TA PUT - 86 001 3333 002 2022 00132 01-(29-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 5

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: MUNICIPIO DE ISNOS (H)

DEMANDADO: JUAN CARLOS TORRES IMBACHÍ EXPEDIENTE: 41001-33-33-007-2022-00313-01

SENTENCIA: TAH-005 2024 - 08146

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva; a través de la cual, se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

Actuando por conducto de apoderada judicial, el MUNICIPIO DE ISNOS (H) promueve el medio de control de repetición contra JUAN CARLOS TORRES IMBACHÍ, conforme a las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan:

1.1. Pretensiones.

Depreca que se declare patrimonialmente responsable al señor JUAN CARLOS TORRES IMBACHÍ por los perjuicios causados al MUNICIPIO DE ISNOS (H) , en virtud de la suma de dinero que est e último tuvo que pagar a los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina Muñoz Joaqui , en cumplimiento de lo

virtud de la suma de dinero que est e último tuvo que pagar a los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina Muñoz Joaqui , en cumplimiento de lo

1 Documento 001AcciónRepetición.pdf Onedrive2

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí ordenado “dentro del expediente de reparación directa No. 41 -001-33-33005-2017-0021-01”.

Como consecuencia de lo anterior, procura que se le condene al pago de $50’000.000, debidamente indexados, junto con la condena en costas.

1.2. Hechos.

Aduce que los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina Muñoz Joaqui , promovieron ante el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva demanda de reparación directa bajo el radicado 41 -001-33-33-005-2017-00211-00, en la cual se expone que previa autorización del Secretario de Gobierno de Isnos (H), el 24 de mayo de 2015 se celebró el día de la madre en el establecimiento “la Piscina” al cual asistieron los menores Cristian Eduardo Urbano Ordoñez y Daniel Ordoñez Fernández , quienes ingresaron a la piscina mientras el señor William Alexander Urbano Muñoz departía con sus amigos y los vigilaba, no obstante, a las 16:30 el infante Cristian fue encontrado sin s ignos vitales y declarado su deceso en informe de necropsia No. 41551600597201500836.

obstante, a las 16:30 el infante Cristian fue encontrado sin s ignos vitales y declarado su deceso en informe de necropsia No. 41551600597201500836.

Señala que, en virtud de lo anterior, el municipio de Isnos (H) fue condenado en ambas instancias , a pagar a los demandantes $50.000.000, recursos que fueron consignados en el banco Agrario y puestos a disposición del mencionado radicado.

Agrega que el proceder gravemente culposo de Juan Carlos Torres Imbachí, se “deduce de leer las decisiones judiciales c on las que se cerró el debate judicial” (desatención del deber de inspección y vigilancia y no haber prohibido el uso de la piscina) , por lo que se encuentran satisfechos los presupuestos para la procedencia de la repetición.

1.3. Fundamentos jurídicos.

Como fundamentos normativos, menciona:

Constitución Política: artículos 2, 4, 6, 90, 122, 123 y 124.

Ley 678 de 2001 Ley 1437 de 2011: artículo 142.

A su juicio, se encuentran satisfechas las exigencias para repetir contra Juan Carlos Torres Imbachí, a saber : i) el municipio de Isnos (H) fue condenado a3

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí indemnizar a los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina M uñoz, ii) el

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí indemnizar a los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina M uñoz, ii) el pago de la condena impuesta se realizó en su totalidad, iii) el demandado para la época de los hechos que dieron lugar a la condena , se desempeñaba como alcalde del municipio de la aludida territorialidad y iv) omitió las obligaciones inherentes a su cargo como la inspección y vigilancia de las piscinas dentro su jurisdicción (Ley 1209 de 2008 y Decreto 554 de 2015) , incurriendo en un obrar gravemente culposo que ocasionó el daño indemnizado y encuadra en una “inexcusable omisión”, lo que hace presumir dicho requisito subjetivo de procedencia de la repetición (art. 6 Ley 678 de 2001.

2. Contestación de la demanda.

Con auto del 1º de noviembre de 2022, se admitió la demanda disponiéndose la notificación personal del demandado2 y con auto del 24 de julio de 20233 se tuvo notificado por conducta concluyente al haber presentado contestación a través de apoderado4, como sigue:

Solicita se desestimen las pretensiones y en relación con los hechos , sostuvo que resultan ciertos los referentes al deceso del menor Cristián Eduardo Urbano Ordoñez y la condena que fue impuesta al municipio de Isnos (H) por tan infortunado suceso, aclarando que en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva denegó las pretensiones indemnizatorias y este Tribunal revocó tal decisión, condenando al demandado a pagar $50’000.000,

tan infortunado suceso, aclarando que en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva denegó las pretensiones indemnizatorias y este Tribunal revocó tal decisión, condenando al demandado a pagar $50’000.000, sin constarle los demás supuestos fácticos por constituir apreciaciones subjetivas que deberán probarse.

Propuso las siguientes excepciones de mérito:

a.- Inexistencia de la culpa grave o dolo cometido por el ex servidor público de la administración municipal.

Señala que la natación es una actividad que implica riesgo , por lo que resulta previsible que un niño que ingresa a una piscina pueda ahogarse y tal hecho puede evitarse adoptándose las medidas de vigilancia que un padre debe tener con sus hijos, pues aquel “es el mayor garante del cuidado, protección y cuidado” de los menores.

2 Documento 015AutoAdmiteSubano.pdf Onedrive 3 Documento 023AutoConductaConcluyente.pdf 4 Documento 019Contestacióndemanda.pdf4

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí Advierte que, si bien los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001 contemplan las presunciones de existencia de culpa y dolo del agente estatal, ello no implica una “atribución de culpabilidad en cabeza del demandado” y en tal virtud , es deber de la entidad demostrar la premeditación o negligencia en que incurrió el ex funcionario, carga que incumplió la parte actora en esta causa.

una “atribución de culpabilidad en cabeza del demandado” y en tal virtud , es deber de la entidad demostrar la premeditación o negligencia en que incurrió el ex funcionario, carga que incumplió la parte actora en esta causa.

b.- inexistencia de recursos para el cumplimiento de todas las obligaciones misionales por parte del municipio de Isnos años 2012 a 2015.

Para la época de los hechos el municipio de Isnos (H) se encontraba en proceso de reestructuración y, por ende, su presupuesto se encontraba limitado para el cabal cumplimiento de sus funciones, pues el mismo estaba destinado al pago de acreencias y pasivos adquiridos, lo cual fue superado después del mandato del señor Juan Carlos Torres Imbachí.

e.- Genérica o Innominada.

Las demás que el fallador encuentre probadas.

3. Sentencia Apelada5.

El 17 de mayo de 2024, el a quo declaró probada la excepción de “inexistencia de la culpa grave o dolo” , sin imponer condena en costas , para lo cual se refirió al marco normativo y jurisprudencial referente a la responsabilidad civil de los servidores públicos, por causa de su conduct a dolosa o gravemente culposa que haya conllevado a que se condene al Estado a pagar una indemnización6.

Con fundamento en los medios de convicción, analizó cada uno de los presupuestos determinantes para la prosperidad de las súplicas, así:

1. Encontró copia auténtica de la condena impuesta al municipio e Isnos (H) por este Tribunal, dentro del radicado 41001333005201700211 -01 impetrado por los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina Muñoz Joaqui.

por este Tribunal, dentro del radicado 41001333005201700211 -01 impetrado por los señores José Ricaurte Urbano Navia y Paulina Muñoz Joaqui.

1. El pago efectivo realizado por el Estado, se demostró con la constancia del depósito judicial realizado el 3 de junio de 2022 por el ente territorial demandante en la cuenta del Tribunal Administrativo del Huila, por valor de

5 Documento 040sentenciaPrimeraInstancia.pdf Onedrive. 6 Artículos 90 de la Constitución, 71 de la Ley 270 de 1996 y Ley 678 de 2001.5

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí $50’000.000, constatando en el aplicativo SAMAI que esta Corporación mediante auto del 29 de septiembre de 2022, convirtió el depósito judicial a nombre del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y este con auto del 15 de marzo de 2023, ordenó el pago de dichos dineros .

1. Frente a la calidad de agente del Estado evidenció que, según acta de posesión allegada , para la época de los hechos el demandado fungía como alcalde del municipio de Isnos (H).

1. En lo ateniente a la cualificación de la conducta del servidor como dolosa y gravemente culposa ; señaló que la demandan te reprocha al demandado haber omitido ejercer inspección y vigilancia de las piscinas dentro de su jurisdicción, con lo cual incurrió en un obrar gravemente culposo generante del daño indemnizado.

haber omitido ejercer inspección y vigilancia de las piscinas dentro de su jurisdicción, con lo cual incurrió en un obrar gravemente culposo generante del daño indemnizado.

Encontró que según los artículos 44 de la Ley 715 de 2001, 9 de la Ley 1209 de 2008 y 13 del Decreto 554 de 2015, la vigilancia e inspección de la piscina donde acaecieron los hechos no estaba exclusivamente en cabeza del alcalde, pues ello también correspondía al Secretario de Gobierno y Dirección Administrativa de Isnos, tal como quedó probado en la sentencia de segunda instancia de este Tribunal.

Aunado a lo anterior, advirtió que la sentencia de condena no desvirtúa la buena fe en la actuación del demandado, menos constituye un elemento para imputarle un actuar doloso o gravemente culposa y al no haber acreditado la parte actora la existencia de tales conductas, incumplió con la carga probatoria que le asistía y ello conduce a la prosperidad de la excepción de “inexistencia de la culpa grave o dolo” propuesta por el demandado.

4. La Apelación7.

Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandante oportunamente interpuso el recurso de apelación, solicitando su revocatoria y en su lugar , se acceda a las pretensiones, para lo cual señaló que:

Contrario a lo advertido por el a quo, se encuentran satisfechos los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición , dado que el demandado actuó con culpa grave al desatender el deber establecido en el artículo 44.3.5 de la Ley 715 de 2001 (replicado en los artículos 9 y de la Ley 1209 de 2008 y el

con culpa grave al desatender el deber establecido en el artículo 44.3.5 de la Ley 715 de 2001 (replicado en los artículos 9 y de la Ley 1209 de 2008 y el

7 Archivo 043RecursoApelación.pdf Onedrive6

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí Decreto 554 de 2015) , referente a la vigilancia y control sanitario de las piscinas en su jurisdicción , lo que “permitió que se otorgara el permiso para la realización de un evento donde no se prohibió el uso de la piscina (…), lo que desencadenó en el ahogamiento del menor CRISTIAN EDUARDO URBANO ORDOÑEZ, constituyéndose de esta manera un nexo de causalidad entre la conducta del servidor público y el hecho dañino por el cual fue condenado el municipio de Isnos.”

Resalta que, al ser el alcalde la máxima autoridad del municipio, le corresponde el cumplimiento de la ley y su desatención da lugar a la culpa grave generante de responsabilidad administrativa, precisando que conforme al artículo 29 de la Ley 19 52 de 2019 , la conducta es culposa cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime a sus actuaciones y que el juez administrativo puede enmarcar los hechos “en los supuestos de presunción de culpa grave y dolo contemplados en el derecho positivo”, como lo ha establecido el precedente8.

5. Trámite de Segunda Instancia.

enmarcar los hechos “en los supuestos de presunción de culpa grave y dolo contemplados en el derecho positivo”, como lo ha establecido el precedente8.

5. Trámite de Segunda Instancia.

El 25 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación 9 presentado por la parte demandante ; y el 1º de agosto siguiente, el Secretari o de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado 10, en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del C.P.A.C.A.11; sin que previo a la ejecutoria de la providencia admisoria de la apelación, la entidad demandan te o el Ministerio Público al legaran pronunciamiento alguno , procediendo el demandado a intervenir 12 como sigue:

Solicitó se desestime el recurso de apelación y se confirme el fallo de primera instancia, insistiendo en que la demandante no logró demostrar el obrar gravemente culposo reprochado al demandado, menos los supuestos previstos en el artículo en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 para presumir la culpa grave.

Agrega que , si bien en el municipio de Isnos (H) recae la obligación de inspeccionar el funcionamiento de las piscinas en su jurisdicción, dicha labor

8 Consejo DE Estado Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2018, C.P. Marta Nubia Velásquez, Rad. 52209 9 Índice 5, SAMAI. 10 Índice 11 SAMAI. 11 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 12 índice 10 SAMAI7

9 Índice 5, SAMAI. 10 Índice 11 SAMAI. 11 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 12 índice 10 SAMAI7

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí fue delegada al Secretario de Gobierno , quien confirió el permiso para celebrar el evento en el que resultó fallecido el menor Cristian Eduardo Urbano Ordoñez, resaltando que también recae resp onsabilidad en los administradores del establecimiento de comercio, pues no debieron permitir el ingreso de menores sin la supervisión de un adulto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto. Ahora, en virtud del artículo 328 del CGP (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), la Sala abordará exclusivamente los argumentos formulados por la parte actora en el recurso de alzada.

2. Caducidad del medio de control.

Se tiene que la demanda fue instaurada dentro de los dos (2) años que exige el literal i), numeral 2º del artículo 164 del CPACA, en la medida que entre el 3 de junio de 2022 (fecha que se efectuó el pago de la condena 13) y el 29 de junio de 2022 (fecha en que se instauró la demanda14) 26 días.

3. Problema Jurídico.

de junio de 2022 (fecha que se efectuó el pago de la condena 13) y el 29 de junio de 2022 (fecha en que se instauró la demanda14) 26 días.

3. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, que declaró p robada la excepción de inexistencia de la culpa grave o dolo” , por cuanto se acreditó que el señor Juan Carlos Torres Imbachí incurrió en una conducta gravemente culposa que hace procedente la repetición.

Para resolverlo, se abordarán el estudio de los siguientes tópicos: i) la acción de repetición; y como desarrollo del caso concreto, ii) los elementos que estructuran la acción de repetición.

4. Resolución del Problema Jurídico.

4.1. La acción de repetición.

13 Documento comprobantePago.pdf, carpeta 002AnexosRepeticion Onedrive 14 Documento 003ActaReparto.pdf Onedrive8

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí En la actualidad, la repetición se encuentra defini da en el artículo 142 del CPACA, como una acción de carácter patrimonial y resarcitoria a la cual deben acudir las entidades estatales cuando hayan realizado el pago de una condena o conciliación u otra forma de terminación de conflictos y pretendan recuperar lo pagado a consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público.

acudir las entidades estatales cuando hayan realizado el pago de una condena o conciliación u otra forma de terminación de conflictos y pretendan recuperar lo pagado a consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público.

De igual manera, el legislador estableció que para los casos en que la demanda de repetición se hubiera interpuesto con posterioridad a la entrad a en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (2 de julio de 2012 14), en lo relativo a la acreditación del pago como requisito de procedibilidad, basta con que se acompañe el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla dichas funciones de la ent idad demandante para poder dar inicio al proceso respectivo, sin que se pueda exigir alguna otra prueba adicional.

Por su parte , la Ley 678 de 2001 15 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía qu e se promueve con esos mismos fines; con relación al primer aspecto, enlista algunos eventos en los que el dolo y la culpa grave, se presumen (artículos 5º y 6º). Sin embargo, el Consejo de Estado ha advertido que dichas presunciones se aplican únicamente a los hechos ocurridos en vigencia de dicha norma; porque, sí estos acaecieron con anterioridad a su vigencia, es menester analizar la culpabilidad bajo la égida del Código Civil16.

En cuanto al segundo aspecto (procesal), la Ley 678 de 2001 debe aplicars e, inclusive, a aquellos asuntos que se encontraban en curso al entrar en vigencia; pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos

inclusive, a aquellos asuntos que se encontraban en curso al entrar en vigencia; pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos; a excepción de “ los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

4.2. Los elementos que estructuran la acción de repetición.

El Consejo de Estado 17 en reiter adas ocasiones ha analizado los elementos que estructuran la acción de repetición y los presupuestos que se deben

15 “por medio de la cual se reglamenta la determinación de r esponsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. 16 H. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 5 de julio de 2018. C.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación: 25000-23-26-000-2009-00062-02(61228). 17 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente: 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente: 22056; 3 de octubre de 2007, expedi ente: 24844; 26 de febrero de 2009, expediente: 30329; 13 de mayo de 2009, expediente: 25694; 28 de abril de 2011, expediente: 33407, entre otras.9

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí acreditar para su prosperidad: i) la existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de di nero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto18; ii) el pago realizado por parte de la entidad pública; iii) la calidad de agente del Estado; y iv) la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa19.

En ese orden, la Sala analizará si en el sub lite, están acreditados los presupuestos para acceder a las pretensiones repetición que formula el municipio de Isnos (H) contra el señor Juan Carlos Torres Imbachí.

4.2.1. Existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

Dicho requisito se satisface con la sentencia del 18 de mayo de 2022 de este Tribunal20, proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado 41001-33-33-005-2017-00211-01, en la cual se revocó la sentencia del 4 de noviembre de 2020 del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva que denegó las pretensiones y en su lug ar se declaró al municipio de Isnos (H) responsable administrativamente de la muerte del menor Cristian Eduardo Urbano Ordoñez , condenándose a l mencionado ente territorial a pagar por

denegó las pretensiones y en su lug ar se declaró al municipio de Isnos (H) responsable administrativamente de la muerte del menor Cristian Eduardo Urbano Ordoñez , condenándose a l mencionado ente territorial a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

“- Para JOSÉ RICAURTE URBANO NAVIA (abuelo paterno), el equivalente a 25 smmlv. - Para PAULINA MUÑOZ JOAQUI (abuela paterna), el equivalente a 25 smmlv.”

4.2.2. El pago realizado por la entidad pública.

La parte actora aportó constancia de depósito judicial realizado por el municipio de Isnos (H), en la cuenta de la Sala Quinta del Tribunal Administrativo del Huila del Banco Agrario al número de proceso 41001-3333-005-2017-00211-01, por concepto “pago sentencia” y valor de $50’000.000.

Consultado el aplicat ivo SAMAI bajo el radicado antes referido, se tiene que esta Corporación mediante auto del 29 de septiembre de 2022 21 ordenó

18 La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente. 19 H. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 2016. C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 25000-23-26-000-2012-00214-01(53656). 20 Documento sentenciasegundainstancia.pdf carpeta 002AnexosRepeticón, Onedrive 21 índice 30 SAMAI10

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20 Documento sentenciasegundainstancia.pdf carpeta 002AnexosRepeticón, Onedrive 21 índice 30 SAMAI10

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí convertir el depósito judicial mencionado a nombre del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, quien mediante auto del 15 de marzo d e 2023 dispuso el pago del mismo a favor de los demandantes en dicha causa 22 y en constancia secretarial del 28 de abril siguiente, se consignó que la orden de pago se cumplió y se procedía al archivo del proceso 23, por manera que el requisito del pago de la condena impuesta al aquí demandante , se encuentra satisfecho y sobre ello no existe discusión en esta instancia.

4.2.3. La calidad de agente del Estado.

La calidad de agente del señor Juan Carlos Torres Imbachí, se corrobora con el acta de posesión del mismo como alcalde del municipio de Isnos para el periodo del 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 ; dentro del cual acaeció el fallecimiento del menor Cristian Eduardo Urbano Ordoñez, por causa presuntamente de un actuar gravemente culposo de di cho servidor y que condujo a la condena impuesta y que debió pagar el ente territorial.

4.2.4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

Comoquiera que los hechos que se le reprochan al demandado sucedieron en

4.2.4. La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

Comoquiera que los hechos que se le reprochan al demandado sucedieron en vigencia de la Ley 678 de 2001 ( desatención del deber de vigilancia e inspección y no haber prohibido el uso de la piscina, lo que condujo al ahogamiento del menor Urbano Ordoñez ); el elemento subjetivo, se analizar á bajo el marco de las presunciones consagradas en los artículos 5º y 6º de ese compendio normativo:

“ARTÍCULO 5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

22 Índice 71 Id 23 Índice 74 Id11

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REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí

4. Haber sido penal o disciplinariamente respo nsable a título de dolo por los mismos

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí

4. Haber sido penal o disciplinariamente respo nsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

“Artículo 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas susta nciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.

No obst ante, el Consejo de Estado ha advertido que las anteriores presunciones no deben comportar un juicio anticipado, pues para garantizar el principio de la presunción de inocencia, estas deben constituir “un medio indirecto y crítico para alcanzar la verdad, ya que se trata de un criterio que la ley o el juez se forma sobre la certeza de un hecho por su lógica conexión con otro hecho diferente y conocido como cierto”24.

En tal virtud, la presunción reviste un carácter probatorio que implica que la

ley o el juez se forma sobre la certeza de un hecho por su lógica conexión con otro hecho diferente y conocido como cierto”24.

En tal virtud, la presunción reviste un carácter probatorio que implica que la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole al demandado demostrar la inexistencia del hecho o de las circunstancias de las cuales se infiere su responsabilidad patrimonial.

El a quo consideró que la conducta del demandado no se enmarca dentro la culpa grave imputada; comoquiera que la vigilancia e inspección de la piscina en que acaecieron los hechos correspondía al Secretario de Gobierno del municipio de Isnos (H) y la sentencia de condena no constituye plena prueba del actuar doloso o gravemente culposo del demandado, sin que se hubiera acreditado la existencia de tales conductas.

24 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de julio de 2015, Exp: 32.174; 27 de agosto de 2015, Exp.: 48016; 8 de julio de 2016, Exp: 41.970; 9 de septiembre de 2016, Exp: 44.845.12

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

REPETICIÓN No. 41001-33-33-007-2022-00313-01

Demandante: Municipio de Isnos (H).; Demandado: Juan Carlos Torres Imbachí Huelga recordar, que la entidad demandante considera que el demandado incurrió en culpa grave al desatender el deber de vigilancia y control sobre las piscinas en su jurisdicción (contenido en los art. 44.3.5 de la Ley 715 de 2001,

Huelga recordar, que la entidad demandante considera que el demandado incurrió en culpa grave al desatender el deber de vigilancia y control sobre las piscinas en su jurisdicción (contenido en los art. 44.3.5 de la Ley 715 de 2001, 9 de la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015), lo que “permitió se otorgara un permiso para la realización de un evento donde no se prohibió el uso de la piscina” y ello desencadenó en el ahogamien to del menor Cristian Eduardo Urbano Gómez.

Se tiene que la demandante dejó de demostrar los supuestos establecidos en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001 para que operara la presunción de culpa grave en contra de los demandados:

1. Obsérvese que si bien, en el escrito de demanda y la apelación se indica que el demandado incumplió el deber establecido en los artículos 44.3.5 de la ley 715 de 2001, 9 de la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015, referente a la vigilancia y control sanitario de las p iscinas en su jurisdicción, lo cierto es que no se probó su transgresión por parte