TA MET - Sentencia 50001-23-33-000-2017-00561-00 (23-01-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No 2

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Demandante: JOAQUÍN CAMILO MORENO VILLA Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VAUPÉS.

Radicación: 50001-23-33-000-2017-00561-00

SENTENCIA

Clausurado el trámite legal sin observar causal de nulidad que invalide el proceso e impida su pronunciamiento, procede la Sala a proferir sentencia que en derecho corresponda, en el proceso promovido por el señor Joaquín Camilo Moreno Villa, a través de apoderado judic ial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra las entidades demandadas Contraloría General de la República - Contraloría Departamental de Vaupés.

I. ANTECEDENTES

La parte demandante Joaquín Camilo Moreno Villa, actuando a través de apoderado judicial, el 7 de noviembre de 2017, según consta en acta de reparto ,1 interpuso el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Contraloría General de la República y la Controlaría Departamental de Vaupés con la finalidad que se estimaran las siguientes:

1. Pretensiones

interpuso el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Contraloría General de la República y la Controlaría Departamental de Vaupés con la finalidad que se estimaran las siguientes:

1. Pretensiones

La parte accionante solicita que se declare la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal del 15 de marzo de 2017 2, proferido por la Contraloría Departamental de Vaupés dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 001 – 2016, así como del auto del 12 de mayo de 2017, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de primera instancia.

1 Archivo: 001. ACTA DE REPARTO - SAMAI Índice 1 2 Folio 118 archivo 002. EXPEDT DIGT - SAMAI índice 5.pdf2

Como consecuencia de lo anterior , a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene a las entidades demandadas excluirlo del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y se abstenga de la ejecución de la sanción de resarcimiento impuesta.

Adicionalmente, requiere el reconocimiento y pago de:

• Perjuicios materiales: en la modalidad de lucro cesante la suma de ciento treinta y seis millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento treinta y seis pesos ($136.473.136), correspondiente a los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la renunc ia como secretario jurídico de Mitú hasta que se cumplió el periodo constitucional del alcalde – 22 de mayo de 2017 al 30 de diciembre de 2019 -. - Perjuicios morales: en una cuantía equivalente a cien (100) SMMLV, por la

periodo constitucional del alcalde – 22 de mayo de 2017 al 30 de diciembre de 2019 -. - Perjuicios morales: en una cuantía equivalente a cien (100) SMMLV, por la angustia que tuvo que padecer por los fallos fiscales.

Finalmente, solicita que se actualicen los perjuicios reclamados, conforme lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, aplicando la variación promedio del IPC.

2. Hechos

Sostiene la parte demandante que la Contraloría Departamental del Vaupés, dentro del proceso de auditoría especial , identificó hallazgo fiscal en contra del actor, consistente en irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato interadministrativo No. 399 del 18 de diciembre de 2015 entre el departamento del Vaupés y la Asociación Regional de Municipios de la Amazonia y la Orinoquía

(ASOMAROQUIA).

Afirma que con fundamento en el citado hallazgo la Contraloría Departamental del Vaupés ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. PVRF No. 0012016 con imputación de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $1.745.828.780.00 , que corresponde al valor desembolsado al contratista en la modalidad de pago anticipado del 100%, teniendo en cuenta que el contratista incumplió el objeto contractual.

Informa que en el citado auto fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, entre otros, al señor Joaquín Camilo Moreno Villa , en condición de secretario jurídico departamental del Vaupés, por el hecho de darle el visto bueno o no haber emitido concepto negativo respecto a la estipulación contractual del pago del contrato en forma anticipada equivalente al 100%.

secretario jurídico departamental del Vaupés, por el hecho de darle el visto bueno o no haber emitido concepto negativo respecto a la estipulación contractual del pago del contrato en forma anticipada equivalente al 100%.

Afirma que durante el proceso de responsabilidad fiscal se acreditó la inexistencia del presunto daño patrimonial al Estado, toda vez que se demostró que el “contrato interadministrativo No. 399 de 2015, fue pactado con un plazo de ejecución de 10 días calendarios, plazo que inició el 21 de diciembre de 2015, pero, inicialmente fue suspendido3

por 3 meses mediante el acta del 28 de diciembre de 2015, y posteriormente fue prorrogado por el lapso de 2 meses mediante el acta del 31 de marzo de 2016, es decir, que el plazo de ejecución del referido contrato se extendió hasta el 31 de mayo de 2016, y no se extinguió el 31 de diciembre de 2015 como lo afirmó la instancia de control fiscal…”

Refiere que la oficina de responsabilidad fiscal y cobro coactivo de la Contraloría Departamental del Vaupés, mediante auto del 15 de marzo de 2017, profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal solidaria en cuantía de $1.883.806.700, señalando que el departamento canceló a la entidad contratista el valor del contrato sin que el mismo se haya ejecutado . Decisión que fue confirmada por el contralor Departamental de Vaupés mediante auto del 12 de mayo de 2017.

Agrega que el fallo definitivo del proceso de responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 12 de junio de 2017, tal como lo hace constar la oficina de responsabilidad fiscal y cobro coactivo de la Contraloría Departamental de Vaupés.

Agrega que el fallo definitivo del proceso de responsabilidad fiscal quedó ejecutoriado el 12 de junio de 2017, tal como lo hace constar la oficina de responsabilidad fiscal y cobro coactivo de la Contraloría Departamental de Vaupés. En virtud de ello, el señor Joaquín Camilo Moreno Villa fue incluido en el boletín de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.

Indica que con ocasión de este proceso se adelantó investigación penal, dentro del cual al demandante se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria; adicionalmente, se vio en la obligación de renunciar al cargo de secretario jurídico que desempeñaba en la Alcaldía Municipal de Mitú desde el 19 de abril de 2016, renuncia formalizada el 22 de mayo de 2017, según Decreto 034 del 22 de mayo de 2017.

Expone que la decisión de la entidad demandada de declararlo responsable fiscalmente le ha causado perjuicios materiales y morales . Los primeros, se concretan en el monto económico que por concepto de salario y de prestaciones sociales dejó de devengar como secretario jurídico de la Alcaldía Municipal de Mitú; y, los segundos , se materializan en el hecho de colocarse en tela de juicio la responsabilidad de servidor público, al haber dado lugar presuntamente a la apropiación de unos recursos públicos; y esta r sometido a un proceso penal derivado del proceso de responsabilidad fiscal en referencia, dentro del cual se le impuso medida de reclusión domiciliaria.

El día 29 de septiembre de 2017 , promovió Audiencia de Conciliación Prejudicial; trámite adelantado ante la Procuraduría 94 Judicial para Asuntos Administrativos,

impuso medida de reclusión domiciliaria.

El día 29 de septiembre de 2017 , promovió Audiencia de Conciliación Prejudicial; trámite adelantado ante la Procuraduría 94 Judicial para Asuntos Administrativos, este trámite fue declarado fallido ya que no se alcanzó un acuerdo con la entidad accionada.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se señalan como fundamentos normativos: Los artículos 6, 29, 228, 229 y 267 de la Constitución Política, artículo 149 de la Ley 136 de 1994, artículo 1 de la Ley 270 de 1996, artículo 5 de la Ley 527 de 1999, artículos 1, 3, 6, 22, 1, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000, artículo 5 del Decreto 267 de 2000 y artículos 98, 99 y 100 de la Ley 1474 de 20114

y 72 de la Ley 1437 de 2011, artículos 244, 245, 246 y 247 de la Ley 1564 de 2012 y artículo 24 de la Resolución 6541 de 2012.

El apoderado de inicio manifiesta que la Contraloría Departamental de Vaupés, con ocasión al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PVRF No. 001 -2016, desplegó actuaciones en las que concurren las causales previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 de nulidad de actos administrativos.

Afirma que el acto administrativo fue expedido con falta de competencia, cargo que fundamenta en tres (3) situaciones jurídicas . La primera, en la naturaleza de los recursos públicos que fueron apropiados por la entidad ejecutora para la celebración

Afirma que el acto administrativo fue expedido con falta de competencia, cargo que fundamenta en tres (3) situaciones jurídicas . La primera, en la naturaleza de los recursos públicos que fueron apropiados por la entidad ejecutora para la celebración del contrato interadministrativos 399 de 2015, pues se trata de recursos del orden nacional y según el artículo 24 de la Resolución Orgánica No. 6451 de 2012 expedida por la Contraloría General de la República, cuando se trata de este tipo de recursos la compet encia para el conocimiento y decisión del proceso de responsabilidad corresponde a la Contraloría General de la República a través de las Gerencias Departamentales Colegiadas; la segunda, la naturaleza jurídica de la entidad pública contratista, puesto que la asociación contratista es una entidad de derecho público, integrada por municipios pertenecientes a distintos departamento s. En ese entendido, únicamente están sujetas al control fiscal de la Contraloría General de la República; y por último, al consti tuir la asociación regional de municipios de la Amazonía y de la Orinoquía una entidad de derecho público, de conformidad con los artículos 1, 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 no es gestora fiscal.

De acuerdo con lo anterior, el apoderado concluye que las irregularidades en la expedición del acto administrativo se concretan en tener como gestor fiscal a una entidad de derecho público y en no darle el valor probatorio al acta de suspensión y el acta de prórroga del plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 399 de 2015, por el hecho de que estos documentos obran en el expediente en copias simples.

Frente al cargo de falsa motivación, afirma el apoderado que para la fecha en la

de 2015, por el hecho de que estos documentos obran en el expediente en copias simples.

Frente al cargo de falsa motivación, afirma el apoderado que para la fecha en la cual se abrió el proceso de responsabilidad fiscal No. 001 de 2016, esto es, 15 de abril de 2016, el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 399 de 2015 estaba vigente, como quiera que su ejecución se extendió hasta el 31 de mayo de 2016, en ese sentido no podía entenderse estructurado el incumplimiento contractual, ya que la entidad pública contratista estaba dentro del plazo contractual para allanarse al cumplimiento d el contrato, como a la postre lo hizo, antes del vencimiento de dicho plazo. Razón por la que concluye que al no acreditarse el incumplimiento tampoco se configura el daño patrimonial, ni se da lugar a la imputación de responsabilidad fiscal, ya que no se encontraba objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado, como exige el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011.

Argumenta el apoderado que la entidad demandada también vulneró el debido proceso, el cual de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5

constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos y constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no solo una obligación exigida a los juicios criminales.

Así las cosas, el apoderado refiere que la entidad demandada vulneró este derecho al adelantar las siguientes actuaciones:

actuación administrativa del Estado y no solo una obligación exigida a los juicios criminales.

Así las cosas, el apoderado refiere que la entidad demandada vulneró este derecho al adelantar las siguientes actuaciones:

a) Darle curso al proceso de responsabilidad fiscal sin haber ocurrido el incumplimiento del contrato interadministrativo 399 de 2015.

Al respecto, refiere que la entidad demandada vulneró el debido proceso al dar inicio al proceso de responsabilidad fiscal sin haber concurrido la afectación al patrimonio público, en razón a que el contrato se encontraba en ejecución toda vez que las part es contratantes convinieron en forma expresa y por escrito, la suspensión del plazo de ejecución del contrato por el término de 3 meses, contados a partir de la firma del acta respectiva, es decir, hasta el 28 de marzo de 2016 y en la misma forma suscribieron acta de reinicio de plazo de ejecución del contrato, en la cual se determinó como fecha de extinción del mismo el 31 de marzo del mismo año; suscribiendo el mismo día acta de prórroga del plazo de ejecución del contrato por dos (2) meses, contados a partir del plazo inicialmente pactado, es decir, que el plazo de ejecución del contrato, finalmente, se extendió hasta el 31 de mayo de 2016.

Argumenta que las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 exigen que cuando se inicie el proceso de responsabilidad fiscal o se impute responsabilidad fiscal, el daño patrimonial debe existir, es decir, que éste se haya consumado o producido, que se tenga certeza de la ocurrencia y de la afectación patrimonial.

b) Extralimitación en el ejercicio de las funciones cuando se abroga la potestad de declarar el incumplimiento del contrato

tenga certeza de la ocurrencia y de la afectación patrimonial.

b) Extralimitación en el ejercicio de las funciones cuando se abroga la potestad de declarar el incumplimiento del contrato

La parte demandante manifiesta que la Contraloría Departamental del Vaupés se extralimitó en sus funciones en el momento que se abroga la potestad de declarar el incumplimiento de un contrato estatal, teniendo en cuenta que desde el informe de auditoría, que dio lugar al proceso de responsabilidad fiscal , la auditora afirmó y concluyó el incumplimiento del contrato interadministrativo 399 de 2015, al no haber entregado la entidad contratista los bienes objeto del contrato estando finalizado el plazo de ejecución; a sumiendo una función administrativa diversa a su competencia.

c) Dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal, sin tener competencia.

El demandante argumenta que la Contraloría Departamental de Vaupés abrió el proceso de responsabilidad fiscal sin competencia para ello, reiterando que, por la naturaleza jurídica se los recursos públicos , la eventual investigación fiscal era6

asunto de competencia de la Contraloría General de la República , así como por la naturaleza jurídica de la entidad.

d) vincular al proceso de responsabilidad fiscal y proferir fallo en contra de una entidad pública, cuando no tiene la calidad de gestor fiscal.

Reitera que las personas de derecho público como lo son las Asociaciones Regionales de municipios , en este caso de la Amazonía y de la Orinoquia no son gestores fiscales, por lo tanto, no le asistía responsabilidad fiscal , pues los gestores fiscales son los representantes legales de dichas entidades, quienes administran jurídica y materialmente los recursos públicos.

gestores fiscales, por lo tanto, no le asistía responsabilidad fiscal , pues los gestores fiscales son los representantes legales de dichas entidades, quienes administran jurídica y materialmente los recursos públicos.

e) Vincular al proceso de responsabilidad fiscal a la Asociación Regional de Municipios de la Amazonia y de la Orinoquia ASOMAROQUIA como persona jurídica, sin acreditar su existencia y representación legal.

Afirma que se vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a la Asociación Regional de municipios del Amazonía y de la Orinoquia “ASOMAROQUIA” como persona jurídica, sin acreditar su existencia y representación legal, toda vez que el operador fiscal no acreditó la existencia legal de la asociación con el respectivo convenio de conformación. Por lo tanto, como la vinculación de la asociación se efectuó sin contar con el medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de dicha entidad, existe una irregularidad que obliga a declarar la nulidad de los actos demandados.

Resalta que si se analizan los fallos de responsabilidad fiscal de primera y segunda instancia en los procesos referenciados se puede evidenciar que la precipitada irregularidad sustancial de la institución de control fiscal se mantuvo hasta la terminación del proceso.

Agrega que la Ley 1472 de 2011 en el artículo 100 literal (b) dispone que si el presunto responsable fiscal no asiste a la audiencia de descargos se le asigna rá un defensor de oficio; y el ente de control fiscal ante las ausencias de la Asociación en las sesiones de audiencia de descargos no dio cumplimiento a tal normatividad, ni a los artículos 29 de la Constitución Política y 2 de la Ley 610 de 2000.

las sesiones de audiencia de descargos no dio cumplimiento a tal normatividad, ni a los artículos 29 de la Constitución Política y 2 de la Ley 610 de 2000.

f) Indebida notificación de ASOMAROQUIA, el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.

Explica el apoderado que al no haber acreditado la existencia y representación legal de esta entidad conllevó a que el trámite de notificación del auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal se efectuara indebidamente, derivándose que la actuación sea ilegítima e inexistente.

g) Imputar responsabilidad fiscal a los presuntos responsables, sin estar acreditado objetivamente el elemento del daño patrimonial al Estado.7

Sostiene que la Contraloría D epartamental del Vaupés imputó responsabilidad fiscal al accionante sin acreditar objetivamente el elemento del daño al patrimonio del Estado; a pesar de que la norma exige, en materia de responsabilidad fiscal, que cuando se inicia el proceso debe estar acreditado objetivamente el daño patrimonial.

g) Haber vinculado a un nuevo responsable fiscal, en el curso de la fase de descargos.

Afirma el apoderado que la entidad vinculó al señor Jhon Fernando Moreno Villa como presunto responsable fiscal, mediante auto del 15 de septiembre de 2015, pero dicha decisión no se profirió en audienci a por lo que estima se vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política, el 1 de la Ley 270 de 1996, el 2 de la Ley 610 de 2000, y el 99 de la Ley 1474 de 2011.

h) No haber dado valor probatorio a comunicaciones en el proceso de responsabilidad fiscal, por obrar en copias simples.

de 2000, y el 99 de la Ley 1474 de 2011.

h) No haber dado valor probatorio a comunicaciones en el proceso de responsabilidad fiscal, por obrar en copias simples.

Señala el apoderado que la Contraloría Departamental del Vaupés no les dio el valor probatorio a piezas documentales obrantes en el proceso de responsabilidad fiscal, por haberse aportado en copias simples, mediante las cuales se acreditaba la ejecución del contrato interadministrativo 399 de 2015.

Esta argumentación del órgano de control es infundada y contraria a derecho, ya que las copias revisten el mismo valor probatorio de los documentos originales según el artículo 246 del Código General disposición aplicable para todos los procesos y todas las jurisdicciones.

Finalmente, expone que la entidad demandada no debió haber fallado en primera y segunda instancia con responsabilidad fiscal, sin estar acreditado en su totalidad los tres elementos estructurales de la responsabilidad.

Reitera que se aportó al plenario las actas del 18 y 27 de mayo de 2016 con documentos anexos, en las cuales consta que la entidad pública contratista había entregado al Departamento de Vaupés los bienes que fueron pactados en el contrato, entrega que se h izo en vigencia del plazo de ejecución, es decir, que se acreditó que el daño patrimonial público que anticipadamente determinó la agencia fiscal no tuvo lugar.

Por último, enuncia que el artículo 53 de la Ley 610 del 2000 consagró que para proferir fallo de responsabilidad fiscal deben concurrir tres elementos, entre esos, la certeza del daño al patrimonio público. En este caso , considera que no se probó y, por lo tanto, no existía prueba para condenar fiscalmente al accionante.

proferir fallo de responsabilidad fiscal deben concurrir tres elementos, entre esos, la certeza del daño al patrimonio público. En este caso , considera que no se probó y, por lo tanto, no existía prueba para condenar fiscalmente al accionante.

4. Contestación de la demanda8

En auto de fecha 19 de abril de 20223 se tuvo por no contestada la demanda por parte de la Contraloría Departamental de Vaupés . En la audiencia inicial , realizada el 17 de junio de 2022,4 en la etapa de saneamiento como medida se precisó que la parte demandada correspondía al Departamento de Vaupés – Contraloría de Vaupés; al advertir que la Contraloría General de la República no había intervenido en la expedición de los actos demandados.

Así mismo, se indicó que los actos procesales como el no tener por contestada la demanda correspondía a la Contraloría Departamental de Vaupés.

5. Trámite procesal.

La demanda fue presentada el 07 de noviembre de 2017 5 tal como consta en el acta individual de reparto, la cual, inicialmente, le correspondió por reparto al Despacho de la Magistrada Teresa Herrera Andrade y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. CSJMEA21 -42 del 25 de marzo de 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.

Conforme a lo anterior, el 30 de noviembre de 2021,6 el Tribunal Administrativo del Meta dispuso admitir la demanda del asunto en referencia, la cual fue notificada en legal forma a l demandante, a la parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En auto de fecha 19 de abril de 2022 ,7 se tuvo por no contestada la demanda por

legal forma a l demandante, a la parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En auto de fecha 19 de abril de 2022 ,7 se tuvo por no contestada la demanda por parte de la Contraloría Departamental de Vaupés y conforme a lo decidido en la etapa de saneamiento realizada en la audiencia inicial del 17 de junio de 20228.

En audiencia pruebas celebrada el 26 de octubre de 2022 9, una vez agotadas las etapas contempladas en la ley, se determinó que no era necesario llevar a cabo audiencia de alegaciones y juzgamiento debido a que generaría mayor desgaste tanto para las partes como para la sala, corriendo traslado de que trata el inciso final del artículo 181 del CPACA.

Dentro del término antes indicado, la parte accionante presentó alegatos de conclusión,10 manifestando que según lo estipulado en el artículo 138 del CPACA toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, se le restablezca el derecho, y se le repare el daño. Adicionalmente, la nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo 137 i bidem,

3 Archivo: 013. AUTO FIJA FECHA -SAMAI Índice 19 4 Archivo: 020. AUDIENCIA INICIAL - SAMAI Índice 29 5 Archivo: 001. ACTA DE REPARTO - SAMAI Índice 1 6 Archivo: 007. AUTO ADMITE Y AVOCA - SAMAI Índice 9 7 Archivo: 013. AUTO FIJA FECHA -SAMAI Índice 19

5 Archivo: 001. ACTA DE REPARTO - SAMAI Índice 1 6 Archivo: 007. AUTO ADMITE Y AVOCA - SAMAI Índice 9 7 Archivo: 013. AUTO FIJA FECHA -SAMAI Índice 19 8 Archivo: 020. AUDIENCIA INICIAL - SAMAI Índice 29 9 Archivo: 021. AUDIENCIA DE PRUEBAS - SAMAI Índice 31 10 Archivo: 022. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DTE - SAMAI Índice 339

esto es, que los actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Continúa señalando que, según el artículo 164 del CPACA, la parte actora promovió legalmente el control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en el proceso de responsabilidad fiscal No. PVRF No. 001-2016 adelantado por la Contraloría Departamental de Vaupés.

Reitera que en el acápite de normas vulneradas y concepto de violación descrito en la demanda fueron consignados las actuaciones desplegadas por la entidad accionada dentro del proceso de responsabilidad fiscal cuya nulidad se pretende; además, que los elementos probatorios que soportan las pretensiones del medio de control no fueron objetados por la entidad demandada.

Así mismo , concluye que se encuentran acreditados los presupuestos fácticos, normativos y probatorios que le permiten al despacho emitir sentencia favorable a las pretensiones de la demanda; adicionalmente, considera que se encuentra

Así mismo , concluye que se encuentran acreditados los presupuestos fácticos, normativos y probatorios que le permiten al despacho emitir sentencia favorable a las pretensiones de la demanda; adicionalmente, considera que se encuentra demostrado el daño antijurídico derivado de los actos demandados que comprometen la responsabilidad de la entidad accionada y dan lugar al restablecimiento del derecho quebrantado y la reparación de los daños causados.

Reitera que en el caso particular no se encuentran estructurados los elementos que configuran la responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que la entidad demandada concluyó que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo se extinguió el 31 de diciembre de 2015, lo cual se desvirtuó en el trámite del proceso acreditando que dicho contrato fue suspendido y prorrog ado y la ejecución se extendió hasta el 31 de mayo de 2016, demostrando a su vez, que el objeto contractual se cumplió en ese término, como consta en los documentos adjuntos al proceso.

Por último, la parte demandante expone que los documentos que acreditan el cumplimiento del contrato, objeto del proceso de responsabilidad fiscal, datan del 18 y 27 de mayo de 2016. Sin embargo, la Contraloría Departamental del Vaupés no valoró dichos medios de prueba en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal.

Por su parte, el apoderado de la Contraloría Departamental de Vaupés señaló que la parte demandante 11 no probó los vicios de invalidez que enrostra a los actos administrativos demandados. Advierte que en la auditoría de la Contraloría en el año 2015 se encontró hallazgo fiscal que denotó en un detrimento patrimonial proveniente del contrato interadministrativo No. 399 de 2015, que originó el proceso

administrativos demandados. Advierte que en la auditoría de la Contraloría en el año 2015 se encontró hallazgo fiscal que denotó en un detrimento patrimonial proveniente del contrato interadministrativo No. 399 de 2015, que originó el proceso de responsabilidad fiscal No. PVRF No. 001-2016 en contra del señor Joaquín Camilo Moreno Villa, quien, como secretario jurídico del Departamento del Vaupés, no realizó el asesoramiento adecuado en las actuaciones adelantadas en la etapa

11 Folio 2. Archivo: 023. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN CONTRALORIA - SAMAI Índice 3410

precontractual, y contractual que derivaron en la orden de pago anticipado del 100%, infringiendo lo estipulado en el parágrafo 4 de la Ley 80 de 1993.

Sostiene que el proceso de responsabilidad fiscal se ajustó al debido proceso y garantizó el derecho de defensa de los investigados, realizando actuaciones como la presentación de descargos, aportar y solicitar pruebas, presentar alegatos de conclusión, asunto en el que finalmente el órgano de control demostró la existencia de los hechos que motivaron el detrimento patrimonial del Departamento de Vaupés.

También expresó que en el mismo proceso de responsabilidad fiscal se acreditó que el demandante estuvo vinculado con la entidad territorial desde el 1 de febrero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015, periodo de tiempo en el cual se realizó la etapa precontractual y contractual del contrato interadministrativo en cuestión, y en el que el responsable debió velar por el cumplimiento normativo aplicable a ese tipo de contrato, al igual que verificar la validez y legalidad de los documentos aportados

etapa precontractual y contractual del contrato interadministrativo en cuestión, y en el que el responsable debió velar por el cumplimiento normativo aplicable a ese tipo de contrato, al igual que verificar la validez y legalidad de los documentos aportados para la ejecución del contrato. Expone que el demandante en su calidad de Secretario Jurídico aprobó una póliza inexistente , pues no fue expedida por la compañía de seguros Suramericana S.A, omitiendo cumplir con las funciones atribuidas a dicho cargo, demostrándose así una gestión fiscal inadecuada e ineficiente vulnerando lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

Refiere que dentro del proceso de responsabilidad fiscal se demostró que el demandante tenía formación profesional y experiencia jurídica para adelantar el proceso precontractual y contractual del contrato interadministrativo en mención, según lo establecido en la normatividad vigente. Y que, por el contrario, autorizó el pago anticipado del 100% sin verificar la autenticidad de las pólizas y permitiendo la ejecución de un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Por otra