TA MET - Sentencia 50001-23-33-000-2019-00252-00 (25-09-2025)

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Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 50001-23-33-000-2019-00252-00

Sentencia de Primera instancia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, veinticinco (25) de septiembre del dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No 2

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: SUGEY MILENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALUGPP RADICACIÓN: 50001-23-33-000-2019-00252-00

I. SENTENCIA ANTICIPADA

Clausurado el trámite legal, sin observar causal de nulidad que invalide el proceso e impida su pronunciamiento, procede la Sala a proferir sentencia anticipada1 que en derecho corresponda, en el proceso promovido por Sugey Milena Martínez González, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la entidad demandada – Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – en adelante UGPP2.

II. ANTECEDENTES

La demandante Sugey Milena Martínez González, actuando a través de apoderado judicial, el 12 de agosto de 20193, interpuso medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el Unidad de Gestión Pensional y ParafiscalUGPP, con la finalidad que se estimaran las siguientes:

judicial, el 12 de agosto de 20193, interpuso medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el Unidad de Gestión Pensional y ParafiscalUGPP, con la finalidad que se estimaran las siguientes:

1. Pretensiones

El apoderado de la parte demandante solicita que se declare la nulidad de la i) Resolución RDO-2018-00829 del 16 de abril de 2018, mediante la cual se determinó un mayor aporte al sistema de seguridad social correspondiente al año 2015, así como las sanciones por omisión e inexactitud ; y, de la ii) Resolución RDC-201900455 del 8 de abril de 2019, notificada el 11 de abril del mismo año, por medio de

1 Exp. SAMAI: 007. Auto Decreto - SAMA índice 00009 (007. ACT_AUTO DECRETA-Senten Antici - Fija litigio _índice 9) 2 SAMAI índice 00005 (005. _ACT_INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO - índice 7) 3 Exp. SAMAI: 00005 (005. _ACT_INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO - índice 7) pag. 1872

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Sentencia de Primera instancia la cual se resolvió el recurso de reconsideración y se confirmaron los mayores aportes y las sanciones impuestas.

Como restablecimiento del derecho, solicita que se declare que su representada no estaba obligada al pago de los aportes al sistema de seguridad social.

Adicionalmente, solicita que se condene al pago de las indemnizaciones correspondientes por el daño moral y por los perjuicios ocasionados en la salud

estaba obligada al pago de los aportes al sistema de seguridad social.

Adicionalmente, solicita que se condene al pago de las indemnizaciones correspondientes por el daño moral y por los perjuicios ocasionados en la salud (salud y vida de relación).

También requiere a que se condene a la UGPP al pago de las costas procesales y agencias en derecho.

De manera subsidiaria, solicita que se declare que los aportes al sistema de seguridad social debieron realizarse a partir del mes de julio de 2015, permitiendo deducir los costos y gastos, y aplicar el porcentaje del 40% sobre la utilidad obtenida.

2. Hechos

Se señala en la demanda que la señora Sugey Milena Martínez González es una persona natural dedicada al comercio de productos agropecuarios, quien ejercía su actividad económica de manera independiente durante el año 2015.

Según la declaración de renta correspondiente a ese periodo, obtuvo ingresos brutos por valor de $2.387.411.000,00, y para el desarrollo de su actividad incurrió en costos y deducciones que ascendieron a $2.338.783.000,00.

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGP notificó a la demandante requerimiento para declarar y/o corregir la declaración RCD-2017-01869 del 4 de septiembre de 2017 . En el cual propuso modificar los aportes al sistema de seguridad social, tomando únicamente como referencia los ingresos reportados en la declaración de renta, sin considerar los costos y deducciones asociados a la actividad económica.

La parte demandante respondió oportunamente dicho requerimiento mediante escrito rad icado el 6 de diciembre de 2017. Al cual anexó la documentación

la declaración de renta, sin considerar los costos y deducciones asociados a la actividad económica.

La parte demandante respondió oportunamente dicho requerimiento mediante escrito rad icado el 6 de diciembre de 2017. Al cual anexó la documentación pertinente y solicit ó que se tuvieran en cuenta los costos y deducciones para la determinación del ingreso base de cotización.

No obstante, la UGPP notificó la Liquidación Oficial contenida en la Resolución RDO-2018-00829 del 16 de abril de 2018, en la cual liquidó los aportes al sistema de seguridad social por valor de $58.581.200,00, una sanción por omisión de $85.266.800,00 y una sanción por inexactitud de $2.319.720.3

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Sentencia de Primera instancia Contra dicha liquidación se interpuso recurso de reconsideración mediante escrito del 1 de junio de 2018, en el cual se expusieron argumentos jurídicos y técnicos que sustentaban la no obligatoriedad de realizar aportes, así como la forma correcta de determinar el ingreso base de cotización.

Finalmente, la UGPP resuelve el recurso de reconsideración , mediante la Resolución RDC -2019-00455 del 8 de abril de 2019, notificada el 11 de abril del mismo año, confirmando los mayores aportes y las sanciones impuestas.

3. Normas vulneradas y concepto de vulneración

Se señalan como fundamentos normativos, los siguientes:

Constitución Política: los artículos 58, 90, 95 numeral 9 del artículo 95 y 363;

3. Normas vulneradas y concepto de vulneración

Se señalan como fundamentos normativos, los siguientes:

Constitución Política: los artículos 58, 90, 95 numeral 9 del artículo 95 y 363; artículos 683, 684, 712, 746, 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario; artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; artículo 135 de la Ley 1753 de 2015; artículo 209 de la Ley 100 de 1993; Decreto 510 de 2003; Decreto 806 de 1998; y Decreto 1406 de 1999.

El apoderado de la parte demandante sustenta los argumentos de nulidad de los actos administrativos en los siguientes cargos:

No obligatoriedad de realizar aportes a pensión, argumenta que, para el primer semestre de 2015, no existía una obligación legal clara para los trabajadores por cuenta propia de realizar aportes al sistema de pensiones, conforme al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003. Señala que la reglamentación exigida por la norma nunca fue expedida, lo que impide imponer obligaciones retroactivas.

No causación de deuda ni intereses por no pago de aportes en salud , invoca el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C -177 de 1998 de la Corte Constitucional, para afirmar que el no pago de aportes por parte de trabajadores independientes no genera deuda ni intereses moratorios, sino únicamente la suspensión de la afiliación.

Ausencia de base legal para determinar aportes de independientes , sostiene que, para el año 2015, no existía una base gravable definida para los trabajadores

suspensión de la afiliación.

Ausencia de base legal para determinar aportes de independientes , sostiene que, para el año 2015, no existía una base gravable definida para los trabajadores independientes por cuenta propia, ya que el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 solo regulaba a contratistas de prestación de servicios, y la reglamentación para otros independientes nunca fue expedida.

Falta de capacitación e información por parte del Estado , denuncia el incumplimiento de las obligaciones estatales de difusión, capacitación y colaboración previstas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1151 de 2007, lo que vulnera el principio de equidad y justicia tributaria.4

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Sentencia de Primera instancia Aplicación indebida de normas posteriores , cuestiona la aplicación retroactiva del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que solo a partir de junio de ese año estableció el ingreso base de cotización para independientes, lo que impide sancionar por periodos anteriores.

Desconocimiento de costos y deducciones , alega que la UGPP vulneró el derecho a descontar los costos y deducciones permitidos por el artículo 107 del Estatuto Tributario y el Decreto 510 de 2003, ignorando la contabilidad y certificación del contador como medios probatorios válidos.

Violación al principio de veracidad de las declaraciones tributarias , invoca el artículo 746 del Estatuto Tributario . Para señalar que la UGPP aceptó los ingresos reportados en la declaración de renta, pero rechazó sin justificación los costos y

Violación al principio de veracidad de las declaraciones tributarias , invoca el artículo 746 del Estatuto Tributario . Para señalar que la UGPP aceptó los ingresos reportados en la declaración de renta, pero rechazó sin justificación los costos y deducciones, lo que constituye una actuación incongruente.

Desconocimiento de la prueba contable , argumenta que la contabilidad debidamente llevada constituye prueba suficiente, conforme a los artículos 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario, y que la certificación del contador debe ser valorada como prueba idónea.

Extralimitación de funciones al exigir soportes completos , denuncia que la UGPP excedió sus facultades al exigir la totalidad de los documentos soporte de los costos y deducciones, desconociendo que la ley permite la exhibición parcial de libros y comprobantes.

Falsa motivación en los actos administrativos, señala que las resoluciones no explican de manera clara y detallada las modificaciones efectuadas, incumpliendo el artículo 712 del Estatuto Tributario sobre el contenido de las liquidaciones oficiales.

Indebida determinación del ingreso base de cotización , cuestiona que la UGPP haya dividido los ingresos brutos en doce meses sin considerar los costos y deducciones, citando normas que no son aplicables al caso concreto.

Prohibición de tributos confiscatorios , invocan los artículos 58, 95 -9 y 363 de la Constitución y jurisprudencia constitucional para afirmar que las sanciones impuestas por la UGPP resultan confiscatorias, afectando gravemente el patrimonio del contribuyente.

Desconocimiento del espíritu de justicia tributaria , denuncia que la UGPP actuó

impuestas por la UGPP resultan confiscatorias, afectando gravemente el patrimonio del contribuyente.

Desconocimiento del espíritu de justicia tributaria , denuncia que la UGPP actuó sin observar el principio de justicia previsto en el artículo 683 del Estatuto Tributario, imponiendo cargas excesivas y desproporcionadas.

Finalmente, solicita la indemnización por los perjuicios morales y por daño en la salud (vida en relación), conforme al artículo 90 de la Constitución Política y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, argumentando que5

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Sentencia de Primera instancia las actuaciones de la UGPP han causado afectaciones graves en la vida personal, emocional y patrimonial de la demandante.

4. Contestación de la demanda

La apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–4, actuando en calidad de apoderada especial, manifestó su oposición a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, tanto principales como subsidiarias, formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que los actos administrativos demandados fueron expedidos en ejercicio de las facultades legales conferidas a la UGPP, con sujeción a las disposiciones especiales vigentes al momento de su expedición y que gozan de presunción de legalidad, la cual no ha sido desvirtuada por la parte demandante, ni en los hechos, ni en los fundamentos jurídicos, ni en el acervo probatorio allegado.

especiales vigentes al momento de su expedición y que gozan de presunción de legalidad, la cual no ha sido desvirtuada por la parte demandante, ni en los hechos, ni en los fundamentos jurídicos, ni en el acervo probatorio allegado.

En consecuencia, solicitó se nieguen las pretensiones y se condene en costas a la parte demandante, en atención a que el objeto del proceso se relaciona con la defensa de los recursos y del patrimonio público del Sistema de la Protección Social.

En los argumentos de defensa se refirió a los siguientes asuntos:

4.1. Del Sistema de la Protección Social y la obligatoriedad de afiliación y pago de aportes.

El apoderado recordó que el artículo 48 de la Constitución Política elevó a rango constitucional el derecho irrenunciable a la seguridad social, imponiendo al Estado la obligación de garantizar su prestación, sostenibilidad financiera y cobertura progresiva. Así mismo, señaló que el artículo 2 de la Ley 100 de 1993 establece que la seguridad social se rige p or los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad e integralidad. Como sustento de sus argumentos se hace alusión a la sentencia C-124 de 2004 de la Corte Constitucional.

Resaltó que las contribuciones parafiscales financian los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, así como entidades como el SENA, ICBF y cajas de compensación, recursos que no ingresan al presupuesto de la UGPP , sino que se destinan directamente al sistema para su administración y dispersión a través del ADRES y demás administradoras.

4.2. Obligación de los trabajadores independientes y definición del IBC

destinan directamente al sistema para su administración y dispersión a través del ADRES y demás administradoras.

4.2. Obligación de los trabajadores independientes y definición del IBC

4 SAMAI índice 00005 (005. _ACT_INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO - índice 7)- pag 1286

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Sentencia de Primera instancia Sostiene la entidad demandada que , de conformidad con los ar tículos 19 y 157 de la Ley 100 de 1993 , el Decreto 806 de 1998 y el Decreto 510 de 2003 , todos los trabajadores independientes con capacidad de pago, incluidos comerciantes y rentistas de capital, están obligados a afiliarse y aportar al sistema.

En apoyo citó la sentencia C-578 de 2009 de la Corte Constitucional , en la cual se afirmó que “ La expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas económicamente activas”.

Rechazó la interpretación de la parte actora que pretendía restringir el alcance de la norma a contratistas de prestación de servicios . Para lo cual señaló que su actividad económica —código CIIU 4664 — la ubica como independiente por cuenta propia. Generándose la obligación de realizar aportes de conformidad con el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el parágrafo 1 del Decreto 510 de 2003 y el artículo 107 del Estatuto Tributario, en el periodo de enero a junio de 2015 y con base en el artículo 135 de la Ley 1735 de 2015 en el periodo de julio a diciembre de 2015.

510 de 2003 y el artículo 107 del Estatuto Tributario, en el periodo de enero a junio de 2015 y con base en el artículo 135 de la Ley 1735 de 2015 en el periodo de julio a diciembre de 2015.

Precisa que la jurisprudencia a la que se refiere la parte demandante , sobre el no pago de aportes a seguridad social, no resulta aplicable al caso concreto , teniendo en cuenta que se trata sobre la omisión del pago del de aportes en salud de un empleador, más no del trabajador independiente.

Del mismo modo , afirma el apoderado que no es cierto que para el año 2015 no estuviera determinado el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes. Para el periodo enero a junio fue determinado en el a rtículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 . Y el periodo julio a diciembre fue previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Del mismo modo , precisa que los trabajadores independientes se encuentran clasificados en trabajadores: independientes por cuenta propia, independientes con contrato diferente a prestación de servicios, quienes deben cotizar sobre el 40% del total de ingresos, con la posibilidad de descontar las expensas necesarias productoras de renta (artículo 107 del Estatuto Tributario), de conformidad con el inciso 1 del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Los independientes con contrato de prestación de servicios relacionados con las funciones de la entidad, quienes debe cotizar sobre el 40% del total de ingresos, sin que haya lugar a descontar las expensas según el artículo 107 del Estatuto Tributario, de conformidad con el inciso 3 del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015

del total de ingresos, sin que haya lugar a descontar las expensas según el artículo 107 del Estatuto Tributario, de conformidad con el inciso 3 del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015

4.3. Sobre costos y deducciones.

El apoderado explicó que el artículo 107 del Estatuto Tributario establece la posibilidad de descontar las expensas necesarias productoras de renta, siempre que g uarde relación de causalidad con la actividad productora de renta , sean necesarias en relación con el ingreso gravado y proporcionales al ingreso generado.7

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Sentencia de Primera instancia

Además, deben estar soportadas con documentos idóneos, como facturas o documentos equivalentes que cumplan con los artículos 617, 618 y 771 -2 E.T., tal como lo ha establecido el Consejo de Estado (sentencia 28 de junio de 2010, rad. 16791).

Señaló que la actora no aportó soportes contables que acreditaran los costos alegados, limitándose a una copia de la declaración de renta y una certificación de contador, la cual carecía del detalle exigido por el artículo 777 E.T. y la jurisprudencia (C.E., Sección Cuarta, 16 de noviembre de 2017, rad. 20529).

Finalmente, expone que la certificación del contador público no resulta suficiente para acreditar los costos en que incurrió la aportante en desarrollo de su actividad económica, ni tampoco permite constatar el valor reportado.

4.4. Carga de la prueba y decisiones administrativas.

para acreditar los costos en que incurrió la aportante en desarrollo de su actividad económica, ni tampoco permite constatar el valor reportado.

4.4. Carga de la prueba y decisiones administrativas.

Invocó el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 742 E.T. para reiterar que la carga de la prueba sobre costos y deducciones corresponde a la parte actora, y que las decisiones de la administración deben fundarse exclusivamente en hechos probados. En este caso, la falta de soportes idóneos imposibilita aceptar la deducción de expensas y obliga a aplicar la base establecida por la UGPP en los actos administrativos demandados.

4.5. Improcedencia de devolución de aportes y reconocimiento de perjuicios.

La UGPP precisó que los aportes recaudados se destinan directamente al sistema y no al patrimonio de la entidad, por lo que no es procedente su devolución. Respecto a los perjuicios reclamados, recordó que el reconocimiento de un daño antijurídico requiere la acreditación del hecho, la relación de causalidad y la ausencia del deber jurídico de soportarlo, condiciones que no se cumplen en este caso.

Invocó el principio de solidaridad y el carácter obligatorio de las cotizaciones, señalando que el incumplimiento por parte de la actora no puede dar lugar a beneficios o indemnizaciones.

En relación con la confiscatoriedad, se indicó que esta implica un acaparamiento total, por parte del tributo, de las utilidades obtenidas por el contribuyente en el desarrollo de actividades generadoras de renta. No obstante, en el caso concreto, no se busca afectar la estabilidad económica del contribuyente, toda vez que se

total, por parte del tributo, de las utilidades obtenidas por el contribuyente en el desarrollo de actividades generadoras de renta. No obstante, en el caso concreto, no se busca afectar la estabilidad económica del contribuyente, toda vez que se estableció que cuenta con capacidad de pago para asumir los aportes al sistema de salud.

5. Trámite procesal.8

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 50001-23-33-000-2019-00252-00

Sentencia de Primera instancia

La demanda fue presentada el 12 de agosto de 2019, tal como consta en el a cta individual de reparto5, y se admitió a través de auto del 10 de septiembre de 20196. A través de proveído del 03 de marzo de 2020 , se fijó fecha para adelantar audiencia inicial. Dicha audiencia no se llevó a cabo en razón a las medidas sanitarias, por la declaratoria del Estado de Emergencia por el Covid-19.

Posteriormente, en proveído del 06 de abril de 2021 7 al encontrar acreditados los supuestos contenidos en el numeral primero del artículo 182A del CPACA para proferir sentencia anticipada, se tuvo por contestada la demanda, se fijó el litigio y se incorporó la prueba documental aportada con la demanda.

Seguidamente, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante providencia del 07 de septiembre de 2021 8. Oportunidad procesal, en la cual las partes aportaron sus respectivas alegaciones y el Ministerio guardó silencio.

5.1. Alegatos parte demandante.

El apoderado de la parte demandante 9 presentó en término los alegatos de

aportaron sus respectivas alegaciones y el Ministerio guardó silencio.

5.1. Alegatos parte demandante.

El apoderado de la parte demandante 9 presentó en término los alegatos de conclusión. Solicitando que se declare la nulidad de los actos administrativos acusados y se restablezca el derecho invocado. Señala que para el año 2015 mayoría de ciudadanos colombianos no conocía la UGPP y menos la abundante normativa que regulaba el pago de seguridad social de los trabajadores independientes.

Argumentó la existencia, para el año 2015, de vacíos normativos en relación con la determinación de la base de cotización de los trabajadores independientes no prestadores de servicios . Así mismo, c uestionó la metodología de la entidad para calcular los ingresos presuntos , dividiendo el total anual por doce , desconociendo costos y deducciones debidamente soportados. Por otra parte, advierte que el numeral 2 del artículo 209 de la Ley 100 de 1993 establece la suspensión de la afiliación en salud por mora y que ello no causa deuda, ni intereses moratorios.

De igual manera insiste en que la Ley 1753 de 2015 regulaba los aportes de trabajadores independientes prestadores de servicios y la demandante no tiene esa calidad.

5.2. Alegatos entidad demandada.

Por su parte, el apoderado de la demandante10 solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y se confirme la legalidad de los actos administrativos

5 Exp. SAMAI: 02. 001. _ActaReparto_índice 1pag 107

pretensiones de la demanda y se confirme la legalidad de los actos administrativos

5 Exp. SAMAI: 02. 001. _ActaReparto_índice 1pag 107 6 Exp. SAMAI: 02. 005. _ACT_INCORPORA EXPEDIENTE DIGITALIZADO - índice 7– pág. 109 7 Exp. SAMAI: 007. ACT_AUTO DECRETA-Senten Antici - Fija litigio _índice 9 8 Exp. SAMAI: 17Auto Corre Traslado - índice 22 9 Exp. SAMAI: 19Agregar Memorial - Alegados demandante - índice 25 10 Exp. SAMAI: 20Agregar Memorial - Alegados UGPP - índice 279

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Sentencia de Primera instancia cuestionados, reiterando los argumentos de defensa de la contestación de la demanda.

Sostuvo que , conforme a la Ley 100 de 1993 , sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia constitucional, los trabajadores independientes con capacidad de pago —incluidos los comerciantes— son aportantes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social. Indicó que para el año 2015 la actora debía cotizar sobre el ingreso base previsto en el artículo 19 de la Ley 100 modificado por la Ley 797 de 2003, y desde julio de ese año conforme al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Señaló que la liquidación se efectuó con base en el ingreso bruto mensualizado declarado en renta por $2.399.629.000, al no haberse acreditado costos o

Señaló que la liquidación se efectuó con base en el ingreso bruto mensualizado declarado en renta por $2.399.629.000, al no haberse acreditado costos o deducciones con la documentación idónea exigida por el artículo 107 del Estatuto Tributario y las reglas jurisprudenciales. Afirmó que la carga de probar dichos costos recaía en la actora y que la presunción de veracidad de las declaraciones no la exime de demostrar los hechos declarados.

Finalmente, rechazó que se haya vulnerado el deber de información y capacitación a los aportantes, así como el argumento de confiscatoriedad, precisando que la determinación se basó en normas vigentes y hechos probados.

Por último, se observa que el Ministerio público guardó silencio.

Rituado el proceso con las formalidades legales y no observándose causal alguna de nulidad que puede invalidar lo actuado se procede a resolver previas las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente este Tribunal para resolver el presente proceso en razón a la cuantía de conformidad con el numeral 4 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; así como, por el territorio de acuerdo con el numeral 7 del artículo 156 del C.P.A.C.A.

2. Problema Jurídico.

El problema jurídico que esta corporación debe atender se circunscribe en determinar si:

Se debe declarar la nulidad de la Resolución RDO-2018-00829 del 1 6 de abril de 2018 por el cual se calculó un mayor aporte a seguridad social del año 201 5 y se

determinar si:

Se debe declarar la nulidad de la Resolución RDO-2018-00829 del 1 6 de abril de 2018 por el cual se calculó un mayor aporte a seguridad social del año 201 5 y se determinaron las sanciones por omisión e inexactitud y la Resolución RDC-201900455 del 8 de abril de 2019 por medio de la cual resolvió el recurso de10

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 50001-23-33-000-2019-00252-00

Sentencia de Primera instancia reconsideración, conforme a los cargos alegados , o si, contrario, como lo indica la entidad demandada, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala delimitar el caso sub-examine teniendo en cuenta lo siguiente:

3. Caducidad

La caducidad de la acción es un fenómeno de creación legal, por cuyo efecto, el paso del tiempo implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos vulnerados por causa de la actividad del Estado. Así las cosas, tratándose del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, como el que aquí se promovió, el artículo 164 del C.P.A.C.A establece como término de caducidad, el plazo de cuatro (04) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto según el caso.

Hecha la precisión de carácter normativo antes citada, se observa en el sub lite, que la parte demandante pretende la nulidad de la liquidación oficial por omisión e inexactitud en las autoliquidaciones , adoptada mediante Resolución RDO -2018Hecha la precisión de carácter normativo antes citada, se observa en el sub lite, que la parte demandante pretende la nulidad de la liquidación oficial por omisión e inexactitud en las autoliquidaciones , adoptada mediante Resolución RDO -201800829 del 16 de abril de 2018 por el cual se calculó un mayor aporte a seguridad social del año 2014, y se determinaron las sanciones por omisión e inexactitud.

Así mismo, la Resolución RDC-2019-00455 del 8 de abril de 2019 por medio de la cual resolvió el recurso de reconsideración, se calculó un mayor aporte a seguridad social por el año 201 5 y se determinaron unas sanciones por omisión e inexactitud, la cual quedó ejecutoriada el 26 de abril de 2019, según constancia expedida por la Subdirector de Determinación de Obligaciones de la entidad11.

En consecuencia, tenía plazo para radicar el correspondiente medio de control de nulidad y restablecimiento hasta el 27 agosto de 2019. Así las cosas, en el sub-lite no se ha presentado el fenómeno de la caducidad de la acción administrativa, toda vez que la demanda fue instaurada dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del acto, de conformidad con el artículo 164 del C.P.A.C.A. , es decir, el 12 de agosto de 201912, tal y como se observa en el acta de reparto de la demanda.

4. Marco Jurídico.

4.1. Regulación normativa de la afiliación y la obligación de realizar aportes sociales al Sistema General de Seguridad Social.

El artículo 1 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la

sociales al Sistema General de Seguridad Social.

El artículo 1 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

11 Exp. SAMAI: 34_IncorporaExped_CDCONTEST_LIQUIDACIONOFICIALRD_ÍNDICE 7 12 Exp. SAMAI: 001. ActaReparto - SAMAI índice 111

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 50001-23-33-000-2019-00252-00

Sentencia de Primera instancia

Adicionalmente, informa que está comprendido por las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, regulados