como la ejecución del programa de agua no contabilizada en el área de prestación del servicio de E.P.N. E.S.P., y demás actividades en las que requería su representación frente al usuario, según las cláusulas contractuales.

• Mediante acto administrativo del 16 de abril de 2007, suscrito por el señor Ramos Araújo, gerente para la época; según acta de posesión No. 003 del 2 de enero de 2004, designó la interventoría integral a la ejecución del contrato de Gestión Comercial No. 001 de 2007.

• De acuerdo con el acta No. 010 del 3 de enero de 2007, el señor Andrés Espitia Duque se posesionó en el cargo de gerente de E.P.N. E.S.P.

• La empresa O.A.E. E.S.P. vinculaba al personal a través de la Precooperativa de Trabajo Asociado “Cooplider”, de acuerdo al contrato suscrito entre estas.

• Mediante la Resolución No. 0213 del 25 de marzo de 2009, E.P.N. E.S.P., declaró la nulidad del contrato de Gestión Comercial No. 001 de 2007 y

suscrito entre estas.

• Mediante la Resolución No. 0213 del 25 de marzo de 2009, E.P.N. E.S.P., declaró la nulidad del contrato de Gestión Comercial No. 001 de 2007 y a varios trabajadores que prestaban sus servicios a O.A.E. S.A. E.S.P., no les fue resuelta la situación laboral, por lo que iniciaron las reclamaciones a través de demandas interpuestas ante la jurisdicción ordinaria laboral; entre los que se encontraba el señor José Rochdey Trujillo Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 3

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Demandado: Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

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• El proceso judicial laboral adelantado en contra de E.P.N. E.S.P. y O.A.E.

S.A. E.S.P., tenía como pretensión la declaratoria de la existencia de contrato de trabajo a término indefinido y en audiencia oral llevada a cabo el 27 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, se llevó acuerdo conciliatorio por la suma de $20.000.000; ordenando la terminación del proceso y que dicha suma de dinero fue reconocida y pagada mediante Resolución No. 0091 de 2017, según comprobante de pago No. 2015000117 de 11 de marzo de 2015.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. ANDRÉS ESPITIA DUQUE2

A través de curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda, siempre que sean el resultado del debido proceso con respeto al derecho de las

2.1. ANDRÉS ESPITIA DUQUE2

A través de curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda, siempre que sean el resultado del debido proceso con respeto al derecho de las personas.

En cuanto a los hechos, adujo que deben ser ciertos, advirtiendo que los actos administrativos tienen presunción de legalidad, por tanto, desde el 16 de abril de 2007, los actos firmados por el señor Alexander Ramos son legales, así como la interventoría a la ejecución del contrato.

2.2. JHON ALEXANDER RAMOS ARAÚJO3

A través de apoderado se opone a las pretensiones en cuanto a los hechos, manifestó que es cierto la firma del contrato y la designación de la interventoría del mismo; que no conoce las condiciones fácticas y jurídicas del nombramiento del señor Andrés Espitia , su gestión como gerente y cualquier situación referente a la declaratoria de nulidad del contrato, al no haber participado en la actuación; así como el manejo interno que la empresa O.A.E. S.A. E.S.P. le daba a los negocios y personal.

Propuso la excepción denominada improcedencia de la acción de repetición.

2 Archivo 25877C expediente digitalizado, pág. 40 a 42 OneDrive primera instancia 3 Archivo 25877C expediente digitalizado, pág. 67 a 74 OneDrive primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 4

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3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

Mediante sentencia del 21 de junio de 202 4, el Juzgado Primero Administrativo de Neiva resolvió declarar probada la excepción “improcedencia de la acción de repetición”, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

En cuanto a los presupuestos de la acción de repetición encontró demostrada la calidad de agentes del Estado, como gerentes a Jhon Alexander Ramos Araújo del 2 de enero de 2004 al 01 de enero de 2009 y Andrés Espitia Duque del 2 de enero de 2008 al 6 de ju lio de 2009, así como de la condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflicto que genere el pago por parte del Estado, cono lo es el acuerdo conciliatorio celebrado entre Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y José Rochdey Trujillo Pére z, de acuerdo al Acta No. 014 del 9 de octubre de 2014, en el cual concertaron el equivalente al 33% del valor de las pretensiones, equivalente a la suma de $20.000.000 ; acuerdo celebrado ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva.

En cuanto al pago de tal condena, evidenció la Resolución No. 009 del 16 de febrero de 2015 que reconoció y ordenó el pago correspondiente a la conciliación laboral celebrada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de

En cuanto al pago de tal condena, evidenció la Resolución No. 009 del 16 de febrero de 2015 que reconoció y ordenó el pago correspondiente a la conciliación laboral celebrada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva; así como el comprobante de egreso No. 2015000117 de E.P.N., por la suma de $20.000.000.

Finalmente, respecto a la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de los demandados, como factor determinante de la condena, adujo que, no puede considerarse tanto la expedición del Contrato de Gestión Comercial No 001 de 2007 como la declaratoria de nulidad absoluta de este, mediante la Resolución No 0213 de marzo 25 de 2009, como el origen de un reconocimiento indemnizatorio a favor de las Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda laboral devinieron de ellos y que propiciaron el acuerdo conciliatorio celebrado en el proceso ordinario, es decir, medió su voluntad, su consentimiento; así que el acuerdo conciliatorio no es prueba suficiente de la actuación gravemente culposa que se les endilga a los demandados.

Que de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, para que se concrete la culpa grave deben subsistir unos presupuestos como son la falta de diligencia, cuidado, desidia d e gran importancia, así es que cualquier error no puede ser

4 Ítem 00119 Samai, archivo 55Salida Sentenc_SentenciaREP20160022(.pdf), primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 5

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tomado como una falta para imputar responsabilidad patrimonial a favor de la entidad del estado.

Consideró que el objeto del medio de control se fundamenta en la responsabilidad de los funcionari os, la que acontece exclusivamente en los eventos en que el daño antijuríd ico y la condena judicial sean como consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.

Precisó que no todo daño es susceptible de ser indemnizado o reparado; es decir, puede haber un daño anti jurídico, pero esa sola circunstancia no significa que exista culpa de los funcionarios ya que su responsabilidad es subsidiaria y, en el presente caso, la atención no puede ser para la recuperación del valor pagado en el acuerdo conciliatorio celebrado ante autoridad judicial.

Así las cosas, de las pruebas recaudadas, no logró determinar que hubiera una indebida actuación de los demandados que permitiera a la parte actora repetir contra ellos por el pago realizado, ya que la conde na no procede de un actuar irregular de la parte demandante sino que deviene del principio de solidaridad, así que la gestión de los gerentes no originó esa declaración, por el contrario, al mediar la voluntad de conciliar por parte de la actora se hizo garante de las obligaciones de la empresa contratista.

Concluyó que la empresa demandante no demostró que el pago de la conciliación fuera causa de un actuar negligente de los accionados y que esta hubiera podido demandar a la empresa Operadores de Aguas y Energía S.A.

Concluyó que la empresa demandante no demostró que el pago de la conciliación fuera causa de un actuar negligente de los accionados y que esta hubiera podido demandar a la empresa Operadores de Aguas y Energía S.A. E.S.P. para recuperar lo que pagó por el acuerdo conciliatorio suscitado bajo su voluntad o, hacer efectivas las garantías que respaldaron el contrato suscrito, como acertadamente lo conceptuó la delegada para la Agencia del Ministerio Público.

4. RECURSO DE APELACIÓN5

Empresas Públicas de Neiva E.S.P., a través de apoderado , interpone recurso de apelación, manifestando que resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que contrario a lo sostenido en la parte considerativa de la sentencia, a partir de la demanda y las pruebas obrantes en el proceso se encuentran acreditados todos los presupuestos para que prospere la acción de repetición en contra de los demandados.

5 Ítem 00123 Samai, archivo 60Co Interposici_RECAPELACIONpdf(.pdf), primera instanciaTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 6

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Así mismo, que se logró demostrar con suficie ncia que existió una conducta gravemente culposa por parte de los demandados en su calidad de ex gerentes de la entidad , que existe nexo de causalidad entre el pago de la conciliación asumida por esa empresa y la conducta de los demandados, ya que

conducta gravemente culposa por parte de los demandados en su calidad de ex gerentes de la entidad , que existe nexo de causalidad entre el pago de la conciliación asumida por esa empresa y la conducta de los demandados, ya que se deriva de la suscripción del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007 por el Gerente de la época, el señor John Alexander Ramos Araújo, con la Empresa Operadores de Aguas y Energía S.A. E.S.P., el cual continuó ejecutándose en el periodo del Gerente Andrés Espitia Duque.

Que como esa empresa declaró nulo el aludido contrato de gestión , ello fue lo que ocasionó posteriormente la presentación de la demanda laboral por parte del señor José Rochdey Trujillo Pérez ; y que así las cosas, e l daño antijurídico causado a esa entidad, obedeció única y exclusivamente a las conductas gravemente culposas de los demandados, como quiera que no cumplieron a cabalidad con las funciones propias del cargo que desempeñaron en calidad de gerentes, como lo confirman los hechos acreditados en el proceso; ocasionando que el pago efectuado deviniera en un detrimento patrimonial a las finanzas de la empresa.

Aseguró que la culpa grave se evidenció en las conductas descuidadas de los funcionarios que generaron tal daño, el cual hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde ejecutar en los cargos que desempeñaron; que las situaciones como la tercerización en la vinculación laboral que ejecutó Operadores de Agua y Energía S.A. E.S.P., y las q ue se presentaron con la declaración de nulidad del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, no

que las situaciones como la tercerización en la vinculación laboral que ejecutó Operadores de Agua y Energía S.A. E.S.P., y las q ue se presentaron con la declaración de nulidad del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, no fueron advertidas por ninguno de los demandados que fungieron como gerentes.

Al señor Andrés Espitia Duque , gerente desde enero de 2008 a julio de 2009, le correspondió atender y afrontar la declaración de nulidad del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, como consta en la Resolución No. 0213 del 25 de marzo del 2009 y por ello, en él r ecaía la vigilancia, control, observancia, cuidado y demás prev isiones frente a la ocurrencia de dicha nulidad y las consecuencias l aborales que con ella surgieron; y que de igual manera, no inició la acción judicial tendiente a declarar la nulidad del contrato referido.

Que, de acuerdo al Manual de Funciones vigente para la época de los hechos, los gerentes en desarrollo de sus cargos debían cumplir con funciones, obligaciones y actividades que devinieran en un trabajo idóneo y coherente con sus calidades. De esta manera, concluye que actuaron con desatención yTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 7

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descuido frente a la cabal vigilancia que debían tener frente a la ejecución del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007.

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descuido frente a la cabal vigilancia que debían tener frente a la ejecución del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007.

Consideró que tal como lo sostiene el a quo , en el presente caso se reprochan las actuaciones de los demandados en su calidad de gerente, con la suscripción del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007 y la declaración de nulidad absoluta de éste , con ocasión de la Resolución No. 0213 del 15 de marzo de 2009, para la época de los hechos estaba vigente la Ley 678 de 2001, por lo que resulta procedente la aplicación de las presunciones establecidas en dicha normativa, sobre la culpa grave en el art. 6.

Así las cosas, encontró suficientemente acreditado que no se tuvo en cuenta el manual de f unciones en el cual se describieron las funciones que debían ejercer las personas que ocupaban el cargo de g erente de la Empresa y tampoco las obligaciones derivadas del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007.

El señor John Alexander Ramos Araújo en su condición de gerente para el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008, suscribió el Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007 , que posteriormente se declaró nulo mediante la Resolución No. 0213 de marzo 25 de 2009 , por las causales de contrato celebrado con persona incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución y la ley , el contrato celebrado no fue un contrato de gestión sino un contrato de concesión parcial de un servicio

contrato celebrado con persona incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución y la ley , el contrato celebrado no fue un contrato de gestión sino un contrato de concesión parcial de un servicio público, y celebrado contra expresa pro hibición constitucional o legal ; no obstante, tales inconsistencias, del contrato se derivó la tercerización laboral que posteriormente originó la conciliación asumida por E.P.N. , el cual fue suscrito por John Alexander Ramos Araújo en calidad de gerente de la época, lo que hace presumir la culpa grave en virtud del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001; es decir, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho ; así mismo a seguró que el señor Ramos Araújo tuvo un actuar gravemente culposo, en cuanto a la supervisión del contrato al incumplir la cláusula 4 del mismo.

Así las cosas, tenía la obligación de supervisar la conducta de sus empleados en desarrollo de los servicios esenciales que presta la entidad; por lo que no es cierto que el daño obedezca al cumplimiento de una disposición legal, por cuanto la situación fáctica evidencia o precisa que una conducta omisiva por parte del gerente de E.P.N. de la época, ocasionó un detrimento patrimonial de la entidad.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 8

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Aseguró que s i este hubiera actuado con diligencia, verificando o supervisando las diversas funciones de sus funcionarios, habría podido

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Aseguró que s i este hubiera actuado con diligencia, verificando o supervisando las diversas funciones de sus funcionarios, habría podido determinar con facilidad que la Empresa Operadores de Agua y Energía S.A E.S.P., había subcontratado el servicio con la Precooperativa d e Trabajo Asociado COOPLIDER, la cual había vinculado personal para el desarrollo de las actividades objeto del contrato y a la vez, si no tenía competencia para dar por terminado el contrato, por cuanto si el competente era la Junta Directiva de la entidad, sí tenía el deber de informar a este cuerpo colegiado las falencias o irregularidades que se presentan en cada uno de los procesos de la entidad, situación que no hizo.

Que mediante Resolución No. 16 de abril de 2007, se creó el Comité de Interventoría por parte de E.P.N E.S.P., para la vigilancia, control supervisión del Contrato de Gestión Comercial No. 01 del 2007, designando los funcionarios: Gladys Stella Cometa Hernández (Jefe División de Cobranzas), Marjorie Stella Bahamon Vargas (Jefe División d e Facturación), Germán Andrés García Galindo (Jefe Oficina Asesora Técnica Pro grama de Agua no Contabilizada), por lo que era deber del g erente requerir al Comité de Interventoría sobre el desarrollo del objeto contractual y el cumplimiento directo por par te del Contratista y no como sucedió con una tercerización, a cargo de la precooperativa COOPLIDER, lo que demuestra la desate nción y descuido por parte del gerente frente al referido contrato, conducta gravemente culposa que se encuadra en lo tipificado en la Ley 678 de 2001.

cargo de la precooperativa COOPLIDER, lo que demuestra la desate nción y descuido por parte del gerente frente al referido contrato, conducta gravemente culposa que se encuadra en lo tipificado en la Ley 678 de 2001.

Frente a la conducta del señor Andrés Espitia Duque, afirma que e stá acreditado que en su condición de gerente de Empresas Públicas de Neiva a partir del 02 de enero de 2008, tal como obra en el Acta de Posesión No. 010 de la misma fecha, tenía a cargo las funciones de supervisión, seguimiento y control del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, en forma directa e indirecta a través de la Comisión establecida para tal efecto, e informar a la Junta Directiva de la entidad las irregularidades o falencias en los procesos de contratación realizados por la empresa, situación que no hizo.

Así mismo, que declaró la nulidad del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, a través de la Resolución No. 0213 de 25 de marzo de 2009, causa eficiente del daño antijurídico que llevó a E.P.N., a tener que suscribir conciliación por valor de $20.000.000 por las prestaciones laborales a las cuales tenía derecho el señor José Rochde y Trujillo Pérez , quien prestó el servicio personal del cual fue beneficiaria la entidad, lo cual era previsible al momento de liquidar el contrato sin haberse resuelto la situación laboral de los funcionarios que laboraban en la misma.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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funcionarios que laboraban en la misma.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 9

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Por lo anteri or, la causa adecuada del daño imputable al demandado, obedeció a la decisión de declarar la nulidad sin realizar un previo análisis de las consecuencias que le gene raría tal decisión a la entidad, c omo quiera que existió un acuerdo conciliatorio que constituyó en una forma de terminación del conflicto que generó un pago a cargo de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., y en ese orden de ideas, el fallador de primera instancia desconoce que jurisprudencialmente se ha decantado que, la acción de repetición procede por la existencia de una condena judicial, conciliación, transacción o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

Concluyó, con que se demostró que el pago realizado con el comprobante de egreso No. 2015000117 por E.P.N. E.S.P., producto de la conciliación celebrada dentro del proceso laboral que cursaba en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, obedeció única y exclusivamente a la omisión de las funciones de los demandados de vigilar y prevenir sobre las situa ciones adversas que se presentaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda

funciones de los demandados de vigilar y prevenir sobre las situa ciones adversas que se presentaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con los artículos 125, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso d e apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde definir a la Sala si ¿Andrés Espitia Duque y John Alexander Ramos Araújo, en su condición de gerentes de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. , para la época de los hechos, está n obligados a reembolsar a tal entidad , como efecto del medio de control de repetición, el monto pagado por esta al señor José Rochley Trujillo , con ocasión a la conciliación judicial celebrada en el proceso ordinario laboral con radicación No. 4100131050012014018301, en el que se demandó a EPN y a la Empresa Operadores de Agua y Energía S.A E.S.P., por haberTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 10

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subcontratado el servicio con la Precooperativa de Trabajo Asociado COOPLIDER, la cual había vinculado personal para el desarrollo de las actividades del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, y que fuera

subcontratado el servicio con la Precooperativa de Trabajo Asociado COOPLIDER, la cual había vinculado personal para el desarrollo de las actividades del Contrato de Gestión Comercial No. 01 de 2007, y que fuera anulado por la misma EPN mediante Resolución No. 0213 de 25 de marzo de 2009?

3. TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia, al advertirse que no existen en el expediente los elementos probatorios suficientes que permitan afirmar c on certeza que la conducta de los demandados John Alexander Ramos Araújo y Andrés Espitia Duque, en su condición de gerentes de la demandante EPN ESP, fue dolosa o gravemente culposa y que con la misma se hubiere ocasionado un daño antijurídico y sin justificación a la demandante.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Esta acción, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, que hoy se denomina medio de control, tiene como propósito el reintegro de los dineros que ha pagado una entidad pública, como consecuencia de una condena judicial o producto de una conciliación, derivada de los dañ os antijurídicos causados a un particular, por la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular provisto de una función pública, lo cual determinó que se afectara el patrimonio estatal y se causara un detrimento presupuestal para el reconocimiento de esa indemnización, por manera que la finalidad de la acción es la protección del patrimonio estatal necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.

reconocimiento de esa indemnización, por manera que la finalidad de la acción es la protección del patrimonio estatal necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.

La acción de repetición aparece en el ordenamiento jurídico colombiano desde antes de la Constitución Política de 1991 y en la actualidad, se regula en el artículo 90 inciso 2 de la Constitución Política así:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 11

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Esta norma constitucional ha sido desarrollada por el artículo 54 de la Ley 80 de 1993, artículos 72 y 73 de la Ley 270 de 1996, artículo 86 de la Ley 446 de 1998 y por la Ley 678 de 2001.

El artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, reguló el medio de control de la repetición, señalando que cuando el Estado hubiere efectuado un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, ex servidor o particular en ejercicio de

reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, ex servidor o particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respetiva deberá repetir contra éstos.

En este sentido, la acción de repetición busca responsabilizar patrimonialmente al funcionario que en ejercicio de sus funciones actúa con dolo o culpa grave causando un daño antijurídico por el cual debe responder el Estado, ya sea como consecuencia de una condena de carácter judicial, o como producto del acuerdo al c ual llega con la víctima, para evitar un proceso o terminarlo anticipadamente.6

Con la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, se reguló la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, a través del ejercicio de la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición y se precisó en el artículo 2º, que es una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado.

Los artículos 5 y 6 de esta norma definen para estos efectos el dolo y la culpa grave con las cuales se debe analizar la conducta del agente en el juicio de repetición y, además consagran una serie de presunciones legales de esos eventos, preceptos de suyo más rigurosos que los previstos en las norma