TA MET - Sentencia 50001-33-33-008-2020-00112-01 (23-01-2025)

República de Colombia

Tribunal Administrativo del Meta-Sala Sexta Oral

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO

Villavicencio, enero veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 50001333300820200011201

DEMANDANTE: LUZ MIRYAM ZÁRATE CARRERO

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –

SENA

M. DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO

ASUNTO:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2023 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

ANTECEDENTES PROCESALES

La demanda y sus pretensiones2

La señora LUZ MIRYAM ZARATE CARRERO en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que se configuró el 22 de marzo de

1 Se altera el turno para dictar sentencia en este proceso, de conformidad con la postura del órgano de cierre de esta jurisdicción Sección Tercera, Subsección C, en el Auto del 03 de julio de 2018, dictado dentro del proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que al respecto precisó: “En relación con el derecho de turno es menester tener en

proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que al respecto precisó: “En relación con el derecho de turno es menester tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, por (…) vii) la conformación de “un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia”. 2 Ver índice 00006 registrado en primera instancia en el aplicativo digital -Samai-2 50001333300820200011201 - NRDO

LUZ MIRYAM ZÁRATE CARRERO V/s SENA

2019, en relación con la reclamación No. 1 -2018-002879 presentada el 21 de diciembre de 2018.

Como consecuencia de lo anterior, pidió que se declare que entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL META y ella existió una relación de carácter laboral desde el 6 de abril de 1995 hasta el 31 de agosto de 2018.

Aunado a lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de todas las acreencias laborales y prestacionales generadas durante la vigencia del vínculo laboral, incluyendo los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales. De igual manera, requirió el pago de las demás

acreencias laborales y prestacionales generadas durante la vigencia del vínculo laboral, incluyendo los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales. De igual manera, requirió el pago de las demás prestaciones a las que tienen derecho los empleados públicos de la entidad demandada, tomando como ingreso base de liquidación el valor de los contratos y órdenes de servicio suscritos.

Así mismo, pidió que se ordene a la entidad demandada liquidar y pagar los porcentajes correspondientes a las cotizaciones de seguridad social, incluyendo pensión, salud y riesgos laborales (ARL), que debieron ser trasladados a los fondos respectivos por la demandada, pero que fueron asumidos en su totalidad por ella.

Finalmente, solicitó que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas, que el tiempo laborado sea computado para efectos pensionales y que se condene a la demandada al pago de las sumas que resulten debidamente probadas (extra o ultra petita). Además, requirió que se dé cumplimiento a la condena en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

Como situación fáctica, narró que estuvo vinculad a a través de órdenes y contratos de prestación de servicios en calidad de instructora hora catedra para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” en los centros de enseñanza REGIONAL META, desde el 6 de abril de 1995 hasta el 31 de agosto de 2018.3 50001333300820200011201 - NRDO

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Comentó, que cumplió con las funciones y obligaciones propias del

agosto de 2018.3 50001333300820200011201 - NRDO

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Comentó, que cumplió con las funciones y obligaciones propias del cargo, destacando las siguientes: I) Desarrollar procesos de formación profesional de conformidad con las políticas institucionales, la NORMATIVIDAD vigente y de acuerdo con el procedimiento ejecución de la formación profesional integral GFPI-P-006 Versión 2, o que se encuentre vigente en el momento de ejecución; II) Ejecutar procesos de evaluación por competencia laborales de acuerdo con las necesidades del Centro ; III) Participar activament e en los equipos de desarrollo curricular multidisciplinarios por programas o conjunto de programas o por redes tecnológicas, para garantizar la integralidad de la formulación de proyectos formativos el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de ta lleres e ítems que alimentaran los bancos de pruebas para la selección de aprendices, entre otras ; IV) Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos; V) Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo de máximo de 3 días, todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo tales como: Registro de los juicios evaluativos, Creación de rutas y asociación de aprendizaje ; VI) Responder por los bienes y elementos puestos a disposición para el cumplimiento del objeto contratado.

Expresó, que d urante dicha vinculación laboral tuvo que cumplir órdenes e instrucciones dictadas por los coordinadores académicos y los

los bienes y elementos puestos a disposición para el cumplimiento del objeto contratado.

Expresó, que d urante dicha vinculación laboral tuvo que cumplir órdenes e instrucciones dictadas por los coordinadores académicos y los supervisores del contrato, dentro del proyecto formativo diseñado y definido por la demandada.

Indicó, que ejecutó el servicio cumpliendo a cabalidad con los horarios académicos impuestos por la demandada para impartir los cursos de formación.

Refirió, que cumplió con los reglamentos y normas internas aplicables a todos los instructores del “SENA” Regional Meta, en los que se fijaban las políticas educativas e institucionales a las que se encontraba sometida.4 50001333300820200011201 - NRDO

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Sostuvo, que recibía comunicaciones internas por parte de los representantes legales y funcionarios de la entidad demandada, en las cuales se le indicaban los lugares a los que debía desplazarse para cumplir con la función de impartir educación no formal. Asimismo, señaló, que se le exigía asistencia obligatoria a reuniones de coordinación educativa o contractual, incluso en ausencia de un acta de inicio contractual y que le eran asignadas funciones como evaluadora de futuros aprendices.

Aseguró, que era reconocida por todo el personal académico, administrativo y aprendices de los Centros de Formación de la Regional Meta del “SENA”, como Instructora en las áreas de formación que le eran asignadas dentro del objeto contractual correspondiente.

Señaló, que la remuneración recibida en forma de honorarios profesionales se realizó en dos modalidades diferentes, por hora catedra y

“SENA”, como Instructora en las áreas de formación que le eran asignadas dentro del objeto contractual correspondiente.

Señaló, que la remuneración recibida en forma de honorarios profesionales se realizó en dos modalidades diferentes, por hora catedra y asignación fija mensual . No obstante, aclaró que dichos pagos no incluyeron compensaciones por concepto de transporte ni por gastos de representación en los que incurrió para prestar los servicios de formación en los diferentes lugares del Departamento del Meta que le eran asignados.

Comentó, que el 21 de diciembre 2018 con Radicado No. 1 -2018002879 presentó ante la entidad demandada Reclamación Administrativa, con el propósito de que se le reconociera la Relación Laboral que hubo desde el momento que fue vinculada y las consecuencias jurídicas y económicas que de ello derivaba.

Sostuvo, que la entidad demandada nunca la notificó personalmente a ella ni a quien actuaba como su apoderado en la reclamación administrativa, ningún acto administrativo particular en el que hubiera resuelto la petición elevada. Por lo anterior, adujó que el 22 de marzo de 2019 se configuró el acto administrativo ficto que negó la existencia de la relación laboral, así como las prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados.

Dijo, que ante la falta de respuesta por parte de la entidad, reiteró su reclamación mediante un escrito presentado el 26 de diciembre de 2019,5 50001333300820200011201 - NRDO

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identificado con el radicado 7-2019-071658 y, posteriormente, mediante el Oficio

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identificado con el radicado 7-2019-071658 y, posteriormente, mediante el Oficio No. 50 -2-2019-006053 del 30 de diciembre de 2019 la entidad demandada respondió, señalando que su solicitud de reconocimiento de realidad contractual había sido resuelta de forma negativa a través del Oficio No. 50 -2-2019-000228 del 30 de enero de 2019, del cual se adjuntó una copia simple e informal.

Finalmente a legó, que desconoce formalmente el contenido del Oficio No. 50 -2-2019-000228 del 30 de enero de 2019, ya que este no fue notificado personalmente, en contravención de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.

Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas violadas los artículos 2. 4, 6. 13, 25, 53 y 123 de la Constitución Política; artículo 1 de la Ley 6ª de 1945; artículo 1 de la Ley 65 de 1946; numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; artículo 19 y 21 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1045 de 1978.

En el acápite correspondiente al concepto de violación argumentó, que la entidad desconoció la relación legal y reglamentaria que debió existir, en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades e indicó , que en el presente asunto se encuentran presentes los elementos esenciales de una relación laboral, esto es la existencia de un servicio personal prestado por ella, una remuneración y la debida subordinación.

presente asunto se encuentran presentes los elementos esenciales de una relación laboral, esto es la existencia de un servicio personal prestado por ella, una remuneración y la debida subordinación.

Consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de los trabajadores al emplear de manera reiterada y prolongada contratos de prestación de servicios para encubrir una relación laboral real, advirtiendo, que esta práctica desvirtuó los principios de temporalidad e independencia que son esenciales en esta figura contractual, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En tal sentido, indicó, que la utilización de esta modalidad para suplir funciones propias y permanentes del “SENA” infringió normas constitucionales que consagran la primacía de la relación laboral sobre las formalidades contractuales, afectando los derechos laborales de los trabajadores vinculados bajo dicha figura.6 50001333300820200011201 - NRDO

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Precisó, que en el caso particular se configuró un contrato realidad, dado que durante 23 años ejecutó funciones propias del giro ordinario de la entidad demandada, bajo subordinación y con cumplimiento de horarios académicos impuestos. Además, comentó que las actividades desarrolladas eran inherentes al funcionamiento regular de la entidad, por lo que no cumplían con los criterios de temporalidad, excepcionalidad y autonomía exigidos por la ley para los contratos de prestación de servicios, enfatizando, que este uso reiterado y permanente de dicha figura contractual evidenció un propósito de encubrir una relación laboral continua y subordinada, en claro detrimento de los derechos laborales correspondientes.

Destacó, que los instructores del “SENA” desempeñan labores

y permanente de dicha figura contractual evidenció un propósito de encubrir una relación laboral continua y subordinada, en claro detrimento de los derechos laborales correspondientes.

Destacó, que los instructores del “SENA” desempeñan labores eminentemente subordinadas conforme a la regulación aplicable y a los lineamientos de la entidad , de tal suerte que la labor que ella desempeñó consideró que se realizó bajo las mismas condiciones de los docentes de planta, diferenciándose únicamente por la modalidad contractual empleada. Además, subrayó que la supervisión , las instrucciones impartidas y la obligatoriedad de asistir a reuniones académicas evidencia ban un vínculo subordinado, incompatible con la naturaleza de los contratos de prestación de servicios , advirtiendo, que estas circunstancias configuraron una relación laboral protegida constitucionalmente.

Reiteró, que el “SENA” al imponer horarios y directrices específicas, desnaturalizó los contratos de prestación de servicios transformándolos en un vínculo caracterizado por la subordinación, prestación personal del servicio y la remuneración, en tal sentido, c itó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que respalda la protección de los derechos laborales , particularmente en casos donde las entidades públicas emplean figuras contractuales para eludir la creación de empleos públicos y el reconocimiento de prestaciones sociales, derechos que le debieron otorgar en su calidad de instructora.

Finalmente, concluyó que la negativa de la entidad de reconocer la relación laboral mediante el acto administrativo ficto vulneró normas constitucionales y legales sobre la protección del trabajo y el empleo público.7 50001333300820200011201 - NRDO

Finalmente, concluyó que la negativa de la entidad de reconocer la relación laboral mediante el acto administrativo ficto vulneró normas constitucionales y legales sobre la protección del trabajo y el empleo público.7 50001333300820200011201 - NRDO

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Alegó, que dicha decisión fue contraria a la jurisprudencia y a los principios de igualdad y justicia laboral , señalando, que la continuidad en las funciones desempeñadas y su subordinación al “SENA” durante más de dos décadas configuraron una relación laboral indiscutible, que se debió reconocer . Por lo anterior, solicitó la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo presunto negativo y el reconocimiento de la relación laboral

La sentencia apelada3

El 17 de noviembre de 2023 el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio dictó sentencia de primera instancia, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para arribar a esta conclusión , efectuó un análisis jurídico de diversos aspectos relacionados con la caducidad de la acción, los contratos de prestación de servicios y la configuración del contrato realidad en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

En cuanto a la caducidad, refirió que la demandante buscaba la nulidad del acto administrativo presunto negativo frente a la reclamación administrativa radicada el 21 de diciembre de 2018 bajo el No. 1-2018-002879. A su vez, indicó que la entidad demandada, por su parte, excepcionó la caducidad alegando que había dado respuesta a la petición mediante el Oficio No. 50 -2su vez, indicó que la entidad demandada, por su parte, excepcionó la caducidad alegando que había dado respuesta a la petición mediante el Oficio No. 50 -22019-000228 del 30 de enero de 2019 y señaló que a partir de una segunda reclamación administrativa radicada el 26 de diciembre de 2019, se informó a la actora que ya se había resuelto la reclamación inicial y se aportó la mencionada respuesta. Al respecto, consideró que no obraban elementos suficientes para acreditar la excepción, pues, no había sido aportado como prueba documental el Oficio No. 50-2-2019-00228 del 30 de enero de 2019.

Señaló, que aunque la parte pasiva presentó documentos que correspondían a distintos contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos entre las partes, no incluyó constancias de notificación, ni evidencia del envío de comunicaciones relacionadas con los oficios mencionados. En ese sentido,

3 Ver índice 00044 registrado en primera instancia en el aplicativo digital -SAMAI-8 50001333300820200011201 - NRDO

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consideró que a pesar de que con la subsanación de la demanda se allegó el Oficio No. 50-2-2019-00228 del 30 de enero de 201 9 dirigido al abogado Oscar Alarcón Cuellar, referido a la reclamación administrativa radicada el 21 de diciembre de 2018 y que en la contestación de la demanda se adjuntó el poder otorgado por la accionante a dicho abogado, no se aportó prueba documental que acreditara el envío d e este oficio por correo electrónico, remisión física ni

diciembre de 2018 y que en la contestación de la demanda se adjuntó el poder otorgado por la accionante a dicho abogado, no se aportó prueba documental que acreditara el envío d e este oficio por correo electrónico, remisión física ni comunicación alguna que revocara el poder otorgado al apoderado.

Por otro lado, evidenció que ambas partes adjuntaron el Oficio No. 50-2-2019-006053 del 30 de diciembre de 2019 dirigido a la accionante y relacionado con una segunda reclamación administrativa radicada el 26 de diciembre de 2019. No obstante, tampoco se aportaron evidencias documentales que acreditaran la radicación de esta segunda reclamación o el envío del oficio correspondiente.

Por lo expuesto, d eterminó que no existía sustento suficiente para considerar configurado un acto administrativo ficto o presunto derivado de un silencio administrativo negativo frente a la reclamación inicial del 21 de diciembre de 2018. Además, señaló que la demandante había otorgado poder a un abogado, permitiéndole notificaciones en su nombre y había presentado una nueva reclamación el 26 de diciembre de 2019, lo que denotaba un conocimiento implícito del acto previo reflejado en el Oficio No. 50 -2-2019-000228 del 30 de enero de 2019.

Destacó falencias probatorias de ambas partes , refiriendo que l a demandante no acreditó la revocatoria del poder otorgado al abogado ni se demostró la renuncia del apoderado y, por su parte, la entidad demandada no demostró que el oficio objeto de litigio fuera debidamente notificado.

demandante no acreditó la revocatoria del poder otorgado al abogado ni se demostró la renuncia del apoderado y, por su parte, la entidad demandada no demostró que el oficio objeto de litigio fuera debidamente notificado.

Ante estas omisiones concluyó, que el Oficio No. 50-2-2019-006053 del 30 de diciembre de 2019, aunque de carácter informativo, fue el medio mediante el cual la accionante conoció la existencia del Oficio No. 50 -2-2019000228 del 30 de enero de 2019, que negaba de fondo su reclamación y, para evitar un fallo inhibitorio, determinó que el oficio del 30 de diciembre de 2019, sería el acto administrativo definitivo que negó los derechos laborales9 50001333300820200011201 - NRDO

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reclamados. Asimismo, para efectos de prescripción de los derechos laborales eventualmente reconocidos, dispuso que aplicaría la fecha de la segunda reclamación administrativa, es decir, el 26 de diciembre de 2019 como el origen del acto administrativo en cuestión.

Analizado lo anterior, tomó como referencia el 31 de diciembre de 2019, día siguiente a la emisión del mentado oficio y con base en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, concluyó que no había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Al descartar la configuración del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo frente a la solicitud presentada el 21 de diciembre de 2018, interpretó que la demandante insistió en solicitar la declaración de

la caducidad.

Al descartar la configuración del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo frente a la solicitud presentada el 21 de diciembre de 2018, interpretó que la demandante insistió en solicitar la declaración de nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 50 -2-2019-006053 del 30 de diciembre de 2019.

Seguidamente, analizó los contratos de prestación de servicios conforme al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, concluyendo que la actora demostró los elementos esenciales de una relación laboral , a saber, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación ; posteriormente, enlistó los contratos frente a los cuales consideró, que no aplicaba la prescripción de los derechos laborales, identificando los siguientes:

• Contrato No. 368 de 2016: Desde el 9 de febrero de 2016 hasta el 16 de diciembre de 2016. • Contrato No. 453 de 2017: Desde el 10 de febrero de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2017. • Contrato No. 523 de 2018: Desde el 26 de enero de 2018 hasta el 31 de agosto de 2018.

En relación con la prescripción, declaró que los derechos laborales derivados de contratos de prestación de servicios anteriores al 10 de febrero de 2017 estaban prescritos, pues, no se encontraban dentro del término legal de tres años. Sin embargo, reconoció la relación laboral para los contratos celebrados entre el 10 de febrero de 2017 y el 31 de agosto de 2018, ordenando el pago de las prestaciones sociales correspondientes y los aportes al sistema de seguridad10

años. Sin embargo, reconoció la relación laboral para los contratos celebrados entre el 10 de febrero de 2017 y el 31 de agosto de 2018, ordenando el pago de las prestaciones sociales correspondientes y los aportes al sistema de seguridad10 50001333300820200011201 - NRDO

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social que debió asumir la entidad como empleadora.

Luego del análisis anterior, resolvió declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio DTMV 201911166 del 27 de diciembre de 2019, expedido por la directora encargada de la Regional Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, reconoció la existencia de la relación laboral durante el per íodo mencionado y conden ó a la entidad demandada al pago de una indemnización reparatoria por los derechos laborales y prestacionales adeudados.

Los recursos de apelación.

Dentro de la oportunidad procesal y con las formalidades de ley, la señora LUZ MIRYAM ZARATE CARRERO 4 ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

En síntesis, cuestionó diversos aspectos procesales y sustantivos de la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Villavicencio, enfatizando en la necesidad de proteger sus derechos fundamentales, particularmente el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho pensional.

Entre los puntos más relevantes, destacó que ella no debía cargar con las consecuencias de los errores cometidos por la demandada respecto a la notificación personal del Oficio No. 50 -2-2019-00228 del 30 de enero de 2019,

Entre los puntos más relevantes, destacó que ella no debía cargar con las consecuencias de los errores cometidos por la demandada respecto a la notificación personal del Oficio No. 50 -2-2019-00228 del 30 de enero de 2019, mediante el cual, según se determinó, se respondió su reclamación administrativa.

Señaló, que la demandada no cumplió con su obligación de notificar dicho acto administrativo conforme con los procedimientos establecidos . Además, refirió que en múltiples ocasiones dentro del proceso se requirió al “SENA” para que aportara la prueba de dicha notificación, sin que la citada entidad lo hiciera, lo que confirmaría que la notificación personal no se llevó a cabo de forma adecuada. Este hecho, sostuvo, generaba la inoponibilidad de su

4 Ver índice 00054 registrado en primera instancia en el aplicativo digital -samai-11 50001333300820200011201 - NRDO

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parte frente al mentado acto administrativo, lo que, en consecuencia, obligaba al a quo a declarar la nulidad de dicho acto y reconocer la existencia de un acto administrativo ficto o presunto en los términos de la reclamación administrativa inicial presentada el 21 de diciembre de 2018.

Así mismo, cuestionó el análisis realizado por la juez de primera instancia, quien consideró que ella conocía el contenido del acto administrativo por la presentación de una segunda reclamación administrativa el 26 de diciembre de 2019, arguyendo, que este argumento carecía de sustento, ya que la presentación de la segunda reclamación fue consecuencia directa de la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la demanda da a la primera

diciembre de 2019, arguyendo, que este argumento carecía de sustento, ya que la presentación de la segunda reclamación fue consecuencia directa de la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la demanda da a la primera solicitud, lo que reforzaría la postura de que el acto administrativo emitido por la demandada no había sido notificado debidamente.

Por otro lado, abordó la cuestión de la prescripción y el período laboral reconocido en la sentencia, argumentando, que el término de prescripción debía interrumpirse desde la fecha de la primera reclamación administrativa presentada el 21 de diciembre de 2018 y no desde la segunda reclamación del 26 de diciembre de 2019, como erróneamente se había determinado, dado que esta interpretación incorrecta generaba un impacto negativo en sus derechos laborales, al aplicar el fenómeno de la prescripción a períodos que debían considerarse vigentes.

Reiteró, que la decisión del a quo de tener como acto administrativo definitivo el oficio del 30 de diciembre de 2019 y basarse en la reclamación del 26 de diciembre de 2019 para efectos de la prescripción era errónea, pues, la notificación personal del Oficio No. 50-2-2019-00228 del 30 de enero de 2019 fue inexistente o irregular, lo que lo hacía inoponible y genera ba la nulidad del mentado acto administrativo, señalando, que e ste defecto debió conducir a la declaración de un acto administrativo ficto o presunto, reconociendo como fecha de interrupción de la prescripción la primera reclamación administrativa del 21 de diciembre de 2018, pues, ignorar este hecho implica ba aplicar indebidamente la

declaración de un acto administrativo ficto o presunto, reconociendo como fecha de interrupción de la prescripción la primera reclamación administrativa del 21 de diciembre de 2018, pues, ignorar este hecho implica ba aplicar indebidamente la prescripción sobre derechos laborales no prescritos, afectando el debido proceso y el derecho de defensa. Por lo tanto, solicitó revocar la decisión y adoptar como fecha de interrupción la mencionada reclamación inicial.12 50001333300820200011201 - NRDO

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En relación con el período laboral reconocido, señaló que la sentencia únicamente evaluó los contratos suscritos entre el 9 de febrero de 2016 y el 30 de agosto de 2018, omitiendo un lapso sustancial de aproximadamente 16 años en los que ella mantuvo una relación laboral continua con el “SENA”; adujó, que esta omisión afectaba directamente su derecho pensional, dado que los aportes a pensión realizados durante todo el período laboral eran de carácter imprescriptible, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Constitución. Por lo tanto, solicitó que se reconociera la relación laboral desde el 6 de abril de 1995, considerando la documentación aportada al proceso, incluidos contratos y órdenes de servicio que demostraban la continuidad laboral.

En cuanto al reintegro de aportes realizados al sistema de seguridad social, pidió que la demandada asumiera la porción correspondiente como empleador, debido a que ella había cubierto indebidamente el 100% de dichos aportes durante la relación laboral y e ste reintegro debía incluir los montos relativos a pensión, salud y riesgos laborales, a fin de restablecer plenamente

empleador, debido a que ella había cubierto indebidamente el 100% de dichos aportes durante la relación laboral y e ste reintegro debía incluir los montos relativos a pensión, salud y riesgos laborales, a fin de restablecer plenamente sus derechos y evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la demandada.

Por último, reiteró su desacuerdo con el análisis del a quo en relación con la caducidad de la acción insistiendo en que al estar en presencia de un acto administrativo ficto o presunto, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho podía ejercerse en cualquier momento, al no operar el fenómeno de la caducidad en estos casos, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En síntesis, las peticiones efectuadas las concretó de la siguiente manera: 1) Revocar la sentencia y declarar la indebida o inexistente notificación del Oficio No. 50 -2-2019-00228 del 30 de enero de 2019, su inoponibilidad y la configuración del acto administrativo ficto o presunto. 2) Revocar la decisión respecto al cómputo de la prescripción y tomar como fecha de interrupción el 21 de diciembre de 2018. 3) Declarar que no existió caducidad de la acción por tratarse de un acto administrativo ficto o presunto. 4) Condenar al SENA a pagar los conceptos laborales adeudados, calculando desde la interrupción de la prescripción el 21 de diciembre de 2018. 5) Declarar la relación laboral desde el 6 de abril de 1995 hasta el 31 de agosto de 2018. 6) Reconocer el carácter imprescriptible del derecho pensional de la demandante. 7)