TA HUI - Sentencia 41001-33-33-001-2025-00008-01 (30-09-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN N° 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CLAUDIA EXANETH GÁMEZ BARRERO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO “FOMAG” Y OTROS EXPEDIENTE: 41001-33-33-001-2025-00008-01

SENTENCIA: TAH 005-25-09-218

TEMA: APELACIÓN FALLIDA POR

INCONGRUENTE

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2025 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva; a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.1

1 Índice 004 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Juris dicción Contenciosa Administrativa SAMAI.2

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 41001-33-33-001-2025-00008-01

Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros La señora Claudia Exaneth Gámez Barrero, por intermedio de apoderada

Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros La señora Claudia Exaneth Gámez Barrero, por intermedio de apoderada judicial, y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, la Fiduprevisora S.A., y el Municipio de Neiva , conforme a las pretensiones, hechos, y fundamentos jurídicos que se señalan a continuación:

1.1. Pretensiones:

Que se declare la nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, de conformidad con los parámetros establecidos en Ley 1071 de 2006, y la Ley 1955 de 2019; generado por la omisión de respuesta a la petición formulada el 1 de noviembre de 2023.

A título de restablecimiento del derecho, pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día (1) de salario por cada día de retardo, así: (i) Al Municipio de Neiva , contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía por parte de la demandante, y, (ii) Al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, contados desde los 45 días hábiles siguientes al momento en que q uedó ejecutoriado el acto administrativo que le reconoció las cesantías al actor.

Finalmente, solicita que las sumas reconocidas sean indexadas, el reconocimiento de intereses moratorios, y se condene en costas, conforme lo dispuesto en los artículos 187, y 188 del CPACA.

Finalmente, solicita que las sumas reconocidas sean indexadas, el reconocimiento de intereses moratorios, y se condene en costas, conforme lo dispuesto en los artículos 187, y 188 del CPACA.

1.2. Hechos2:

Afirmó que, en su condición de docente en los servicios educativos estatales, el 20 de julio de 2022 solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales; petición que fue resuelta favorablemente a través de la Resolución No. NEIVAR2022000145 del 6 de septiembre de 2022 , expedida por la Secretaría de Educación del Municipio

2 Índice 004 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Elect rónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.3

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros de Neiva, cuyos dineros fueron pagados efectivamente el 26 de septiembre de 2022.

Luego, el 1 de noviembre de 2023 , solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin que a la fecha de presenta ción de la demanda se hubiere resuelto su petición, configurándose la existencia del act o ficto, en virtud al silencio administrativo negativo por parte del ente territorial.

1.3. Normas violadas3:

Legales: -Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15.

virtud al silencio administrativo negativo por parte del ente territorial.

1.3. Normas violadas3:

Legales: -Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15. -Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2. -Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5. -Ley 1955 de 2019, artículo 57.

En síntesis, argumenta que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria conforme a lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, ya que las demandadas no le reconocieron, ni pagaron las cesantías dentro del término pertinente, pues, en su sentir, “transcurrieron más de 63 días de mora contados a partir de los 27 días hábiles que tenían las entidades para reconocer y cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago”.

2. Contestación de la Demanda.

2.1. Ministerio de Educación Nacional–FOMAG:4

La mandataria judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda, como quiera que, a su juicio, no le asiste a la actora el derecho al pago de l a sanción moratoria, por cuanto, los términos legales fijados para el pago de las cesantías parciales solicitadas, fueron cumplidos en termino por la entidad pagadora, al realizar el pago oportuno de las mismas.

3 Índice 004 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.

pagadora, al realizar el pago oportuno de las mismas.

3 Índice 004 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 4 Índice 014 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.4

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros Con base en esos argumentos, planteó las excepciones denominadas:

a. Falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades que represento, para asumir las declaraciones y condenas por mora no existente.

b. Cobro indebido de la sanción moratoria.

c. Buena fe.

d. Ausencia del deber de pa gar sanciones por parte de la entidad fiduciaria – ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

e. Improcedencia de la indexación.

f. Genérica.

2.2. Municipio de Neiva5:

El ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo, en síntesis, que en el presente asunto no se configuró el acto ficto, toda vez que, la petición radicada el 1 de noviembre de 2023 fue devuelta a la parte actora el 7 de noviembre siguiente, por hallarse incompleta y no cumplir con las exigencias del siste ma, sin que a la fecha de contestación de la demanda hubiese sido subsanada.

el 7 de noviembre siguiente, por hallarse incompleta y no cumplir con las exigencias del siste ma, sin que a la fecha de contestación de la demanda hubiese sido subsanada.

Así las cosas, en su sentir, la petición nunca fue radicada, de suerte que, no le asiste el deber legal al Municipio de Neiva, de dar contestación a una solicitud inexistente.

Como soporte de lo anterior, formuló las siguientes excepciones:

a. Falta de legitimación en la causa por pasiva material.

b.- Inexistencia de la obligación a cargo del Municipio de Neiva e imposibilidad jurídica de decidir sobre las pretensiones.

5 Índice 015 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.5

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros c.- Inexistencia del acto ficto frente al Municipio y además, que el presunto acto administrativo acusado no es violatorio de la normatividad señalada por la apoderada actora.

d.- Cobro de lo no debido.

e.- Genérica.

2.3. Fiduciaria La Previsora S.A.6

Por conducto de su representante judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que, carecen de sustento fáctico y jurídico, por cuanto, la Fiduprevisora S.A. se halla vinculada al presente proceso en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del

pretensiones de la demanda, toda vez que, carecen de sustento fáctico y jurídico, por cuanto, la Fiduprevisora S.A. se halla vinculada al presente proceso en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag, concluyendo así, que el petitum del líbelo introductorio no puede ir dirigido contra su prohijada.

Así, sostuvo que, en atención a lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, la obligación de expedir el acto adm inistrativo de reconocimiento y pago de cesantías a los docentes recae en el ente territorial, de manera que, al no ostentar la Fiduprevisora dicho carácter, como quiera que, la misma goza de la naturaleza de ser una empresa social y comercial del Estado, su única función es la que le instruye el fideicomitente, esto es, realizar el pago que expresamente se dicte a favor del docente.

En consecuencia, formuló las siguientes exceptivas:

a. Falta de legitimación en la causa por pasiva.

b. Cobro de lo no debido.

c. Enriquecimiento sin justa causa.

d. Indebida composición de la parte pasiva – Fiduprevisora S.A.

e. Inexistencia en la reclamación del derecho.

6 Índice 013 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.6

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros

f. Innominada.

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros

f. Innominada.

3. Sentencia Apelada7

El 27 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Neiva declaró (i) probada la excepción denominada “inexistencia de la obligación del Municipio de Neiva e imposibilidad jurídica de decidir sobre las pretensiones” propuesta por el Municipio de Neiva, (ii) negó las pretensiones de la demanda, y, (iii) no condenó en costas.

Luego de un análisis normativo y jurisprudencial respecto al régimen jurídico aplicable al personal docente oficial en materia de sanción mora, y los presupuestos para su reconocimiento, descendiendo al sub lite, el despacho de primera instancia señaló que, el 1 de noviembre de 2023 la parte actora subió al sistema virtual respectivo, la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria , no obstante, dicha petición fue devuelta por la entidad territorial el 7 de noviembre de 2023 , por cuanto se hallaba incompleta, sin que a la fecha, obre en el cartulario prueba relativa a que la demandante hubiese subsanado lo anterior, y completado el trámite que correspondía , a fin de entenderse radicada en debida forma la mentada solicitud.

En esa senda, sostuvo la a quo que, “no se generó acto administrativo alguno, de manera que esta judicatura no podría entrar a considerar la configuración de la sanción moratoria ni los lineamientos expuestos en la Sentencia de unificación”. Subraya propia del Tribunal.

de manera que esta judicatura no podría entrar a considerar la configuración de la sanción moratoria ni los lineamientos expuestos en la Sentencia de unificación”. Subraya propia del Tribunal.

Por tales motivos, ante la inexistencia de acto administrativo en concreto que pueda ser objeto de control judicial, el juzgado de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demanda, y no condenar en costas.

4. La Apelación8.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación argumentando que, la a quo , al resolver sobre el

7 Índice 028 del expediente electrónico de primera instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 8 Índice 031 del expediente electrónico de primera instancia, disponi ble en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.7

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros restablecimiento del derecho pretendido, escindió la normativa dispuesta por el legislador, en cuanto al térmi no o plazo para llevar a cabo la actuación administrativa, pues, determinó que, la entidad competente para expedir el acto administrativo podría efectuarlo en un plazo indefinido sin ningún tipo de apremio o sanción, siempre y cuando, la prestación se canc elara dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del mismo, resultando a su juicio inane, inútil e innecesaria, la disposición normativa contenida en el artículo 4 de la Ley

apremio o sanción, siempre y cuando, la prestación se canc elara dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del mismo, resultando a su juicio inane, inútil e innecesaria, la disposición normativa contenida en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, que señala que, “Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución cor respondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley”.

En esa senda, increpó que, la interpretación asumida por la juez de primera instancia es indebida, como quiera que, lo jurídicamente ad ecuado es que el término para la causación de la mora se cuente desde que se activa la función administrativa, es decir, desde la fecha del ejercicio del derecho de petición , pues, es a partir de allí que la administración esta en el deber de actuar bajo el respeto de los términos previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

En relación con el caso concreto, decantó que, “la petición de reconocimiento y pago de cesantías se formuló el día 20 DE JULIO DE 2022, la cual, fue decidida mediante RESOLUCION No. NEIVAR2022000145, se canceló el 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Nótese que por la administración, en este caso, LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se omitieron los términos para resolver y pagar la

SEPTIEMBRE DE 2022. Nótese que por la administración, en este caso, LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se omitieron los términos para resolver y pagar la prestación social solicitada, pues, conforme con l as disposiciones legales (artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006) el pago debió haberse efectuado a más tardar el día 10 DE AGOSTO DE 2022, fecha en la cual se vencía el término de los 70 que tenía para resolver y pagar la prestación peticionada.

Así las cosas, en virtud de no haberse cancelado la cesantía reconocida en la fecha máxima para ello, aplicando las disposiciones legales que regulan el asunto, esto es, en 10 DE AGOSTO DE 2022, a partir del día 11 DE AGOSTO DE 2022 empezó a correr la mora a que se refiere el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, mora que causó hasta el día anterior al pago de la prestación, esto es, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022, para un total de 26 días”.8

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros Finalmente, luego de traer a colación diferentes pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales relativos al conteo de los términos para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, el pago de la misma, y la consecuente sanción moratoria por su cancelación tardía, solicitó se de

y jurisprudenciales relativos al conteo de los términos para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, el pago de la misma, y la consecuente sanción moratoria por su cancelación tardía, solicitó se de aplicación a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, y se proceda con la indexación de la sanción moratoria a favor de su prohijada, desde el último día en que se causó la mora, hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia, y, desde la ejecutoria de la sentencia, hasta que la entidad responsable realice el pago, aunado a los intereses moratorios a que hubiere lugar.

Por tales motivos, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, pues, itera, el acto administrativo que reconoció la prestación se efectuó por fuera del término consagrado en la Ley, de suerte que, “el término de mora debe contarse desde la fecha de presentación de la solicitud, actuar en contrario, como lo hizo el a -quo, es transgredir el debido proceso, pues , lesiona la interpretación adecuada de la normativa que regula el asunto jurídico de marras y de contera vulnera el precedente jurisprudencial que sobre el tema ya existe”. Se destaca.

5. Trámite de Segunda Instancia.

El 18 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación9, interpuesto por la parte demandante; y el 25 de septiembre siguiente, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al

por la parte demandante; y el 25 de septiembre siguiente, el Secretario de esta Corporación en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado 10, sin que el Ministerio Público hubiese emitido concepto.

5.1. Pronunciamiento frente al recurso – Municipio de Neiva11.

Mediante apoderada judicial, el Municipio de Neiva se opuso a los argumentos reseñados por la apoderada de la parte actora en su memorial de alzada, toda vez que, no corresponden con la realidad fáctica y jurídica esbozada en el fallo apelado , pues, el razonamiento central de la a quo para

9 Índice 005 del expediente electrónico de segunda instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI. 10 Índice 011 del expediente electrónico de segunda instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicció n Contenciosa Administrativa SAMAI. 11 Índice 010 del expediente electrónico de segunda instancia, disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa SAMAI.9

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros negar las pretensiones, hace alu sión a la inexistencia del acto ficto conculcado, en tanto la demandante nunca radicó en debida forma la

Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros negar las pretensiones, hace alu sión a la inexistencia del acto ficto conculcado, en tanto la demandante nunca radicó en debida forma la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, tesis que, no se reprocha, ni se desvirtúa con el recurso de apelación.

En esa senda, sol icitó no acceder a la petición incoada por la parte accionante, de un lado, porque “los argumentos del recurso van dirigidos solo frente a las disposiciones y jurisprudencia que regula la aplicabilidad de la sanción moratoria por el retardo en el pago de l as cesantías a favor de los docentes, y en momento alguno, se refiere a los argumentos de la A quo para negar las pretensiones de la demanda”; y, por otra parte, “porque los plazos y fechas señalados en el memorial del recurso de alzada no coinciden con la trazabilidad del caso que nos ocupa”, advirtiendo que, en todo caso, la prestación se canceló dentro del plazo legalmente establecido para ello.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la L ey 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto . Ahora, en virtud del artículo 328 del C.G.P., aplicable por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A.), la Sala abordará exclusivamente los argumentos formulados por la parte demandante, en su escrito de apelación.

2. Problema Jurídico.

El problema jurídico se contrae en determinar , si, los argumentos de la

formulados por la parte demandante, en su escrito de apelación.

2. Problema Jurídico.

El problema jurídico se contrae en determinar , si, los argumentos de la apelación expuestos por la apoderada de la parte actora , guardan la congruencia necesaria con lo decidido en la senten cia recurrida que permita emitir un pronunciamiento de fondo.

3. Los principios de doble instancia y congruencia de la apelación.

El principio de la doble instancia contenido en el artículo 31 de la Carta Política, establece que toda sentencia judicia l podrá ser apelada, salvo las excepciones que prevea la Ley, lo cual constituye una de las más altas10

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros garantías previstas en la Constitución , en respaldo de los derechos de impugnación y contradicción.

Para el ejercicio de la mencionada prerrogativa, el legislador ha establecido unos requisitos de oportunidad y procedencia para la prosperidad del recurso de apelación, al respecto los artículos 243 y 247 del C.P.A.C.A. prevén:

“ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…) ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que

recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.

2. Cuando el fallo de prime ra instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, cuando las partes de común acuerdo la soliciten y propongan fórmula conciliatoria, o a petición del agente del ministerio público, cuando el recurrente sea la entidad condenada. El agente del Ministerio Público deberá sustentar su petición en uno de los si guientes criterios: 1) la existencia de precedentes jurisprudenciales o sentencias de unificación que permitan anticipar la confirmación de la sentencia; 2) cuando a partir del análisis de las pruebas aportadas al proceso y de las consideraciones contenida s en la sentencia condenatoria de primera instancia puede evidenciarse una alta probabilidad de condena.

En el evento en que se solicite la celebración de la audiencia de conciliación por parte del agente del Ministerio Público, la entidad condenada en pri mera instancia deberá someter nuevamente a consideración del Comité de Conciliación el caso, para que este determine la procedencia o improcedencia de presentar fórmula conciliatoria. En caso de que no presentarse la fórmula conciliatoria, el11

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consideración del Comité de Conciliación el caso, para que este determine la procedencia o improcedencia de presentar fórmula conciliatoria. En caso de que no presentarse la fórmula conciliatoria, el11

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros apoderado de la entidad deberá allegar copia del acta del Comité en la que conste el estudio de los argumentos fácticos y normativos que justifican su decisión.

En caso de que el agente del Ministerio Público esté en desacuerdo con la decisión adoptada por el Comité de Conciliación pese a las sentencias de unificación existentes; así como al precedente judicial y la alta probabilidad de condena, deberá dejar constancia de esta circunstancia en la audiencia de conciliación.

El Juez de segunda instancia, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, si advierte temeridad o renuencia en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones a cancelar multas a favor del tesoro nacional de 5 a 100 SMLMV.

3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales

este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.

6. El Ministerio Público pod rá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.12

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7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instan cia para su obedecimiento y cumplimiento.

A su turno, los artículos 320 y 322 del C .G.P., aplicable por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A., precisan los fines y alcance de la apelación, así:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apela ción tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apela ción tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante , para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

(…)

Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:

(…)

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) día s siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior .” Subrayado del Tribunal.

Adicionalmente, el artículo 328 del C .G.P. señaló la competencia del superior en los siguientes términos:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos e xpuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.13

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los casos previstos por la ley.13

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Demandante: Claudia Exaneth Gámez, Demandados: Fomag y Otros Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la mod ificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.” Resaltado fuera del texto original.

De una lectura armónica de las anteriores disposiciones, se tiene que , al sustentarse la apelación , el recurrente debe señalar las inconformidades frente a la decisión del a quo, lo cual permite al superior revisar los posibles yerros en que haya podido incurrir el juez de primera instancia.

No obstante, cuando los argumentos del recurso no atacan el fondo de la decisión recurrida, deja de existir congruencia lógica , y jurídica con los presupuestos del asunto que se re