TA HUI - Sentencia 41001-33-33-003-2025-00173-01 (11-09-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: SANDRA LUCÍA CHAMORRO MORA

ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VINCULADOS: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA EXPEDIENTE: 41001-33-33-003-2025-00173-01

SENTENCIA: TAH005-2025-09-182

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Sandra Lucía Chamorro Mora, contra la sentencia de tutela del 5 de agosto de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

La señora Sandra Lucía Chamorro Mora interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Superintendencia Nacional de Salud, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, igualdad y acceso a la carrera administrativa por mérito y confianza legítima , y, en consecuencia, solicita se ordene a la CNSC resolver las solicitudes de exclusión formuladas dentro de la OPEC 191319 y a la Superintendencia Nacional de Salud i) convocar a audiencia de elección de la

mérito y confianza legítima , y, en consecuencia, solicita se ordene a la CNSC resolver las solicitudes de exclusión formuladas dentro de la OPEC 191319 y a la Superintendencia Nacional de Salud i) convocar a audiencia de elección de la vacante, una vez se encuentre actualizada y depurada la lista de elegibles, ii)

1 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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2 expedir el acto ad ministrativo de nombramiento en período de prueba en un término no mayo r a cinco (5) días hábiles desde la actualización definitiva del orden de mérito, y iii) fijar la fecha para la posesión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al nombramiento, garantizando así el ingreso efectivo al cargo y evitando nuevas dilaciones administrativas.

2. Hechos2

Adujo que, el 15 de septiembre de 2023 se inscribió en el Proceso de Selección No. 2503 de 2023, adelantado por la CNSC para proveer cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva ante la Superintendencia Nacional de Salud, y opto por el empleo denominado OPEC No. 191319, cargo Profesional Especializado, código 2028, grado 19.

Advirtió que, la CNSC expidió la Resolución No. 5219 del 16 de mayo de 2025, por la cual, conformó la lista de elegibles para la OPEC No. 191319 , en la que

Especializado, código 2028, grado 19.

Advirtió que, la CNSC expidió la Resolución No. 5219 del 16 de mayo de 2025, por la cual, conformó la lista de elegibles para la OPEC No. 191319 , en la que ocupó el puesto No. 18, puntaje 89.21, para proveerse 29 vacantes definitivas.

Precisó que, la lista en comento adquirió firmeza el 26 de mayo de 2025, y que, a partir de la data, la Superintendencia Nacional de Salud tenía cinco (5) días hábiles para efectuar el respectivo nombramiento en período de prueba. Plazo que, finalizó el 3 de junio de 2025.

Sin embargo, indicó que, pese a la firmeza de la lista , no se efectuó su nombramiento, encontrándose pendientes por resolver solicitudes de exclusión de los aspirantes ubicados en las posiciones 14 y 16, lo que, impide la depuración de la lista y en consecuencia , altera el orden de mérito real. Omisión que obstaculiza el acceso efectivo al empleo público por mérito.

La accionante manifestó que, carece de ingresos económicos estables, que es madre cabeza de hogar , sin apoyo financiero del padre de sus hijos ni de terceros, situación que afecta gravemente su mínimo vital y el de su núcleo familiar, en razón a ello, considera se les están vulnerando los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela.

Destacó que, en la modalidad de ascenso de l mismo proceso de selec ción, la Superintendencia Nacional de Salud efectuó oportunamente los nombramientos, como se evidencia en los canales oficiales y en el banco

Destacó que, en la modalidad de ascenso de l mismo proceso de selec ción, la Superintendencia Nacional de Salud efectuó oportunamente los nombramientos, como se evidencia en los canales oficiales y en el banco

2 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 4, pág. 4-5.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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3 nacional de listas de elegibles, situación por la cual, considera existe un trato diferente y discriminatorio, en perjuicio de los participantes que concursaron bajo la modalidad abierta.

Finalmente, señaló que , el 24 de junio de 2025 elevó petición ante la Procuraduría General de la Nación solicitando su intervención como garante de los derechos fundamentales de quienes integran la lista de elegibles de la OPEC 191319, con puntajes iguales o superiores a 80 puntos, sin que haya obtenido respuesta alguna.

3. Medida Provisional

La accionante solicitó como medida provisional “…se ordene a la Superintendencia Nacional de Salud abstenerse de nombrar a aspirantes que ocupen posiciones posteriores a la señora Chamorro Mora hasta que se resuelvan las solicitudes de exclusión y se verifique el orden definitivo de la lista…”.

4. Trámite de primera instancia3

El 24 de julio de 202 54, la Juez de primera instancia admitió la acción constitucional, negó la medida provisional solicitada , en el entendido que, no cumplió los requisitos de necesidad o urgencia exigidos por el artículo 7° del

El 24 de julio de 202 54, la Juez de primera instancia admitió la acción constitucional, negó la medida provisional solicitada , en el entendido que, no cumplió los requisitos de necesidad o urgencia exigidos por el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.

Seguidamente, vinculó a la Procuraduría General de la Nación, y corrió traslado a las accionadas por el término de dos (2) días, para que rindieran informe acerca de los hechos objeto de la presente acción de tutela.

Posteriormente, profirió providencia de fecha 31 de julio de 2025 5, por la cual, vinculó al extremo pasivo a la Universidad Libre.

5. Contestación de la acción de tutela

5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil6

El Jefe de Oficina Asesor Jurídico de la CNSC indicó que , las actuaciones

3 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 7. 4 Ibidem 5 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 13. 6 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 10, 9_MemorialWeb_Respuesta-SANDRALUCIACHAMORR.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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4 adelantadas por la entidad se encuentran ajustadas a derech o, sin que, exista vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionant e, en el entendido que, la competencia de la accionada va hasta la conformación y

4 adelantadas por la entidad se encuentran ajustadas a derech o, sin que, exista vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionant e, en el entendido que, la competencia de la accionada va hasta la conformación y firmeza de las listas de elegibles , y el nombramiento, posesión y evaluación del periodo de prueba son responsabilidad exclusiva de la Superintendencia Nacional de Salud.

En consecuencia, solicitó se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento que, los procesos de selección comprenden 3 fases, a saber, la planeación conjunta con la entidad, el desarrollo d el proceso que abarca la convocatoria hasta la adopción y la conformación de lista de elegibles, por ende, advirtió que, la actuación administrativa relacionada con la provisión de cargos corresponde exclusivamente a la entidad nominadora.

Sostuvo frente al empleo No. OPEC 191319, que la CNSC expidió la Resolución No. 5219 del 16 de mayo de 2025, mediante l a cual, conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer veintinueve (29) vacantes del cargo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19, en el marco del Proceso de Selección No. 2503 de 2023, y que, en ella, la accionante ocupó el puesto No. 18, posición que le otorga derecho a ser nombrada en período de prueba.

Aclaró que, la CNSC remitió a la Superintendencia Nacional de Sal ud, oficio de fecha 30 de mayo de 2025, con radicado No. 2025RS074339 denominado

“COMUNICACIÓN FIRMEZA LISTAS DE ELEGIBLES - PROCESO DE SELECCIÓN No.

fecha 30 de mayo de 2025, con radicado No. 2025RS074339 denominado “COMUNICACIÓN FIRMEZA LISTAS DE ELEGIBLES - PROCESO DE SELECCIÓN No. 2503 DE 2023 – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ”, mediante el cual , puso en conocimiento la firmeza de varias listas de elegibles, entre ellas la OPEC 191319.

Finalmente, advirtió respecto a las solicitudes de exclusión presentadas por las diferentes Superintendencias que hacen parte de la Convocatoria Superintendencias 2023, están siendo estudiadas y tramitadas por la CNSC, para su posterior comunicación a los ciudadanos inmersos en dicha situación, en virtud del debido proceso y el derecho a la defensa.

5.2. Superintendencia Nacional de Salud7

La Subdirectora Técnica, adscrita a la Subdirección de Defens a Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, manifestó que la Comisión Nacional del

7 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 11, 18_MemorialWeb_Respuesta-120251610216938252_0TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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5 Servicio Civil mediante Acuerdo No. 061 del 13 de julio de 2023, modificado por el Acuerdo No. 69 del 11 de agosto de 2023, convocó a concurso de méritos para proveer d efinitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Convocatoria No. 2503 de

proveer d efinitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Convocatoria No. 2503 de 2023 en las modalidades de Ascenso y Abierto.

Reconoció que, la accionante se inscribió al mentado concurso, al empleo denominado Profesional Especializad, OPEC 191319, en el que ocupó la posición 21 dentro de la referida lista, la cual, presenta empate.

Expresó que la lista de elegibles adquir ió firmeza el 26 de mayo de 2025, sin embargo, precisó que “…en la posición 14 se solicitud una exclusión y la misma se evidencia un empate la posición 16 también se presentó una exclusión…”, advirtiendo así, que no le compete resolver dichas solicitudes; sin embargo, la definición de las mismas son necesarias para continuar con los trám ites posteriores, entre ellos la audiencia de desempate y la escogencia de plazas, según lo previsto en el Acuerdo rector de la Convocatoria.

En ese sentido, explicó que el 26 de junio de 2025 adelantó la audiencia de escogencia de plazas para las primeras trece (13) posiciones de la lista, en tanto se resuelven las anteriores exclusiones que podrían alterar el orden de mérito.

Finalmente, solicitó se declare la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales incoados por la actora, y requirió la vinculación de la Universidad Libre de Colombia como operador del proceso de selección, para que informe el trámite en el que se encuentran las exclusiones de los aspir antes en las posiciones 14 y 16.

5.3. Universidad Libre de Colombia8

Libre de Colombia como operador del proceso de selección, para que informe el trámite en el que se encuentran las exclusiones de los aspir antes en las posiciones 14 y 16.

5.3. Universidad Libre de Colombia8

El apoderado de la Universidad Libre de Colombia , manifestó que actúa como operadora del concurso de méritos en mención y que, no tiene conocimiento ni injerencia en las etapas del Proceso de Selección , advirtiendo que suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. 441 de 2024 con la CNSC, cuyo objetivo fue “…Adelantar el proceso de selección para la provisión de los empleos vacantes en la Modalidad Abierto del Sistema Especial de Carrera Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana, identificado como Proceso de Selección No. 1497 de 2020, así como la

8 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 16 MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACION202400.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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6 provisión de los empleos vacantes en las modalidades de ascenso y abierto del sistema específico de carrera administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública que conforman los Procesos de Selección Nos. 2502 al 2508 de 2023, desde la etapa de ver ificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de los resultados definitivos para la conformación de la listas de elegibles…” , adquiriendo obligaciones contractuales únicamente para el desarrollo de las etapas de verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas a los participantes admitidos en

definitivos para la conformación de la listas de elegibles…” , adquiriendo obligaciones contractuales únicamente para el desarrollo de las etapas de verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad, hasta la consolidación de los resultados definitivos para la conformación de las listas de elegibles.

En consecuencia, indicó que, carece de competencia frente a la conformación y adopción de la lista de elegibles, la resolución de solicitudes de exclusión de las mismas o la realización de nombramientos.

Finalmente, solicitó su desvinculación de la acción constitucional, citando jurisprudencia de la Corte Constitucio nal (Sentencia T-416/1997 y Sentencia T519 de 2001), que exige que, el demandado sea efectivamente responsable de la conducta que se reprocha.

5.4. Procuraduría Regional de Instrucción de Putumayo9

El Profesional Universitario de la Procuraduría Regional de Instrucción de Putumayo manifestó que, revisada las bases de datos de la entidad, no evidenció requerimiento alguno por parte de la accionante que, haya sido remitido a la Procuraduría General de la Nación. Indicó que la tutela es un mecanismo de carácter subsidiario y residual, el cual solo procede cuando no existen otros medios judiciales idóneos, por lo que en este caso no se cumple dicho requisito. En consecuencia, precisó que, no es procedente imputar responsabilidad alguna a la Procuraduría, dado que no ha intervenido en los hechos que fundamentan el amparo aquí solicitado, ni tiene competencia frente a las pretensiones planteadas, las cuales se dirigen contra otras entidades.

procedente imputar responsabilidad alguna a la Procuraduría, dado que no ha intervenido en los hechos que fundamentan el amparo aquí solicitado, ni tiene competencia frente a las pretensiones planteadas, las cuales se dirigen contra otras entidades. Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que , no existe vínculo entre la Procuraduría y la supuesta vulneración alegada, razón por la cual solicitó su desvinculación de la tutela.

9 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 17, MemorialWeb_Otro-InformeTutelaRad.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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7 Finalmente, señaló que, la Procuraduría Regional de Instrucción Putumayo de la Procuraduría General de la Nación, a la luz del cumplimiento de sus funciones misionales, no puede emitir pronunciamientos frente a asuntos particulares y concretos, por cuanto la PGN no actúa dentro de los procesos o trámites administrativos como abogado defensor de los sujetos o intervinientes.

6. Decisión de Primera Instancia10

La juez de Primera Instancia dene gó el amparo solicitado por la accionante, al considerar que, las reglas y condiciones que imponen las convocatorias deben ser respetadas y observadas sin excusa 11, además, porque las normas que componen la reglamentación del Proceso de Selección No. 2503 de 2023, no

considerar que, las reglas y condiciones que imponen las convocatorias deben ser respetadas y observadas sin excusa 11, además, porque las normas que componen la reglamentación del Proceso de Selección No. 2503 de 2023, no contemplan un término y/o plazo para que la CNSC resuelva las so licitudes de exclusión y/o desempate.

Aunado a ello, indicó que, no es procedente concluir que la CNSC haya demorado injustificadamente la resolución de las solicitudes de exclusión de los aspirantes que ocupan las posiciones 14, 16 y 23 en la Lista de Elegibles del empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19, identificado con el código OPEC No. 191319, según solicitud formulada entre el 19 y 23 de mayo de 2025, por la Comisión de Personal de la SUPERSALUD; además, porque compeler a las accionadas a agilizar el trámite en beneficio de la accionante, atentaría contra los derechos superiores que ostentan quienes están a la espera de que se les resuelva su situación (los elegibles con solicitudes de exclusión).

En consecuencia, exhortó a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, con la mayor diligencia, adoptara las decisiones correspondientes en relación con los aspirantes ubicados en las posiciones 14, 16 y 23 de la Lista de Elegibles ; desvinculó a la Procuraduría General de la Nación y a la Universidad Libre de Colombia al no tener competencia en los hechos discutidos; y ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil publicar un aviso en el micrositio correspondiente a las publicaciones de la Convocatoria para el Proceso de

Colombia al no tener competencia en los hechos discutidos; y ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil publicar un aviso en el micrositio correspondiente a las publicaciones de la Convocatoria para el Proceso de Selección No. 2503 de 2023 – Superintendencia Nacional de Salud, informando a los aspirantes lo resuelto en la sentencia.

7. Impugnación12

10 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 18. 11 sentencias C040 de 1995 y SU913 de 2009. 12 Expediente digital Samai, Primera Instancia, índice 21-22TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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8 La accionante manifestó que los motivos de su inconformidad se centran en que, la ausencia de un término perentorio en el Decreto Ley 760 de 2005 o en el Acuerdo 061 de 2023 para resolver solicitudes de exclusión, no puede ser interpretada como una licencia para postergar indefinidamente una decisión administrativa que condiciona el ejercicio de un derecho fundamental adquirido por mérito.

Asimismo, señaló que ha transcurrido más de dos meses desde que la lista fue publicada (16 de mayo de 2025) y más de 40 días desde que esta adquirió firmeza (26 de mayo de 2025), sin que la CNSC haya resuelto las solicitudes de exclusión o adoptado medidas provisionales, situa ción que conlleva a la afectación de sus derechos fundamentales, pues su nombramiento debió efectuarse el 3 de junio de 2025, sin embargo, no se le ha realizado dicho

exclusión o adoptado medidas provisionales, situa ción que conlleva a la afectación de sus derechos fundamentales, pues su nombramiento debió efectuarse el 3 de junio de 2025, sin embargo, no se le ha realizado dicho nombramiento, hasta que , se resuelva las solicitudes en mención, máxime teniendo en cuenta que, es madre cabeza de hogar.

De igual forma, manifestó que , la providencia recurrida omitió impartir una orden clara y perentoria a la accionada , lo cual, permite la prolongación indefinida del trámite, decisión que va en contravía de l a jurisprudenci a constitucional, que exige a los juec es de tutela impartir mandatos eficaces y proporcionales para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales.

II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación presentada por la señora Sandra Lucía Chamorro Mora contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva el 5 de agosto de 2025, conforme en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 153 del CPACA.

2. Consideraciones previas

La Sala advierte que los Magistrados José Miller Lugo Barrero y Gerardo Iván Muñoz Hermida se encuentran de permiso, por tal motivo, se integra la Sala de Decisión con el Doctor Ramiro Aponte Pin o como Magistrado Conjuez,TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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9 atendiendo lo establecido en Sala Plena No. 27 de esta Corporación de fecha 21 de junio de 2016, ratificada en Sala del 28 de marzo de 201713.

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer en primer lugar, si resulta procedente la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Lucía Chamorro Mora , y en caso de serlo, se analizará si ante la inobservancia de la CNS de resolver las solicitudes de exclusión que se presentaron en la Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC NO. 191319, y la Superintendencia Nacional de Salud al no realizar Audiencia Pública de Escogencia de Vacantes, junto con el nombramiento de la accionante, vulneran los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, igualdad y acceso a la carrera administrativa por mérito y confianza legítima de la accionante.

Para resolver el problema jurídico planteado, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por Pasiva, iii) Inmediatez, iv) Procedencia y subsidiaridad de la acción de tutela; y el v) Caso en concreto.

4. Resolución del Problema Jurídico

4.1 Legitimación en la causa.

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 14, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva,

4.1 Legitimación en la causa.

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 14, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”15.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento

13 En la cual se estableció, que ante la ausencia de uno de los Magistrados que integra la respectiva Sala, como ocurre en el presente caso, conformaría la misma uno de los Magistrados que hace parte de la Corporación, en tratándose de esta Sala de Decisión le corresponde al Dr. Ramiro Aponte Pino, con fundamento en el parágrafo del artículo 115 del CPACA. Consejo de Estado. Sala Plena. Auto del 23 de septiembre de 2003. Proceso. 11001 -03-15-000-2003-01060-01. M.P. Jesús María Lemos Bustamante. Reiterada en auto del 18 de noviembre de 2001 proferido dentro del expediente 25000-23-37-000-201400469-01 (23750), con ponencia de la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 14 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 15 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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15 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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10 para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”16.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[17]

4.1.1 Legitimación en la causa por activa.

Se encuentra legitimada en la causa por activa la señora Sandra Lucía Chamorro Mora, por ser la titular de los derechos fundamentales incoados en la acción constitucional18, quien manifestó participó en el proceso de selección No. 2503 de 2023, adelantado por la CNSC para proveer cargos de carrera administrativa

Mora, por ser la titular de los derechos fundamentales incoados en la acción constitucional18, quien manifestó participó en el proceso de selección No. 2503 de 2023, adelantado por la CNSC para proveer cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva ante la Superintendencia Nacional de Salud, o ptó por el empleo denominado OPEC No. 191319, cargo Profesional Especializado, código 2028, grado 19, conformando la lista de elegibles tal y como se dispuso mediante Resolución No. 5219 de 16 de mayo de 2025 , para proveer 29 vacantes del mentado cargo, sin que a la fecha haya obtenido su respectivo nombramiento.

4.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 19 ha decantado que, dicha exigencia se constituye en la aptitud procesal, o la capacidad legal contra quien se dirige la acción, en la medida en que, es el llamado a responder por las

16 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 17 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 18 Artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 19 Corte Constitucional, sentencias SU-424 de 2021, T-052 de 2020 y T-050 de 2023.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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11 pretensiones de amparo, o, porque es el presunto responsable de la vulneración de los derechos invocados.

En razón a ello, la CNSC es un órgano constitucional conforme a lo dispuesto en

11 pretensiones de amparo, o, porque es el presunto responsable de la vulneración de los derechos invocados.

En razón a ello, la CNSC es un órgano constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución, el cual, fue organizado por la Ley 909 de 2004, como entidad autónoma en la estructura del Estado, con per sonería jurídica y autonomía administrativa, el cual, en ejercicio de sus funciones adelantó el proceso de selección No. 2503 de 2023, del que hace parte la accionante, por lo que, está legitimada por pasiva.

Aunado a ello, la Superintendencia Nacional de Salud, es la entidad nominadora del concurso de méritos en mención, por lo que, le compete adelantar los actos de nombramiento y posesión, una vez depurada la lista de elegibles, en razón a ello se encuentra legitimada por pasiva.

Ahora bien, frente a la Universidad Libre de Colombia, se tiene acreditado en el plenario que, fue elegida como operador a encargada de aplicar las pruebas de valoración de antecedentes, entrevista y ejecución para conductores, en el marco del proceso de selección en mención 20, conforme lo dispuesto en la página web de la CNSC y el contrato de Prestación de Servicios No. 441 de 2024 suscrito con la Universidad , y, como quiera que , la accionante no realiza cuestionamiento alguno frente al desarrollo de dichas etapas en el mentado concurso, sumado al hecho de que a la accionada, no le corresponde resolver las solicitudes de exclusión (Acuerdo No. 61 del 13 de julio de 2023), se tiene que no se encuentra legitimada por pasiva, por lo que, se ordenará su desvinculación de la tutela.

solicitudes de exclusión (Acuerdo No. 61 del 13 de julio de 2023), se tiene que no se encuentra legitimada por pasiva, por lo que, se ordenará su desvinculación de la tutela.

Finalmente, en lo que respecta a la a la Procuraduría General de la Nación, si bien, la accionante en el escrito de tutela, refirió que el 24 de junio de 2025, solicitó su intervención como garante de sus derechos fundamentales, la S ala, comparte los argumentos expuestos por la a quo, en cuanto a que, esa autoridad no le compete adoptar las conductas o decisiones que aquella procura por conducto de esta acción constitucional, por ende, tampoco se encuentra legitimada por pasiva, en razón a ello, se ordenará su desvinculación de la tutela.

5. Inmediatez de la acción de tutela

20 https://www.cnsc.gov.co/node/47320TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Accionante: Sandra Lucía Chamorro Mora; Accionado: CNSC y Otro

12 La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto, se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la